Rafael Pérez Méndez

Expediente 196/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 5 actuaciones registradas, la última del 16 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
196/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
16/07/2021

Partes del expediente

  • Rafael Pérez Méndez
  • Sala Civil- Familiar, Segunda Ponencia del H Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, dieciséis de julio de dos mil veintiuno. Tribunal Colegiado declara infundado recurso de queja. Por recibido el ********************suscrito por la Secretaria adscrita al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito,, mediante el cual remite copia certificada de la ejecutoria pronunciada el uno de julio de dos mil veintiuno, en el recurso de queja civil número ********************, interpuesto por el quejoso********************, en contra del auto dictado el veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda de amparo y, devuelve los autos originales del juicio de amparo, acúsese el recibo correspondiente; glósese el cuaderno de antecedentes formado con motivo de su envío; y apareciendo que la superioridad declaró infundado el recurso de queja, hágase de conocimiento de la parte quejosa tal circunstancia. Se ordena archivo. En esas condiciones, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General en cita, el presente expediente es susceptible de destrucción, transcurrido el plazo de tres años, posterior a la emisión de este proveído. De igual forma, con apoyo en el artículo 15 del Acuerdo de referencia, se especifica que el presente expediente carece de relevancia documental, por no reunir las características a que se refiere el numeral invocado Inexistencia de documentos. No se omite señalar que tal como se precisó en certificación de esta fecha, no existen documentos exhibidos por la parte quejosa. Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Se reserva entrega de oficio. Finalmente, toda vez que el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, a partir de esta fecha se encuentra gozando de su primer período vacacional (del dieciséis al treinta de julio dos mil veintiuno), se ordena reservar la notificación del oficio correspondiente, hasta en tanto reanude sus labores. Notifíquese.

  2. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, veinte de abril de dos mil veintiuno. Se admite recurso de queja. Agréguese al presente expedientillo derivado del juicio de amparo número 196/2021-VI, el oficio de cuenta signado por la Actuaria Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, por el que hace del conocimiento de este juzgado, que dicho tribunal admite el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, dando origen al expediente 37/2021; lo anterior, para los efectos legales procedentes. Notifíquese.

  3. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, ocho de abril de dos mil veintiuno. Se interpone queja. Abrase y fórmese expedientillo con copia del escrito registrado con el número 3969, suscrito por * * *, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del auto que desechó de plano la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97 fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, remítase el original y copia de los agravios, así como los autos al Presidente del Tribunal Colegiado en Turno del Vigésimo Octavo Circuito, para la substanciación del mismo. Notifíquese.

  4. Principal

    *****Apizaco, Tlaxcala, veinticinco de marzo de dos mil veintiuno.  Radicación de la demanda. Vista la demanda de amparo promovida por *********************, por propio derecho, contra actos de la Segunda Ponencia de la Sala Civil Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado y otra autoridad; fórmese expediente impreso y electrónico, háganse las anotaciones correspondientes y regístrese en el libro de gobierno con el número 196/2021-VI.  Se desecha demanda. Los artículos 112, primer párrafo y 113, ambos de la Ley de Amparo imponen al juez de distrito, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. Al respecto, de oficio advierte que se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 107, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el arábigo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo; en virtud de que la resolución reclamada no afecta derechos sustantivos de la parte quejosa En efecto, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 107, fracción III, inciso b), dispone: "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (...) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte...". Bajo esa tesitura, por actos de ejecución irreparable se entiende únicamente que son aquellos que producen una afectación material a los derechos sustantivos tutelados por la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; es decir, se excluye la posibilidad de considerar que dentro de ese concepto se comprendan los actos que producen efectos meramente formales, aun cuando se tratara de una violación procesal en grado predominante o superior. Por consiguiente, para calificar ahora la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de los actos en juicio de "imposible reparación", se atenderá a los efectos o consecuencias que tales actos produzcan, es decir, si la naturaleza de la violación afecta o no materialmente un derecho sustantivo protegido por la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis jurisprudencial emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, de rubro y texto siguientes: "Registro digital: 2006338 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materias(s): Común Tesis: IV.2o.C. J/2 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, página 1539 Tipo: Jurisprudencia ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera." En este caso, de la demanda de amparo se advierte que la quejosa reclama la resolución emitida dentro del toca de queja *************, de diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, en el que se confirma la resolución de cinco de febrero de dos mil veinte, que declaró no probado el incidente de nulidad de actuaciones, promovido en contra del acuerdo de cinco de septiembre de dos mil diecisiete, en el que se tuvo por no interpuesta la demanda reconvencional que promovió el aquí quejoso respecto de quien o quienes se crean con derecho; ello debido a que el aquí quejoso (demandado en lo principal y actor reconvencional) no exhibió los edictos que le requirió el juez del conocimiento. Como preámbulo, es necesario tener presente que mediante escrito de veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis, ******************promovió juicio reivindicatorio en contra del quejoso, respecto del inmueble denominado **************, del que tocó conocer al Juzgado Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, el que lo radicó en el expediente ************* Una vez que fue emplazado a juicio el aquí peticionario del amparo, éste contestó la demanda y en vía reconvencional ejerció la acción de usucapión en contra de ****************** y de quién o quienes se crean con derecho respecto del inmueble denominado *********** o *************** por lo que se ordenó emplazar a la demandada reconvencional a través del diligenciario y a quién o quienes se crean con derecho mediante de edictos. El nueve de enero de dos mil dieciocho, ************** contestó la demanda reconvencional y el seis de abril siguiente, solicitó al juez del conocimiento que requiriera al actor reconvencional (aquí quejoso) que exhibiera los edictos que le fueron solicitados para emplazar a quien o quienes se crean con derecho respecto del inmueble denominado ****************** o ****************** Después de diversos requerimientos y en virtud de que el justiciable no exhibió los edictos que le fueron solicitados, mediante acuerdo de cinco de septiembre de dos mil diecisiete, se tuvo por no interpuesta la demanda reconvencional que promovió el aquí quejoso únicamente en contra de quien o quienes se crean con derecho Así, el acto reclamado se trata de una determinación intraprocesal que no afecta derechos sustantivos, sino únicamente derechos procesales relacionados con el desechamiento parcial de la demanda reconvencional promovida en contra de quien o quienes se crean con derecho respecto del inmueble denominado *************** o ******************** en tanto que dicha determinación no trastoca la demanda reconvencional promovida en contra de **************** De ahí que, al reclamarse la decisión de la autoridad responsable de no admitir la demanda por lo que hace a uno o más codemandados en este caso, de quien o quienes se crean con derecho respecto del inmueble denominado ****************** no afecta en forma material ninguna clase de derechos sustantivos; de ahí que este acto reclamado debe ser considerado como una violación procesal cometida durante el procedimiento que debe controvertirse en el amparo directo que se promueva en contra de la sentencia definitiva que resuelva tanto la acción principal como la reconvencional, de conformidad con la fracción I, del artículo 170 de la Ley de Amparo vigente. Al respecto es dable citar la jurisprudencia emitida por el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, con número de registro 2022115, que establece: "Registro digital: 2022115 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materias(s): Común Tesis: I.14o.T.7 K (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 78, Septiembre de 2020, Tomo II, página 902 Tipo: Aislada ACUERDO DE NO ADMISIÓN, DESECHAMIENTO, U ORDEN DE ARCHIVO DE LA DEMANDA POR LO QUE HACE A UNO O MÁS CODEMANDADOS. ES UNA VIOLACIÓN PROCESAL RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), de título y subtítulo: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).", que no es factible la admisión de demandas de amparo indirecto cuyo acto reclamado no represente una afectación material a derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte. Este criterio induce a estimar que diversas tesis jurisprudenciales de las Salas del Alto Tribunal, en las que se trató la procedibilidad del amparo indirecto de asuntos cuyos actos eran considerados de imposible reparación conforme a la anterior Ley de Amparo, relativos al desechamiento parcial o la no admisión de una demanda por lo que hace a uno o más codemandados se consideren inaplicables. De ahí que, al reclamarse la decisión de la autoridad responsable de no admitir la demanda, desecharla u ordenar su archivo por lo que hace a uno o más codemandados, no afecta en forma material ninguna clase de derechos sustantivos; de ahí que este acto reclamado debe ser considerado como una violación procesal cometida durante el procedimiento, que afecta las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo, analizable en amparo directo promovido en contra de la resolución reclamada, de conformidad con la fracción I, del artículo 170 de la Ley de Amparo vigente. Luego, es evidente que el acto reclamado no se le ocasiona ningún perjuicio de imposible reparación a la parte quejosa, toda vez que la resolución de la que se duele constituye un acto intraprocesal que no es irreparable y no infringe algún derecho sustantivo de manera directa e inmediata. Lo anterior es así, dado que la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución, establece expresamente que las violaciones a las leyes procesales que trasciendan al resultado del fallo, como lo es la resolución de un incidente de nulidad, serán analizadas, en su caso, en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva que ponga fin al juicio, tal como lo previene el artículo 172, fracción V, de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: V. Se deseche o resuelva ilegalmente un incidente de nulidad. De lo expuesto, se advierte que el acto reclamado reviste carácter meramente formal, por lo que no afecta materialmente algún derecho sustantivo tutelado por la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, pues no produce directamente ninguna afectación material sobre algún derecho sustantivo de la parte quejosa, como la libertad, la propiedad, las posesiones, la seguridad, la privacidad, el derecho de audiencia, el derecho de petición, el derecho a la salud, el derecho de tránsito, etcétera. Sobre todo, que el acto reclamado no implica un agravio actual, sino que, en su caso, será hasta el desenlace del juicio de origen en el que el quejoso resentirá, de ser así, las afectaciones de las que se duele en su demanda de amparo. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, cuando como consecuencia de ellos se afecte de manera cierta e inmediata algún derecho fundamental tutelado en la Carta Magna, de modo tal, que esa afectación no sea susceptible de repararse incluso con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trate. En ese contexto, el acto reclamado por la parte quejosa no le irroga por sí y desde luego, perjuicio o lesión en su esfera jurídica; esto es, no afecta directa e inmediatamente sus prerrogativas fundamentales y, por ende, no encuadran en la hipótesis a que se contrae el artículo 107, fracción V, constitucional, al no causar un daño de imposible reparación, ello en atención al concepto de irreparabilidad que ha quedado expuesto. Incluso, al resolverse el juicio de origen, existe la posibilidad de que el quejoso pudiera obtener una sentencia favorable a sus intereses; lo cual reafirma el razonamiento aquí planteado, pues con ello desaparecerían los posibles perjuicios que le ocasiona el acto reclamado a la quejosa y, aun, cuando dicha resolución le fuese desfavorable, será hasta ese momento en que se encuentre en posibilidad de recurrir a los medios de protección que la ley ordinaria prevé. En tales condiciones, dado que en el caso concreto se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia referida es procedente, con fundamento en los diversos 112 y 113 de dicho cuerpo de leyes, desechar de plano la demanda de amparo promovida por *****************, por propio derecho, contra actos de la Segunda Ponencia de la Sala Civil Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado y otra autoridad, al encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia.  Domicilio para oír y recibir notificaciones. Por otro lado, con fundamento en el artículo 27 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que señala para tales efectos, con el apercibimiento que de resultar inexacto, la notificación del presente proveído y subsecuentes, incluso las personales, le surtirán efectos mediante lista de acuerdos que se fije en los estrados de este juzgado. Sin embargo, debe destacarse que ante la contingencia y riesgos sanitarios que atraviesa el país, así como las medidas para evitar el contacto social y reducir la movilidad en la vía pública, dígase a los impetrantes que mientras permanezca la contingencia sanitaria, las notificaciones de mero trámite se practicarán mediante lista, que podrá ser consultada vía internet. Por otra parte, en el caso de que sea necesario realizar alguna notificación de carácter personal, en el expediente en que se actúa, el Actuario Judicial de la Adscripción deberá hacerlo conforme al Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19) para Notificadores y Defensores Públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de los justiciables; lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.  Autorizados en términos amplios. Por otra parte, se tiene como autorizados a *******************en términos de la última parte del segundo párrafo del artículo 12, de la Ley de Amparo; esto es únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, por así haberse solicitado expresamente. Exhortación para la continuación del juicio en línea. De igual modo, como a partir del tres de agosto de dos mil veinte, entró en vigor el Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, emitido por el Consejo de la Judicatura Federal, se les comunica al promovente que en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, y del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo aprobado por el Pleno del Consejo en sesión extraordinaria de ocho de junio de dos mil veinte, para el caso de que así lo deseen, podrán imponerse del contenido de los presentes autos (consulta de expediente electrónico), así como promover y recibir notificaciones vía electrónica (notificaciones vía electrónica) a través de la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal (http://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx), quedando supeditadas a los efectos legales del Acuerdo de referencia, siempre y cuando cuenten con Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o "e.firma", antes firma electrónica avanzada o "FIEL", de conformidad con lo establecido en el artículo 14 de dicho Acuerdo, por lo que en este caso, deberán de hacer la solicitud correspondiente ante este órgano jurisdiccional, conforme lo establece el referido Acuerdo General 12/2020. En consecuencia, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; esto es continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registró en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como que se les notifiquen electrónicamente las resoluciones judiciales emitidas en el presente juicio, que así lo ameriten y, presentar promociones por ese medio; conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido Acuerdo General 12/2020. Asimismo, se invita a las partes a que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el procedimiento, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al presente expediente previa la certificación correspondiente.  Medios electrónicos. De conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes la obtención de imágenes digitales, mediante medios electrónicos de las actuaciones realizadas en el presente asunto, debiendo especificar previamente las constancias a reproducir a efecto de que se elabore la razón de entrega correspondiente. Salvo que se trate de constancias que contengan exposición de datos personales que deban salvaguardarse, así como información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información.  Habilitación de días y horas inhábiles. En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. Transparencia y Datos Personales. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a las disposiciones aplicables al caso. Los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto. A su vez, los mismos serán protegidos en términos de la mencionada ley y los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aplicables. Además, este juicio también está sujeto a las disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Entre otras cosas, esto implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Aunado a ello, conforme al reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de datos personales, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Esto deberán manifestarlo las partes expresamente. La falta de oposición conlleva su consentimiento para que en las resoluciones que se dicten no haya supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. Notifíquese personalmente.

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