Rafael Meléndez Rojas

Expediente 1019/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 5 actuaciones registradas, la última del 14 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
1019/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
14/12/2020

Partes del expediente

  • Rafael Meléndez Rojas
  • Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito a este Juzgado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, catorce de diciembre de dos mil veinte. Atento a la certificación que antecede y al estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que concluyó el plazo otorgado a las partes mediante proveído de cuatro de diciembre de dos mil veinte, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que realizaran manifestación alguna. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado proveído y, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. En sentencia de veintidós de enero de dos mil veinte, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la Sociedad de Autores y Compositores de México, sociedad de gestión colectiva de interés público, a través de su apoderado legal Rafael Meléndez Rojas, para los efectos siguientes: ".La concesión del amparo es para el efecto de que el Ayuntamiento del Municipio de Ángel R. Cabada, Veracruz, de manera fundada y motivada, emita de inmediato y por escrito, la contestación a la solicitud de la sociedad quejosa, representada en este juicio de amparo por Rafael Meléndez Rojas, presentada el veinticinco de julio de dos mil diecinueve, la que deberá ser congruente con lo solicitado (en sentido afirmativo o negativo) y, notificarla a la misma en el domicilio proporcionado para tal efecto." En esas condiciones, mediante auto de seis de marzo de dos mil veinte, causó ejecutoria la sentencia dictada en el presente asunto y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable. Posteriormente, mediante proveído de cuatro de diciembre del año en curso, se ordenó dar vista a la parte quejosa con las constancias correspondientes remitidas por la autoridad responsable. De las referidas constancias, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En cumplimiento a la ejecutoria de amparo, mediante oficio sin número recibido ante este órgano jurisdiccional el tres de diciembre de la presente anualidad, la Síndica del Ayuntamiento Constitucional de Ángel R. Cabada, Veracruz, remitió copia del escrito dirigido a Rafael Meléndez Rojas en su carácter de apoderado de la persona moral quejosa Sociedad de Autores y Compositores de México, sociedad de gestión colectiva de interés público. De donde se advierte que dio respuesta a la solicitud que la quejosa planteó en escrito de data diecisiete de julio de dos mil diecinueve, presentada ante esa institución el veinticinco de julio de ese año, esto es, le informó lo relacionado a los eventos consistentes en los carnavales anuales de dos mil dieciocho y de dos mil diecinueve, así como las fiestas patrias de dos mil dieciocho, todos realizados en dicho ayuntamiento, con la finalidad deducir sus derechos de autor. Así, de las constancias remitidas por la citada autoridad responsable se advierte que el escrito por el cual dio respuesta a la solicitud realizada por la aquí quejosa, fue enviado por correo con número de guía MA002406410, de la cual se aprecia que se encuentra dirigido a Rafael Meléndez Rojas, que es apoderado de la persona moral quejosa Sociedad de Autores y Compositores de México, sociedad de gestión colectiva de interés público, y direccionado al domicilio que el citado quejoso señaló para tales efectos. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a./J.16/99, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 1 de rubro y textos siguientes: "INEJECUCIÓN. LA NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA DEL OFICIO MEDIANTE EL CUAL LA RESPONSABLE PRETENDE CUMPLIR CON LA SENTENCIA DE AMPARO, PUEDE REALIZARLA EL JUZGADOR, NO OBSTANTE QUE ESA NOTIFICACIÓN FORME PARTE DEL CUMPLIMIENTO. Si se concede el amparo para el efecto de que se dicte una resolución y se notifique la misma en forma personal a la parte quejosa, es obvio que el fallo protector sólo se acatará totalmente cuando la autoridad responsable haya ejecutado dichos actos. Sin embargo, como el fin último del juicio de garantías es que las sentencias constitucionales que conceden el amparo y la protección de la Justicia Federal se cumplan, puede el juzgador, una vez que la autoridad le envía la resolución, ordenar que ésta se le notifique en forma personal a la parte quejosa para los efectos legales consiguientes, pues con ello se evitan requerimientos y actuaciones judiciales innecesarias que entorpecen la administración de justicia y además, tal actuación es congruente con lo dispuesto por el artículo 111 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, que ordena que el juzgador que emitió la sentencia protectora, puede hacer cumplir la ejecutoria de que se trate dictando las órdenes necesarias para ello." Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Con fundamento en el artículo 26, fracciones I, inciso k) inciso a) y III de la Ley de Amparo, notifíquese personalmente a la parte quejosa, por oficio a la autoridad responsable, y a la Agente del Ministerio Público Federal adscrita a este Juzgado, el contenido del presente acuerdo. Lo que se notifica por este medio a la parte quejosa, así por estar ordenado en autos.

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, cuatro de diciembre de dos mil veinte. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por la Síndica del Ayuntamiento Constitucional de Ángel R. Cabada, Veracruz; atento a su contenido, téngasele remitiendo las constancias con las que considera haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con el oficio y anexo, con registro 10207, por el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al que surta efectos la notificación que se les haga del presente proveído, para que manifieste lo que a su interés legal convenga, para lo cual se le deberá entregar copia autorizada de las mencionadas constancias. Apercibida que de no hacer manifestación alguna al respecto en el citado plazo, con desahogo de la vista o sin ella, este Juzgado Federal acordará lo que conforme a derecho proceda, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso k) de la Ley de Amparo, notifíquese personalmente a la parte quejosa, el contenido del presente proveído. Lo que se notifica por este medio a la parte quejosa, así por estar ordenado en autos.

  3. Principal

    Vistos, para resolver sobre el incidente de nulidad de notificación promovido por la autorizada en términos amplios de la autoridad responsable Ayuntamiento Constitucional de Ángel R. Cabada, Veracruz; dentro de los autos del juicio de amparo 1019/2019 y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado, la Síndica del Ayuntamiento Constitucional de Ángel R. Cabada, Veracruz, autorizada en los términos amplios de la autoridad responsable, promovió incidente de nulidad de notificación respecto a que su representada no ha sido notificada de la sentencia dictada en autos (fojas 101 a 110). SEGUNDO. En proveído de veinte de agosto de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 66, 67 y 68 de la Ley de Amparo, se ordenó dar trámite, correr traslado a las partes por el plazo de tres días para el efecto de que manifestaran lo que a su interés legal conviniera y ofrecieran pruebas (foja 97 y 98). TERCERO. En auto de diecisiete de septiembre de dos mil veinte (foja 111 y 112) se tuvo por realizada la certificación de que feneció el plazo de tres días otorgado a las partes para ofrecer pruebas, por lo que, este Juzgado Federal no estimó necesario ampliar el periodo debido a que la naturaleza del asunto no lo ameritó, por tanto, con fundamento en el artículo 67 de la Ley de Amparo, se citó a las partes a la audiencia incidental respectiva, la que se llevó a cabo en términos del acta que antecede, y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Boca del Río, es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de nulidad de notificaciones en términos de lo dispuesto por los artículos 66 y 68 de la Ley de Amparo, por conocer del juicio de amparo del cual deriva dicha incidencia, lo que resulta procedente su substanciación, de conformidad con el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación1 en la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "NULIDAD DE NOTIFICACIONES. ES PROCEDENTE EL INCIDENTE RELATIVO, INCLUSO SI YA FUE DICTADO EL AUTO QUE DECLARÓ EJECUTORIADA LA SENTENCIA. Si se parte de la interpretación que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hizo del artículo 32 de la Ley de Amparo en la jurisprudencia P./J. 5/94, y se toma en cuenta que durante la sustanciación del juicio de garantías se presentan diversas hipótesis relacionadas con las notificaciones que deben practicarse para hacer del conocimiento de las partes las decisiones emitidas en cada etapa procesal, debe aceptarse la procedencia del incidente de nulidad de notificaciones no sólo contra aquellas que se practiquen antes de que el Juez de Distrito dicte sentencia, pues en atención al espíritu del citado artículo y a las directrices que ha establecido el Tribunal Pleno, a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte que se considere afectada, es procedente el mencionado incidente en contra de la notificación de la sentencia del Juez de Distrito, aun en el caso de que ésta ya se hubiese declarado ejecutoriada, y en el supuesto de que aquél resultara fundado deberá reponerse el procedimiento desde el punto en que se incurrió en la nulidad, tal como lo ordena el referido precepto legal; sin que lo anterior contravenga el principio de cosa juzgada, en virtud de que los efectos jurídicos de la tramitación y resolución del referido incidente no afectan la decisión del Juez de Distrito plasmada en su sentencia, pues en caso de resultar fundado, sólo tendría como consecuencia ordenar que la notificación de la sentencia se practique de manera legal, subsanando las deficiencias que motivaron su impugnación, pero la sentencia misma queda intocada." SEGUNDO. Agravios. Se procede al análisis de los agravios formulados por la incidentista, y que en este apartado se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, ya que no existe obligación de transcribirlos, ello con apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ochocientos treinta, tomo XXXI, mayo de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 164618, del rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." TERCERO. Análisis de la notificación. MARCO NORMATIVO. En principio, para resolver el anterior planteamiento, es menester precisar que el artículo 32 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 32. Serán nulas las notificaciones que no se hicieren en la forma que establecen las disposiciones precedentes." Conforme a lo expuesto, el incidente de nulidad de notificaciones procede en las siguientes dos hipótesis: 1. Cuando no exista notificación de una resolución que deba comunicarse y, 2. Cuando existiendo la notificación, ésta se haya practicado en contravención a las normas que la rigen. En relación con las notificaciones, el artículo 26, fracción II, inciso a) de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 26. Las notificaciones en los juicios de amparo se harán: . II. Por oficio: a) A la autoridad responsable, salvo que se trate de la primera notificación a un particular señalado como tal, en cuyo caso se observará lo establecido en el inciso b) de la fracción I del presente artículo; ." De una interpretación jurídica de numeral citado se advierte que las notificaciones en los juicios de amparo se harán mediante oficio a la autoridad responsable. ANTECEDENTES. Para una mejor comprensión del asunto, se hace necesario destacar los antecedentes que dieron origen al incidente de nulidad de notificaciones planteado, los cuales se desprenden de las constancias que obran en autos: a) Por escrito presentado el quince de noviembre de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, turnado a este órgano jurisdiccional, Rafael Meléndez Rojas, en su carácter de apoderado legal de la persona moral SOCIEDAD DE AUTORES Y COMPOSITORES DE MÉXICO, Sociedad de Gestión Colectiva de Interés Público, promovió juicio de amparo. b) Mediante proveído de veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, se acordó admitir la demanda de amparo. c) En data de veintidós de enero de dos mil veinte, se dictó sentencia en la que la Justicia Federal amparo y protegió a Sociedad de Autores y Compositores de México, sociedad de gestión colectiva de interés público, a través de su apoderado legal Rafael Meléndez Rojas, la cual se ordenó notificar de la siguiente manera: ". Notifíquese. ." c) Posteriormente el diez de febrero del año en curso, mediante oficio número 92 remitido vía correo se notificó a la autoridad responsable Ayuntamiento Constitucional de Ángel R. Cabada, Veracruz, la sentencia de mérito (foja 87). d) En proveído de seis de marzo de dos mil veinte, se tuvo por ejecutoriada la sentencia de amparo, y se requirió el cumplimiento a la autoridad responsable (fojas 88 y 89). Hasta aquí los antecedentes relacionados con la incidencia que se resuelve. SUBSUNCIÓN En ese contexto, son infundados los agravios relativos a que se quebrantaron en su perjuicio las formalidades esenciales del procedimiento, toda vez que la sentencia dictada el veintidós de enero de dos mil veinte, no le fue notificada en su carácter de autoridad responsable mediante oficio -por correo en pieza certificada con acuse de recibo- en términos de lo dispuesto en el artículo 26 fracción II, de la Ley de Amparo, a efecto de poder interponer el recurso que resultara procedente (una adecuada y oportuna defensa), y que tuvo conocimiento de esa resolución el veintisiete de marzo de dos mil veinte. Ello es así, toda vez que si bien el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en lo que al caso interesa destacar, establece lo siguiente: "Artículo 14. [.] Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. [.]." El precepto constitucional de referencia contiene la garantía de audiencia, la cual establece el derecho o la oportunidad de defenderse. Como se ve, la garantía de audiencia otorga la oportunidad de debida defensa, previa al acto privativo de la propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades -entre otras obligaciones- que en el procedimiento o juicio de que se trate se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento que, según la Suprema Corte de Justicia la Nación, se traducen en los requisitos siguientes: 1. La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2. La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3. La oportunidad de alegar; y 4. El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. Al respecto, se invoca la jurisprudencia del Pleno del Máximo Tribunal del País, de rubro y texto siguientes: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado." 2 Bajo esta línea de pensamiento, se considera que no se respetan las formalidades señaladas, cuando no existe notificación de la sentencia emitida en el juicio o si no se realiza cumpliendo con todas las formalidades exigidas por la ley, de manera que se tenga la certeza plena de que la autoridad responsable ha sido enterada de la resolución emitida. Esto es así, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene que la falta de notificación o su verificación en forma contraria a las disposiciones aplicables, es la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave; por tal razón, considera que los jueces están obligados a advertir, de oficio, si se efectuó o no, y en caso afirmativo, si se observaron las leyes de la materia. En ese orden de ideas, contrario a lo que afirma la promovente, de autos se advierte que la sentencia emitida el veintidós de enero de dos mil veinte, en la cual la Justicia Federal amparó y protegió a Sociedad de Autores y Compositores de México, sociedad de gestión colectiva de interés público, a través de su apoderado legal Rafael Meléndez Rojas, conforme a lo expuesto en el considerando quinto de esa determinación, fue debidamente notificada a la autoridad responsable mediante oficio número 92 remitido vía correo que se recibió en el Ayuntamiento Constitucional de Ángel R. Cabada, Veracruz, el diez de febrero de dos mil veinte como se desprende de la imagen que a continuación se inserta, relativa al acuse respectivo (foja 87). Así, sobre la base de que fue asentado el sello del Ayuntamiento responsable, la leyenda atinente a la recepción del oficio en comento, así como el nombre de la persona física que lo recibió, es posible concluir válidamente, que con fecha diez de febrero de dos mil veinte se llevó a cabo la notificación en comento, en acato a las formalidades del procedimiento, en términos del artículo 26, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo. Por tanto, al haberse efectuado la notificación a la autoridad responsable, en los términos ordenados en la sentencia, conforme al invocado artículo 26 de la ley de la materia, tal actuación resulta legal y, por tanto, se declaran infundados los agravios expuestos en el incidente de nulidad de notificaciones promovido. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 66, 67 y 68 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E : PRIMERO. Es procedente la vía incidental hecha valer por la autorizada en términos amplios de la autoridad responsable. SEGUNDO. Es infundado el incidente de nulidad de notificaciones respecto de la sentencia realizada a la aquí autoridad responsable Ayuntamiento Constitucional de Ángel R. Cabada, Veracruz. Notifíquese en términos de ley. Así lo resolvió y firma el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido del secretario Juan Carlos Salas Juárez, con quien actúa y da fe, hoy veintinueve de septiembre de dos mil veinte, fecha en que lo permitieron las labores del juzgado. (LO ANTERIOR SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA POR ASÍ ESTAR ORDENADO EN AUTO DE VEINTIUNO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIENUEVE)

  4. Principal

    IV. No ha lugar a tener por rendido el informe de ley a cargo de la autoridad responsable, por falta de legitimación del suscribiente; al no hacerse valer por la autoridad responsable o por conducto de su órgano legal de representación. En esas condiciones, hágase lo anterior del conocimiento del cuerpo edílico señalado como responsable, para los efectos legales conducentes; en el entendido de que el plazo de quince días para rendir su informe justificado, continua transcurriendo, subsistiendo de igual forma los apercibimientos de que fue objeto en auto de admisión de veintiuno de noviembre del año en curso. Finalmente, como lo solicita devuélvase a la responsable el original del testimonio notarial número cinco mil setenta y nueve de nueve de febrero de dos mil dieciocho, pasado ante la fe del Notario Público Número Trece de la Décima Novena Demarcación Notarial de la Ciudad de Ángel R. Cabada, Veracruz.

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