Rafael Ovidio Macias
Expediente 153/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 26 actuaciones registradas, la última del 24 de octubre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 153/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 26
- Última actuación
- 24/10/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Rafael Ovidio Macias
Actuaciones
Las 4 más recientes de 26.
- Principal
Nuevo Laredo, Tamaulipas, veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis. Vista la certificación que antecede, se advierte que no se interpuso recurso de revisión contra de la resolución de cuatro de octubre de dos mil dieciséis, en la que se sobreseyó fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de derechos fundamentales (fojas 273 a 275), asimismo, que ya transcurrió el término de diez días que señala el numeral 86 de la Ley de Amparo, para hacerlo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se acuerda: Primero. Se declara que ha causado estado la resolución de cuatro de octubre de dos mil dieciséis, que sobreseyó fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de amparo, promovido por Rafael Ovidio Ornelas Macías, contra el acto que reclamó de la Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad. Segundo. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como concluido. Tercero. Toda vez que se sobreseyó fuera de la audiencia constitucional en el presente juicio, no existen documentos originales exhibidos por las partes y no es de relevancia documental, se considera destruible en términos de lo expuesto en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito. Conforme al citado acuerdo, en su oportunidad remítase el presente asunto a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos conducentes. Cuarto. Devuélvanse a la autoridad responsable Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, las documentales que anexo a sus informes rendidos a este órgano jurisdiccional mediante oficios 905/2016 y 1087/2016 (fojas 118 y 187), por ser innecesaria su conservación. Quinto. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado, relativo al registro de juicios de amparo. Notifíquese.
- Principal
SE NOTIFICA POR ESTE MEDIO A A LOS TERCEROS INTERESADOS: "Juicio principal 153/2016-2 5346 El cuatro de octubre de dos mil dieciséis, doy cuenta al secretario encargado del despacho con un oficio y un anexo, remitido por la autoridad responsable. Conste. Nuevo Laredo, Tamaulipas, cuatro de octubre de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta, signado por el Presidente de la Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada del escrito de veinte de julio y acuerdo de dieciséis de agosto del presente año. Ahora, visto el estado que guardan los presentes autos, y del estudio integral de la demanda de derechos fundamentales promovida por Rafael Ovidio Ornelas Macías, se advierte que los actos reclamados esencialmente los hace consistir en (foja 2): "Actos reclamados.- De la primera autoridad reclamo su omisión o negativa para actualizar el incidente de liquidación de laudo que le plantee mediante mi escrito de fecha 29 de mayo de 2015 dentro de los autos del expediente 278/7/2006 derivado de la demanda promovida en contra de Fundación para la Vivienda Progresiva S. C. y otras. De las autoridades segunda y tercera reclamo su negativa a dar cumplimiento a la disposición contenida en el artículo 771 de la Ley Federal del Trabajo en tanto se niegan a dar seguimiento al proceso laboral manteniéndolo ilegalmente inactivo." De la anterior transcripción, se desprende que el acto reclamado destacado es la omisión de dicha autoridad de proveer el escrito de veintinueve de mayo de dos mil quince, por el cual el quejoso solicitó la actualización del incidente de liquidación de laudo planteado en el expediente 278/7/2006, no obsta lo anterior, que el quejoso reclama una negativa, sin embargo, de las constancias que integran el presente expediente se hace consistir en un acto omisivo. Al respecto, debe decirse que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, conforme a la cual el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. El citado numeral textualmente establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [.]" Para demostrar la causa de improcedencia precisada, se estima necesario invocar las constancias allegadas en fotocopias certificadas por el Presidente de la Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, anexas al informe de cuenta (fojas 265 a 272), de las cuales se colige que la junta responsable el dieciséis de agosto del año que transcurre, dictó acuerdo en el expediente número 278/7/2006, promovido por Rafael Ovidio Ornelas Macias, en contra de la empresa denominada Fundación para la Vivienda Progresiva, Asociación Civil, y/o quien resulte responsable de la fuente de trabajo,-acto reclamado por el aquí quejoso-, circunstancia que hace evidente que el acto omisivo destacado -omisión de proveer la solicitud de actualización del incidente de liquidación de laudo presentada por el quejoso en el expediente 278/7/2006, ha cesado sus efectos. De lo anterior, se colige que la autoridad responsable subsanó la omisión reclamada por el quejoso al emitir el acuerdo de dieciséis de agosto del presente año en el expediente número 278/7/2006, lo que lleva a concluir que la omisión que en un principio se reclamó como acto destacado ha dejado de existir, pues ya se emitió el acuerdo correspondiente; de ahí que, resulta incuestionable que cesaron los efectos del acto reclamado, restituyéndose al quejoso en pleno goce del derecho fundamental que estimó vulnerado, toda vez que constituye una situación idéntica a la que habría existido si el acto reclamado no se hubiese planteado en el mundo fáctico, por ende, es que se arriba a la conclusión de que han cesado los efectos del acto materia del reclamo, en tanto que dicha causal de improcedencia obedece a que desaparecieron los motivos que concreta y específicamente originaron el juicio de amparo; de ahí que la cesación de los efectos deba ser inmediata, total y no sujeta a condición alguna, a fin de que la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, resulte ociosa por no existir ya el acto, la materia o los efectos reclamados. Consecuentemente, con apoyo en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo que procede es el sobreseimiento en este juicio de amparo fuera de audiencia constitucional, toda vez que al haberse dictado el acuerdo de dieciséis de agosto del año que transcurre, en el que se proveyó la solicitud de actualización del incidente de liquidación de laudo presentada por el quejoso en el expediente número 278/7/2006, cuya omisión se reclamaba, es evidente que han cesado los efectos del acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, junio de 1999, tomo IX, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Asimismo, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, marzo de 2003, tomo XVII, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que textualmente dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Criterios aplicables, virtud de que no se oponen a la Ley de Amparo vigente, por lo que continúa su observancia, conforme a su artículo sexto transitorio. Se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional señalada para las trece horas con treinta minutos del diez de octubre del año que transcurre (foja 260). Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno relativo, para los efectos legales conducentes. Notifíquese personalmente. " (1)
- Principal
Nuevo Laredo, Tamaulipas, veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los autos del presente juicio de amparo, del que se advierte que mediante proveído de cinco de agosto del año que transcurre (foja 191), se ordenó hacer del conocimiento de las partes el cambio de titular de este órgano jurisdiccional, sin que se hayan girado los oficios correspondientes a las autoridades responsables; en consecuencia, en obvio de mayores dilaciones, mediante oficio que derive del presente proveído hágase de su conocimiento que mediante oficio número SEADS/1020/2016, de veintinueve de junio de dos mil dieciséis, por disposición del Consejo de la Judicatura Federal, a partir del uno de agosto de dos mil dieciséis, se acordó la readscripción del licenciado Oscar Alejandro Zúñiga Vidales, como titular de este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, con residencia en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Ello, para que en su caso, de conformidad con el numeral 52 de la Ley de Amparo, puedan plantear como causa de recusación, cualquiera de los impedimentos señalados en el artículo 51 del referido ordenamiento legal. En apoyo a lo anterior, cobra aplicación la jurisprudencia número 2a./J. 104/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, julio de dos mil diez, página 312, cuyo rubro y texto son: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". Por tal motivo, para dar lugar a lo anterior, se difiere la audiencia programada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las trece horas con treinta minutos del diez de octubre de dos mil dieciséis, para que tenga verificativo la misma. Notifíquese.
- Principal
Visto lo de cuenta, agréguese a sus autos el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, por el cual cumple con lo solicitado por este juzgado mediante proveído de seis de septiembre del año que transcurre (foja 251), y anexa copia certificada del oficio 4366/2016 remitido por el Segundo Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, con sede en Reynosa, Tamaulipas, mediante el cual dicho tribunal le comunicó conocer del juicio de amparo directo promovido por el quejoso en contra de la resolución de ocho de septiembre de dos mil catorce; sin embargo, se declaró legalmente incompetente para conocer del mismo, remitiendo el asunto al Juzgado de Distrito en turno en el Estado de Tamaulipas, con sede esta localidad. En otro orden, en atención a que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que el juicio de amparo a que se hace referencia en el párrafo que antecede tocó conocer a este juzgado de distrito, resulta innecesario efectuar requerimiento alguno en relación con la incompetencia declinada por la superioridad.
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