Rafael Martínez Rodríguez

Expediente 584/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 24 actuaciones registradas, la última del 3 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
584/2022
Año
2022
Actuaciones
24
Última actuación
03/04/2023

Partes del expediente

  • Rafael Martínez Rodríguez
  • Comisión Federal de Electricidad, Suministrador de Servicios Básicos, empresa Subsidiaria

Actuaciones

Las 4 más recientes de 24.

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, tres de abril de dos mil veintitrés. Visto el oficio signado por la actuaria judicial del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en Xalapa, Veracruz; recibido a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) el cual cumple con las formalidades que establece el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, provéase lo conducente. Atento a su contenido, se tiene a la Superioridad acusando recibo del oficio por el cual se remitieron los autos originales del juicio ******************** de este índice e, informando que admitió el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa en el presente asunto, en contra de la sentencia dictada en autos, radicándolo con el número de toca ********************; por tanto, estese en espera de que la superioridad resuelva lo conducente. Notifíquese en términos de ley.

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, catorce de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito con firma electrónica de ********************, parte quejosa en el presente asunto; recibido vía electrónica a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y dado que cumple con las formalidades que establece el Acuerdo General Conjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, provéase lo conducente. En atención a su contenido, se le tiene INTERPONIENDO RECURSO DE REVISIÓN en contra de la sentencia dictada en autos; en consecuencia, con apoyo en los artículos 81 fracción I inciso e), 86 párrafo primero, 88 y 89 de la Ley de Amparo, distribúyanse copias entre las partes como corresponda. Hecho lo anterior, una vez que esté debidamente integrado el presente asunto, esto es, que obren las notificaciones de la sentencia y del recurso de revisión, dentro del plazo de tres días contados a partir de que se cumpla con dicho extremo, remítanse estos autos, así como la impresión del escrito que se provee con registro 4010, que se provee al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito en turno, con sede en Xalapa, Veracruz, por conducto de la respectiva Oficina de Correspondencia Común, para la substanciación de dicho medio de impugnación. Asimismo, fórmese cuaderno de antecedentes de dicho envío, con copia certificada de las principales constancias de este expediente. Finalmente, se instruye a la oficial encargada del SISE, para que proceda habilitar la consulta del expediente electrónico a la Superioridad, a fin de que tenga el debido acceso a las constancias del presente sumario y se encuentre en aptitud de proveer lo conducente respecto al medio de impugnación que nos ocupa. Notifíquese en términos de ley.Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe.

  3. Principal

    Con esta fecha se notifica electrónicamente a la parte quejosa la sentencia engrosada el veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, misma que a la letra dice: SENTENCIA Vistos los autos para resolver en el juicio de amparo 584/2022, promovido por Rafael Martínez Rodríguez. RESULTANDO PRIMERO. Demanda y turno. Por escrito presentado el veintitrés de junio de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en esta ciudad y turnado a este órgano jurisdiccional el veinticuatro de junio siguiente, la parte quejosa promovió juicio de amparo contra los actos que más adelante se precisarán (fojas 2-9). SEGUNDO. Trámite. Por auto de veintisiete de junio siguiente, se acordó: admitir la demanda de amparo; dar la intervención que compete a la fiscal de la Federación adscrita y, requerir a las autoridades responsables su informe justificado (fojas 26-30). El once de agosto siguiente, se acordó: obtener copias certificadas del incidente de suspensión deducido del presente juicio de amparo y, agregarlas a estos autos como pruebas del quejoso (fojas 60-61) constancias que obran en el expediente (fojas 65-157). Se agregó en autos el informe justificado de la autoridad responsable (fojas 35-36). En proveído de ocho de septiembre siguiente, se acordó: tener por ampliada la demanda de amparo respecto de conceptos de violación y una nueva autoridad señalada como responsable, así como requerirle su informe justificado (fojas 166-169). Se agregaron en autos los informes justificados de la ampliación de la demanda (fojas 179-182 y 188-193). Integrado que el asunto, se fijó fecha y hora para la audiencia constitucional (foja 200) la cual se llevó a cabo en el horario y día señalados. Hasta hoy no consta que las partes consintieran la publicación de sus datos personales. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, en términos de los artículos 1º, 103, fracción I y, 107, fracción XII, constitucionales, 37, primer párrafo y, 107, fracción II, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente de su publicación conforme a su artículo primero transitorio y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Por la vía, pues se reclaman actos provenientes de autoridad administrativa, impugnable en amparo indirecto, conforme al numeral 107, fracción II, de la Ley de Amparo. La materia (mixta) al actuar como órgano de instrucción en materias penal, civil y administrativa y, de control constitucional en amparo indirecto en primera instancia. Y territorio, atento a que el acto reclamado prescinde de ejecución material. SEGUNDO. Fijación de actos. Antes de verificar su certeza o inexistencia, se fija cuáles son los actos reclamados. Al analizar en su integridad la demanda de amparo y su ampliación, se aprecia que los actos reclamados consisten en: "a). El rechazo, prohibición y/o negativa de celebrar contrato de suministro del servicio de energía eléctrica respecto del inmueble ubicado en la calle Cherna número 260 entre Salmón y Parque Tamiahua, Fraccionamiento Costa de Oro, en Boca del Río, Veracruz, y como consecuencia de ello, la falta del servicio mismo." "b). La declaración de ilegalidad, así como la nulidad de todos los efectos y/o consecuencias legales que pretenden imponer al suscrito como nuevo propietario del inmueble de mi propiedad, derivado de la Orden de Verificación con folio 52453, la prueba de suministro en baja tensión folio 127250, y la constancia de verificación folio 24522, y todo lo actuado en el expediente de notificación de ajuste a la facturación 3939/2018, al no haber sido el suscrito el usuario del contrato de suministro que dieron origen al ajuste mencionado." Ahora, por cuestión de método, se analiza si está probada o no su existencia. TERCERO. Inexistencia de actos. No es cierto el acto reclamado a 2. CFE Distribución, empresa Productiva Subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, en Veracruz, Veracruz, consistente en: "a). El rechazo, prohibición y/o negativa de celebrar contrato de suministro del servicio de energía eléctrica respecto del inmueble ubicado en la calle Cherna número 260 entre Salmón y Parque Tamiahua, Fraccionamiento Costa de Oro, en Boca del Río, Veracruz, y como consecuencia de ello, la falta del servicio mismo." Lo que se corrobora, pues como lo manifiesta dicha autoridad en su informe justificado (fojas 188-193) a quien compete la celebración de los contratos de suministro de energía eléctrica con los usuarios de Suministro Básico, es a CFE Suministrador de Servicios Básicos de la Comisión Federal de Electricidad y no a CFE Distribución, como se dispone del artículo 5, fracción II, del Acuerdo por el que se crea CFE Suministrador de Servicios Básicos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de marzo de dos mil dieciséis. En consecuencia, como la parte quejosa no desvirtuó la negativa de dicha autoridad responsable respecto del destacado acto que le atribuye, lo que le correspondía realizar en razón de la carga de la prueba; con apoyo en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio de amparo por cuanto hace a dicho acto reclamado a la misma. CUARTO. Certeza de actos. Al rendir su informe justificado la autoridad responsable 1. CFE Suministrador de Servicios Básicos, empresa Subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad en Veracruz, Veracruz, negó la existencia de los actos que se le reclaman (fojas 35-36). No obstante, retomando el criterio que se adoptó en la interlocutoria dictada en el incidente de suspensión derivado del presente juicio, se estima que la aludida autoridad reconoció la inexistencia de un contrato de suministro de energía eléctrica a nombre la parte quejosa e indicó la existencia de un adeudo del anterior propietario del bien inmueble donde se dice se niega dicho servicio, derivado del ajuste número 3939/2018, por un adeudo en cantidad de $24,295.00 (veinticuatro mil doscientos noventa y cinco pesos, cero centavos, moneda nacional). Información que es suficiente para tener por acreditada existencia de los actos reclamados atribuidos a la misma, esto es, que dicha autoridad no presta actualmente a la parte quejosa el servicio contratado de suministro de energía eléctrica en su domicilio (acto reclamado a) con motivo del ajuste 3939/2018 (acto reclamado b). De allí, que se desvirtúe la negativa de dicha autoridad señalada como responsable y se estima la certeza de los actos reclamados que se le atribuyen. Por otra parte, la autoridad 2. CFE Distribución, empresa Productiva Subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, en Veracruz, Veracruz, al rendir su informe y respecto del acto reclamado reseñado en el inciso b, de manera genérica señala que el quejoso carece de legitimación para impugnar dicho acto, dado que no es el titular del servicio del que deriva el ajuste a la facturación reclamado 3939/2018 (fojas 188-193). En ese sentido, debe tenerse por cierto el acto reclamado que se le atribuye reseñado en el inciso b, en la medida que reconoció la existencia del aludido ajuste a la facturación. Máxime que se constató la existencia de las constancias relativas a la orden de verificación con folio 52453, prueba de suministro en baja tensión con folio 127250 y constancia de verificación folio 24522, las cuales dieron origen al multicitado ajuste (fojas 147-150) probanzas que al obrar en copia certificada adquieren valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2. QUINTO. Improcedencia. Por ser de estudio preferente, se analiza ahora la procedencia del juicio constitucional. Primer motivo de improcedencia invocado La autoridad responsable 2. CFE Distribución, empresa Productiva Subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, en Veracruz, Veracruz, manifiesta que se actualiza el motivo de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado consistente: "b). La declaración de ilegalidad, así como la nulidad de todos los efectos y/o consecuencias legales que pretenden imponer al suscrito como nuevo propietario del inmueble de mi propiedad, derivado de la Orden de Verificación con folio 52453, la prueba de suministro en baja tensión folio 127250, y la constancia de verificación folio 24522, y todo lo actuado en el expediente de notificación de ajuste a la facturación 3939/2018, al no haber sido el suscrito el usuario del contrato de suministro que dieron origen al ajuste mencionado." Lo anterior porque sostiene, dichos actos no trascienden ni afectan el interés jurídico de la parte, dado que las constancias aludidas se realizaron con motivo de una revisión al servicio de energía eléctrica cuyo titular no lo es el quejoso, sino diversa persona. Tal aseveración es infundada. Lo que se estima de esa manera, en la medida que si bien se advierte que el ajuste de facturación 3939/2018 que combate la parte quejosa se originó con motivo de la orden de verificación con folio 52453, de la prueba de suministro en baja tensión con folio 127250 y de la constancia de verificación con folio 24522, las cuales se encuentran dirigidas a diversa persona, a saber, a María del Pilar Reynoso Hernández (fojas 147-150) también es verdad que tales actos se efectuaron en el servicio de suministro de energía eléctrica prestado en el inmueble que ahora es de su propiedad y respecto del cual las autoridades se niegan a celebrar un nuevo contrato de suministro, esto es, el ubicado en calle Cherna, número 260, del fraccionamiento Costa de Oro, en Boca del Río, Veracruz. Ello es así, porque el quejoso demuestra la propiedad del aludido inmueble con la copia certificada el instrumento público cincuenta y tres mil doscientos cincuenta y seis, de treinta de agosto de dos mil veintiuno, pasado ante la fe del Notario Público número Cuatro en Veracruz, Veracruz, relativo a la compraventa de la casa habitación marcada con el número 260, de la calle Cherna y terreno en el que se encuentra, en el fraccionamiento Costa de Oro, en Boca del Río, Veracruz, donde figura como vendedor HSBC MÉXICO, sociedad anónima, Institución De Banca Múltiple y como compradores Rafael Martínez Rodríguez y otra (fojas 11-15). Luego, si el quejoso demuestra ser el propietario del inmueble en cuestión, donde con motivo de las constancias que dieron origen al ajuste de facturación las autoridades se niegan a prestarle el servicio de suministro de energía eléctrica, entonces se concluye que sí cuenta con interés jurídico para combatirlas en este juicio de amparo, al generarle la afectación de negarle tal servicio en el aludido inmueble de su propiedad. Segundo motivo de improcedencia invocado La autoridad 2. CFE Distribución, empresa Productiva Subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, en Veracruz, Veracruz, sostiene que la parte quejosa previo a la promoción del presente juicio de amparo, debió promover el medio ordinario de defensa contra los actos reclamados destacados en el inciso b) de su demanda, por lo que si no lo hizo, es claro que no agotó el principio de definitividad que rige en el juicio constitucional y, por ende, deviene improcedente respecto del aludido acto. Es fundado dicho motivo de improcedencia. En efecto, como lo señala la autoridad responsable, se estima que sobreviene el motivo de improcedencia que contempla el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Lo anterior porque la parte quejosa no agotó el principio de definitividad para combatir los actos reclamados, al no acudir previamente al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz y plantear el juicio contencioso administrativo contra esos actos, como a continuación se verá. MARCO LEGAL El artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;" Como se puede advertir, el señalado motivo legal de improcedencia descansa en el principio de definitividad que rige en el juicio constitucional, pues siendo el amparo un juicio extraordinario, resulta obvio que a este sólo pueda acudirse cuando previamente se haya agotado el recurso o medio de defensa legal previsto en la ley ordinaria, que sea el idóneo para modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse, ya que en esto estriba precisamente el principio de definitividad aludido, el cual debió agotarse previamente por la parte quejosa. El principio de definitividad que rige al juicio de amparo en materia administrativa, encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse el amparo de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal. Los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los promuevan y sólo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses, se da pie al medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Si pasando por alto estas consideraciones derivadas del principio de definitividad, las partes afectadas por actos administrativos no tuvieran la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de distrito suplantaría las facultades de la administración pública. Una vez que se ha señalado la razón jurídica de la existencia del principio de definitividad, conviene destacar que además de los anteriores extremos, la norma constitucional también alude a título de excepción, que no será necesario agotar algún recurso, juicio o medio de defensa legal cuando la ley que los establezca exija mayores requisitos, para otorgar la suspensión del acto, que los que la Ley de Amparo requiere como condición para decretar la suspensión de los actos reclamados. De lo anterior se desprende que para que se concrete el motivo de improcedencia en estudio, se requiere la satisfacción de los siguientes requisitos: 1) Que el acto reclamado emane de una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. 2) Sea revisable de oficio, o bien, a instancia de parte; es decir, que proceda en su contra algún medio de defensa por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o anulado. 3) Conforme a las leyes que rigen el acto o el medio de impugnación relativo, proceda la suspensión del acto combatido, con los mismos alcances, sin que establezca un mayor plazo para el otorgamiento de la suspensión provisional, y sin que pida mayores requisitos que los que para tal fin establece la Ley de Amparo, con independencia de que el acto en sí mismo considerado sea susceptible de paralización. 4) No se esté en el caso de excepción. SUBSUNCIÓN En el caso concreto, tales requisitos se cumplen. Respecto al PRIMER requisito consistente en que el acto reclamado emane de una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, se encuentra satisfecho, pues los referidos actos reclamados fueron emitidos por CFE Distribución, empresa Productiva Subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, en Veracruz, Veracruz; autoridad evidentemente distinta a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Por cuanto hace al SEGUNDO requisito, relativo a que contra los actos impugnados proceda algún medio de defensa ordinario por medio del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, también se actualiza, ya que los actos que en este juicio se reclaman y que se precisaron en el inciso b) de la demanda de amparo, pueden ser analizados por el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz, a través de la promoción del juicio contencioso. Lo anterior se deriva de lo dispuesto por el artículo 2 del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz, que dispone: ".Artículo 2. Para efectos del presente Código, se entenderá por: I. Acto administrativo: La declaración unilateral de voluntad, externa, particular y ejecutiva, emanada de la Administración Pública, que tiene por objeto crear, transmitir, reconocer, declarar, modificar o extinguir una situación jurídica concreta para la satisfacción del interés general.". De igual modo, la fracción II, del artículo 280, del ordenamiento legal referido, establece que procede el juicio contencioso contra: ".II. Actos administrativos que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar la autoridad, que afecten derechos de particulares;.". De lo anterior se desprende que contra el ajuste a la facturación 3939/2018 derivado de la orden de verificación con folio 52453, de la prueba de suministro en baja tensión con folio 127250 y de la constancia de verificación folio 24522 (fojas 147-150) procede el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz; medio ordinario de defensa idóneo para modificar, revocar o nulificar dichos actos. Con base en lo anterior, es posible afirmar que la parte quejosa, previo a la promoción del presente juicio de amparo, debió agotar ese medio ordinario de defensa, a fin de observar el principio de definitividad que rige a la materia de amparo. En relación con el TERCER requisito, también se satisface, pues la ley que rige el medio de impugnación relativo, a saber, el Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz vigente, contempla la suspensión del acto combatido, con los mismos alcances, sin un mayor plazo para el otorgamiento de la suspensión provisional y, sin que pida mayores requisitos que los que para tal fin establece la Ley de Amparo. Lo anterior encuentra respaldo en la jurisprudencia 2a./J. 126/2019 (10a.) de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, que se lee: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PREVISTO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, PORQUE LOS ALCANCES QUE SE DAN A LA SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO Y LOS REQUISITOS PREVISTOS PARA SU OTORGAMIENTO SON, EN ESENCIA, IGUALES A LOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE AMPARO. La excepción al principio de definitividad prevista en los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Federal y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, encuentra su justificación constitucional en el derecho humano a un recurso rápido, sencillo y efectivo establecido en el diverso 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el propio 107 mencionado. Por tanto, si en una legislación se prevén mayores requisitos, menores alcances o plazos más largos para el otorgamiento de la suspensión del acto impugnado que los establecidos en la Ley de Amparo, tal circunstancia se erige en una excepción al principio de definitividad y, por tanto, es innecesario agotar el recurso previsto en dichas legislaciones a efecto de hacer procedente el juicio de amparo. En este sentido, sí existe la obligación de agotar el juicio contencioso administrativo previsto en el Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave antes de acudir al juicio de amparo, en razón de que los alcances que se dan a la suspensión en éste son, en esencia, similares a los que otorga el juicio contencioso administrativo, aunado a que el citado Código no prevé mayores requisitos para conceder la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado que los exigidos en la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado. Además, por lo que hace a los alcances de la suspensión prevista en el referido Código, no pueden entenderse menores a los establecidos en la Ley de Amparo, en virtud de que en ambos ordenamientos se permite al juzgador tomar todas la medidas necesarias y establecer los efectos que considere pertinentes para mantener las cosas en el estado en que se encuentren para preservar la materia del juicio, y le permiten restituir provisionalmente en el derecho violado al inconforme hasta que se dicte sentencia definitiva, es decir, en ambos casos es posible otorgar efectos restitutorios a la suspensión decretada." Así, se concluye que la parte quejosa, antes de la promoción del presente juicio constitucional contra los referidos actos reclamados, debió promover el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa aludido. En similares condiciones se pronunció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito al resolver el amparo en revisión 214/2018, el dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho; ejecutoria que si bien no obra en autos, es apta para motivar la presente sentencia, pues se obtuvo de la página electrónica que el Poder Judicial de la Federación utiliza para poner a disposición del público sus resoluciones, lo que constituye un hecho notorio para el suscrito juzgador, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Enseguida, se verificará si se concreta excepción al principio de definitividad, distinta a las que anteriormente fueron objeto de estudio, esto es, lo relativo al CUARTO requisito en mención. 1. Cuando se impugnan leyes con motivo del primer acto de aplicación. Dicha excepción al principio de definitividad obedece a que el agraviado solamente podrá atacar la inconstitucionalidad de la norma ante el Juez de Distrito, ya que las autoridades judiciales o administrativas encargadas de resolver los juicios o recursos ordinarios no son las idóneas para ocuparse de ellas por tratarse de cuestiones cuya solución atañe en forma privativa al Poder Judicial de la Federación. En el caso, la parte quejosa no reclamó la inconstitucionalidad de alguna norma. 2. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal. Este aspecto está relacionado a que el acto reclamado adolezca de vicios de inconstitucionalidad directa y no derivada. En efecto, en el caso a estudio, la parte quejosa hace derivar la inconstitucionalidad de los actos reclamados de lo que estima como vicios, cuya naturaleza son de mera legalidad haciendo alusión a los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De lo anterior se aprecia que la parte quejosa no reclama en específico alguna violación directa a la constitución, pues de manera genérica señala que los referidos numerales 14 y 16, prevén las garantías de legalidad y seguridad jurídica, pero no se duele de la violación directa de alguna de ellas; por lo que se concluye válidamente que su reclamo no implica violación directa a los referidos artículos constitucionales, porque el análisis que habrá de llevarse a cabo, únicamente exigiría verificar si dichos actos reclamados se ajustan o no a algún ordenamiento legal; lo que desde luego representa un tema de legalidad. De allí, que el reclamo constitucional implica una cuestión de legalidad, al versar sobre la indebida fundamentación y motivación de los actos combatidos, o sea, la transgresión a las leyes secundarias u ordinarias y, no una violación directa a la constitución. 3. Los que carecen de fundamentación. A simple vista, de las documentales exhibidas por la autoridad, relativas a la orden de verificación con folio 52453, la prueba de suministro en baja tensión con folio 127250 y la constancia de verificación folio 24522 (fojas 147-150) se aprecia que cuentan con los fundamentos legales que los sustentan, pues en esas actuaciones de la autoridad se citaron los artículos 110 y 113 del Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica. Lo anterior pone de manifiesto que los actos reclamados no carecen de absoluta fundamentación que impida a la parte quejosa hacer valer el recurso idóneo para combatirlos. Sirve de apoyo la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se lee: "RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO ÚNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN. En principio un juicio de garantías es improcedente y debe ser sobreseído cuando la parte quejosa no hace valer, previamente a la promoción de dicho juicio, los recursos ordinarios que establezca la ley del acto, pues entre los principios fundamentales en que se sustenta el juicio constitucional se halla el de definitividad, según el cual este juicio, que es un medio extraordinario de defensa, sólo será procedente, salvo los casos de excepción que la misma Constitución y la Ley de Amparo precisan, y, con base en ambas, esta Suprema Corte en su jurisprudencia, cuando se hayan agotado previamente los recursos que la ley del acto haya instituido precisamente para la impugnación de éste. Como una de las excepciones de referencia, esta Suprema Corte ha establecido la que se actualiza cuando el acto reclamado carece de fundamentación y motivación, ya que no instituirla significaría dejar al quejoso en estado de indefensión, porque precisamente esas carencias (falta absoluta de fundamentación y motivación) le impedirían hacer valer el recurso idóneo para atacar dicho acto, pues el desconocimiento de los motivos y fundamentos de éste no le permitirían impugnarlo mediante un recurso ordinario. Empero, no hay razón para pretender que, por el hecho de que en la demanda de garantías se aduzca, al lado de violaciones a garantías de legalidad por estimar que se vulneraron preceptos de leyes secundarias, violación a la garantía de audiencia, no deba agotarse el recurso ordinario, puesto que, mediante éste, cuya interposición priva de definitividad el acto recurrido, el afectado puede ser oído con la amplitud que la garantía de audiencia persigue, ya que tiene la oportunidad de expresar sus defensas y de aportar las pruebas legalmente procedentes. En cambio, cuando únicamente se aduce la violación de la garantía de audiencia, no es obligatorio, para el afectado, hacer valer recurso alguno. El quejoso debe, pues, antes de promover el juicio de garantías, agotar el recurso establecido por la ley de la materia, pues la circunstancia de que en la demanda de amparo se haga referencia a violaciones de preceptos constitucionales no releva al afectado de la obligación de agotar, en los casos en que proceda, los recursos que estatuye la ley ordinaria que estima también infringida, pues de lo contrario imperaría el arbitrio del quejoso, quien, por el solo hecho de señalar violaciones a la Carta Magna, podría optar entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca." (Lo resaltado es propio) 4. En aquellos que el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. No se actualiza dicha excepción al principio de definitividad, en razón que el juicio contencioso administrativo de que se trata se encuentra previsto en el Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz y no en reglamento alguno. CONCLUSIÓN En consecuencia, dado que no se actualizó alguna excepción al principio de definitividad, se concluye que la parte quejosa debió promover el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz, antes de acudir a la instancia constitucional. Es por ello que, si no hizo valer sus derechos a través de esa vía ordinaria de defensa, resulta incuestionable que no puede acudir ahora ante esta instancia constitucional, al no haberse agotado el principio de definitividad que rige en el referido juicio constitucional, pues una vez agotado el contencioso administrativo aludido, procedería el juicio de amparo. En ese contexto, es posible considerar que, si el quejoso omitió agotar el medio de impugnación ordinario ya aludido y, por tanto, inobservó el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, resulta evidente la actualización del motivo de improcedencia aquí analizado. Luego, al concretarse el aludido motivo de improcedencia, se sobresee en el presente juicio de amparo, conforme al artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, respecto de los destacados actos reclamados reseñados en el inciso b) de la demanda de amparo atribuido a las autoridades responsables. Tercer motivo de improcedencia invocado Finalmente, 2. CFE Distribución, empresa Productiva Subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, en Veracruz, Veracruz, manifiesta que en el presente caso no le asisten las características de autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo. No obstante, no es el caso de emitir pronunciamiento alguno sobre ese aspecto, en la medida que, por cuanto hace a dicha autoridad responsable (la marcada con el número 2) en el considerando tercero se tuvo por inexiste el acto reclamado identificado en el inciso a) y, por cuanto hace al acto reclamado identificado en el inciso b) se estimó que la parte quejosa no agotó en su contra el principio de definitividad; de allí, que se concluya que esa autoridad quedó fuera de la Litis constitucional al haberse sobreseído en el juicio respecto de los actos combatidos atribuidos a la misma. SEXTO. Regularidad constitucional del acto reclamado. La parte quejosa en sus conceptos de violación señala que la autoridad responsable viola su derecho humano contenido en el artículo 4° constitucional, relativo a que toda persona tiene derecho a una vivienda que contenga los elementos mínimos necesarios para ser considerada digna y decorosa, los que se garantizan, entre otros, a través del suministro de electricidad, iluminación y ventilación adecuadas. Refiere que la arbitraria negativa a celebrar el contrato de energía eléctrica en su domicilio por parte de la autoridad responsable, carece de los elementos jurídicos y los razonamientos válidos que sustenten su legalidad. Lo anterior es fundado y suficiente para conceder la protección constitucional solicitada, por las razones que enseguida se darán. PREMISAS NORMATIVAS A título de premisas que servirán al suscrito juzgador para dar solución al asunto, se esboza lo siguiente. Fundamentación y motivación El artículo 16 de la Constitucional Federal, en su parte conducente, dispone: "Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.". En el precepto constitucional transcrito se dispone que toda resolución de autoridad judicial competente, debe cumplir con los requisitos de fundamentación y motivación, de ahí que, para cubrir cabalmente tal aspecto, la autoridad judicial está obligada a exponer las causas generales y razones particulares que en su concepto le permitan establecer la adecuación del caso concreto a la hipótesis legal. Máxime que la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional, tal como lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se encuentra en el análisis exhaustivo y congruente de los puntos que integran la litis, teniendo como apoyo el o los preceptos jurídicos aplicables al caso en concreto, que permiten a los juzgadores expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como, en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto. Además, es necesario que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas (hasta los criterios jurisprudenciales) aplicables al caso de que se trate, pues las resoluciones jurisdiccionales presuponen el debido proceso legal en un conflicto o litis que se les plantea. Ello atento a que en las resoluciones jurisdiccionales la garantía de legalidad tiene como objeto que el juzgador no las dicte en forma arbitraria, sino ajustadas al ordenamiento legal, a fin de que el ciudadano pueda advertir si se respetaron de manera cabal las normas que dicho juzgador estimó para resolver el debate. Son aplicables a lo hasta aquí dicho, las siguientes jurisprudencia y tesis, respectivamente: "FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL CUMPLIMIENTO A DICHA GARANTÍA TRATÁNDOSE DE RESOLUCIONES JURISDICCIONALES SE VERIFICA SIN QUE SE INVOQUEN DE MANERA EXPRESA SUS FUNDAMENTOS, CUANDO LOS RAZONAMIENTOS DE ÉSTAS CONDUZCAN A LAS NORMAS APLICADAS. La garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 de la Constitución Federal consiste en la obligación que tiene la autoridad de fundar y motivar todo acto de molestia que se dirija a los particulares, pero su cumplimiento se verifica de manera distinta tratándose de actos administrativos y de resoluciones jurisdiccionales. Lo anterior es así, porque en el acto administrativo que afecta de manera unilateral los intereses del gobernado, se debe cumplir con la formalidad de invocar de manera precisa los fundamentos del mismo, a efecto de que esté en posibilidad de conocer el sustento jurídico del acto que le afecta, mientras que la resolución jurisdiccional presupone el debido proceso legal en que se plantea un conflicto o una litis entre las partes, en el cual el actor establece sus pretensiones apoyándose en un derecho y el demandado lo objeta mediante defensas y excepciones, constituyendo la fundamentación de la resolución el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, el estudio de las acciones y excepciones del debate, sin que se requiera de la formalidad que debe prevalecer en los actos administrativos, toda vez que dentro del citado análisis se dan razonamientos que involucran las disposiciones en que se funda la resolución, aun sin citarlas de forma expresa. En consecuencia, aun cuando por regla general la autoridad emisora de una resolución jurisdiccional está obligada a fundar tal acto citando los preceptos con los que se cumpla esa exigencia, excepcionalmente, si los razonamientos de la resolución conducen a la norma aplicada, la falta de formalidad puede dispensarse, de ahí que las resoluciones jurisdiccionales cumplen con la garantía constitucional de referencia sin necesidad de invocar de manera expresa el o los preceptos que las fundan, cuando de la resolución se advierte con claridad el artículo en que se basa." Luego, como ya se dijo, el artículo 16 de la Constitución Federal, en términos generales, establece el derecho fundamental de legalidad, cuyos requisitos deben respetar las autoridades frente a los gobernados al emitir cualquier acto de molestia que incida en su esfera jurídica, destacando entre los requisitos referidos, que el acto de molestia se encuentre asentado por escrito y, que el mismo se encuentre fundado y motivado. De allí, que existe falta de fundamentación y motivación cuando la autoridad omite expresar el dispositivo legal aplicable al asunto y las razones que consideró para estimar que el caso puede subsumirse en la hipótesis que prevé la norma jurídica. Contratación del Suministro Eléctrico Por su parte, la figura jurídica de la "Contratación del Suministro Eléctrico" se encuentra comprendida en el artículo 4, fracción II, de la Ley de la Industria Eléctrica, en las Disposiciones Administrativas de Carácter General que Establecen las Condiciones Generales para la Prestación del Suministro Eléctrico, 11, fracción I, 17, fracción XIV y XV, 19.2, fracción I y en la cláusula Vigésima Primera del Modelo de Contrato de Suministro de Energía Eléctrica en Baja Tensión, que disponen: Ley de la Industria Eléctrica. "Artículo 4. El Suministro Eléctrico es un servicio de interés público. La generación y comercialización de energía eléctrica son servicios que se prestan en un régimen de libre competencia. Las actividades de generación, transmisión, distribución, comercialización y el Control Operativo del Sistema Eléctrico Nacional son de utilidad pública y se sujetarán a obligaciones de servicio público y universal en términos de esta Ley y de las disposiciones aplicables, a fin de lograr el cabal cumplimiento de los objetivos establecidos en este ordenamiento legal. Son consideradas obligaciones de servicio público y universal las siguientes: . II. Ofrecer y prestar el Suministro Eléctrico a todo aquél que lo solicite, cuando ello sea técnicamente factible, en condiciones de eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad, seguridad y sustentabilidad;." Disposiciones Administrativas de Carácter General que Establecen las Condiciones Generales para la Prestación del Suministro Eléctrico. "11. De la Contratación del Suministro Básico I. A menos que se pacte lo contrario, los Contratos de Suministro tendrán vigencia indefinida. ." "17. De la Cobranza y modalidades de pago en el Suministro Básico. . XIV. En ningún caso los adeudos quedarán vinculados a la Instalación Eléctrica que recibió el Suministro Eléctrico con anterioridad, siendo el contratante, persona física o moral, el único deudor, según se refleje en su RMU. Lo anterior sin perjuicio de que el Distribuidor y Transportista puedan dar seguimiento al perfil de consumo y demanda de la Instalación Eléctrica que recibió el Suministro Eléctrico a través de un registro de centros de carga diseñado para tal fin. En caso de duda las partes podrán solicitar la intervención de una unidad de inspección acreditada por la CRE. XV. El Suministrador de Servicios Básicos no podrá cobrar a los solicitantes o nuevos Usuarios Finales cargos que precedan la fecha de celebración del Contrato de Suministro, ni cobrar adeudos generados con anterioridad por otros Usuarios Finales en la misma Instalación Eléctrica Independiente. De lo anterior se exceptúan los casos en los que la nueva persona que solicite el Suministro Eléctrico sea pariente consanguíneo o por afinidad hasta el cuarto grado en línea directa o colateral, o cuando se encuentre que el Usuario Final a quien se atribuye el adeudo continúa habitando en la misma Instalación Eléctrica Independiente tras la Rescisión del contrato y Terminación del Suministro anterior, en cuyo caso se presumirá que dicha Rescisión y Terminación tuvo como finalidad evitar el pago del adeudo. La carga de la prueba para demostrar dichos supuestos recaerá en el Suministrador de Servicios Básicos. En caso de duda las partes podrán solicitar la intervención de una unidad de inspección acreditada por la CRE. ." "19.2 De la Terminación del Suministro. I. La Terminación del Suministro podrá proceder de forma automática de no subsanarse las causas que dieron origen a la Suspensión, ni haberse presentado queja ante la Profeco o la CRE por parte del Usuario Final antes de la fecha de Terminación, una vez transcurridos 15 días naturales a partir de la Suspensión provisional del Suministro, por instrucción del Suministrador de Servicios Básicos; o bien de manera inmediata a solicitud del Usuario Final tras la Rescisión del contrato por cualquier causa.." Modelo de contrato de suministro de energía eléctrica en baja tensión. "VIGÉSIMA PRIMERA. Terminación del Contrato. Las partes podrán dar por terminado el contrato en los casos siguientes: ? Por voluntad de "EL USUARIO". ? Por cambio de giro en el inmueble en donde se presta el servicio o características del suministro de energía eléctrica que impliquen la aplicación de otra tarifa. ? Por cambio de propietario o arrendatario del inmueble, industria o comercio en el caso de que sean usuarios. ? A los quince días naturales posteriores a la fecha en que se suspendió el suministro de energía eléctrica por falta de pago de una facturación. ? Por cambio de modalidad de facturación." De una interpretación sistemática de las normas legales citadas, se desprende que el suministro eléctrico es un servicio de interés público y dentro de sus obligaciones esta ofrecer y prestar el suministro eléctrico a todo aquél que lo solicite, cuando ello sea técnicamente factible, en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad. Los contratos de suministro tendrán vigencia indefinida, a menos de que se pacte lo contrario. En ningún caso los adeudos quedarán vinculados a la instalación eléctrica que recibió el suministro eléctrico con anterioridad, siendo el contratante, persona física o moral, el único deudor, según se refleje en su RMU (Registro Móvil de Usuario) código único e intransferible que identifica a un usuario final y contrato de suministro ante un suministrador. El suministrador de servicios básicos no podrá cobrar a los solicitantes o nuevos usuarios finales cargos que precedan la fecha de celebración del contrato de suministro, ni cobrar adeudos generados con anterioridad por otros usuarios finales en la misma instalación eléctrica independiente. De lo anterior se exceptúan los casos en los que la nueva persona que solicite el suministro eléctrico sea pariente consanguíneo o por afinidad hasta el cuarto grado en línea directa o colateral, o cuando se encuentre que el usuario final a quien se atribuye el adeudo continúa habitando en la misma instalación eléctrica independiente tras la rescisión del contrato y terminación del suministro anterior, en cuyo caso se presumirá que dicha rescisión y terminación tuvo como finalidad evitar el pago del adeudo. La carga de la prueba para demostrar dichos supuestos recaerá en el Suministrador de Servicios Básicos. La terminación del suministro, entre otras circunstancias, podrá proceder una vez transcurridos quince días naturales a partir de la suspensión provisional del suministro de energía eléctrica por falta de pago de una facturación; por instrucción del Suministrador de Servicios Básicos; o bien de manera inmediata a solicitud del usuario final tras la rescisión del contrato por cualquier causa. Finalmente, debe decirse que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 30/2018 (10a.) estableció que la Comisión Federal de Electricidad no es autoridad para efectos del juicio de amparo contra actos previstos en el contrato de suministro de energía eléctrica, al no ejercer un plano de supra a subordinación porque el contrato de adhesión no somete arbitraria y unilateralmente la voluntad de los contratantes a las condiciones de la empresa. No obstante, se estableció una excepción para la procedencia del juicio de amparo contra actos de la Comisión Federal de Electricidad, a saber: a) cuando la empresa realice actos que vulneren derechos humanos fuera de lo estipulado y aceptado por las partes; o, b) cuando aplique normas que se estimen inconstitucionales, se le pudiera señalar como autoridad responsable. Cuestión que deberá ser analizada en cada caso concreto por el juzgador de amparo. En el mismo sentido se pronunció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito al resolver el amparo en revisión 26/2021, el veintiocho de junio de dos mil veintiuno; información que si bien no obra en autos, es apta para motivar la presente sentencia, pues se obtuvo de la página electrónica que el Poder Judicial de la Federación utiliza para poner a disposición del público sus resoluciones, lo que constituye un hecho notorio para el suscrito juzgador, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; de ahí que sea válido que se invoque dicha información publicada en ese medio. Aquí cobran aplicación la jurisprudencia P./J. 74/2006, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO.", así como la tesis XX.2o.33 K del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, de rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LA PÁGINA ELECTRÓNICA QUE EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN UTILIZA PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR." ANTECEDENTES El acto reclamado en el presente asunto y que se destaca en el inciso a) del escrito de ampliación de la demanda de amparo, consiste: en el rechazo, prohibición y/o negativa de celebrar contrato de suministro del servicio de energía eléctrica, respecto del inmueble propiedad del quejoso ubicado en la calle Cherna número 260 entre Salmón y Parque Tamiahua, Fraccionamiento Costa de Oro, en Boca del Río, Veracruz y, como consecuencia, la falta del servicio aludido. Al rendir su informe justificado la autoridad responsable 1. CFE Suministrador de Servicios Básicos, empresa Subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad en Veracruz, Veracruz, negó la existencia de los actos que se le reclaman (fojas 35-36). No obstante, se desestimó dicha negativa dado que la autoridad reconoció la inexistencia de un contrato de suministro de energía eléctrica a nombre la parte quejosa, debido a un adeudo del anterior propietario del bien inmueble donde se dice se niega dicho servicio, derivado del ajuste número 3939/2018, por la cantidad de $24,295.00 (veinticuatro mil doscientos noventa y cinco pesos, cero centavos, moneda nacional). SUBSUNCIÓN De la lectura integral de la demandada de amparo y de su ampliación, se advierte que la parte quejosa sostiene la ilegalidad verbal de la negativa de celebrar contrato de suministro del servicio de energía eléctrica o el condicionamiento de su otorgamiento, puesto que la autoridad responsable lo sustenta en el hecho de que se cubra un adeudo pendiente de liquidar de un usuario anterior del inmueble en el que se prestaba el servicio, lo cual a decir de la parte quejosa, es inconstitucional, en tanto que no se apega a las normas que rigen en la materia, vulnerando el principio de legalidad y, en consecuencia, dicha negativa es violatoria de su derecho humano a una vida digna, previsto en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Como se anticipó, es fundado dicho argumento, en la medida que descansa en el hecho que el artículo 4, fracción II, de la Ley de la Industria Eléctrica, claramente dispone que la Comisión Federal de Electricidad está obligada a ofrecer y prestar el suministro eléctrico a todo aquel que lo solicite. De la misma manera, las Disposiciones Administrativas de Carácter General que Establecen las Condiciones Generales para la Prestación del Suministro Eléctrico, señalan en su numeral 17, fracción XV, que el Suministrador de Servicios Básicos no podrá cobrar a los solicitantes o nuevos usuarios finales, cargos que precedan la fecha de celebración del contrato de suministro, ni cobrar adeudos generados con anterioridad por otros usuarios finales en la misma instalación eléctrica independiente. En esas condiciones, es evidente que se está violentado el principio de legalidad, según el cual las autoridades deben apegarse a las leyes que rigen su actuación y, en vía de consecuencia, también se le está negando a la parte quejosa la posibilidad de ejercer su derecho a una vida digna, el cual, como es ampliamente aceptado, importa el derecho a contar con servicios públicos básicos, como es el suministro de energía eléctrica. Si ubicamos el contenido de los tratados internacionales en el plano de los derechos humanos consagrados en nuestra Ley Fundamental, tenemos que para el asunto que nos ocupa, de garantizar el acceso de todas las personas a la electricidad, es importante con citar la Declaración Universal de los Derechos Humanos que en su artículo 22, contempla: "Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y a libre desarrollo de su personalidad". Y en su artículo 25, abunda al respecto: "Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios". Como se aprecia claramente, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, establece que no puede ser factible ni viable el ideal del ser humano, libre del temor y la miseria, a menos que sus gobiernos garanticen la creación de condiciones que le permitan a toda persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, lo mismo que de sus derechos civiles y políticos. En este sentido, también el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su artículo 11, refiere: "Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento". Incluso la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, menciona en su artículo 14, inciso h): "Gozar de condiciones de vida adecuadas, particularmente en las esferas de la vivienda, los servicios sanitarios, la electricidad y el establecimiento de agua, el transporte y las comunicaciones". Por todo lo anterior, resulta innegable que los tratados coinciden en que la energía eléctrica constituye un derecho humano o elemento fundamental para el disfrute de los demás derechos humanos, mismos que están reconocidos en los principios de universalidad, interdependencia e indivisibilidad y progresividad, por lo que, si el Estado Mexicano reconoció a plenitud los derechos humanos en su artículo primero constitucional, es de monumental importancia que se garantice el acceso de todas las personas a la electricidad. En tales condiciones y dada la trascendencia del derecho violado, procede otorgar el amparo a efecto de que, sí se cubren los requisitos conducentes, debe celebrarse el contrato solicitado y de inmediato se provea a la quejosa con el servicio de energía eléctrica, máxime que la comisión mencionada es el único organismo estatal que puede prestar ese servicio, de acuerdo con la invocada ley y con los artículos 25, párrafo quinto; 27, párrafo sexto y 28, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Resalta que, los adeudos contraídos por usuarios anteriores constituyen obligaciones de carácter personal, por lo que, en caso de querer cobrarlos, la autoridad responsable deberá requerir el pago directamente al anterior contratante, ya que ese tipo de obligación, al no ser de naturaleza real, no se vincula al inmueble en el que se prestó el servicio de suministro anterior. CONCLUSIÓN De ese modo, se advierte que la determinación de la autoridad responsable CFE Suministrador de Servicios Básicos, de negarse a celebrar con el quejoso contrato de suministro del servicio de energía eléctrica en el inmueble de que se trata, vulnera sus derechos fundamentales; por lo que es evidente que el conflicto se encuentra fuera de reclamación contractual, dado que conforme al punto 17, fracción XV, de las Disposiciones Administrativas de Carácter General que Establecen las Condiciones Generales para la Prestación del Suministro Eléctrico, el Suministrador de Servicios Básicos no podrá cobrar a los solicitantes o nuevos Usuarios Finales cargos que precedan la fecha de celebración del Contrato de Suministro, ni cobrar adeudos generados con anterioridad por otros Usuarios Finales en la misma Instalación Eléctrica Independiente. EFECTOS En consecuencia, se concede el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que, una vez que cause ejecutoria esta sentencia: La responsable 1. CFE Suministrador de Servicios Básicos, empresa Subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad en Veracruz, Veracruz, deje insubsistente el acto reclamado y, en su lugar, de cubrirse los requisitos conducentes, se celebre el contrato solicitado y de inmediato se provea a la parte quejosa el servicio de suministro de energía eléctrica. En la inteligencia de que la concesión del amparo no implica que el usuario anterior del servicio de energía eléctrica quede exonerado del pago del adeudo vigente por concepto de ajuste a la facturación, dado que la autoridad responsable podrá gestionar su cobro por los cauces legales que corresponda. Expedición de copias. Con apoyo en los artículos 17 Constitucional y 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, expídase a costa de las partes una copia simple o certificada de esta sentencia, según lo soliciten al momento de comparecer, previa razón de entrega y recibo que se otorgue en autos. Supresión de datos sensibles. Aun cuando las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los preceptos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia y, ponerla a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, conforme con el procedimiento de acceso a la información pública que señala la ley. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Rafael Martínez Rodríguez, contra los actos reclamados y por las autoridades responsables, por los motivos expuestos en los considerandos tercero y quinto de esta resolución. SEGUNDO. La Justicia Federal ampara y protege a Rafael Martínez Rodríguez, contra el acto reclamado y por la autoridad responsable, por las razones dadas en el considerando sexto de esta sentencia. TERCERO. Suprímanse los datos sensibles de las partes en la publicación del presente fallo.Notifíquese en términos de ley.

  4. Principal

    Boca del Río, Veracruz, cinco de enero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio del Delegado de la autoridad responsable 2. CFE Distribución, Empresa Productiva Subsidiaria de Comisión Federal de Electricidad y/o Comisión Federal de Electricidad, Zona de Distribución Veracruz, con sede en Veracruz, Veracruz, recibido en línea, y dado que cumple con las formalidades que establece el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, provéase lo conducente. En atención a su contenido, téngasele dando cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de veintinueve de noviembre del año próximo pasado, en el que se tiene remitiendo las constancias relativas a los actos que se le atribuyen; por tanto, se ordena dar vista a las partes para que manifiesten lo que a derecho corresponda, por el plazo de ocho días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional como lo ordena el artículo 124 de la Ley de Amparo. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, téngase como pruebas de la citada autoridad responsable, las documentales que anexó a su oficio de cuenta, sin perjuicio de hacer relación de las mismas en la audiencia constitucional que al efecto se celebre. En razón de lo anterior, es evidente que a la fecha se encuentra transcurriendo el aludido plazo de ocho días, y por ende, a efecto de hacer efectivo su término, se impone diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar, se fijan las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DIECISÉIS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese en términos de ley.

Quedan 20 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · 8,839 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano