Rafael Morquecho Pérez

Expediente 1167/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 10 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1167/2023
Año
2023
Actuaciones
10
Última actuación
27/11/2023

Partes del expediente

  • Rafael Morquecho Pérez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    . V I S T O S para dictar sentencia, los autos que integran el juicio de amparo número IV-1167/2023, promovido por Rafael Morquecho Pérez contra actos del Director del Registro Público de la Propiedad del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Mediante escrito depositado el seis de septiembre de dos mil veintitrés, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, turnado y remitido al día siguiente a este Juzgado Tercero de Distrito, Rafael Morquecho Pérez compareció a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal contra el actos del Director del Registro Público de la Propiedad del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad; en los términos siguientes: "La omisión del Director del Registro Público de la Propiedad del Estado de inscribir en dicho Registro la sentencia definitiva, declarada ejecutoriada, del juicio ordinario civil número 807/2022, que sobre prescripción positiva, promoví el suscrito********************por mi propio derecho, en contra de Martín Gerardo Pérez Esquivel, del conocimiento del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Hidalgo, Michoacán." En ese ocurso, la quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos humanos vulnerados en su perjuicio el contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Radicación y prevención. El ocho de septiembre de dos mil veintitrés, este órgano jurisdiccional de amparo radicó el asunto con el expediente número 1167/2023, y determinó prevenir al promovente sobre algunas inconsistencias de su demanda. Dicho requerimiento lo solventó en los términos de su escrito presentado el dieciocho de septiembre de la presente anualidad, donde aclaró que reclama el acto consistente en: ".IV. ACTO RECLAMADO. El rechazo del Director del Registro Público de la Propiedad del Estado de inscribir en dicho Registro la sentencia definitiva, declarada ejecutoriada, del juicio ordinario civil número 807/2022, que sobre prescripción positiva, promoví el suscrito********************por mi propio derecho, en contra de Martín Gerardo Pérez Esquivel, del conocimiento del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Hidalgo, Michoacán. .". SEGUNDO. Admisión. Previa ratificación de su escrito de cumplimiento de prevención, mediante proveído de veintisiete de septiembre posterior, este juzgado federal admitió a trámite la demanda, solicitó el informe con justificación a la autoridad señalada como responsable y dio la intervención que legalmente compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Finalmente el veintiuno de noviembre dos mil veintitrés, tuvo lugar la audiencia constitucional que se celebró al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente por territorio, materia y grado para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o., fracción I, 37 y 107, fracción III, de la Ley de Amparo, y los diversos 49 y 57, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Toda vez que se reclama un acto formal y materialmente administrativo emitido por una autoridad que reside dentro de la circunscripción territorial en la que este órgano federal con competencia mixta ejerce su jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Se procede a la fijación del acto reclamado, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y con apoyo además en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". De igual forma, se invoca la jurisprudencia 40/2000 del contenido y datos que enseguida se anotan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". En ese tenor, del análisis integral de la demanda de amparo, su escrito aclaratorio y demás constancias allegadas a este sumario, se advierte que el acto reclamado es el siguiente: Del Director del Registro Público de la Propiedad en el Estado, con sede en esta ciudad: El rechazo a inscribir en dicho Registro Público la sentencia definitiva, declarada ejecutoriada dentro del juicio ordinario civil número 807/2022, que sobre prescripción positiva promovió en contra de Martín Gerardo Pérez Esquivel, del conocimiento del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil de Distrito Judicial de Hidalgo, Michoacán, contenida en el número de control 20230504H5001601, de fecha dieciséis de agosto del año en curso (foja 7). TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable, toda vez que así lo manifestó al rendir su informe (fojas 51 y 52). Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto.". Además, la certeza de que se habla se corrobora con las constancias certificadas que el quejoso adjuntó a su demanda, en las que obra la constancia de rechazo de inscripción de fecha dieciséis de agosto del año en curso (foja 7). El oficio número 2113 de dieciséis de diciembre de dos mil veintidós (foja 8), signado por el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de Ciudad Hidalgo, Michoacán, dirigido al Director del Registro Público de la Propiedad Raíz en el Estado, con sede en esta ciudad, acompañando al efecto: - Copia de la sentencia dictada el dieciocho de noviembre de dos mil veintidós (fojas 9 a 12), dentro del juicio ordinario civil 807/2022, que sobre prescripción positiva promovió el quejoso frente a Martín Gerardo Pérez Esquivel, en la que se declaró que de simple poseedor se ha convertido en propietario, respecto de una fracción dentro de la fracción 1, del predio rústico sin construcción, sin nombre, ubicado en el camino sin nombre, sin número, de la tenencia de San Pedro Jacuaro, Municipio y Distrito de Hidalgo, Michoacán, con una superficie de 329.48 trescientos veintinueve punto cuarenta y ocho metros cuadrados, y siguientes medidas y colindancias; Al norte 20.00 metros con Daniel Hernández, cerca de alambre de por medio; Al sur 20.00 metros con zona federal de la carretera ciudad Hidalgo-San pedro; Al oriente 17.92 metros con lote 7; y, Al Poniente 15.13 metros con lote 4; y, Copia del auto de veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, a través del cual se declaró ejecutoria la sentencia aludida, a efecto de lleve a cabo el registro correspondiente (foja 13). Documentales públicas que se valoran en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2, al haber sido certificadas por una autoridad registral que con arreglo a la ley goza de fe pública. CUARTO. Antecedentes. Para una mejor comprensión del asunto es menester hacer una breve relatoría de antecedentes que se desprenden de las constancias allegadas al sumario: Juicio ordinario civil número 807/2022. 1. Ante el Juzgado Primero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ciudad Hidalgo, Michoacán, se radicó el juicio ordinario civil número 807/2022, que sobre prescripción positiva promovió el quejoso Rafael Morquecho Pérez frente a Martín Gerardo Pérez Esquivel, respecto de la fracción de terreno descrita en el considerando que antecede. 2. El dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, se dictó sentencia en la que se declaró procedente la acción y, por ende, declaró al quejoso de simple poseedor en propietario del bien inmueble descrito. 3. En veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, declaró ejecutoriada la sentencia, elevándola a categoría de cosa juzgada; asimismo, en ejecución de sentencia ordenó girar oficio al Director del registro Público de la Propiedad Raíz en el Estado, con sede en esta ciudad, para que procediera a realizar su inscripción. 4. En cumplimiento a lo anterior, mediante oficio 2113 de dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, giró el oficio correspondiente a la autoridad responsable a efecto de que se cumplimentara en sus términos el fallo de referencia. 5. El dieciséis de agosto de dos mil veintitrés, la Dirección del Registro Público de la Propiedad del Estado de Michoacán, emitió rechazo para la inscripción referida, con número de control 20230504H5001601, en respuesta a la petición presentada el cuatro de mayo del año en curso. QUINTO. Análisis de causales de improcedencia. Examinada la certeza del acto reclamado, se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, de conformidad con el artículo 62 de la ley de la materia. Toda vez que las partes no hicieron valer alguna de ellas, ni se observan de oficio lo que se impone es proceder en el estudio de fondo del asunto. SEXTO. Conceptos de violación. La parte quejosa formuló los conceptos de violación que se encuentran en el apartado relativo de su demanda de amparo, los que se dan por reproducidos en este considerando como si a la letra se transcribieran, en acatamiento al principio de economía procesal. Se invoca la jurisprudencia 58/2010 emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, que se transcribe en seguida: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X 'De las sentencias', del título primero 'Reglas generales', del libro primero 'Del amparo en general', de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.". SÉPTIMO. Estudio de fondo. La quejosa medularmente argumenta la transgresión a sus derechos humanos porque al rechazarle la inscripción de la sentencia dictada dentro de los autos que integran el juicio ordinario civil 807/2022 del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil de Ciudad Hidalgo, Michoacán, la autoridad responsable no fundó ni motivó suficientemente su proceder. Dicho planteamiento es esencialmente fundado. Los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, establecen: "Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. (.). Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. (.)". Los preceptos normativos transcritos, en su conjunto, consagran el derecho a la seguridad jurídica, el cual debe entenderse como la obligación de que todo acto de autoridad, ya sea de molestia o de privación, para que pueda incidir en la esfera jurídica del gobernado, debe expresar el precepto legal en el que se funda, así como las razones especiales o causas inmediatas por las cuales la autoridad emitió el acto, debiendo existir además entre ellos una relación y una secuela lógica. En ese sentido, los derechos de fundamentación y motivación involucran dos aspectos: 1) El formal que se satisface por la cita de los preceptos y las razones especiales o causas inmediatas por la cuales la autoridad emitió el acto; y, 2) El aspecto material que consiste en que haya una relación lógica entre los preceptos citados, los motivos aducidos y las situaciones de hecho. Por tanto, cuando en un acto de autoridad no se citan los preceptos legales o las razones especiales o causas inmediatas por las cuales la autoridad emitió el acto, se dice que el acto de autoridad carece de fundamentación y motivación; en cambio, cuando los preceptos legales invocados no son aplicables o las razones especiales o causas inmediatas por la cuales la autoridad emitió el acto, no guardan simetría con las situaciones de hecho, esto es, que no son aplicables al caso, se dice que el acto de autoridad está deficientemente fundado o motivado. Ahora, la aquí quejosa el cuatro de mayo de dos mil veintitrés, presentó ante la responsable el oficio número 2113 de dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, signado por el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de Ciudad Hidalgo, Michoacán, a efecto de que llevara a cabo el registro de la sentencia dictada dentro del juicio ordinario civil 807/2022, en la que se adjudicó a su favor el inmueble antes descrito. A esa solicitud recayó la contestación de rechazo de inscripción de dieciséis de agosto de dos mil veintitrés (foja 7), que es del contenido siguiente: / Como se observa, de la contestación de rechazo de inscripción la autoridad responsable no fundamentó el acto administrativo, pues únicamente sostuvo el rechazo al registro de la demanda, bajo el argumento de que debía llevar a registrar el oficio de subdivisión. Por ello, se estima que la responsable no cumplió las exigencias de los artículos 14 y 16 Constitucionales, dado que no dio a conocer al quejoso los preceptos legales exactamente aplicables y las razones particulares que, conforme a los dispositivos que habrían de sustentar su actuación, actualizaban la hipótesis jurídica, en concreto, la relativa al rechazo de efectuar la inscripción solicitada. De ahí que se considere que el acto reclamado carece de fundamentación y motivación, por ende, lo que se impone es conceder el amparo y protección constitucional solicitada. Luego, resulta importante destacar el contenido del artículo 124, último párrafo, de la Ley de Amparo, que a la letra señala: "Artículo 124. [.] En los asuntos del orden administrativo, en la sentencia se analizará el acto reclamado considerando la fundamentación y motivación que para complementarlo haya expresado la autoridad responsable en el informe justificado. Ante la falta o insuficiencia de aquéllas, en la sentencia concesoria se estimará que el referido acto presenta un vicio de fondo que impide a la autoridad su reiteración." De la porción normativa transcrita se advierte que en los asuntos administrativos se analizará el acto reclamado tomando en consideración la fundamentación y motivación que haya expresado la autoridad responsable para complementarlo en su informe justificado, por lo que, ante la falta o insuficiencia de aquellos, en la sentencia concesoria se estimará que el referido acto presenta un vicio de fondo que impide a la autoridad su reiteración. Lo anterior debe entenderse exclusivamente a los actos materialmente administrativos emitidos en forma unilateral por un órgano de la administración pública cuyos efectos son directos e inmediatos. Mientras que, cuando el acto recae a una solicitud de parte interesada, como en el caso concreto acontece respecto de la petición de inscripción de una sentencia ejecutoria, invariablemente debe subsanarse el vicio (a través de un nuevo acto), en la parte que corresponde a la afectación del derecho relativo. Toda vez que de lo contrario, el gobernado quedaría inaudito la violación alegada bajo el argumento de que la autoridad responsable, al rendir su informe de ley, no complementó la fundamentación y motivación del acto reclamado y que, por tanto, existe "un impedimento para reiterarlo". Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 23/2015 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "ACTOS MATERIALMENTE ADMINISTRATIVOS. EL SUPUESTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 124, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, SÓLO SE ACTUALIZA RESPECTO DE LOS EMITIDOS EN FORMA UNILATERAL. La porción normativa que establece: "En los asuntos del orden administrativo, en la sentencia se analizará el acto reclamado considerando la fundamentación y motivación que para complementarlo haya expresado la autoridad responsable en el informe justificado. Ante la falta o insuficiencia de aquéllas, en la sentencia concesoria se estimará que el referido acto presenta un vicio de fondo que impide a la autoridad su reiteración.", debe entenderse referida exclusivamente a los actos materialmente administrativos emitidos en forma unilateral por un órgano de la administración pública, cuyos efectos son directos e inmediatos, toda vez que cualquier acto administrativo, que recae a una solicitud de parte interesada, o bien, al ejercicio de un derecho de acceso a la información, de acceso a la justicia y de audiencia y defensa, invariablemente -de considerar que contiene un vicio que lo torna inconstitucional- debe subsanarse (a través de un nuevo acto) en la parte que corresponde a la afectación del derecho relativo, pues de lo contrario, quedaría inaudita la violación alegada bajo el argumento de que la autoridad responsable, al rendir su informe de ley, no complementó la fundamentación y motivación del acto reclamado y que, por tanto, existe "un impedimento para reiterarlo", lo que no es acorde con el objetivo del juicio de amparo de restituir al gobernado en el pleno goce del derecho violado y obligar a la autoridad responsable a respetarlo.". Luego, no obsta que al rendir su informe justificado, la responsable expuso los artículos que, a su consideración, eran aplicables para negar la petición. Sin embargo, en el particular, el fundamento y motivo del rechazo a lo solicitado, debe constar por escrito en el acto reclamado, al no tratarse de un acto materialmente administrativo. En esas condiciones, al resultar fundados los conceptos de violación examinados por carecer el acto reclamado de una fundamentación y motivación, sin que la responsable lo haya complementado, se estima que presenta un vicio de formal, por lo que en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, se concede la protección constitucional para los siguientes efectos: I. Deje insubsistente el rechazo de dieciséis de agosto del año en curso, emitido dentro número de control 20230504H5001601; y, II. En el supuesto de considerar que no es posible realizar la inscripción solicitada, con plenitud de jurisdicción emita una determinación en la que de manera fundada y motivada exponga los razonamientos que lo llevaron actuar en tal sentido; y lo haga del conocimiento del quejoso. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 74, 75, 77 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Rafael Morquecho Pérez contra el acto y autoridad que quedaron precisados, por los motivos y para los efectos indicados del último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Leonel López Pérez, Secretario que autoriza, hasta hoy veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado.

  2. Principal

    Acta relativa a la audiencia constitucional ordenada en proveído de treinta de octubre de dos mil veintitrés, dictado en el expediente del juicio de amparo IV-1167/2023, y celebrada de conformidad con el artículo 124 de la ley de amparo, en la ciudad de Morelia, Michoacán, a las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTIUNO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS con la participación de quienes en la propia acta se describen. Conste. Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, declara abierta la audiencia: Secretaria dé cuenta por favor. EL SECRETARIO: Juicio de amparo IV-1167/2023 promovido por********************contra actos del Director del Registro Público de la Propiedad del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de amparo no le reviste el carácter de tercero interesado a persona alguna. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede. EL SECRETARIO: Da cuenta con el informe justificado rendido por: Director del Registro Público de la Propiedad en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, ténganse por rendido el informe de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretaria dé cuenta con los elementos de convicción que ofrecieron las partes. EL SECRETARIO: Se hace constar que obra en autos las documentales exhibidas por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda; prueba que en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, se tuvieron por admitidas y desahogadas en atención a su propia y especial naturaleza. EL JUEZ: Téngase por hecha tal relación de pruebas; y al no existir más medios de convicción que desahogar, se declara abierto el período de alegatos. EL SECRETARIO: Se hace constar con los formulados por la Agente del Ministerio Público adscrita a este juzgado, mediante su pedimento número 885/2023 recibido por este juzgado el nueve de octubre de la presente anualidad. EL JUEZ: Ténganse por reproducidos los alegatos de referencia, en consecuencia, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión. EL JUEZ TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN, CON RESIDENCIA EN MORELIA. OMAR ALEJANDRO ELIZALDE HERRERA SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO. LEONEL LÓPEZ PÉREZ.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Autoridad informa trámite Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta signado por la Jueza Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Maravatío, Michoacán, a través del cual manifiesta que el Receptor de Rentas de Contepec, Michoacán le hizo de su conocimiento la imposibilidad en la que se encuentra a fin de realizar la cancelación de la escritura ********************, toda vez que el veinticinco de febrero de dos mil veintidós ante el ********************, la señora ******************** vendió un predio no identificado como ********************, a la señora ********************. Cuenta con autos. En ese sentido, dadas las manifestaciones realizadas por el Receptor de Rentas antes mencionado, es necesario señalar que los efectos de la sentencia de amparo emitida en el presente asunto, son los siguientes: "Deje insubsistente todo lo actuado en el procedimiento sucesorio intestamentario ********************, así como los demás actos que sean consecuencia inmediata y directa de dichos actos y, previo a continuar con la secuela procesal dentro del referido contradictorio, ordene llamar a juicio a la aquí quejosa, a fin de que se le otorgue la oportunidad de comparecer y hacer valer los derechos hereditarios que pudieran asistirle. Concesión que se hace extensiva respecto de los actos que se atribuyen a la Actuaria y a la Secretaria, ambas adscritas al Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de Maravatío, Michoacán, por no reclamarse por vicios propios." Mientras que, de los informes rendidos vía cumplimiento de la sentencia, por parte de la responsable Jueza Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Maravatío, Michoacán, se conoce que en acuerdo de seis de septiembre de dos mil veintitrés, dictado en el juicio sucesorio intestamentario número ********************, dejó insubsistente todo lo actuado en dicho intestado; ordenando girar oficio al Notario Público número 17, con ejercicio y residencia en Maravatío, Michoacán, para dejar sin efectos la escritura número ********************, volumen ******************** derivadas de dicho asunto, así como las anotaciones registrales que en su caso se hubieran realizado; y la autoridad responsable ha informado los trámites realizados a efecto de llevar a cabo esas cancelaciones. Ahora, como la Jueza Segunda de Primera Instancia en Materia Civil de Maravatío, Michoacán informa que la señora ******************** vendió un predio no identificado como ********************, a la señora ********************, según consta en la diversa escritura pública número ********************, pasada ante la fe del Notario Público número 17, con ejercicio y residencia en Maravatío, Michoacán; es necesario señalar que si en el lineamiento de la ejecutoria acotado, se estableció que se declarara insubsistente todo lo actuado dentro del juicio sucesorio intestamentario ********************, aún y cuando no se haya establecido expresamente en el fallo protector cada uno de los actos derivados de la sentencia, se debe atender a las consecuencias lógico-jurídicas que derivaron del mismo y que deben quedar insubsistentes virtud a la ejecutoria de amparo, siendo innecesario que en el fallo constitucional se mencionen específicamente todos los actos que deben quedar sin efectos. Respeto a los efectos y alcances de la ejecutoria de amparo, sobre el caso particular, se encuentra orientación en la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenida en la tesis 1ª./J.112/2020, localizable en la página 286, Tomo XXXIII, Abril de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro siguiente: "SENTENCIA DE AMPARO. NO EXISTE EXCESO EN SU CUMPLIMIENTO CUANDO EL EFECTO DE LA CONCESIÓN FUE EMPLAZAR A LA PARTE DEMANDADA Y DEJAR INSUBSISTENTE TODO LO ACTUADO A PARTIR DE ESA DILIGENCIA Y LA AUTORIDAD RESPONSABLE ORDENA RESTITUIR AL DEMANDADO LA POSESIÓN DE UN INMUEBLE, AUNQUE ELLO NO FUE MATERIA DE PRONUNCIAMIENTO EXPRESO EN LA EJECUTORIA DE GARANTÍAS. Cuando se otorga la protección constitucional por la falta o el indebido emplazamiento al juicio del demandado y como consecuencia se ordena dejar insubsistente todo lo actuado en el juicio natural a partir de esa diligencia, deben dejarse sin efectos todos los actos procesales realizados durante el procedimiento, no sólo hasta el dictado de la sentencia definitiva, sino también los efectuados en la etapa de ejecución, lo que incluye el remate y las adjudicaciones que pudieran haberse llevado a cabo. En ese tenor, si la autoridad responsable, al dar cumplimiento a la sentencia de amparo, ordena restituir al demandado en la posesión de un inmueble que ya había sido rematado y adjudicado a la parte actora, e incluso transmitido a un tercero, no incurre en exceso en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, aun cuando ello no se haya establecido expresamente en la resolución, pues esa determinación obedece a las consecuencias lógico-jurídicas de dicha ejecutoria de garantías, siendo innecesario que en el fallo constitucional se mencionen específicamente todos los actos que deben quedar insubsistentes, ya que la expresión "todo lo actuado" abarca cualquier diligencia o actuación llevada a cabo en el procedimiento." Por tanto, es factible concluir que la fuerza legal establecida en la sentencia de amparo, prolonga sus efectos al contrato de compraventa de inmueble contenido en la escritura pública número ******************** (tres mil ochocientos cuarenta y cuatro), celebrada entre ********************, como vendedora y ********************, como compradores, ya que dicha traslación de propiedad fue realizada con base en una escritura pública otorgada con motivo del juicio de origen. Se estima de esa forma, ya que el efecto del amparo otorgado a la parte quejosa, conlleva la insubsistencia de la enajenación que la aquí tercero interesada efectuó a favor de tercera persona, ya que las consecuencias del acto reclamado no pueden subsistir de manera independiente, por ser fruto de una conducta declarada inconstitucional y, por ende, carecen de base para que se les considere como válidos, aun cuando se lastimen derechos de terceros que deriven del acto declarado inconstitucional y a pesar de que esos derechos hubieran sido adquiridos de buena fe, pues es indiscutible que la primera consecuencia del fallo es anular lo derivado del acto violatorio de garantías y sin que exista necesidad de que alguna otra autoridad jurisdiccional (en otra instancia), lo declare expresamente. Orienta a lo anterior, las siguientes jurisprudencias: Registro digital: 917714 Instancia: Segunda Sala Quinta Época Materias(s): Común Tesis: 180 Fuente: Apéndice 2000. Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, página 147 Tipo: Jurisprudencia "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO CONTRA TERCEROS DE BUENA FE.- Tratándose del cumplimiento de un fallo que concede la protección constitucional, ni aun los terceros que hayan adquirido de buena fe, derechos que se lesionen con la ejecución del fallo protector, pueden entorpecer la ejecución del mismo." Registro digital: 373882 Instancia: Cuarta Sala Quinta Época Materias(s): Común Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo LXXXI, página 1134 Tipo: Aislada "EJECUCION DE SENTENCIAS DE AMPARO, NO PUEDEN ENTORPECERSE PORQUE SE LESIONEN DERECHOS DE TERCERO. Dictada una sentencia que conceda el amparo, las autoridades responsables están obligadas a emplear todos los medios que la ley pone a su alcance, para restituir al quejoso en el goce de las garantías violadas, y para esto deben restablecer las cosas al estado que tenían antes de la violación; sin que puedan invocarse derechos de tercero, pues la Suprema Corte de Justicia ha sostenido que tratándose del cumplimiento de un fallo que concede la protección constitucional, ni aun los terceros que hayan adquirido de buena fe, derechos que se lesionen con la ejecución del fallo protector, pueden entorpecer la ejecución del mismo." Se requiere a la autoridad En consecuencia, a fin de que la sentencia de amparo quede cumplida sin excesos ni defectos, con apoyo en los artículos 192, 193 y 196 de la Ley de Amparo, se estima necesario requerir a la autoridad responsable la Jueza Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Maravatío, Michoacán, para que realice lo siguiente: 1. Dentro del término de tres días siguientes al en que reciba notificación del presente proveído, emita un acuerdo donde ordene al Notario y autoridades registrales correspondientes, la cancelación de la diversa escritura pública número ******************** (tres mil ochocientos cuarenta y cuatro), pasada ante la fe del Notario Público número 17, con ejercicio y residencia en Maravatío, Michoacán. 2. Hecho lo anterior y una vez que cuente con las constancias de cancelación de esa escritura, dentro del término de tres días siguientes, las allegue a este órgano jurisdiccional, a fin de que acreditar que los efectos y consecuencias del fallo protector han sido debidamente cumplidos. Subsisten apercibimientos En el entendido de que subsisten los apercibimientos que le fueron formulados en auto de treinta de noviembre de dos mil veintidós. Orienta a lo anterior, la siguiente jurisprudencia: Época: Décima Época Registro: 2006541 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 60/2014 (10a.) Página: 741 "INCONFORMIDAD. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ASEGURARSE QUE SE MATERIALICEN LOS DEBERES IMPUESTOS A LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN LA SENTENCIA PROTECTORA. Conforme al sistema previsto en los artículos 196, 201 y 203 de la Ley de Amparo, el órgano que conozca del juicio debe asegurarse que los deberes impuestos a las autoridades responsables por la sentencia protectora, se materialicen en sus términos, y no solamente que se realicen actos preliminares para su consumación, pues al no existir además del recurso de inconformidad, otro medio de defensa para garantizar la efectividad de esas ejecutorias o corregir los posibles excesos o defectos en su observancia, corresponde al juzgador vigilar, a través de este medio de impugnación, la satisfacción de esas obligaciones, dejando a salvo del estudio únicamente las consecuencias derivadas del propio cumplimiento para que, en su caso, se examinen en un nuevo juicio." Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Marbella Juárez García, Secretario que autoriza. Doy fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. REMITE INFORME JUSTIFICADO. Con vista a las partes agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, con el que la autoridad que lo suscribe rinde informe justificado en el presente juicio de amparo, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. PRUEBA DOCUMENTAL. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene por desahogada en atención a su propia y especial naturaleza; la documental que la autoridad responsable envía como sustento de su informe justificado, sin perjuicio de hacer relación de la misma en la audiencia constitucional. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza.- Doy fe.Con fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretaria Leonel López Pérez CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.

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