Rafael Peña Garcia

Expediente 668/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 43 actuaciones registradas, la última del 23 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
668/2018
Año
2018
Actuaciones
43
Última actuación
23/09/2019

Partes del expediente

  • Rafael Peña Garcia
  • Magistrado de la Sexta Sala Civil del S.T.J.E. cd y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 43.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve. CAUSA EJECUTORIA. Vista la certificación secretarial que antecede, así como el estado procesal de autos, de los cuales se advierte que a la fecha ha fenecido el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa a quien perjudica el sentido de la sentencia, hubiese interpuesto recurso de revisión contra dicha resolución de tres de septiembre de dos mil diecinueve, en la que se SOBRESEYÓ en el juicio de amparo en que se actúa, promovido por Rafael Peña García; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicha resolución, para todos los efectos legales procedentes. Realícense las anotaciones en el libro de gobierno respectivo; y, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS Hágase devolución de las constancias que obran en dos tomos de pruebas por separado, las cuales fueron remitidas por las autoridades responsables Magistrada de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad y Juez Primero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Pátzcuaro, Michoacán, como sustento de sus informes justificados. GIRAR OFICIOS Finalmente, con la oficio de notificación del presente auto que se gire a las responsables Juez y actuario del Juzgado Primero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Pátzcuaro, Michoacán, remítaseles copia autorizada de la sentencia emitida en el presente juicio de amparo para su conocimiento, ya que al momento de su emisión se omitió girarles las respectivas comunicaciones; sin que ello sea un impedimento para declarar ejecutoriado el fallo respectivo, ya que el plazo para recurrirla por quien afecta el sentido del mismo, ha concluido sin que lo hubiese hecho. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Acta relativa a la audiencia constitucional ordenada en proveído de cinco de agosto de dos mil diecinueve, dictado en el expediente del juicio de amparo 668/2018, y celebrada de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo, en la ciudad de Morelia, Michoacán, a las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL TRES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, con la participación de quienes en la propia acta se describen.- Conste. Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, declara abierta la audiencia: Secretaria dé cuenta por favor. LA SECRETARIA: Dentro del Juicio de amparo 668/2018 promovido por Rafael Peña García, por propio derecho contra actos del Magistrado de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad y otras autoridades, se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de amparo les resultó el carácter de terceros interesados a Martha Farías Peña, sin que haya sido posible su emplazamiento. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. En este acto CERTIFICO: que el término de tres días concedido a la parte quejosa en proveído de cinco de agosto del año en curso, a fin de que proporcionara el domicilio en Estados Unidos de Norteamérica, donde pudiera ser legalmente emplazada la tercero interesada Martha Peña Farías, le transcurrió del once al trece de agosto del año en curso, tomándose en consideración únicamente los días hábiles correspondientes, sin que hubiere hecho manifestación alguna, lo que se asienta para constancia y efectos legales a que haya lugar EL JUEZ: Respecto de la certificación que antecede, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de cinco de agosto de dos mil diecinueve, por lo que se ordena seguir con la celebración de la audiencia en su perjuicio. Enseguida, hago constar que mediante proveído de diez de octubre de dos mil dieciocho, se tuvo al Juez y Actuario del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil de Pátzcuaro, Michoacán como autoridades responsables en sustitución de las inicialmente señaladas como esa calidad Juez y Actuario del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de Pátzcuaro, Michoacán. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede; Secretaria, dé cuenta con los informes justificados. a).- Magistrada de la Sexta Sala Civil de Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad. b).- Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Pátzcuaro, Michoacán. c).- Actuaria adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Pátzcuaro, Michoacán. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendidos los informes de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretaria dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. LA SECRETARIA: Se hace constar que obran en cuadernos de pruebas por separado las documentales que las autoridades responsables Magistrada de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad y Juez Primero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Pátzcuaro, Michoacán, que anexaron al rendir su informe justificado, consistente en el toca de apelación I-5/1988 y copia certificada del juicio sucesorio intestamentario 483/2018 (219/1987) respectivamente; medios de convicción que se tienen y tuvieron por ofrecidos y desahogados de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, dada su propia y especial naturaleza. Al no existir más pruebas que desahogar, se pasa al período de alegatos. LA SECRETARIA Se hace constar que la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional los formuló mediante pedimento presentado ante el Oficial de Partes de este órgano jurisdiccional en treinta y uno de octubre, ambos de dos mil dieciocho. EL JUEZ: Con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, ténganse por reproducidos dichos alegatos; en consecuencia, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a dictar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión. V I S T O S, para dictar sentencia, los autos que integran el juicio de amparo número 668/2018 promovido por Rafael Peña García, por propio derecho, contra actos que reclama de la Magistrada de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad y otras autoridades; y; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Mediante escrito presentado el diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en Morelia, Michoacán, turnado a éste órgano jurisdiccional, el mismo día; Rafael Peña García, por propio derecho, acudió a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos y autoridades que a continuación se transcriben: "III. AUTORIDAD O AUTORIDADES RESPONSABLES CON CARÁCTER DE AUTORIDAD ORDENADORA: 1. Juez Segundo de la ciudad de Pátzcuaro, Michoacán, con domicilio en el libramiento Ignacio Zaragoza esquina con calle Ciprés 2A Planta, centro de la Ciudad de Pátzcuaro, Michoacán 2. Magistrado de la Sexta Sala Civil con domicilio en la calzada la Huerta número 400 colonia nueva Valladolid Morelia, Michoacán. Planta (sic) centro de la Ciudad de Morelia. 3. Actuario del Juzgado Segundo Civil con domicilio en el libramiento Ignacio Zaragoza esquina con calle Ciprés 2A Planta centro de la Ciudad de Pátzcuaro, Michoacán en su carácter de autoridad ejecutora. IV.-ACTO RECLAMADO.- a).- DEL C. JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL CON SEDE EN LA CIUDAD DE PATZCUARO, MICHOACAN y cuyo domicilio ya ha quedado descrito en líneas anteriores se reclama LA ILEGAL NOTIFICACIÓN Y EMPLAZAMIENTO practicados dentro de los autos del expediente 219/987 y/o 219/1987 relativo al juicio sucesorio intestamentario tramitado por MARTHA PEÑA FARIAS, con lo que se me generó un estado de indefensión, al habérseme privado de mis derechos de contestar la demanda, ofrecer pruebas, alegatos dentro de tal procedimiento, así mismo se reclama la ilegalidad de todas las actuaciones judiciales realizadas en ese juicio, hasta el auto que causaba ejecutoria las sentencias definitivas dictadas en ese expediente por lo que no se dio cumplimiento a las formalidades esenciales del procedimiento. b.- Del Juez Segundo de lo Civil y C. actuario o actuarios adscritos a dicho Juzgado con residencia en la ciudad de Pátzcuaro, Michoacán en su calidad de ejecutora se reclama LA DILIGENCIA DE ILEGAL EMPLAZAMIENTO, CUYA RAZON ACTUARIAN (SIC) DEBE OBRAR EN AUTOS, mismo que nunca me fue notificado personalmente o en los términos legales que se ordenan en los artículos 79, 80, 81,82, 95 y demás relativos concordantes del Código de procedimientos civiles del Estado de Michoacán, dentro de los autos del expediente 219/987 y/o 219/1987 del índice de Juzgado Segundo Civil de Pátzcuaro, Michoacán en el que no se dio cumplimiento a las formalidades esenciales del procedimiento y con lo que se me generó un estado de indefensión al habérseme privado de mis derechos a contestar la demanda y ofrecer pruebas y alegatos dentro de tal procedimiento para obtener una sentencia favorable a mis intereses. En ese ocurso, la quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos humanos vulnerados, los contenidos en el artículo 14, 16, 17 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de amparo. Por razón de turno, correspondió conocer de dicho juicio a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, se formó el expediente y lo registró bajo el número 668/2018; y previa prevención por auto de tres de septiembre de dos mil dieciocho, se admitió a trámite la demanda; se solicitó el informe con justificación a las autoridades señaladas como responsable; se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación y se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual se celebró al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, fracción I, 37 y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, y el diverso numeral 48 y 54, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Se procede a la fijación de los actos reclamados, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente al momento de la presentación de la demanda y con apoyo en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Amparo en revisión 2589/96. Grupo Warner Lambert México, S.A. de C.V. 25 de noviembre de 2003. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretarios: Martha Elba Hurtado Ferrer y Emmanuel G. Rosales Guerrero. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veinticinco de marzo en curso, aprobó, con el número VI/2004, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veinticinco de marzo de dos mil cuatro". De igual forma, se invoca la jurisprudencia del contenido y datos que enseguida se anotan: Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintisiete de marzo en curso, aprobó, con el número 40/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintisiete de marzo de dos mil". En ese tenor, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que las omisiones reclamadas consisten en: a) La ilegal notificación e indebido emplazamiento al juicio sucesorio intestamentario 483/2018 (219/1987), a bienes de Martha Peña Farías y como con secuencia de ello, todo lo actuado en dicho procedimiento. TERCERO. Certeza del acto reclamada. La Magistrada de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, Juez y Actuaria, ambos del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Pátzcuaro, Michoacán al rendir su respectivo informe con justificación, aceptaron la existencia del acto que se le reclama. Por otro lado, a efecto de acreditar sus aseveraciones, la autoridad responsable remitió copia certificada de las actuaciones realizadas dentro del toca de apelación I-5/1988 y copia certificada del juicio de origen 483/2018 (219/1987), documentales a las que se les concede pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo estatuye su numeral 2°, por tratarse, en la especie, de actuaciones llevadas a cabo por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones, los cuales, con arreglo a la ley, gozan de fe pública. Apoya lo anterior, la jurisprudencia del contenido literal siguiente: Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Quinta Epoca: Tomo I, pág. 654. Amparo directo. Chiprout Jacobo. 7 de noviembre de 1917. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 660. Amparo en revisión. Pérez Cano José. 6 de septiembre de 1918. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 1331. Amparo en revisión. Calderón Silvestre y vecinos de la Villa de Nombre de Dios. 20 de diciembre de 1918. Unanimidad de nueve votos. Tomo IV, pág. 978. Queja. Astorga J. Ascensión. 1o. de mayo de 1919. Mayoría de siete votos. Recurso de súplica 5/24. Shiemann Guillermo. 9 de junio de 1924. Unanimidad de once votos. Nota: En los Apéndices al Semanario Judicial de la Federación correspondientes a los Tomos de Quinta Epoca, así como en los Apéndices 1954, 1965 y 1975, la tesis aparece publicada con el rubro: ´DOCUMENTOS PUBLICOS´". CUARTO. Análisis de causales de improcedencia. Establecida la existencia de los actos fijados en el considerando segundo, se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, cobra aplicación la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Época: Octava Época Registro: 394770 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, ParteTCC Materia(s): Común Tesis: 814 Página: 553 "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. Octava Época: Recurso de revisión 827/88. Comisariado Ejidal de Tepatepec, Municipio de Francisco I. Madero, Hidalgo. 8 de febrero de 1989. Unanimidad de votos. Recurso de revisión 7/89. María Antonieta Puertas Ibarra y otra. 23 de febrero de 1989. Unanimidad de votos. Amparo directo 205/89. María Esther Reyes Valdez. 4 de mayo de 1989. Unanimidad de votos. Amparo directo 281/89. Ofelia Serrano de Hernández. 18 de mayo de 1989. Unanimidad de votos. Amparo directo 531/89. Jorge Godínez Márquez. 7 de febrero de 1990. Unanimidad de votos. NOTA: Tesis II.1o.J/5, Gaceta número 41, pág. 81; Semanario Judicial de la Federación, tomo VII-Mayo, pág. 95". Se omitirá el análisis de la constitucionalidad de los actos reclamados descritos en el considerando segundo de la presente resolución; ello, en virtud de que se advierte actualizada una causa de improcedencia, cuyo estudio es preferente al fondo del negocio, por ser cuestión de orden público en el juicio de amparo, prevista en el artículo artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5o., fracción III y 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, así como el artículo 14, párrafo segundo de la Constitución Federal. La fracción XXIII, del citado numeral 61, de la Ley de Amparo vigente, establece: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley;" Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] III. El tercero interesado, pudiendo tener tal carácter: a) La persona que haya gestionado el acto reclamado o tenga interés jurídico en que subsista; b) La contraparte del quejoso cuando el acto reclamado emane de un juicio o controversia del orden judicial, administrativo, agrario o del trabajo; o tratándose de persona extraña al procedimiento, la que tenga interés contrario al del quejoso; c) La víctima del delito u ofendido, o quien tenga derecho a la reparación del daño o a reclamar la responsabilidad civil, cuando el acto reclamado emane de un juicio del orden penal y afecte de manera directa esa reparación o responsabilidad; d) El indiciado o procesado cuando el acto reclamado sea el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal por el Ministerio Público; e) El Ministerio Público que haya intervenido en el procedimiento penal del cual derive el acto reclamado, siempre y cuando no tenga el carácter de autoridad responsable. Artículo 27. Las notificaciones personales se harán de acuerdo con las siguientes reglas: [.] III. Cuando no conste en autos domicilio para oír notificaciones, o el señalado resulte inexacto: [.] b) Tratándose de la primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable, el órgano jurisdiccional dictará las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue su domicilio y podrá requerir a la autoridad responsable para que proporcione el que ante ella se hubiera señalado. Siempre que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial la notificación se hará en el último domicilio señalado para oír notificaciones en el juicio de origen. Si a pesar de lo anterior no pudiere efectuarse la notificación, se hará por edictos a costa del quejoso en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles. En caso de que el quejoso no acredite haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, se sobreseerá el amparo. Lo anterior es así, toda vez que de la certificación que obra al principio de la audiencia constitucional levantada en esta fecha, se advierte que efectivamente a la fecha ha fenecido el término concedido a la quejosa para proporcionar el domicilio de la tercero interesada señalada, y como de las constancias que integran el juicio de amparo que nos ocupa, aparece que en auto de cinco de septiembre de dos mil dieciocho , se ordenó emplazar a juicio a la tercero interesada Martha Peña Farias, mediante despacho girado al Juez de Primera Instancia en Materia Civil, en turno, del Distrito Pátzcuaro, Michoacán, sin que ello hubiera sido posible, como se advierte de la razón actuarial levantada el dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho , por el Actuario adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Pátzcuaro, Michoacán, acordándose el veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho devolver el despacho a la autoridad despachada al no haber indagado sobre la persona a emplazar. Así las cosas mediante auto de trece de noviembre de dos mil dieciocho se tuvo por recibido el despacho 826/2018 y atendiendo a la razón actuarial levantada por la Actuaria adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Pátzcuaro, Michoacán, el quince de octubre de dos mil dieciocho, de la que se advierte que fue informada por los vecinos de la tercero interesada, que la misma radicaba en Estados Unidos de Norteamérica, sin saber el domicilio, se requirió a la parte quejosa para que proporcionara el domicilio correcto y actual de la tercero interesada, por lo que en auto de veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, se tuvo al quejoso insistiendo emplazar a la tercero interesada Martha Peña Farias, en la calle Héroes de Nacozari, número 22, colonia Morera de Quiroga, Michoacán, por lo que se giró el despacho 1079/2018-394.D al Juez de Primera Instancia en Materia Civil, en turno, del Distrito Pátzcuaro, Michoacán, mismo que fue devuelto sin diligenciar por los motivos expuestos en la razón actuarial de catorce de diciembre de dos mil dieciocho, levantada por la Actuaria adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Pátzcuaro, Michoacán. En atención a lo anterior, el nueve de enero del año en curso, se ordenó nuevamente girar despacho al Juez de Primera Instancia en Materia Civil, en turno, del Distrito Pátzcuaro, Michoacán, a fin de que emplazara a la tercero interesada de mérito en el domicilio señalado en el párrafo que antecede, mismo que se tuvo por devuelto el treinta de enero pasado, sin diligenciar, toda vez que de la razón actuarial de dieciocho de enero, se advierte que el Actuario adscrito al Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Pátzcuaro, al constituirse en el domicilio para ello proporcionado, se entrevistó con Ana Zuleika González Peña, quien manifestó ser hija de la tercero interesada, además de informarle que la tercero interesada vivía en Estados Unidos de Norteamérica, sin saber el domicilio donde radicaba. Virtud a lo anterior, se requirió nuevamente al quejoso para que proporcionara el domicilio actual de la tercero interesada, por lo que en auto de dieciocho de febrero pasado, se tuvo al quejoso manifestando desconocer el domicilio actual de la tercero interesada y se inició el procedimiento de investigación a fin de localizar el domicilio de la tercero interesada, agotando el procedimiento de investigación ordenado, sin que del mismo se pudiera advertir nuevo domicilio. No obstante de las constancias remitidas por las autoridades señaladas como responsables, se advirtió como posible domicilio de la tercero interesada el ubicado en la calle Independencia, número 14 en Pátzcuaro, Michoacán, por lo que se giró el despacho 230/2009-108.D, al Juez de Primera Instancia en Materia Civil, en turno, del Distrito Pátzcuaro, Michoacán, no fue posible llevar a cabo la diligencia de emplazamiento por los diversos motivos expuestos en las razones actuariales de catorce de marzo y tres de abril, ambos de la presente anualidad. Por lo que el veintidós de mayo del presente año, se requirió al quejoso a efecto de que proporcionara un nuevo domicilio de la tercero interesada, señalando nuevamente como domicilio el ubicado en la calle Héroes de Nacozari, número 22, colonia Morera de Quiroga, Michoacán, por lo que se giró el despacho 1079/2018-394.D al Juez de Primera Instancia en Materia Civil, en turno, del Distrito Pátzcuaro, Michoacán, mismo que fue devuelto sin diligenciar por los motivos expuestos en la razón actuarial de veintiséis de junio de dos mil diecinueve, levantada por el Actuario adscrita al Juzgado Mixto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Pátzcuaro, Michoacán, se entrevistó con Ana Zuleika González Peña, quien manifestó ser hija de la tercero interesada, además de informarle que efectivamente la tercero interesada había visitado ese lugar, pero en esa fecha ya no se encontraba, porque ella radica en los Estados Unidos de Norteamérica, sin saber su domicilio donde radicaba. Finalmente, mediante autos de diez de julio y cinco de agosto del año en curso, se requirió por última ocasión al quejoso para que proporcionara el domicilio de la tercero interesada en los Estados Unidos de Norteamérica, apercibido que de no hacerlo en el primero de los autos, se dejaría de señalar fecha para la celebración de la audiencia constitucional y en el segundo proveído que de no hacerlo se celebraría la audiencia en su perjuicio, lo que aconteció como se desprende de la certificación que al inicio de esta audiencia se levantó. En atención a que la parte promovente del amparo no cumplió con lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento formulado en ese proveído, y lo procedente es resolver este juicio sobreseyendo en el juicio de amparo en que se actúa ante la imposibilidad de emplazar a la tercero interesada Martha Peña Farias. Además de lo anterior es necesario tener en consideración que no obstante haber pretendido llevar a cabo el emplazamiento a este juicio de la tercero interesada Martha Peña Farías, en los domicilios que se allegaron al sumario, no fue posible realizar dicha diligencia, por las razones ya expuestas en párrafos precedentes; de modo que, una vez agotado el procedimiento de investigación a que se refiere el penúltimo de los preceptos legales invocados, y ya que existe en autos el dicho de dos personas que refieren de manera coincidente que, la misma radica fuera de este país, virtud a lo cual, como ya se precisó, no es factible ordenar su emplazamiento por edictos, ya que estos únicamente se publican a nivel nacional. Situación la anterior de la cual se colige que se incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento, derecho protegido y elevado a rango constitucional en términos del segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; lo que hace que el suscrito no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio de garantías en que se actúa, dado que, pese al requerimiento formulado a la parte quejosa no proporcionó el domicilio donde la tercero interesada en cuestión pudiera ser emplazada, a fin de salvaguardar su garantía de audiencia. Luego, es de considerarse que en el caso particular, se actualiza la causal de improcedencia en cita, pues con la falta de emplazamiento de la tercero interesada, queda paralizado el juicio de amparo, con lo cual se entorpece la administración de justicia, al retardarse la solución del conflicto, lo que contraviene lo establecido por el artículo 17 Constitucional, ya que tal circunstancia no es atribuible a este órgano jurisdiccional, sino a la parte quejosa, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, como es en este caso, la parte quejosa. En tal virtud, es inconcuso que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, razón por la cual debe sobreseerse en el mismo de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del mencionado ordenamiento legal. Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además, en los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo vigente, se: RESUELVE: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Rafael Peña García, contra el acto y autoridades y motivos señalados en los considerados tercero y cuarto de esta sentencia. Notifíquese. Así, lo resolvió y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Marbella Juárez García, secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, cinco de agosto de dos mil diecinueve. CUENTA CON AUTOS, SE REQUIERE POR ÚLTIMA OCASIÓN AL QUEJOSO. Visto el estado que guardan los presentes autos, en particular la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que ha concluido el plazo de tres días concedido a la parte quejosa para que proporcionara el domicilio que tiene la aquí tercero interesada en el vecino país del norte, sin que hubiese hecho manifestación alguna. No obstante, no ha lugar a hacer efectivo el apercibimiento formulado en auto de diez de julio pasado, esto es, a dejar de señalar fecha para la celebración de la audiencia constitucional, toda vez que ello implicaría la paralización del juicio de garantías ante la falta de emplazamiento de la tercero interesada, lo cual no es jurídicamente posible, por tal motivo, el suscrito estima conveniente realizar un diverso requerimiento a la parte quejosa, ello con total independencia del efectuado con antelación. En esa virtud, a fin de no dejar al quejoso en estado de indefensión, requiérasele por última ocasión para que dentro del término de tres días contados a partir de la legal notificación del presente proveído, proporcione el domicilio en aquél país, en donde pueda ser legalmente emplazada la tercero interesada Martha Peña Farías, o bien, manifieste bajo protesta de decir vedad el impedimento legal o material que tenga para ello. En el entendido que, de actualizarse la fecha que se fije para la celebración de la audiencia constitucional en este juicio, sin que se haya hecho manifestación alguna, se celebrará en su perjuicio. Lo anterior atendiendo al hecho de que no es factible ordenar el emplazamiento por edictos de la aludida tercero interesada, ya que los mismos se publican a nivel nacional y de autos se tiene conocimiento que la tercero interesada radica en el extranjero, de tal modo que ordenar su llamamiento a juicio por medio edictos violentaría sus derechos en razón de que tal emplazamiento no cumpliría con su objetivo, esto es, que tuviera conocimiento de la tramitación del presente juicio de garantías y solo se ocasionaría una erogación improductiva para la parte quejosa. DIFERIMIENTO. Para dar margen a lo anterior se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para este día, fijándose las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL TRES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, para su verificativo. Notifíquese y personalmente al quejoso. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza. Doy FeRcl

  4. Principal

    POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA EL SIGUIENTE AUTO: Morelia, Michoacán, cinco de agosto de dos mil diecinueve. CUENTA CON AUTOS, SE REQUIERE POR ÚLTIMA OCASIÓN AL QUEJOSO. Visto el estado que guardan los presentes autos, en particular la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que ha concluido el plazo de tres días concedido a la parte quejosa para que proporcionara el domicilio que tiene la aquí tercero interesada en el vecino país del norte, sin que hubiese hecho manifestación alguna. No obstante, no ha lugar a hacer efectivo el apercibimiento formulado en auto de diez de julio pasado, esto es, a dejar de señalar fecha para la celebración de la audiencia constitucional, toda vez que ello implicaría la paralización del juicio de garantías ante la falta de emplazamiento de la tercero interesada, lo cual no es jurídicamente posible, por tal motivo, el suscrito estima conveniente realizar un diverso requerimiento a la parte quejosa, ello con total independencia del efectuado con antelación. En esa virtud, a fin de no dejar al quejoso en estado de indefensión, requiérasele por última ocasión para que dentro del término de tres días contados a partir de la legal notificación del presente proveído, proporcione el domicilio en aquél país, en donde pueda ser legalmente emplazada la tercero interesada Martha Peña Farías, o bien, manifieste bajo protesta de decir vedad el impedimento legal o material que tenga para ello. En el entendido que, de actualizarse la fecha que se fije para la celebración de la audiencia constitucional en este juicio, sin que se haya hecho manifestación alguna, se celebrará en su perjuicio. Lo anterior atendiendo al hecho de que no es factible ordenar el emplazamiento por edictos de la aludida tercero interesada, ya que los mismos se publican a nivel nacional y de autos se tiene conocimiento que la tercero interesada radica en el extranjero, de tal modo que ordenar su llamamiento a juicio por medio edictos violentaría sus derechos en razón de que tal emplazamiento no cumpliría con su objetivo, esto es, que tuviera conocimiento de la tramitación del presente juicio de garantías y solo se ocasionaría una erogación improductiva para la parte quejosa. DIFERIMIENTO. Para dar margen a lo anterior se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para este día, fijándose las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL TRES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, para su verificativo. Notifíquese y personalmente al quejoso. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza. Doy FeRcl

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