Rafael Mateo Arenas Tabares
Expediente 120/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 4 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 120/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 04/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Rafael Mateo Arenas Tabares
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, cuatro de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio proveniente del Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, mediante el cual solicita la vinculación del expediente electrónico del presente juicio de amparo. En ese sentido, hágase del conocimiento del Juzgado oficiante que, ya se encuentra disponible el expediente electrónico del presente sumario, a efecto de que proceda a su vinculación. Notifíquese.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México; veintiocho de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el desechamiento de la demanda, en consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el presente expediente carece de relevancia histórica y documental, por lo que es destruible en el plazo de tres años, ya que se desechó la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 21, inciso d) de esa normatividad. Notifíquese.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México; ocho de marzo de dos mil veintitrés. Visto el contenido de la certificación secretarial que antecede, así como el estado procesal que guardan los autos, se advierte que feneció el término otorgado a la parte quejosa en auto de siete de febrero de dos mil veintitrés, a efecto de que desahogara la prevención ahí formulada, sin que hiciera manifestación alguna al respecto; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho auto y se tiene como acto reclamado la nulidad del contrato hipotecario 685640. DESECHAMIENTO Ahora bien, es importante precisar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Por tanto, es dable transcribir el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del precepto de mérito, se advierte la facultad del Juez para desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia opere en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no es factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta aplicable por los motivos que la informan, la Jurisprudencia VI.2o. J/290, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 80, Agosto de 1994, Octava Época, página 64, cuyo rubro y texto es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". El artículo 145 de la Ley de Amparo, autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo lo manifiesto cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, de los escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo indudable, resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de ahí que, si invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede desecharse por improcedente la demanda de amparo." Atento a lo anterior, este juzgador estima que, en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación al 1º, fracción I, 5°, fracción II y 217 de la Ley de Amparo. En ese sentido, los artículos 1º, fracción I y 5° fracción II disponen lo siguiente: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la constitución política de los estados unidos mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el estado mexicano sea parte; (.). Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas.". De los numerales citados se advierte que, el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Asimismo, se aprecia que son partes en el juicio de amparo la autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, y que la acción inconstitucional es improcedente cuando resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la Ley de Amparo. De igual forma, que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable siempre que sus actos sean unilaterales e imperativos y que, desde luego, creen, modifiquen o extingan una situación jurídica que afecte a un particular; además, deben realizarse por un particular en un plano de supra o subordinación en relación con otro, en auxilio o cumplimiento de un acto de autoridad. En ese contexto, el concepto de autoridad para efectos del amparo excluye los actos de particulares, siempre y cuando no realicen actos equivalentes a los de autoridad que afecten derechos en términos de la fracción II del artículo 5º de la Ley de Amparo vigente, sobre los cuales, la naturaleza, antecedentes y evolución del juicio de amparo determinan que éste resulta improcedente. Es aplicable, la jurisprudencia número 2a./J.164/2011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, tomo XXXIV, septiembre de 2011, novena época, página 1089, registro 161133; que dispone: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado.". En la especie, el acto combatido, no puede considerarse como un acto de autoridad, en virtud que se hace consistir en la nulidad del contrato hipotecario 685640, firmado el once de octubre de dos mil cuatro, circunstancia que atribuye a los Integrantes de la Junta Ejecutiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y al Notario Público Número Doscientos veintiuno, actos que, incuestionablemente no reúnen las características de uno de autoridad, sino que estos devienen y se originan con motivo de un acuerdo de voluntades. En efecto, el quejoso se duele del contrato hipotecario, a través del cual adquirió su vivienda, mismo que firmó el once de octubre de dos mil cuatro, ante el Notario Público Número Doscientos veintiuno, por lo que dicha circunstancia obedece únicamente a un acuerdo de voluntades celebrado entre el impetrante y la institución de seguridad social también señalada como responsable, ante el fedatario referido, sin que reúna las características de obligatoriedad y unilateralidad que revisten a los actos de imperio, por tanto, no les reviste el carácter de autoridades responsables para efectos del juicio de amparo. Como se dijo, el origen de la actuación que reclama, deriva de un acuerdo de voluntades celebrado con motivo de la adquisición de un bien inmueble; de ahí que las autoridades que pretende señalar, no se encuentren en el supuesto establecido en el artículo 5, fracción II, de la ley de la materia, pues no actuaron por sí, de manera unilateral, para afectar la esfera jurídica del quejoso. En todo caso, el quejoso está en aptitud de combatir el acto reclamado mediante el ejercicio de la acción que corresponda, en tanto que, en el caso concreto, no se reúnen los requisitos que establece el artículo 5° de la Ley de Amparo, para considerar la actuación de las responsables como un acto que cree, modifique o extinga situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Sin que se soslaye la jurisprudencia 2a./J. 149/2013 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, página 674, de rubro y texto: "FOVISSSTE. ACTÚA COMO AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CUANDO ORDENA A UNA DEPENDENCIA O ENTIDAD REALIZAR DESCUENTOS ATRASADOS EN EL SALARIO DE LOS TRABAJADORES, POR CONCEPTO DE CRÉDITO DE VIVIENDA. Cuando el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado ordena a una dependencia o entidad realizar descuentos atrasados al salario de los trabajadores por concepto de crédito de vivienda, actúa como autoridad para efectos del juicio de amparo, porque: a) forma parte de la estructura orgánico jurídica de ese organismo descentralizado; b) esa facultad encuentra origen y fundamento en el artículo 20 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, cuyo cumplimiento es inexcusable; y, c) modifica una situación jurídica unilateralmente, pues propicia que el salario del trabajador acreditado se afecte sin previo aviso; lo anterior, con independencia de que aquél se haya obligado a pagar, mediante descuentos, el crédito de vivienda y haya autorizado que se aplicaran a su salario, porque el perjuicio se actualiza en la medida en que el Fondo de la Vivienda, sin tener la obligación de acudir a las instancias jurisdiccionales, puede ordenar unilateralmente que se apliquen descuentos atrasados, ya que la norma citada le otorga plenas facultades para ello; lo que hace necesario un análisis inmediato de ese acto en la vía constitucional, por representar una aparente violación al derecho de los trabajadores a recibir su salario íntegro, como sustento de las necesidades básicas de cualquier persona." No obstante, en el caso, dicha hipótesis no se actualiza, pues a través del presente juicio de amparo, lo que pretende la parte quejosa es la nulidad del contrato hipotecario 685640, celebrado entre éste y la Institución de Seguridad Social responsable en el año de dos mil cuatro, ante el Notario Público también señalado como responsable, por contener diversos vicios formales, de ahí que, al derivar de un contrato en el que dichas partes actuaron, la primera como parte contratante, y la segunda, únicamente dando fe del acto jurídico en ejercicio de sus funciones y a solicitud de las propias partes contratantes, no se actualiza la unilateralidad e imperio en su actuación para que se les considere en un plano de supra a subordinación en relación con la parte quejosa, por lo que el acto no es susceptible de ser estudiado en esta instancia. En este orden de ideas, se concluye que el presente juicio de amparo resulta improcedente, en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I; y, 5, fracción II, de la Ley de Amparo, por ende, lo procedente es desechar de plano la demanda promovida por ********************, con fundamento en el artículo 113 de la propia ley. Notifíquese por lista al quejoso.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México; veintiocho de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio firmado electrónicamente por la Secretaria del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, a través del cual, devuelve diligenciada la comunicación oficial 58/2023, del índice de este Juzgado, librada a efecto de notificar a la parte quejosa Rafael Mateo Arenas Tabares, el auto de siete de febrero del año en curso. Sin que resulte necesario acusar recibo en razón de que el sistema electrónico por el cual será remitido genera el acuse respectivo al momento de su envío. Notifíquese.
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