Rafael Pacheco Quiñonez
Expediente 633/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 11 actuaciones registradas, la última del 26 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 633/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 26/06/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Rafael Pacheco Quiñonez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la parte quejosa no hizo manifestación alguna respecto a lo acordado en proveído de veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, en cuanto a la declaración que hizo este Juzgado Federal en el sentido de que la ejecutoria de amparo quedó cumplida; quedando debidamente notificado el quejoso de dicho proveído por medio de lista que se publica en los estrados de éste Juzgado de Distrito, el pasado veinte de septiembre del año en curso; consecuentemente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. Luego tomando en cuenta que el presente expediente, está definitivamente concluido, acorde con la fracción IV, del Acuerdo Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa que este asunto, es susceptible de depuración, dado que, por resolución de catorce de diciembre de dos mil diecisiete, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso ********************, en el presente juicio de amparo; motivo por el cual, deberá conservarse la demanda y resolución inherentes al presente juicio de amparo, y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción; lo que deberá realizarse por el Centro de Documentación y Análisis, lugar a donde se transferirá, una vez que transcurran más de tres años de ordenado su archivo, quien deberá resguardarlos y al cumplirse la temporalidad de más de cinco años, procederá a ejecutar lo especificado en líneas precedentes; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo reciente, por tratarse de un asunto, similar al indicado en la fracción I, del artículo noveno, capítulo tercero de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General Conjunto número 1/2009. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente con valor histórico o jurídico ni de relevancia documental, puesto que ingresó en este Juzgado Federal, con fecha veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete, por ello, no encuadra en aquéllos expedientes con ingreso en el año de mil novecientos cincuenta y uno, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes o resoluciones con trascendencia jurídica, política, social o económica, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años, contados a partir de la orden de archivo del presente expediente, con apoyo en los artículos Décimo, fracción I, y Décimo Primero, ambos del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional, acompañando copia digitalizada, debidamente certificada de la demanda y de la sentencia del juicio de amparo que nos ocupa, y de la resolución interlocutoria por la que se concedió definitivamente la suspensión de los actos reclamados, que obran en el cuaderno original del incidente respectivo; transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este Juzgado.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que las autoridades responsables Presidente Municipal, Sindico Procurador, Secretario y Cuerpo de Regidores del Municipio de Ahome, con domicilio en esta ciudad, a través del oficio sin número, comunicaron el cumplimiento dado a la sentencia de amparo dictada en el presente asunto; por tanto, este Juzgado de Distrito analiza si se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por la citada autoridad. Es aplicable, la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". En primer lugar, debe indicarse que por resolución emitida el catorce de diciembre de dos mil diecisiete, se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal al quejoso Rafael Pacheco Quiñonez, para el efecto de que las autoridades responsables Presidente Municipal, Síndico Procurador, Secretario del Ayuntamiento y Cuerpo de Regidores del H. Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa, en el término de veinticuatro horas, contado a partir de que se le notifique la ejecutoria que cause este fallo, dieran respuesta completa a la petición del quejoso Rafael Pacheco Quiñonez, contenida en el escrito recibido el veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete y que fuera recibido en esa misma fecha, en la inteligencia de que, las autoridades responsables debían justificar lo anterior con las constancias pertinentes. Ahora bien, las autoridades responsables Presidente Municipal, Sindico Procurador, Secretario y Cuerpo de Regidores del Municipio de Ahome, con domicilio en esta ciudad, a través del oficio sin número, recibido el siete de mayo de dos mil dieciocho, comunicaron que en sesión ordinaria de cabildo celebrada el veintitrés de abril de dos mil dieciocho, se fue aprobada la solicitud de grado inmediato superior, así como el dictamen de jubilación del aquí quejoso Rafael Pacheco Quiñonez, por lo que con lo anterior, se da respuesta completa a la petición del quejoso Rafael Pacheco Quiñonez, contenida en el escrito recibido el veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete y que fuera recibido en esa misma fecha, remitiendo para ello copia certificada del acuerdo de cabildo de veintitrés de abril del año en curso. Bajo ese contexto, toda vez que las autoridades responsables han realizado diversas acciones tendentes a cumplir con los deberes y obligaciones impuestos en la ejecutoria de amparo, puesto que el veintitrés de abril de dos mil dieciocho, se fue aprobada la solicitud de grado inmediato superior, así como el dictamen de jubilación del aquí quejoso Rafael Pacheco Quiñonez, dando así respuesta completa a la petición del quejoso Rafael Pacheco Quiñonez, contenida en el escrito recibido el veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete y que fuera recibido en esa misma fecha; consecuentemente, se declara que la sentencia de amparo ha quedado cumplida, dado que ha cumplido con el núcleo esencial de la obligación exigida, en términos de lo que establecen los numerales 77 y 192, ambos de la Ley de Amparo.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte, que las autoridades responsables Presidente Municipal, Sindico Procurador, Secretario y Cuerpo de Regidores del Municipio de Ahome, con domicilio en esta ciudad, no han dado cabal cumplimiento a la sentencia dictada en el presente juicio de garantías, pues únicamente han manifestado que la solicitud de grado inmediato superior, así como el dictamen de jubilación del aquí quejoso Rafael Pacheco Quiñonez, se encuentra en trámite para ser aprobado por el H. Ayuntamiento de Ahome, como Órgano Deliberante de representación popular del Municipio de Ahome (cabildo), esto para el día veinte de abril de dos mil dieciocho, siendo que a la fecha no ha informado el resultado que tuvo dicha sesión, respecto a lo que aquí interesa; por tanto, con apoyo en el artículo 192 de la Ley, se requiere a las nombradas autoridades, para que dentro del plazo de tres días, siguientes al en que reciba el oficio en el que se le comunique el presente acuerdo, cumpla con la ejecutoria de amparo, esto es para que: ".Las autoridades responsables Presidente Constitucional del Municipio de Ahome, Sindico Procurador, Secretario y Cuerpo de Regidores del Ayuntamiento del Municipio de Ahome, con domicilio en esta ciudad, una vez que se les notifique la ejecutoria que se dicte en este asunto, dentro del término legal de tres días, acuerde de manera inmediata responder al escrito presentado por el quejoso el veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete; asimismo, se le notifique en los términos de la ley que regula el acto reclamado, el acuerdo que se dicte al respecto.". Ahora bien, es importante destacar, que en el caso se trata de ejecutar una sentencia de amparo dictada por un órgano de control constitucional, la que indudablemente debe cumplirse. En razón de lo anterior, se le informa a las autoridades responsables, que el artículo 192, de la Ley de Amparo, que se refieren a la ejecución de las sentencias dictadas en los juicios de garantías no prevén ninguna excepción; por el contrario, se advierte que el espíritu de estas disposiciones legales, es el de que las ejecutorias de amparo deben ser cumplimentadas sin demora por las autoridades responsables y aún las no señaladas como autoridades responsables, pero que están vinculadas con su cumplimiento, pues el restablecimiento de la garantía o garantías violadas, mediante la ejecución de la sentencia de amparo, es una cuestión legal de orden público, que no puede ser aplazada o condicionada a procedimientos ordinarios o situaciones diversas; que estimarlo de otra forma es contrario a los fines del juicio de garantías y altera la jerarquía de las normas jurídicas. En otras palabras, la verdad legal establecida en los fallos de amparo, ineludiblemente impone que no puede alterarse en forma alguna porque tiene el carácter de incontrovertible, ni limitarse en sus efectos por otras cuestiones ajenas; por tanto, su cumplimiento debe ser acatado sin excusa alguna; es decir, la ejecución de una sentencia de amparo no puede retardarse, entorpecerse, aplazarse o suspenderse, bajo ningún concepto, y por ello, no sólo las autoridades que aparecen como responsables en los juicios de garantías están obligadas a cumplir con lo resuelto en el amparo. Es indudable que el proceder de la citada autoridad responsable, va en contra de lo ordenado por el artículo 17 Constitucional, que establece que la justicia debe ser pronta, completa e imparcial; además, la sentencia ejecutoria de amparo, fue dictada por una autoridad facultada constitucionalmente para ello, y como consecuencia, su acatamiento debe ser obligatorio e inmediato, en la especie, lo más grave y que denota un claro desacato a la sentencia ejecutoria dictada en este juicio. No se omite señalar a esta autoridad, que en caso de incumplimiento de lo ordenado, que es el caso, en su oportunidad y agotado el procedimiento de ley en este tipo de casos, en términos de la fracción XVI del artículo 107 constitucional y de los numerales 192, 193, 198, 237, fracción I y 238 de la Ley de Amparo, a sus integrantes se les aplicará una multa por el equivalente de cien valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), en términos de los numerales 237, fracción I y 258, de la Ley de Amparo, en relación con lo establecido por los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, publicado el veintisiete siguiente en el Diario Oficial de la Federación, que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo y, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación.
- Principal
Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales el oficio signado por el licenciado Víctor Inés Báez Gil, en su carácter de delegado de las autoridades responsables inherentes con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, mediante el cual informa que el día veinte de abril del dos mil dieciocho se llevará a cabo la primera sesión Ordinaria de Cabildo en la cual se resolverá lo conducente sobre la otorgación del grado inmediato superior, así como la aprobación de la pensión por retiro anticipado del aquí quejoso. Ahora bien, con lo anterior dése vista a la parte quejosa para que manifieste lo que a su interés convenga.
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