Rafael Pedraza Domínguez y Otros.

Expediente 118/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
118/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
18/04/2023

Partes del expediente

  • Rafael Pedraza Domínguez y Otros.
  • Dorina Lozano Coronado
  • Oscar Enrique Rivas Cuellar

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos se advierte que el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja previsto en el diverso numeral 97, fracción I, inciso a), de la citada ley, en contra del proveído de diecisiete de marzo del año en curso (fojas 71 a 79), mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo promovida por Oscar Enrique Rivas Cuellar, Dorina Lozano Coronado, Santiago Sáenz Cárdenas, José Luis Palos Morales y Rafael Pedraza Domínguez, ha transcurrido, sin que se haya interpuesto dicho recurso; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se acuerda: Se declara que ha causado estado el proveído de diecisiete de marzo del año en curso, en que se desechó la demanda de amparo promovida por Oscar Enrique Rivas Cuellar, Dorina Lozano Coronado, Santiago Sáenz Cárdenas, José Luis Palos Morales y Rafael Pedraza Domínguez. Atento a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se considera que el presente juicio es susceptible de destrucción en términos de lo expuesto en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, además no existen documentos originales exhibidos por las partes y no es de relevancia documental. En su oportunidad, intégrese al acta de baja documental que se remitirá a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, para los efectos conducentes y háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado, relativo al registro de juicios de amparo. Por último, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 35, último párrafo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales; se hace constar que tanto el expediente electrónico, como el impreso coinciden en su totalidad. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Judith Alhelí Andrade Villafán, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Nuevo Laredo, asistida de Luis Alberto González Villa, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    CUMPLIMIENTO DE PREVENCIÓN. Visto en el escrito mediante el cual los quejosos Oscar Enrique Rivas Cuellar, Dorina Lozano Coronado, Santiago Sáenz Cárdenas, José Luis Palos Morales y Rafael Pedraza Domínguez, cumplen con la prevención que se les hiciera en auto de dieciséis de marzo del año en curso1 , y al efecto manifiestan lo siguiente: "[.] 1. Se precisa de manera concreta que el acto reclamado del Juez de Control de la Cuarta Región Judicial en el Estado de Tamaulipas, con residencia en esta ciudad, respecto del cual lo consideramos incompetente, es el siguiente: El ilegal dictado del auto de fecha 2 de marzo de 2023, dentro de la Carpeta Procesal CP/0038/2023, iniciada en contra de los ahora quejosos, por incompetente, que acuerda procedente la solicitud de Audiencia Inicial para formular imputación, hecha por el Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, con sede en Ciudad Victoria Tamaulipas, mediante oficio número FECC/CI/270/2023, señalando las 9:30 horas del 21 de marzo de 2023, para que tenga verificativo dicha audiencia, cuando esa función pública debe ser desempeñada por el titular de la Unidad de Seguimiento de Causas de la Cuarta Región Judicial del Estado de Tamaulipas en esta Ciudad. 2. Como consecuencia de las ilegalidades reclamadas de los actos de las autoridades señaladas como responsables, se reclama la citación a la audiencia inicial dictada en la mencionada Carpeta Procesal CP/0038/2023, pero no la citación por si sola, porque afecte la libertad personal de los quejosos, sino por los vicios que la preceden, consistentes en la contaminación que hace el Agente del ministerio Público al Juez de Control, al aportarle el cuadro factico, la clasificación jurídica y todo los datos de prueba que obran en la carpeta de investigación, detallando circunstancias de tiempo, modo y lugar en la supuesta comisión o participación del hecho con apariencia de delito por parte de los ahora quejosos. Por lo tanto no es aplicable al presente caso la tesis de jurisprudencia 1ª./J. 78/2018 (10ª), de registro digital 2018828 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 3. Los vicios que preceden a la citación a la audiencia inicial de mérito, consisten en que de manera anticipada a la referida audiencia inicial, el Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, con sede en Ciudad Victoria Tamaulipas, en el escrito que anexa a la solicitud de audiencia, si bien no acompaña la carpeta de investigación inicial, sí la describe completamente, pues hace una relación extensa y detallada del cuadro factico, de la clasificación jurídica y de todos los datos de prueba (23) que se contienen en la referida carpeta, especificando circunstancias de fecha, lugar y modo de comisión, así como la supuesta forma de intervención de los imputados, cuando esta descripción debe hacerse exclusivamente en el desarrollo de la audiencia inicial, y no antes. Los vicios que preceden a la citación a la audiencia inicial no son meras apreciaciones subjetivas de la parte quejosa, pues en el oficio de judicialización presentado por el Agente del ministerio Público, en su parte final dice: "NOTA: se anexa a la presente solicitud, los datos de prueba con los que, hasta el momento se cuenta, para acreditar la imputación". La anterior nota es un hecho fehaciente y presente que acredita la contaminación al Juez de Control por parte del Agente del ministerio Público, contaminación que se consuma al dictar el Juez de Control el auto que acuerda procedente la solicitud de audiencia inicial, pues queda de manifiesto que tuvo conocimiento al momento de dictar el auto, del contenido de la carpeta de investigación, (los hechos, la clasificación jurídica y los datos de prueba que la integran), violando los derechos humanos y las garantías para su protección contenidas en el artículo 20, apartado A, fracciones IV y X de la Constituciones General de la República. 4.- Sí se señala como autoridad responsable al Titular de la Unidad de Seguimiento de Causas de la Cuarta Región Judicial del Estado de Tamaulipas en esta ciudad. El que se reclama a esta autoridad, es la omisión al dictar auto que provea la solicitud de audiencia inicial hecha por el Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, con sede en Ciudad Victoria Tamaulipas, mediante oficio número FECC/CI/270/2023, cuando es la autoridad competente para acordar lo que en derecho proceda respecto de dicha solicitud, informando al Juez de Control en turno, exclusivamente la fecha y hora de la audiencia, así como la sala de oralidad en la que celebraría la audiencia. [.]" Asimismo, anexa una copia más de su demanda de amparo. En consecuencia, se tiene por cumplida la prevención de que se trata. DESECHAMIENTO DE DEMANDA. Ahora bien, a efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Conforme a lo anterior, se impone ante todo la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia se deseche de plano, por tanto, se procede a efectuar el análisis respectivo. Para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional, además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En esencia, la parte quejosa reclama del Juez de Control de la Cuarta Región Judicial, con residencia en esta ciudad, los actos siguientes: 1) El auto de dos de marzo de dos mil veintitrés, dictado en la carpeta procesal CP/0038/2023, que acuerda procedente la solicitud de la citación a la audiencia inicial para formular imputación en contra de los ahora quejosos, realizada por el agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, con sede en Ciudad Victoria, mediante oficio FECC/CI/270/2023, señalando las nueve horas con treinta minutos del veintiuno de marzo de dos mil veintitrés, para su verificativo2 . 2) La citación a la audiencia inicial de mérito, al encontrarse - refiere la parte quejosa- contaminada, señalando como vicios que la preceden el que el agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, con sede en Ciudad Victoria, en el escrito que anexa a la solicitud de la audiencia, describe completamente la carpeta de investigación, al hacer una relación extensa y detallada del cuadro fáctico, de la clasificación jurídica y de todos los datos de prueba (23) que se contienen en la referida carpeta, en específico, circunstancias de fecha, lugar y modo de comisión, así como la supuesta forma de intervención de los imputados. 3) La posible imposición de medidas cautelares en una audiencia inicial viciada -refiere la parte quejosa- de origen, específicamente la de prisión preventiva. Asimismo, del Titular de la Unidad de Seguimiento de Causas de la Cuarta Región Judicial del Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad, el acto siguiente: 4) La omisión de dictar auto que provea la solicitud de audiencia inicial realizada por el agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, con sede en Ciudad Victoria, mediante oficio FECC/CI/270/2023. Ahora bien, por cuanto hace a los actos reclamados señalados en los incisos 1) y 2), se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del precepto legal 61, en relación con el 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido." De la porción normativa citada en primer término, se desprende que, el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la Ley de Amparo. Mientras que de la segunda fracción en cita, se advierte que el amparo indirecto procede contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido, siempre y cuando se trate de actos considerados como de imposible reparación, definidos como aquéllos que afecten algún derecho sustantivo en términos de la diversa fracción V del artículo 1073 . Al respecto es oportuno precisar, que sobre el tema relativo a la citación del investigado a la audiencia inicial, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 141/2018, determinó, en lo que aquí interesa, lo siguiente: a) Que al resolver la diversa contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango, y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgredía el derecho a la libertad deambulatoria, pues colocaba al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traducía en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. b) Sin embargo, de una nueva reflexión, estimó necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia, en las legislaciones locales mencionadas, era semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales 4 , para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advertía que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva, audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. c) Asimismo, precisó que debía abandonarse el criterio reflejado en la jurisprudencia citada, porque conforme a las legislaciones de Chihuahua y Durango que se analizaron en esa ocasión y que preveían que en caso de no acudir a la citación, se ordenaría la aprehensión del citado, en ese supuesto, incluso si la citación se realizara bajo el apercibimiento de ordenar la aprehensión en caso de no comparecer, la citación, como tal, no afectaría la libertad del citado, pues constituye un acto mediante el cual el Juez le comunica que requiere su presencia para llevar a cabo una diligencia judicial en la que el Ministerio Público formalizará una investigación en su contra y le comunicará la imputación respectiva, y el dictado de la orden de aprehensión no es inminente, pues depende de hechos futuros e inciertos. d) Que no era obstáculo el hecho de que conforme a la fracción II del numeral 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en caso de no comparecer injustificadamente, pudiera ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública; por lo que, ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. En consecuencia, concluyó que en contra del auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial y, por tanto, de esta última, es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de actos judiciales fuera de juicio que no afectan la libertad personal del quejoso, conforme lo dispuesto en el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. Dichas consideraciones dieron origen a la jurisprudencia 1a./J. 78/2018 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango, y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta Primera Sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo."5 Ahora, en el caso en concreto, se reclama el auto de dos de marzo de dos mil veintitrés, dictado en la carpeta procesal CP/0038/2023, del índice del Juzgado de Control de la Cuarta Región Judicial, con residencia en esta ciudad, que ordena la citación a la audiencia inicial de los ahora quejosos, solicitada por el agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, con sede en Ciudad Victoria, mediante oficio FECC/CI/270/2023, así como la referida citación. En ese contexto, atendiendo a lo que estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la especie, el juicio de amparo indirecto es improcedente. Se afirma lo anterior, porque la orden de citación fue dictada por el juez responsable para hacer comparecer a los ahora quejosos a la audiencia inicial prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por ende, las consideraciones dadas por la aludida Primera Sala del Máximo Tribunal del País, son aplicables al caso concreto; ya que, se está frente a un acto que no afecta la libertad personal de los citados, toda vez que se trata de una simple comunicación en el sentido de que se requiere su presencia para la integración e investigación de un delito, para que posteriormente, en el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará dicha investigación que se sigue en su contra, se formule la imputación respectiva, audiencia en la que podrán o no ser vinculados a proceso y, en su caso, sometidos a una medida cautelar. Sin que constituya obstáculo para arribar a la anterior determinación, que la parte quejosa alegue que el Juez responsable es incompetente para emitir el acuerdo de dos de marzo de dos mil veintitrés, dictado en la carpeta procesal CP/0038/2023, que ordena la citación de la audiencia inicial, que por esta vía se reclama, dado que esa función pública -refiere- debe ser desempeñada por el titular de la Unidad de Seguimiento de Causas de la Cuarta Región Judicial del Estado en esta ciudad, a quien también señala como autoridad responsable, pues tal acto no irroga de manera directa e inmediata derechos sustantivos del gobernado, ya que la citación a la audiencia inicial reclamada, se trata de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva, audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. Por lo que los vicios que pudieran preceder a la citación a la audiencia inicial ordenada en la referida carpeta procesal, pueden no llegar a trascender ni producir huella en la esfera jurídica de los ahora quejosos y, en caso contrario, es decir, de obtener una resolución desfavorable al momento de su intervención ante el Juez de Control, podrán controvertir ese vicio a través del medio legal que corresponda, con lo cual se repararía la violación y posible perjuicio que se les hubiese ocasionado con ese acto. Asimismo, la "contaminación" que alude la parte quejosa fue objeto el mencionado Juez por parte del citado agente del Ministerio Público, al proporcionar el cuadro fáctico, la clasificación jurídica y todos los datos de prueba en la solicitud de la audiencia inicial, tampoco irroga perjuicio en los derechos sustantivos de los promoventes, en virtud de que el Código Nacional de Procedimientos Penales en sus artículos 2186 y 2197 garantiza el derecho de defensa, pues prevé varios momentos en los que el investigado puede imponerse de la carpeta de investigación, particularmente cuando, convocados a la audiencia inicial, el imputado y su defensor tienen derecho a consultar los registros de la investigación y obtener copia, con la debida oportunidad para preparar su defensa, Ahora, si bien los quejosos aducen que el hecho de que el Ministerio Público haya proporcionado previamente datos de prueba al Juez de Control para emitir la citación a la audiencia inicial, siendo que -desde su punto de vista- deben ser proporcionados hasta la celebración de esta audiencia, pues de otra forma se contamina su ánimo, raciocinio y criterio, debe decirse que entre los principios rectores que rigen el procedimiento penal acusatorio actual se encuentran los previstos en los artículos 10, 11, 12 y 13, del Código Nacional de Procedimientos Penales, referentes al principio de igualdad ante la ley, principio de igualdad entre las partes, juicio previo y debido proceso, y el relativo a la presunción de inocencia, de modo que estos principios rectores son los que gobiernan el criterio del juez antes, durante y después de la emisión de la citación a la audiencia inicial y durante la substanciación de ésta, de manera que cualquier transgresión a estos principios rectores será motivo de impugnación a través de los medios legales que prevé el referido Código Nacional de Procedimientos Penales, sin que por ello se erija al juez como incompetente para emitir la referida citación a la audiencia inicial, como lo pretende el planteamiento de los quejosos. Además, a ningún fin práctico conduciría admitir la presente demanda de amparo, ya que en nada variaría la determinación asumida en el presente auto, pues la causa de improcedencia invocada no sería susceptible de desvirtuarse mediante el trámite del presente juicio de amparo, dado que en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, la jurisprudencia que se cita en primer término es de observancia obligatoria para esta juzgadora. Por otro lado, por cuanto hace al acto reclamado de la Titular de la Unidad Titular de la Unidad de Seguimiento de Causas de la Cuarta Región Judicial del Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad, consistente en la omisión de dictar auto que provea la solicitud de audiencia inicial realizada por el agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, con sede en Ciudad Victoria, mediante oficio FECC/CI/270/2023, señalado en el inciso 4), de igual manera, se actualiza el motivo de improcedencia antes señalado, dado que al resultar improcedente el juicio de amparo contra la orden y citación a la audiencia inicial de imputación, por mayoría de razón, resulta improcedente la omisión de proveer tal solicitud por quien aduce la parte quejosa resulta competente para proveerla, pues la omisión de emitirla no causa perjuicio alguno a la parte quejosa por las razones apuntadas con antelación. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 43/2006 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL CITATORIO PARA COMPARECER A LA AUDIENCIA DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, AUNQUE SE ARGUMENTE QUE FUE EMITIDO POR AUTORIDAD INCOMPETENTE. La determinación de si un acto es o no de imposible reparación para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, en términos del artículo 114, fracción IV, de la Ley de la materia, debe atender a su naturaleza y a las consecuencias que produce, es decir, a si afecta de manera directa e inmediata derechos sustantivos del gobernado, o si produce una afectación en grado predominante o superior de derechos formales o procesales, mas no a los planteamientos que el gobernado aduzca en su contra, pues se dejaría en sus manos la actualización del supuesto de procedencia mencionado, ya que bastaría que le imputara al acto correspondiente una transgresión a sus derechos sustantivos para que procediera el juicio de garantías, independientemente de lo fundado o infundado de su planteamiento, en tanto ello sería cuestión que atañe al fondo del asunto, además de que sería contrario a la presunción de legalidad o legitimidad del acto jurídico administrativo, que lleva a considerarlo legalmente válido mientras no sea declarado nulo, y que impide tener por cierta, a priori, la violación que le impute el gobernado, como lo sería la relativa a que el citatorio para la audiencia del procedimiento de responsabilidades administrativas de un servidor público viola el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por incompetencia de la autoridad que lo emitió. Así, en atención a la naturaleza y efectos del aludido citatorio, se concluye que no afecta de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, pues sólo tiene como efecto sujetar al servidor público, presuntamente responsable de la comisión de un acto u omisión que afecte la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que debió observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, al procedimiento relativo a fin de determinar su responsabilidad, cuyo fundamento está en la propia Constitución; lo que tampoco puede considerarse una afectación en grado predominante o superior, en virtud de que ese procedimiento puede culminar con una resolución favorable a sus intereses, por lo que los vicios de que pudiere adolecer dicho citatorio pueden no llegar a trascender ni producir huella en su esfera jurídica y, en caso contrario, de obtener sentencia desfavorable, podría controvertirlos cuando promoviera el medio de defensa legal y, de ser el caso, el amparo indirecto contra la resolución definitiva para obtener la insubsistencia del procedimiento relativo al nulificarse el acto que le dio origen, con lo cual se le repararían las violaciones y posibles perjuicios que se le hubiesen causado con ese acto." 8 Finalmente, tocante al acto señalado en el inciso 3), consistente en la posible imposición de medidas cautelares, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del precepto 61, en relación con los ordinales 5 y 6, todos de la Ley de Amparo, que señalan lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. [.]." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." De los artículos en mención, en lo que interesa, se obtiene que el juicio de amparo, como medio extraordinario de defensa, procede contra actos u omisiones violatorios de derechos fundamentales y con ello se produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del gobernado. Así, el juicio de amparo procede contra actos existentes y concretos, no probables o eventuales, conclusión que se obtiene de una debida intelección de los artículos citados, pues el principio de agravio personal y directo exige que la afectación deba ser real y actual sobre la persona que promueve la demanda respectiva y derivarse precisamente del arbitrio de la autoridad responsable. Por lo que para la procedencia de esta instancia contra actos de autoridad se requiere, al momento de la presentación de la demanda, la existencia de una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso, de ahí que resulta claro que cuando ésta no concurre en ese estadio del procedimiento, por no ser inminentes al hacerlos depender de hechos inciertos, no se ve afectado el interés jurídico de la parte quejosa y, en vía de consecuencia, el juicio es improcedente. En la especie, la parte quejosa reclama la posible imposición de medidas cautelares en la carpeta procesal CP/0038/2023, sin embargo, esa actuación puede derivar de que comparezca o no a la audiencia inicial de imputación, audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, que el Ministerio Público expresamente las solicite, por lo que es patente que hasta este momento no hay una afectación real y actual a su esfera jurídica. De ahí que, no sea inminente ni cierta la realización del acto reclamado, sino que es probable, a partir de hechos que a suposición de la parte quejosa, la autoridad responsable pudiera estar materializando, constituyendo en este momento meras conjeturas y/o apreciaciones subjetivas de su parte, de ahí que, por ese acto, también se estime improcedente la demanda de amparo. En consecuencia, se actualizan las causas de improcedencia previstas en la fracciones XXIII y XII del precepto 61, la primera en relación con el 107, fracción IV, y la segunda en relación con los ordinales 5 y 6, todos de la Ley de Amparo, porque el auto que ordena la citación a la audiencia inicial, esta última, así como la omisión de acordar la solicitud de audiencia inicial, se trata de actos judiciales fuera de juicio que no afectan derechos sustantivos de la parte quejosa, y la posible imposición de medidas cautelares es un acto que no produce una afectación real y actual a la esfera jurídica de los ahora quejosos, por no ser inminentes, pues se trata de actos futuros de realización incierta, por lo que, se desecha la demanda de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Judith Alhelí Andrade Villafán, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Nuevo Laredo, asistida de Cynthia González López, Secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Nuevo Laredo, Tamaulipas, dieciséis de marzo de dos mil veintitrés. DEMANDA. Vista la demanda de amparo promovida por ********************y********************, contra actos del Juez de Control de la Cuarta Región Judicial, con residencia en esta ciudad, por considerar que se vulneran en su perjuicio los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 14, 16, 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmese expediente físico y electrónico, y regístrese con el número ********************. ACTOS RECLAMADOS. La parte quejosa como actos reclamado, señala: "[.] IV.-ACTOS RECLAMADOS.- De la autoridad señalada como responsable se reclama: 1. Su ilegal intervención en la Carpeta Procesal ********************, iniciada en contra de los ahora quejosos, por ser incompetente para conocer, en este momento, de dicha carpeta procesal, dictando el auto de fecha 2 de marzo de 2023, que acuerda procedente la solicitud de Audiencia Inicial para formular imputación en contra de los ahora quejosos, hecha por el Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, con sede en Ciudad Victoria Tamaulipas, mediante oficio número ******************** señalando las 9:30 horas del 21 de marzo de 2023, para que tenga verificativo dicha audiencia, cuando esa función pública debe ser desempeñada por el titular de la Unidad de Seguimiento de Causas de la Cuarta Región Judicial del Estado en esta Ciudad. 2. El auto de fecha 2 de marzo de 2023, dictado por el Juez de Control de la Cuarta Región Judicial con Residencia en esta Ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, que acuerda procedente la solicitud de Audiencia Inicial para formular imputación en contra de los ahora quejosos, hecha por el Agente del Ministerio Público de la Fiscalía en Combate a la Corrupción, con sede en Ciudad Victoria Tamaulipas, mediante oficio número ******************** debido a la contaminación de que fue objeto el referido Juez de Control por parte del también mencionado Agente del Ministerio Público, quien en el citado oficio y su anexo de describe como ******************** aporta información al Juez de Control que debe ser proporcionada exclusivamente en la audiencia inicial y no antes" 3. La posible imposición de medidas cautelares, que lesionen los derechos humanos y las garantías para su protección de los quejosos, en una audiencia inicial viciada de origen, específicamente la de Prisión Preventiva, en delitos que no son de Prisión Preventiva Oficiosa, que viole el Principio de Presunción de Inocencia. [.]." ACLARACIÓN Y APERCIBIMIENTO. Ahora bien, previo a acordar sobre la admisión o desechamiento de la demanda, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114 de la Ley de Amparo, se previene a los promoventes para que bajo protesta de decir verdad y apercibidos de las sanciones que establece el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo, para las personas que afirmen hechos falsos u omitan los que le consten, dentro del término de cinco días contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de este proveído, por escrito aclaratorio al que deberá acompañar tres copias del mismo, que son necesarias para integrar el presente asunto y serán distribuidas de la siguiente manera: una para la autoridad responsable; una para el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y una para la formación del cuaderno incidental, cumpla con lo que enseguida se indica. 1) Precise de manera concreta cuál es el acto del Juez de Control de la Cuarta Región Judicial, con residencia en esta ciudad, respecto del cuál lo considera incompetente dentro de la carpeta procesal ********************. 2) Si reclama o no la citación de la audiencia inicial dictada en la mencionada carpeta procesal, pues en el capítulo de actos reclamados hace referencia a la misma y, posteriormente, en el apartado de antecedentes de los actos reclamados, precisa "Que quede claro, la solicitud de amparo y protección de la justicia federal, no es la relativa a la citación de audiencia inicial por sí sola, sino los vicios que la preceden." 3) De señalar como acto destacado la citación a la audiencia inicial de mérito, precise cuáles son esos vicios que la preceden, pues los señalamientos que refiere como tales "que contaminan el ánimo, raciocinio y criterio de quien llevaría la conducción de la referida audiencia", resultan meras apreciaciones subjetivas de la parte quejosa, que no constituyen un acto reclamado destacado. 4) Manifieste si señala como autoridad responsable al Titular de la Unidad de Seguimiento de Causas de la Cuarta Región Judicial del Estado en esta ciudad, a que se refiere en el punto 1 del capítulo de actos reclamados, y de ser así, el acto o actos que de ella reclama. En la inteligencia, que de señalar a esta última autoridad como responsable, deberá exhibir una copia más de su escrito aclaratorio, por ser parte integrante de la demanda de amparo. Se apercibe a la quejosa que de no dar cumplimiento a lo indicado, con fundamento en el penúltimo párrafo del citado precepto 114 de la ley de la materia, se tendrá por no presentada la demanda de que se trata. AUTORIZADO Y TELÉFONO. Con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene como autorizados de los quejosos en términos amplios, a los licenciados Hilario Molina Pérez, Ricardo Javier Bustos Villarreal, Christian Rubén Tinoco Dueñas y Ana Paola Castillo Quintero, en virtud de que en se encuentran registrados en el "Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales", de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, así como a Mario Alberto Gómez Virelas, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, por así solicitarlo el promovente. Asimismo, se les tiene proporcionado el número telefónico que cita para cualquier contacto con los quejosos. ACCESO AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Como lo solicitan, se autoriza la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio de amparo con el nombre de usuario "********************", así como la presentación de promociones y recibir notificaciones electrónicas de aquellos autos que se ordenen personalmente. Para efectos de esto último, con apoyo en la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo, deberá ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, todos los días y obtener la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de esa ley, en un plazo máximo de dos días. De no ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación dentro de los plazos señalados, se tendrá por hecha la notificación. En ese contexto, se instruye a la Oficial Judicial "A", encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para que realice la autorización correspondiente en dicho sistema, respecto del usuario "********************", únicamente por lo respecta al juicio de amparo en que se actúa. Sin que sea el caso tener por señalado domicilio para oír y recibir notificaciones de carácter personal, toda vez que se tuvo para tal efecto, el usuario proporcionado. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en el artículo 17 Constitucional, y conforme a lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todas las notificaciones personales en el presente juicio de amparo. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Finalmente, se ordena al Secretario, así como a los Oficiales Judiciales "C" correspondientes de mesa de trámite y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente a supervisar y realizar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo previsto por el artículo 3 de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal y Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente.Así lo proveyó y firma Judith Alhelí Andrade Villafán, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Nuevo Laredo, asistida de Cynthia González López, Secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · 3,876 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano