Rafael Reyes Tinajetro
Expediente 188/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 188/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 02/04/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Rafael Reyes Tinajetro
Actuaciones
- Principal
MORELIA, MICHOACÁN, dos de abril de dos mil dieciocho. Como de la certificación de cuenta, se aprecia que el término de cinco días que establece el numeral 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del proveído que desechó la demanda de garantías ha fenecido, sin que haya hecho uso de tal derecho; en consecuencia se declara que dicho acuerdo queda FIRME, para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, como del estado de los autos se aprecia que no existe acuerdo pendiente por dictar, ni diligencia por practicar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; haciéndose la observación de que es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos de lo dispuesto en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracciones II y III, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, pues, se desechó la demanda de amparo promovida por Sergio Enrique Reyes Tinajero. Asimismo, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse entre otros, en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita.
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el escrito de cuenta signado por el promovente -, mediante el cual pretende cumplir con la prevención de veintiocho de febrero del año en curso. Ahora, del análisis a la demanda de garantías, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado el siguiente: "IV. LA NORMA GENERAL O ACTO U OMISIÓN QUE CADA AUTORIDAD SE RECLAMA, lo son las resoluciones de fecha 16 dieciséis de enero del año 2017 dos mil diecisiete, pronunciada dentro del toca -pronunciada por el Magistrado de Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, que confirma la resolución pronunciada de fecha 9 nueve de noviembre del 2016 dos mil dieciséis, esta última pronunciada por el Juez Primero de Primera Instancia en materia civil del distrito judicial de Hidalgo Michoacán, dentro de los autos que integran el juicio ordinario civil sobre reivindicación de inmueble bajo el número - que promoviera -, entregar el bien en el que nacieron los menores-. Resolución de inminente ejecución que dejara en estado de indefensión y sin donde vivir a los menores." Acto, respecto del cual, el suscrito estima que procede desechar el presente libelo constitucional por ser notoriamente improcedente, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo; esto es, por surtirse la causa de improcedencia, prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 6 y 8, ambos de la Ley de Amparo, por las siguientes razones: El artículo 113 de la Ley de Amparo prescribe: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Este precepto autoriza al suscrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Con relación a ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen, así como del escrito aclaratorio; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Precisado lo anterior, cabe señalar que en contra de los actos que reclama la promovente, se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 6º y 8°, aplicado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, a virtud que los actos reclamados no le causa un agravio personal y directo. En efecto, los artículos 6°, 8° y 61, fracción XXIII, de la ley de la Materia aplicable establecen: "Art. 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. ". Art. 8º. El menor de edad, persona con discapacidad o mayor sujeto a interdicción podrá pedir amparo por sí o por cualquier persona en su nombre sin la intervención de su legítimo representante cuando éste se halle ausente, se ignore quién sea, esté impedido o se negare a promoverlo. El órgano jurisdiccional, sin perjuicio de dictar las providencias que sean urgentes, le nombrará un representante especial para que intervenga en el juicio, debiendo preferir a un familiar cercano, salvo cuando haya conflicto de intereses o motivo que justifiquen la designación de persona diversa. Si el menor hubiere cumplido catorce años, podrá hacer la designación de representante en el escrito de demanda. ". Art. 61. El juicio de amparo, es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". Por su parte el diverso numeral 15 de la Ley de la Materia dispone: "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad." De la interpretación literal del segundo de los artículos transcritos, se advierte que el juicio de amparo sólo puede promoverlo el menor de edad, persona con discapacidad o mayor sujeto a interdicción por sí o cualquier persona en su nombre cuando el legítimo represéntate se halle ausente, se ignore quien sea, este impedido o se negare a promoverlo, lo que en la especie no acontece. Asimismo del citado numeral 15 se puede advertir que existe la posibilidad de que el juicio de amparo sea promovido por una persona diversa a la que resiente directamente el acto reclamado, siempre y cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y cuando no se encuentra en estos supuestos sólo podrá instar la protección quien indirectamente pudiera resentir algún perjuicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XVII.2o.9 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, Abril de 1996, página 412, que reza: "LEGITIMACIÓN ACTIVA, FALTA DE. EN EL AMPARO. Si la legitimación activa en el juicio de amparo proviene de lo establecido en el artículo 4o. de la ley que rige la materia, su falta se suscita cuando no existe identidad entre quien comparece al juicio de garantías como parte, con aquél a quien la ley le otorga ese derecho." Por otra parte, sobre el concepto de agravio personal y directo para la procedencia del juicio de amparo, debe señalarse que la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el acto reclamado debe causar perjuicio a la persona física o moral, lo que ocurre cuando ese acto lesiona su esfera jurídica, en su persona o en su patrimonio y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional; sin que pueda hablarse de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona pueda sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes legalmente amparados. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 3490, del Tomo LXXXII, de la Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "PERJUICIO BASE DEL AMPARO. El artículo 4o. de la Ley de Amparo establece que el juicio constitucional sólo puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama, de lo que se sigue que el perjuicio es un elemento esencial que rige la precedencia del juicio de garantías; y como éste tiene por objeto proteger al quejoso en el goce de sus garantías individuales, volviendo las cosas al estado que tenían, antes de que se cometiera la violación, es claro que el perjuicio debe consistir en un mal real y efectivo, y no en apreciaciones doctrinarias." De ahí que, el juicio de amparo sólo podrá promoverse cuando el acto reclamado cause un perjuicio real y definitivo a la persona física o moral, y de no ser así, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 6°, 8°, aplicados a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. En esas condiciones, al haberse actualizado esos motivos manifiestos e indudables de improcedencia, procede desechar de plano la presente demanda con fundamento en el artículo 113 de la ley de Amparo, en virtud de haberse actualizado la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 6 y 8 del mismo ordenamiento legal. Notifíquese personalmente.
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