Rafael Mendez Valenzuela
Expediente 578/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 578/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 22/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Rafael Mendez Valenzuela
- Juez Segundo de Procesos Penales Federales En el Estado de Mexico
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación de cuenta y el oficio suscrito por el Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, a través del cual informa haber recibido el oficio 2051-3B y manifiesta que no se insiste en la incompetencia declinada y se avoca al conocimiento de la demanda de amparo promovida por el defensor público federal Carlos Gustavo Cruz Miranda en favor de Rafael Méndez Valenzuela; por lo que ordenó formar el juicio de amparo indirecto 926/2020 de su índice; agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales conducentes. En ese sentido, de acuerdo a lo establecido por el artículo 214 de la Ley de Amparo una vez notificado del presente acuerdo, sin necesidad de nuevo auto, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. Con fundamento en el artículo 20, fracción I, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, este asunto es susceptible de destrucción, dado que por auto de veintitrés de septiembre de dos mil veinte, este juzgado no aceptó la competencia planteada por el Juez Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, la cual fue radicada en este Órgano Jurisdiccional con el número 578//2020, del cual proviene el presente cuaderno de antecedentes, por lo que el citado Juez Federal manifestó que no insistir en la incompetencia declinada y que se avocaba al conocimiento de la demanda de amparo promovida por el defensor público federal Carlos Gustavo Cruz Miranda en favor de Rafael Méndez Valenzuela; formando el juicio de amparo indirecto 926/2020; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa al archivo reciente. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido, no se trata de expediente con relevancia documental, puesto que no encuadra en ninguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del referido Acuerdo General; es decir no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni es relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni materia agraria. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, con apoyo en el artículo 21, penúltimo párrafo, del Acuerdo General citado, este órgano jurisdiccional procederá a la destrucción del presente juicio de amparo, y ordenará la remisión del acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación.
- Principal
Visto el oficio 14526/2020, suscrito por el Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, por el que remite la demanda de amparo promovido por el defensor público federal Carlos Gustavo Cruz Miranda en favor de Rafael Méndez Valenzuela, así como los autos originales del juicio de amparo número 926/2020, de su índice, toda vez que declaró carecer de competencia para conocer de dicho juicio. Sin embargo, del estado de autos se advierte que en once de diciembre del año en curso, este órgano jurisdiccional no aceptó la competencia por razón de territorio planteada por el Juez Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, al considerar el suscrito juzgador que se actualizaba el supuesto previsto en el último párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, ordenándose devolver el expediente formado con motivo de la demanda analizada al juez de distrito de referencia. En ese sentido, devuélvanse los autos originales del juicio de amparo 923/2020 remitidos por el Juez Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, a fin de que provea lo que conforme a derecho proceda.
- Principal
Visto el oficio recibido vía SISE 14526/2020, suscrito por el Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, por el que remite la demanda de amparo promovido por el defensor público federal Carlos Gustavo Cruz Miranda en favor de Rafael Méndez Valenzuela, así como los autos del juicio de amparo número 926/2020, de su índice, toda vez que declaró carecer de competencia para conocer de dicho juicio. Creación del expediente Fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado como juicio de amparo 578/2020-3B, dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. No se acepta competencia administrativa Ahora bien, de las constancias remitidas se advierte que mediante acuerdo de tres de diciembre de dos mil veinte, el Juez Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, se declaró legalmente incompetente por razón de territorio para conocer del citado juicio constitucional 926/2020 de su índice, toda vez que estimó que el acto reclamado consistente en: "IV.- LA RESOLUCIÓN QUE CONSTITUYE EL ACTO RECLAMADO. La hago consistir en el auto de fecha 27 de noviembre del 2020, dictado por la responsable, Juez Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, dentro de los autos de la causa penal 2/2020 de su índice, en el cual, se niega la solicitud relativa a ordenar la inmediata y absoluta libertad del quejoso Rafael Méndez Valenzuela, por haber compurgado la pena de prisión que le fuera impuesta en un primer momento por el juez de primera instancia, lo cual se traduce en una privación ilegal de la libertad del quejoso." Estos constituyen actos de naturaleza positiva con efectos en la municipalidad de Guasave, Sinaloa, pues a su juicio, el quejoso pretende que dicha omisión deje de existir, es decir, que se ordene la inmediata y absoluta libertad del quejoso Rafael Méndez Valenzuela, por haber compurgado la pena de prisión que le fuera impuesta en su momento por el juez de primera instancia, dentro de los autos de la causa penal 2/2020, por los delitos de delincuencia organizada y portación de arma de fuego del uso exclusivo del ejército, armada y fuerza aérea, ya que sólo así se le restituiría en el goce de los derechos fundamentales que estiman se transgreden en su perjuicio. Además, que en caso de que conociera del asunto, se atentaría en perjuicio de las partes, pues la vigilancia del cumplimiento de lo ordenado en la sentencia de amparo que en su caso se emitiera sería lento, atento a las distancias entre la autoridad responsables y el juzgado; por lo que con apoyo en el artículo 37 de la Ley de Amparo, consideró que es competente para conocer del juicio un Juez de Distrito con jurisdicción en esta ciudad. Sin embargo, este órgano jurisdiccional no comparte el criterio que sostiene la Juez declinante, pues a consideración de este juzgado la determinación que de manera destacada reclama la parte quejosa, carece de ejecución material, por las consideraciones que a continuación se exponen. En principio, es oportuno destacar que sobre el tema de la competencia para conocer de los juicios de amparo, el artículo 37 de la Ley de la materia dispone: "Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". Del precepto antes transcrito derivan tres reglas básicas para determinar la competencia territorial de los Jueces de Distrito en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo: a) La primera, se caracteriza porque con independencia de dónde radique la autoridad emisora del acto reclamado, el criterio para fijarla consiste en que será competente el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual presupone que el acto impugnado tenga ejecución material. b) La segunda regla deriva de la primera, pues sobre el mismo criterio de ejecución del acto reclamado, establece que cuando éste haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, es competente para conocer del amparo cualquiera de los Jueces de Distrito que ejerzan jurisdicción en los lugares en donde tiene ejecución el acto, a prevención. c) La tercera regla se refiere al supuesto en que el acto reclamado no requiera de ejecución material, caso en el cual es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda. Pues bien, en la especie este juzgador considera la actualización del supuesto previsto en el último párrafo del artículo invocado, es así, pues el acto que se atribuye a la responsable Juez Segundo de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, consistente en el proveído de veintisiete de noviembre de dos mil veinte, emitido por la responsable en comento, dentro de los autos de la causa penal 2/2020 de su índice, donde negó la solicitud relativa a ordenar la inmediata y absoluta libertad del quejoso Rafael Méndez Valenzuela, por haber compurgado la pena de prisión que le fuera impuesta en un primer momento por el juez de primera instancia, por los delitos de delincuencia organizada y portación de arma de fuego del uso exclusivo del ejército, armada y fuerza aérea; por ello, resulta evidente que la naturaleza de los actos reclamados es negativa, por ende, no tienen ejecución material. También, no está demás precisar que el acto reclamado es meramente una declaración que negó al quejoso su libertad, en tanto que sus efectos no trascienden al mundo fáctico, es decir, no modifican el estado de las cosas en la esfera física, sino sólo en el ámbito de lo formal, al negarse realizar los actos necesarios para ordenar la inmediata y absoluta libertad del quejoso Rafael Méndez Valenzuela, por haber compurgado la pena de prisión que le fuera impuesta en un primer momento por el juez de primera instancia, por lo que solamente permanece ese estado de inejecución. Es así, porque con independencia del sentido del actuar que pudieran llevar a cabo la responsable, la materia del juicio de amparo es una negativa carente de ejecución ?un no actuar? de ésta, y ese acto es el que deberá determinarse, en caso de existir, si es o no vulnerador de derechos humanos, no así los actos que pudieran desplegar la autoridad responsable. Ciertamente, el acto reclamado se traduce en una negativa simple, que carece de efectos positivos, al margen de que conlleve que mientras la autoridad responsable persista en la negativa impugnada, el quejoso continúe resintiendo una afectación en su derecho de acceso pleno y eficaz a la justicia, ya que con independencia del sentido del actuar que pudieran llevar a cabo las autoridades responsables, la materia del juicio de amparo, se reitera, es negativo, no así los actos que pudiera desplegar dicha autoridad responsable. De ahí que si la parte quejosa acude ante el juez de Distrito y reclama la negativa de ordenar la inmediata y absoluta libertad del quejoso Rafael Méndez Valenzuela, por haber compurgado la pena de prisión que le fuera impuesta en un primer momento por el juez de primera instancia, así como de cumplir el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de marzo de dos mil veinte, resulta patente que la competencia para conocer del amparo se surte a favor del juez Federal en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Es así, toda vez que la negativa de la autoridad responsable no trae consigo ejecución material alguna. No esta demás precisar, que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 17/2014, determinó que dicha porción normativa debe ser analizada de forma literal y que no permite ningún tipo de interpretación ya sea sistemática, teleológica, lógica o alguna otro; por tanto, si el acto reclamado es una negativa a la petición formulada por la parte quejosa, el juez competente para conocer de esa demanda de amparo, es ante quien se promueve, sin que dicha regla permita una modulación. De ahí que la competencia territorial del asunto se resuelve con la regla establecida en el párrafo tercero del artículo 37 de la Ley de Amparo que dispone que cuando el acto reclamado no requiere ejecución, será competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Encuentra apoyo lo anterior, en la jurisprudencia 1a./J. 17/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, mayo de 2014, Tomo I, página 500, materia común, con número de registro 2006529, de rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA ACTOS QUE NO REQUIERAN DE EJECUCIÓN MATERIAL. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA RELATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 37, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El tercer párrafo del citado precepto prevé que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo; texto que debe interpretarse literalmente, sin emplear algún método sistemático, teleológico o lógico, o algún otro, para desentrañar su sentido y alcance, pues de su procedimiento legislativo no se advierte dicha posibilidad. Lo anterior evita la existencia de conflictos competenciales y logra una mejor operatividad efectiva y eficiente de los derechos humanos de audiencia y acceso a la justicia pronta y expedita, contenidos en los artículos 14, párrafo segundo y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969. En el entendido de que al actualizarse dicha hipótesis no pueden dejar de considerarse aquellos aspectos competenciales relacionados con la materia del conflicto, esto es, el turno, el grado y la vía, así como la jurisdicción auxiliar, prevista en el artículo 159 de la Ley de Amparo". Sin que sea óbice para este juzgador, que el juez declinante sustenta su decisión en la jurisprudencia 48/2005 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN ESTÉ RECLUIDO EL QUEJOSO, EN EL MOMENTO EN QUE SE LE NIEGUE O NO SE DÉ TRÁMITE A SU SOLICITUD DE OTORGAMIENTO RESPECTO DE ALGUNO DE LOS BENEFICIOS PARA SUSPENDER LA EJECUCIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN"; sin embargo, dicho criterio no resulta aplicable al caso, pues interpreta una regla de competencia derogada, es decir, el dispositivo de la ley de amparo analizado en dicha jurisprudencia fue sustituido por la nueva Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece; en cambio, en el criterio jurisprudencial 17/2014, previamente invocado, se analizó el dispositivo que contiene las reglas de competencia de la actual Ley de Amparo, y que resulta aplicable en la especie. Por ende, con fundamento en el artículo 37, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se estima que la competencia para conocer de la demanda corresponde al Juez Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con domicilio en Toluca, dado que en aquella ciudad fue presentada la demanda de amparo de que se trata. Por tanto, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 48 de la Ley de Amparo, este juzgador no acepta la competencia declinada por su homóloga residente en la ciudad de Toluca, por lo que se ordena devolver el expediente formado con motivo de la demanda que se analiza al Juez Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, para que provea lo que conforme a derecho proceda. Fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente.
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