Rafael Peña Ramirez
Expediente 992/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de febrero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 992/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 18/02/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Rafael Peña Ramirez
Actuaciones
- Principal
MORELIA, MICHOACÁN, dieciocho de febrero de dos mil diecinueve. Como se advierte de la certificación que antecede y toda vez que transcurrió el término previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo para que las partes legitimadas recurrieran la resolución de veintiocho de enero de dos mil diecinueve, en la que SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 2° y 86 de la ley en cita, en relación con los diversos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2°, se declara que dicha resolución ha CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Sin que se haga referencia al cómputo respecto de las autoridades responsables, en virtud de que no están legitimadas para interponer el recurso de revisión. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis aislada número 316096, Quinta Época, Semanario Judicial de la Federación, tomo CXXX, Página: 676, que a la letra dice: "REVISION INTERPUESTA POR LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE REVISIÓN, EN CASOS DE SOBRESEIMIENTO. Si resulta improcedente la acción de un quejoso en cuanto a los actos de las autoridades responsables, asimismo resultará improcedente, por consecuencia, el recurso de revisión interpuesto por las propias autoridades de acuerdo con lo que previene el artículo 86 de la Ley de Amparo, puesto que las autoridades responsables sólo pueden interponer el mencionado recurso en contra de las sentencias que afectan directamente al acto que de cada una de ellas se hubiese reclamado, y sobreseído el juicio respecto de los actos de las autoridades recurrentes, es indudable que el fallo del juez de Distrito, así reformado, no las afecta." Finalmente, como del estado procesal que guardan los autos se advierte que no existe acuerdo pendiente por dictar ni diligencia por practicar, en consecuencia y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; se hace la observación de que el juicio en que se actúa, así como los cuadernos incidental son susceptibles de DESTRUCCIÓN, dado que se sobreseyó en el juicio principal y se negó la suspensión provisional y definitiva solicitada, lo anterior en términos de lo dispuesto en el capítulo quinto, punto vigésimo, fracciones II y III, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y lineamientos especificados en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de diez de diciembre de dos mil doce. Asimismo se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita. Háganse las anotaciones del caso en el libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado. Notifíquese.
- Principal
CON ESTA FECHA QUEDA LEGALMENTE NOTIFICADA LA PARTE QUEJOSA DEL AUTO DE VEINTIUNO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO QUE A LA LETRA DICE: " Vista la demanda de amparo promovida por ********, por propio derecho, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Maravatio, Michoacán y otra autoridad; regístrese como prevención en el libro de juicios de amparo que se lleva de control en este Juzgado con el número II-992/2018-2, previo admitirla, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que calare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y, V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda [.]". Atendiendo a lo establecido en dicho precepto, y a fin de estar en condiciones de acordar lo conducente en atención al principio de seguridad jurídica que rige el juicio de amparo, procurando la celeridad en el procedimiento en términos del artículo 17 constitucional y, además, con fundamento en los numerales 108, fracción V, 114, fracciones I y II, requiérase a la parte promovente para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir del siguiente en que surta efectos la notificación de este proveído, bajo protesta de decir verdad y apercibido de la responsabilidad en que incurre en caso de manifestar hechos falsos, precise lo siguiente: La fecha en que tuvo conocimiento de los autos de dieciséis de octubre de dos mil dieciocho y cinco de noviembre pasado que señala como actos reclamados. De resultarle posible, allegue copia de la notificación de referencia. Sirve como apoyo la Jurisprudencia 2a./J. 161/2013 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2005636, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de la Décima Época, visible en Libro 3, Febrero de 2014, Tomo II, materia común, página 1079, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. SI EL QUEJOSO OMITE SEÑALAR LA FECHA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO Y DICHO DATO NO DERIVA DE SUS ANEXOS, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PREVENIRLO PARA QUE SUBSANE ESA DEFICIENCIA. De los artículos 116, 145 y 146 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, deriva que la omisión de señalar en la demanda la fecha en que se tuvo conocimiento del acto reclamado, cuando ello no se desprenda de los anexos con que se acompañe, constituye una irregularidad de aquélla al tratarse de un dato indispensable para que el juzgador de amparo pueda verificar su presentación oportuna y, en este sentido, se comprende en la fracción IV del primer numeral citado, que no sólo se refiere a la narración de acontecimientos ocurridos con anterioridad al acto reclamado, sino también a los aspectos que influyan en la procedencia del juicio, por ser ésta una cuestión de orden público y estudio oficioso. Por tanto, el Juez de Distrito debe prevenir al quejoso para que subsane esa deficiencia, y de no hacerlo, incurrirá en violación a las disposiciones fundamentales que norman el procedimiento, que podrá dar lugar a ordenar su reposición en términos del numeral 91, fracción IV, del ordenamiento legal citado." En la inteligencia que de no cumplir con la prevención formulada, se procederá en términos del artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, y se tendrá por no presentada la demanda de garantías. En el entendido de que la prevención precisada en párrafos precedentes, deberá desahogarse por el quejoso, por tratarse de un acto personalísimo. Como sustento de lo anterior, en lo conducente y por las razones que contiene la tesis número 1a./J. 50/2014 (10a.), sustentada por Primera Sala, Décima Época, Libro 9, Agosto de 2014, Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en la página 210, que dice: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes. También deberá exhibir tantas copias sean necesarias, dado que el mismo tiene el propósito de subsanar las omisiones anotadas por lo que no puede desvincularse y analizarse o considerarse por separado, pues ambos escritos integran la demanda de amparo y consecuentemente, deben ser considerados indefectiblemente como un solo documento. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente y por las razones que contiene la tesis número P./J. 35/2001, sustentada por el Tribunal Pleno, Novena Época, Tomo XIII, Abril de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en la página 79, que dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL ESCRITO INICIAL Y SU ACLARACIÓN NO PUEDEN DESVINCULARSE NI ANALIZARSE POR SEPARADO, YA QUE AMBOS INTEGRAN AQUÉLLA.- Al tener el escrito aclaratorio de una demanda de amparo indirecto su origen en una irregularidad del escrito inicial, ya sea porque éste no cumplió con todos los requisitos previstos en el artículo 116 de la Ley de Amparo, o bien, porque con él no se exhibió el número de copias a que se refiere el artículo 120 de tal ordenamiento legal, y que su propósito es el de subsanar tales vicios, puede concluirse que no pueden desvincularse, analizarse o considerarse por separado, pues ambos escritos integran la demanda de amparo y, consecuentemente, deben ser considerados indefectiblemente como un solo documento." Finalmente, se tiene a la parte quejosa por señalado domicilio para oír y recibir notificaciones personales en esta ciudad y por autorizados para ese efecto y para imponerse de los autos a las personas que refiere, ello toda vez que el artículo 27 de la Ley de Amparo vigente a que hace referencia el quejoso, sólo establece la forma en que deben realizarse las notificaciones dentro del presente juicio." LO ANTERIOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN PROVEÍDO DE VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO ASI COMO CON FUNDAMENTE EN EL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN III, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AMPARO.
- Principal
MORELIA, MICHOACÁN, veintidós de noviembre de dos mil dieciocho. Como de la razón de cuenta levantada por la Actuaria adscrita a este Juzgado Federal se advierte no le fue posible realizar la notificación ordenada en auto de veintiuno de noviembre del año en curso a la parte quejosa, por las razones a que alude, en consecuencia se ordena efectuar la notificación de dicho proveído, así como los subsecuentes, por medio de lista, que se fije en los estrados de este órgano de control constitucional, con apoyo en el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo, hasta en tanto señale domicilio en esta ciudad para tal efecto. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, a veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los autos de los que se advierte que el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, informó en su oficio número 1895, recibido en este juzgado el cinco de los actuales lo siguiente: ".Con esta fecha se tuvo por recibido el certificado catastral expedido por el Administrador de Rentas de Ecuandureo, Michoacán, de donde se desprende la adjudicación de inmueble en rebeldía del expediente número 55/974, ya que según actuaciones se desprende que inició en Tanhuato, Michoacán, bajo el número antes indicado y con fecha 20 veinte de abril de 1981 mil novecientos ochenta y uno, se avocó el suscrito al conocimiento del negocio, por razón de competencia, para ahora registrarse bajo el número 129/1981, de donde se obtiene el dato relativo a la escritura pública número 6,739 seis mil setecientos treinta y nueve, de fecha 27 veintisiete de marzo de 1980. Por consiguiente, se ordenó girar atento oficio al Notario Público número 18 dieciocho de esta ciudad, licenciado Fidel Martínez Acevedo, para que cancelara la escritura antes indicada. Asimismo, se ordenó girar atento oficio al Administrador de Rentas de Ecuandureo, Michoacán, para que cancelara el registro catastral referente a la adjudicación antes indicada, registrada en dicha oficina a fojas 144 del Tomo 234. De igual forma, se ordenó girar oficio al Registro Público de la Propiedad, para que proceda a cancelar el registro de la escritura pública número 6,739 seis mil setecientos treinta y nueve de fecha 27 veintisiete de marzo de 1980, registrada bajo el número 117 ciento diecisiete del tomo 49 cuarenta y nueve de fecha 11 once de julio de 1980 mil novecientos ochenta." Lo que acreditó con las constancias respetivas que adjuntó al oficio en comento; sin embargo, a la fecha no ha informado si el Notario Público numero dieciocho, el Jefe Regional del Registro Público de la Propiedad, ambos con sede en Zamora, Michoacán y el Administrador de Rentas de Ecuandureo, Michoacán, efectivamente hayan cancelado la escritura pública número 6,739 seis mil setecientos treinta y nueve de fecha 27 veintisiete de marzo de 1980, registrada bajo el número 117 ciento diecisiete del tomo 49 cuarenta así como cancelado el registro catastral referente a la adjudicación antes indicada, registrada a fojas 144 del tomo 234, respectivamente. En consecuencia, con fundamento en los artículos 192 y 258, ambos de la ley de la materia, requiérase al Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil, Jefe Regional del Registro Público de la Propiedad Raíz en el Estado, Notario Público numero dieciocho, con residencia en Zamora, Michoacán y Receptora de Rentas de Ecuandureo, Michoacán, para que dentro del término de tres días contado a partir de la legal notificación del presente proveído, remitan las constancias con las que acrediten la cancelación del embargo y del registro catastral referente a la adjudicación materia de la ejecutoria de amparo, con el apercibimiento que de no hacerlo o de no informar el impedimento que hayan tenido para cumplir con la misma se les impondrá una multa de cien días de la Unidad de Medida y Actualización, en términos del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para seguir el trámite de inejecución que puede culminar con la separación de sus puestos y su consignación. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia de la Primera Sala, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Mayo de 2007, Materia Común, consultable en la página 144, del rubro siguiente: "AUTORIDADES NO SEÑALADAS COMO RESPONSABLES. ESTÁN OBLIGADAS A REALIZAR LOS ACTOS NECESARIOS PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO." Así como la diversa de la Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Materia Común, consultable en la página 5, del rubro siguiente: "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO ESTÁ CONDICIONADA A QUE EL JUEZ DE AMPARO REALICE LOS REQUERIMIENTOS CON LA PRECISIÓN NECESARIA EN CUANTO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA ACATAR EL FALLO Y A LOS ACTOS QUE LES CORRESPONDE EJECUTAR A CADA UNA DE ELLAS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Notifíquese.
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