Rafael Martínez Ramírez

Expediente 357/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 13 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
357/2022
Año
2022
Actuaciones
13
Última actuación
15/11/2022

Partes del expediente

  • Rafael Martínez Ramírez y Otros.
  • Rafael Martínez Ramírez
  • Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, quince de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos y la certificación secretarial de cuenta, de lo que se advierte que a la fecha ha transcurrido a la parte quejosa la vista que se le otorgó mediante proveído de treinta de septiembre de dos mil veintidós; sin que lo haya hecho así, por tanto, este órgano de control constitucional se pronuncia de oficio en relación al cumplimiento a la sentencia amparadora. I. Por escrito presentado el cinco de abril de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, remitida al día siguiente por razón de turno a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, Rafael Martínez Ramírez, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del acto de la autoridad que a continuación se indican: AUTORIDAD RESPONSABLE. Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad capital. ACTO RECLAMADO. "Lo es la multa impuesta por la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa con sede en la ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, al suscrito mediante acuerdo de fecha 03 de marzo de 2022, dentro del expediente de ejecución de cumplimiento de sentencia número TJA/SS/057/2015." II. Seguida la secuela procesal con fecha quince de junio de dos mil veintidós, se celebró la audiencia constitucional y se dictó la sentencia definitiva, la cual otorgó al quejoso el amparo y protección de la justicia federal en los términos siguientes: "1. Deje insubsistente el acuerdo de tres de marzo de dos mil veintidós, dictado en el expediente de cumplimiento de sentencia TJA/SS/057/2015, en donde le impuso una multa por el equivalente a ciento veinte días de salario mínimo (calculada sobre el valor de la Unidad de Medida y Actualización), que asciende a $10,754.40 M.N. (diez mil setecientos cincuenta y cuatro pesos 40/100, moneda nacional); y en su lugar. 2. Dicte otra nueva, con plenitud de jurisdicción, pero con la única obligación de fundar y motivar su determinación, en el entendido que deberá tomar en consideración que no señaló el plazo en el que el demandado Presidente Constitucional del Municipio de Coahuayutla de José María Izazaga, Guerrero, debía exhibir la cantidad adeudada al actor, a efecto de cumplir el requerimiento formulado en acuerdo de quince de septiembre de dos mil veintiuno." III. Luego, por auto de veintidós de septiembre de dos mil veintidós, causó ejecutoria la sentencia respectiva y en el mismo acuerdo se requirió a la autoridad responsable Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, el cumplimiento de la sentencia de amparo. IV. En cumplimiento a lo anterior, el Secretario General de Acuerdos de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, remitió lo siguiente: Mediante oficio 2210/2022, remitió copia certificada del auto de veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, por el cual determinó dejar insubsistente el acuerdo de tres de marzo de dos mil veintidós, dictado en el expediente de cumplimiento de sentencia TJA/SS/057/2015, en donde le impuso al quejoso Rafael Martínez Ramírez, una multa por el equivalente a ciento veinte días de salario mínimo (calculada sobre el valor de la Unidad de Medida y Actualización), que asciende a $10,754.40 M.N. (diez mil setecientos cincuenta y cuatro pesos 40/100, moneda nacional); y en su lugar determinó no reiterar la medida de apremio decretada en dicho auto. V. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se estima cumplida la ejecutoria federal, en su totalidad sin exceso ni defecto, toda vez que la responsable se apegó a los lineamientos que fueron destacados en la sentencia de amparadora, tal y como se advierte de párrafos precedentes. VI. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación se determina: De acuerdo con el capítulo séptimo, artículo 18, fracción II, inciso a), del citado Acuerdo, el expediente principal transcurrido tres años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, SERÁ DEPURADO, porque se concedió la protección en el juicio, debiendo conservar la demanda, la sentencia respectiva y el acuerdo de archivo. Asimismo, en términos del artículo 18, fracción I, inciso a), del citado acuerdo, el original del incidente de suspensión debe ser DEPURABLE porque se concedió la medida cautelar definitiva; lo que una vez transcurrido el plazo de tres años establecido en el precepto legal referido se conservará únicamente la resolución relativa al otorgamiento de dicha medida. El duplicado del incidente de suspensión debe destruirse en términos del capítulo octavo, artículo 20, fracción II, inciso a), del referido Acuerdo; por lo que una vez transcurrido el plazo de seis meses procédase a la destrucción del duplicado de la incidencia respectiva. En términos de los artículos 8 y 15 del señalado Acuerdo General señalado, este expediente no es de relevancia documental, jurídica ni histórica; asimismo, no obran documentos originales que devolver a las partes; empero, sí obran copias certificadas que anexó la autoridad responsable como pruebas documentales (un tomo). En consecuencia, se ordena hacer la devolución a la autoridad responsable Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, las copias certificadas que remitió en proveído de diecinueve de mayo de dos mil veintidós en un tomo; en el entendido, que el sello de recibido del oficio respectivo se tomará como acuse de recibo. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, treinta de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario General de Acuerdos de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, por medio del cual desahoga el requerimiento de veintidós de septiembre de dos mil veintidós, informando el cumplimiento dado a la sentencia de amparo. En tales circunstancias, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con el oficio que se provee y córrase traslado con su anexo, para que en el plazo de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, manifiesten lo que a su interés convenga; en la inteligencia de que fenecido dicho plazo, con el desahogo de la vista o sin él, este juzgado se pronunciará en relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante la Secretaria Bianca Sayuri Mora Peralta, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veintidós de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos, así como la certificación de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia dictada en autos; en consecuencia, como se solicita, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, en términos del artículo 2 de la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia que sobresee, AMPARA Y PROTEGE ha causado EJECUTORIA; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Por tanto, con fundamento en los artículos 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 192 de la actual Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, para que dentro del término de TRES DÍAS HÁBILES, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, cumpla con la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional, que la obliga a lo siguiente: ".1. Deje insubsistente el acuerdo de tres de marzo de dos mil veintidós, dictado en el expediente de cumplimiento de sentencia TJA/SS/057/2015, en donde le impuso una multa por el equivalente a ciento veinte días de salario mínimo (calculada sobre el valor de la Unidad de Medida y Actualización), que asciende a $10,754.40 M.N. (diez mil setecientos cincuenta y cuatro pesos 40/100, moneda nacional); y en su lugar. 2. Dicte otra nueva, con plenitud de jurisdicción, pero con la única obligación de fundar y motivar su determinación, en el entendido que deberá tomar en consideración que no señaló el plazo en el que el demandado Presidente Constitucional del Municipio de Coahuayutla de José María Izazaga, Guerrero, debía exhibir la cantidad adeudada al actor, a efecto de cumplir el requerimiento formulado en acuerdo de quince de septiembre de dos mil veintiuno." Hecho lo anterior, de inmediato deberá informar a este juzgado y remitir las constancias correspondientes, sin necesidad de un ulterior requerimiento. Conforme a lo anterior, se apercibe a ****, Magistrada Presidenta de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, que de no dar cumplimiento a la sentencia de amparo, se le impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 238, 258 y 192, de la Ley de Amparo, que asciende a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de dicha unidad de medida es de $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional). Asimismo, se hace de su conocimiento que, ante la contumacia para cumplir la ejecutoria, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado que por turno corresponda, con la finalidad que se inicie el PROCEDIMIENTO DE INEJECUCIÓN respectivo, que podrá derivar en la separación y consignación del funcionario público contumaz ante el Juez de Distrito, sanción que según el artículo 198 de la Ley de Amparo, puede persistir aún en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 54/2014 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2007918, publicada en la Décima Época, en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, página 19, que del tenor siguiente: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." Notifíquese. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante la Secretaria Bianca Sayuri Mora Peralta, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia Federal ampara y protege a ****, por su propio derecho, para los efectos precisados en el considerando quinto de la presente sentencia. SEGUNDO. Publíquese esta sentencia, en términos de lo ordenado en el último considerando. TERCERO. Procédase a su captura en el módulo "Sentencias" del Sistema Integral de Seguimiento de Expediente que para el efecto se lleva en este Juzgado Federal, y glósese a los presentes autos la constancia de la captura generada por el sistema aludido. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero; que actúa ante la Secretaria Bianca Sayuri Mora Peralta. Doy fe.

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