Rafael Luevano de la Fuente y Otros.

Expediente 1439/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 9 actuaciones registradas, la última del 17 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1439/2022
Año
2022
Actuaciones
9
Última actuación
17/02/2023

Partes del expediente

  • Rafael Luevano de la Fuente y Otros.
  • Rafael Luevano de la Fuente

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México; diecisiete de febrero de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy la parte quejosa no interpuso revisión, dentro del término legal, contra el auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que el mismo ha causado estado. Dicho cómputo sólo se realiza respecto a la parte quejosa, ya que fue a ésta a quien únicamente afectó el sobreseimiento. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y, archívese este expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el presente expediente carece de relevancia histórica y documental, por lo que es destruible en el plazo de tres años, ya que se sobreseyó fuera de audiencia el presente asunto, de conformidad con el artículo 21, inciso a) de esa normatividad. Asimismo, es destruible el original del incidente de suspensión, el cual deberá conservarse por el plazo de tres años, de conformidad con el artículo 21, inciso c) del citado Acuerdo General y lo establecido en el Capítulo 7, Apartado 7.5 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal de agosto de dos mil veinte, pues se negó la medida cautelar definitiva, por lo que se ordena glosarlo al expediente en que se actúa. Finalmente, devuélvanse al Juez Supernumerario Quinto Familiar del Distrito Judicial de Cuautitlán, México, las copias certificadas del expediente ********************(un tomo), así como un disco óptico en formato DVD, que remitió como complemento a su informe justificado. Notifíquese; y vía electrónica a la parte quejosa.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México; veintitrés de enero de dos mil veintitrés. Agréguense los oficios signados por el Juez Supernumerario Quinto Familiar del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México, por medio de los cuales rinde informe justificado e informa que no existe algún juicio de amparo promovido en contra de los mismos actos reclamados en este juicio constitucional. Dado el volumen de las constancias que remite, para un mejor manejo del presente juicio de amparo fórmese por cuerda separada el tomo respectivo (tomo I). Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa ********************, por propio derecho y en representación del menor de edad de iniciales ********************, señaló como acto reclamado el proveído de dieciséis de marzo de dos mil veintidós dictado en el expediente ********************, por el Juez Supernumerario Quinto Familiar de Cuautitlán, Estado de México, en el cual, con motivo de la medida dictada el catorce de ese mes y año, en la carpeta de investigación ***, ordenó que las cosas debían permanecer en el estado en que se encuentran, hasta que fenecieran los sesenta días de vigencia de dicha medida, es decir, la custodia del menor de iniciales ********************, la detentaría su progenitora ********************. En ese tenor, de las constancias que adjuntó a su informe justificado el juez responsable, se advierten los siguientes antecedentes relevantes: El veintisiete de febrero de dos mil veinte, ********************, inició en contra de ********************, procedimiento especial de divorcio incausado. Luego de diversas actuaciones, en segunda audiencia de avenencia de uno de octubre de dos mil veinte, las partes manifestaron su deseo de someterse a un convenio, en el cual se resolvió, entre otras cosas, lo relativo a patria potestad, guarda y custodia (a cargo del progenitor) y régimen de convivencias (a favor de la madre). El veintidós de diciembre de dos mil veintiuno, ante diversas circunstancias suscitadas entre las partes, el Juez responsable fijó provisionalmente convivencias a favor del padre en el Centro de Convivencias Familiar. Mediante promoción presentada el quince de marzo de dos mil veintidós, la tercero interesada -ahí parte actora-, informó al juez la existencia de una investigación por el delito de violencia familiar, en su agravio, así como del menor de iniciales ********************, en la cual, la autoridad investigadora dejó los cuidados provisionales del menor a su progenitora. Por auto de dieciséis de marzo de dos mil veintidós, el juez responsable ordenó que las cosas se mantuvieran en el estado en que se encontraban, hasta en tanto fenecieran los sesenta días de vigencia de la medida dictada el catorce de ese mes y año, en la carpeta de investigación ***, es decir, quedaría la custodia del menor de iniciales ********************, a su progenitora ******************** (acto reclamado). Mediante oficios de nueve de septiembre y once de octubre de dos mil veintidós, el Centro de Convivencias Familiar de Ecatepec, Estado de México, informó al Juez del procedimiento que los padres del niño de iniciales ********************, habían manifestado la existencia de un acuerdo entre ambos, por lo que ya no sería necesario la intervención de dicho centro de convivencias, motivo por el cual solicitó un pronunciamiento de parte del juzgado. En acuerdo de trece de octubre de dos mil veintidós, se dio vista a las partes con las manifestaciones del Centro de Convivencias. Ante ello, mediante promoción presentada el veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, la tercero interesada ********************, exhibió copia certificada de diversas constancias relativas al expediente ********************, del índice del Juzgado Primero Familiar del Distrito Judicial de Cuautitlán, de las que se advierte que el doce de octubre de dos mil veintidós, los progenitores del menor ratificaron un nuevo convenio en el citado expediente, en el que, entre otras cosas, se resolvió respecto de patria potestad, guarda y custodia (a favor de la madre) y régimen de convivencias (a favor del padre), por lo que el Juez que conoció de dicho expediente, aprobó el acuerdo y condenó a las partes a estar y pasar por él en todo tiempo y lugar. El treinta de noviembre de dos mil veintidós, el Juez Supernumerario Quinto Familiar de Cuautitlán, Estado de México, giró oficio al Centro de Convivencias de Ecatepec de Morelos, Estado de México, a efecto de cancelar el régimen supervisado de visitas y convivencias ordenado en el expediente ********************, de su índice. Atento a lo anterior, el suscrito considera que se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, por las siguientes consideraciones: El precepto legal y fracción en cita, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo." Respecto a dicha causal de improcedencia, ésta tendrá lugar en los casos en los que si bien subsista el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, pues aunque se declarara inconstitucional el acto, jurídicamente sería imposible restituir al quejoso en el goce del derecho que estime violado, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia de concesión, lo que generalmente sucede cuando el acto reclamado ya no tiene impacto en la esfera de derechos del gobernado que pueda ser reparado a través del amparo. Para fijar el alcance de dicha causal de improcedencia, conviene tener presente que, generalmente, la emisión de un acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada una serie de efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la inconstitucionalidad del acto relativo por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución federal. En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control de constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos fundamentales que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ordinario ha establecido, y la jurisprudencia del alto tribunal del país ha interpretado, diversos requisitos de procedencia del juicio de amparo, que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. En el caso concreto, la pretensión del quejoso al promover el juicio de amparo es que se declare la inconstitucionalidad de la decisión del juez familiar de que las cosas debían permanecer en el estado en que se encontraban hasta que fenecieran los sesenta días de vigencia de la medida dictada el catorce de marzo de dos mil veintidós, en la carpeta de investigación NUC: ***, es decir, que la custodia del menor de iniciales ***, quedaría a cargo de su progenitora ***. A la luz de los actos reclamados, se tiene que una eventual concesión del amparo sería para el efecto de que se declara inconstitucional dicha determinación y se ordenara el cumplimiento del convenio de uno de octubre de dos mil veinte, en sus términos, específicamente en lo que hace a guarda y custodia y régimen de convivencias, con la consecuente reintegración del menor a su progenitor. De tal forma que, si bien subsiste el proveído que constituyó el acto reclamado, en el cual se determinó que se mantuvieran las cosas en el estado que guardaban, pues no obra constancia de que éste haya sido dejado sin efectos por la responsable; lo cierto es que ya existe un convenio diverso en el expediente ********************, del índice del Juzgado Primero Familiar del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México, en el que se acordó lo relativo a la guarda y custodia, así como un diverso régimen de convivencias, lo que motivó que el juez responsable dejara sin efectos las convivencias supervisadas decretadas en el expediente ******************** (del que deriva el acto aquí reclamado), por lo que el acuerdo reclamado ha dejado de surtir efectos legales o materiales. Por lo dicho, se tiene que el amparo es improcedente porque el marco procesal que rige en el caso del aquí quejoso ha variado por voluntad de las partes. En efecto, al celebrarse un nuevo convenio entre ******************** (Quejoso) y ******************** (Tercero interesada), trajo como consecuencia que cualquier régimen o medida decretadas en torno a éste previamente, ya no surtiera sus efectos. Lo anterior, significa un cambio, no sólo en el estado del expediente, sino también en el marco procesal que lo rige, el cual, como se dijo, imposibilita la materialización de una eventual concesión del amparo, pues con motivo del nuevo convenio, no puede ya ejecutarse ninguna medida de convivencia decretada en el expediente de origen, como se corrobora con el auto de treinta de noviembre de dos mil veintidós, que dejó sin efectos las convivencias supervisadas decretadas. Entonces, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, porque si bien subsiste en el mundo jurídico el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, no es posible que una eventual concesión del amparo surta sus efectos en la esfera jurídica del quejoso. Sobre la base de lo relatado con anterioridad, lo procedente es sobreseer en el presente juicio protector de derechos humanos, fuera de audiencia constitucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXII, en relación con el diverso 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo; pues ningún fin práctico conduciría continuar con el trámite del asunto pues de modo alguno se puede desvirtuar el sobreseimiento y esperar a la celebración de la audiencia constitucional para decretarlo, lo que únicamente trae consigo el retardo en la impartición de justicia, espíritu que es contrario al que anima al artículo 17 de la Constitución Federal. Es aplicable, por analogía, la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tomo XVII, Marzo de 2003, Materia Común, página 386, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En consecuencia, al haberse decretado el sobreseimiento en los términos antes precisados, procede dejar sin efectos la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cinco minutos del uno de febrero de dos mil veintitrés, por los motivos expuestos con antelación. Notifíquese; y vía electrónica a la parte quejosa, personalmente a la tercero interesada, a la representante especial del menor de iniciales ******************** y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México; dieciocho de enero de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio remitido por el Delegado del Instituto Federal de la Defensoría Pública del Estado de México, mediante el cual, en cumplimiento a lo ordenado el tres de enero del año en curso, informa la designación de ***, como representante especial del menor de iniciales ***; de lo que se toma conocimiento. Por otra parte, intégrese el escrito de ***, en su carácter de asesora jurídica federal adscrita al Instituto Federal de Defensoría Pública, del Poder Judicial de la Federación, por medio del cual, comparece a aceptar y protestar el cargo como representante especial del citado menor. En esas condiciones, se tiene a la asesora jurídica compareciendo a protestar y aceptar el cargo conferido. De igual forma, se tiene como su domicilio para oír citas y notificaciones únicamente de carácter personal, el señalado en su escrito de apersonamiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo; y las listas que se fijan en los estrados de este órgano jurisdiccional, para el resto de las determinaciones. Asimismo, se autoriza a las personas que refiere en términos amplios del artículo 12, primer párrafo, de la normatividad de la materia, siempre y cuando tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. En atención a su petición de acceso al expediente electrónico, se autoriza al usuario "***" la consulta, el cual se encuentra disponible en la página http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/juicioenlinea, en el cual podrá consultar la demanda, así como todas las constancias que integran el juicio de amparo. Se tiene únicamente como medios de comunicación no procesal el correo electrónico y teléfono que proporciona, sin que estos constituyan un mecanismo de notificación por no estar previstos en la Ley de Amparo. Asimismo, se autoriza el uso de medios electrónicos; tomando en consideración lo resuelto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión ordinaria de veintiuno de marzo de dos mil nueve y en la circular 12/2009 de esa misma fecha. En atención a su solicitud en el sentido de que le sean enviadas copias simples de las constancias que integran este asunto, dígase que no ha lugar en virtud que en esta misma fecha se autorizó la consulta del expediente electrónico, y en consecuencia, tiene acceso a la totalidad de las constancias que integran el presente juicio. Finalmente, agréguese el diverso escrito por medio del cual la citada asesora realiza diversas manifestaciones a manera de alegatos y, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, ténganse por formuladas sus manifestaciones, sin perjuicio de hacer nueva relación de ellas en la audiencia constitucional. Notifíquese; y vía electrónica a la parte quejosa.

  4. Incidental

    Naucalpan de Juárez, Estado de México; dieciocho de enero de dos mil veintitrés. Agréguense los escritos de la representante especial ********************, por medio de los cuales, realiza diversas manifestaciones en vía de alegatos, y comparece a aceptar y protestar el cargo que le fue conferido; sin que se realice mayor pronunciamiento en virtud que en esta data se acordó lo correspondiente en el cuaderno principal, y en razón que por interlocutoria de dieciséis de enero de dos mil veintitrés, se resolvió la presente incidencia. Notifíquese.

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