Rafael Pascasio Paredes Vargas

Expediente 1050/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 5 actuaciones registradas, la última del 29 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1050/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
29/12/2021

Partes del expediente

  • Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala
  • Rafael Pascasio Paredes Vargas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso d), de la ley en comento, contra el auto de tres de diciembre del año en curso, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo; en virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que ha causado ejecutoria el auto de mérito. Sin que sea el caso realizar el cómputo a las demás partes para la interposición del citado recurso, en atención a que lo resuelto no les irroga perjuicio alguno. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente, y toda vez que no existen diligencias por realizar archívese este juicio como concluido. Ahora, en atención a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se decreta que este expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el artículo 15, del referido Acuerdo General. Conforme a lo anterior y toda vez que en el presente asunto se sobreseyó la protección constitucional a la parte quejosa, con fundamento en el artículo 21, fracción I, inciso a), del Acuerdo General en cita, el presente expediente es DESTRUIBLE; por lo que transcurrido el plazo de tres años, posterior a la emisión de este proveído, deberá procederse a su destrucción. Por lo que, una vez que transcurra el plazo de tres años ahí indicado, dentro de los treinta días siguientes, sin necesidad de ulterior proveído, y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase este expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Finalmente, como se advierte en el presente asunto obra copia certificada del expediente laboral 978/2011-2, a partir del laudo de once de marzo de dos mil catorce que remitió el Secretario General de Mayor Antigüedad sustituyendo de manera temporal al Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, por tanto, se ordena devolver las mismas a la autoridad responsable, sin que se haya lugar a solicitar el acuse de recibo, en razón de que en su momento correrá agregada la constancia de notificación que se recabe para tal efecto. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. Notifíquese.

  2. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a quince de diciembre de dos mil veintiuno. Se ordena notificar sentencia a tercera interesada. Visto el estado que guardan los autos se advierte que no obra constancia de la notificación a la tercera interesada Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tlaxcala, del proveído de tres de diciembre de dos mil veintiuno, en que se sobreseyó en el juicio fuera de audiencia. En consecuencia, se comisiona al Actuario Judicial adscrito a este juzgado para que notifique vía oficio a la tercera interesada el acuerdo de referencia y la presente determinación, para que manifieste lo que a su interés convenga. Notifíquese. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante la Secretaria de Juzgado Artemisa Venus Fernández Ángel, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a tres de diciembre de dos mil veintiuno. Informe justificado. Agréguese a los autos del juicio de amparo en que se actúa, para que conste como corresponda y surta los efectos legales conducentes, el informe justificado que rinde el Secretario General de Mayor Antigüedad sustituyendo de manera temporal al Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala. Pruebas de la autoridad. De conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la autoridad responsable oficiante la documental pública consistente en copia certificada del expediente laboral 978/2011-2, a partir del laudo de once de marzo de dos mil catorce. Se ordena formar tomo de pruebas. Por otra parte, dado el volumen de las copias certificadas que adjuntó al oficio de cuenta, fórmese por separado un tomo de pruebas, a efecto de tener un mejor manejo y cuidado del expediente, identificado con el número I. Sobreseimiento fuera de audiencia. De autos se advierte que el acto reclamado consiste en la omisión de acordar el escrito presentado el doce de julio de dos mil veintiuno, en el expediente laboral 978/2011-2. Ahora, como lo informa y acredita la autoridad responsable, mediante acuerdo de nueve de noviembre de la anualidad que transcurre, dictado en el citado expediente laboral, la autoridad responsable proveyó el escrito presentado por el quejoso el doce de julio de dos mil veintiuno. Por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El citado numeral establece que el juicio de amparo resulta improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esto es, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos destruidos de manera absoluta, completa e incondicional; de tal suerte que haya quedado restablecida, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello, el acto no agravie al quejoso. Es decir, se dejan de afectar los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido el amparo: por lo que el juicio de amparo carece de materia sobre la que pueda hacerse un pronunciamiento de fondo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de contenido siguiente: Registro digital: 193758 Instancia Segunda Sala Novena Época Materias(s Común Tesis: 2a./J. 59/ Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, Junio de 1999, página 38 Tipo: Jurisprudencia CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el presente caso, como se dijo, el quejoso reclama la omisión de acordar el escrito presentado el doce de julio del año en curso, en el expediente laboral 978/2011-2. En dicho escrito, el promovente solicitó en esencia lo siguiente: Dar trámite al recurso de revisión contra el acto ejecutado del actuario adscrito a la Junta de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala de siete de julio de dos mil veintiuno, relativo a la diligencia de requerimiento de pago. En ese sentido, mediante acuerdo dictado el nueve de noviembre de este año, la autoridad responsable proveyó sobre dicho escrito en los siguientes términos: Acordó la recepción del recurso de revisión, ordenó notificar personalmente a las partes la interposición del medio de impugnación y señaló día y hora para la audiencia de admisión y desahogo de pruebas. Por virtud de lo anterior, puede estimarse que el acto reclamado fue revocado y se restituyó la situación en que se encontraba el quejoso antes de que aconteciera la omisión controvertida, pues se dio respuesta frontal a cada uno de los planteamientos que formuló en su ocurso presentado el doce de julio de dos mil veintiuno. Por lo que es dable establecer que los efectos de dicho acto negativo fueron destruidos de manera absoluta, completa e incondicional. En mérito de lo anterior, es factible concluir que cesaron los efectos de la omisión reclamada y, por tanto, no existe materia para realizar un pronunciamiento de fondo. Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable el motivo de improcedencia analizado, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Se deja sin efectos audiencia. Ahora bien, de la certificación de cuenta se advierte que se encuentran fijadas las diez horas con veinticinco minutos del ocho de diciembre de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo la audiencia constitucional, sin embargo, dadas las consideraciones precisadas en el apartado que antecede, se hace del conocimiento de las partes que queda sin efectos la misma. Notifíquese; personalmente al quejoso, vía electrónica al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y, por oficio o correo electrónico a las autoridades responsables y tercero interesado. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante la Secretaria de Juzgado Artemisa Venus Fernández Ángel que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno. Colegiado solicita acuse. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, mediante el cual solicita se acuse recibo de su oficio 207/2021 emitido en el incidente de inejecución de sentencia penal 3/2020, por tanto, como lo solicita la autoridad oficiante y como está ordenado mediante proveído de catorce de octubre del actual, procédase a realizar la notificación del oficio 22424/2021 dirigido al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito mediante el cual se acusa recibo del oficio 207/2021 precisado, lo anterior para los efectos legales procedentes. Notifíquese.

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