Rafael Manuel de la Torre Veloz
Expediente 976/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 976/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 10/09/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Rafael Manuel de la Torre Veloz
Actuaciones
- Principal
En atención a la cuenta, con fundamento en los artículos 80, 81, fracción I, inciso d) y 86 de la Ley de Amparo, se declara que la determinación referida ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese como asunto concluido. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, se determina: De acuerdo con el punto vigésimo primero, fracción II, del citado acuerdo, el expediente principal transcurrido cinco años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, SERÁ DESTRUIDO en su totalidad, porque se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio. Por tanto, en cumplimiento a lo que establecen los puntos décimo primero, párrafo segundo, del capítulo tercero, vigésimo y vigésimo primero del citado Acuerdo General Conjunto, este expediente a criterio de este juzgador no es de relevancia documental, histórica ni jurídica, por lo cual así deberá asentarse en la carátula del presente juicio y no existen documentos originales que devolver a las partes, de acuerdo a la certificación que antecede.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio y anexo signado por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, por medio del cual rinde su informe justificado, y al efecto remite copias certificadas de los autos dictados el diecinueve de febrero, quince de noviembre, ambos de dos mil dieciocho, así como del diverso de siete de febrero de dos mil diecinueve, con sus respectivas cédulas de notificación y del auto de dieciséis de agosto del año en curso, también de los oficios 11070/2018, SI/DGR/III-EF/2894/2018, 1.0.1/AL/2019/156, 1.0.1/AL/2019/139, 8214/2019 y del escrito presentado el nueve de abril del año que transcurre por la parte aquí quejosa, correspondiente al juicio laboral 325/2011. Sin que haya lugar a otorgar vista a las partes en razón de lo acordado a continuación. Dichas constancias este órgano jurisdiccional les otorga valor probatorio pleno, de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, y de la que se advierte que han cesado los efectos del acto reclamado (omisión de acordar en tiempo y forma la promoción de fecha nueve de abril de dos mil diecinueve, en la que solicitó diversos aspectos que tienen que ver con la ejecución del laudo); por tanto, en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 62, de la Ley de Amparo, el que esto resuelve procede a emitir de oficio el pronunciamiento que corresponde. Sobre el tema, se puede observar que se actualiza la causal de improcedencia establecida en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Improcedencia que en el caso cobra vida jurídica, toda vez que al momento de acudir a la instancia constitucional en diecisiete de julio de dos mil diecinueve, la parte quejosa reclamó en esencia: "Abierta Dilación y/o paralización total del procedimiento laboral número 325/2011, del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero; lo cual es provocado por la responsable al omitir acordar en tiempo y forma diversos aspectos que tienen que ver con la ejecución del laudo, sin que a la fecha haya tomado las providencias necesarias para el dictado de las peticiones,." Lo cual resulta del contenido en la demanda de amparo, y de las actuaciones que remite la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado, de lo cual se advierte que la parte quejosa solicitó diversas aspectos que tienen que ver con la ejecución del laudo, emitido en el juicio laboral de origen. Ahora bien, de las constancias remitidas por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, se advierte que el dieciséis de agosto de dos mil diecinueve, dictó un auto en el que en primer término recibió la promoción que le presentó la parte quejosa el nueve de abril de dos mil diecinueve, y en atención a la misma le refirió lo siguiente: Por cuanto hace a lo solicitado por el apoderado de la parte aquí quejosa, consistente en hacer efectivo el apercibimiento decretado en auto de quince de noviembre de dos mil dieciocho, a la demandada, le manifestó que se estuviera a lo acordado en el mismo auto, ya que ese Tribunal tuvo a la citada parte justificando las gestiones realizadas para dar cumplimiento al pago, y no obstante a ello le requirió nuevamente con los apercibimientos de ley. Por otra parte, respecto de enviar el oficio para la aplicación de la multa decretada en auto de diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, le refirió que este ya fue enviado, pero fue devuelto debido a que la persona sancionada ya no funge como titular de la demandada, y por tanto requirió a la parte actora y ordenó girar oficio a la Junta Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, a fin de que proporcione el ultimo domicilio particular de dicha persona. Y finamente, por cuanto hace a la solicitud de aplicar la multa a la parte demandada, manifestó que ese Tribunal está aplicando las multas que a juicio se consideran procedentes para obligar a la demandada a que cumpla con la condena. En ese sentido, con lo anterior, se advierte que la afectación reclamada en el presente juicio ha sido colmada en su totalidad, cesando los efectos del acto reclamado. Causal de improcedencia que evidencia la cesación de los efectos del acto reclamado, ya que se restableció en forma total la situación anterior a la promoción del juicio constitucional, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 77 de la Ley de Amparo; de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación, como si se hubiera otorgado el amparo -como se dijo-, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del quejoso o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del aquí agraviado que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Tiene aplicación al caso concreto, la Jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 193758, consultable a página treinta y ocho del tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, que en rubro y texto dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Asimismo, tiene sustento a lo anterior, la tesis aislada avalada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2005150, visible en la Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 1, diciembre de 2013, tomo I, página 732, de rubro y texto siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." En esas condiciones, al haberse actualizado de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia antes citada, lo procedente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA el presente juicio desde este momento con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley Amparo. En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada en autos para las TRECE HORAS DE ESTE DÍA (foja 12 vuelta). Lo anterior hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar; y, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno.
- Principal
* Glósese a los autos para que surta sus efectos legales correspondientes el pedimento de cuenta, signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito a este Juzgado, con sede en esta ciudad, sin perjuicio de ser relacionado en la etapa procesal oportuna y tomarse en consideración al momento de resolverse la presente instancia constitucional. Asimismo, como lo solicita, en su momento procesal oportuno y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, de conformidad con el numeral 2° de la Ley de la Materia, expídase una vez que se dicte la sentencia respectiva las copias fotostáticas certificadas que refiere. *
- Principal
* Vista la demanda de amparo promovida por ***********, por propio derecho, contra actos del Presidente Ejecutor del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad. Regístrese en el libro de gobierno que para tal fin se lleva en este órgano jurisdiccional, con el número 976/2019 y fórmese el expediente respectivo. ADMISIÓN. Con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, 37 y 112 de la Ley de Amparo, se admite la demanda. INCIDENTE. Sin tramitar incidente de suspensión por no haberse solicitado. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Con apoyo en el artículo 115 de la Ley de Amparo, se señalan las TRECE HORAS DEL VEINTE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. INFORMES JUSTIFICADOS. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se pide informe justificado a la autoridad responsable quien deberá rendirlo dentro del plazo de quince días. Dicho informe deberá ser rendido con estricto apego a lo establecido en la Ley de Amparo, remitiendo a este Juzgado: - Copias certificadas de todas y cada una de las constancias que conforman el acto reclamado. - En orden. - Completas y legibles. Se apercibe a la autoridad responsable que, en caso de no hacerlo así, y con las copias completas y legibles, si no existe alguna causa legal que justifique el incumplimiento, con apoyo en lo que dispone el artículo 260, fracción II de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, que asciende a $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de dicha unidad de medida es de $84.49 (ochenta y cuatro pesos 49/100 moneda nacional), lo anterior, de conformidad con lo dispuesto, en el numeral 238 del texto normativo antes mencionado. Por otra parte, con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que establece entre las obligaciones de la parte quejosa, la de señalar con precisión a la autoridad responsable (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte del artículo 79 de la Ley de Amparo); se apercibe a la parte quejosa que si la autoridad responsable señalada no existen con la denominación que indica en su escrito de cuenta, sin mayor trámite se tendrá por inexistente, suspendiéndose toda comunicación con la misma, y en su oportunidad se resolverá conforme a tal situación; salvo prueba en contra o que se corrija el señalamiento en la denominación de la autoridad responsable; tomando en consideración que le corresponde a la parte quejosa estar pendiente en la tramitación de su asunto; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita; y al principio de la celeridad procesal. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se hace del conocimiento de las partes, en términos de los artículos 1, 18 y 26 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, su derecho a oponerse al tratamiento de sus datos personales, los cuales se estiman confidenciales, lo que deberán manifestar expresamente, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones se dicten sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la prealudida ley; en el entendido que este aviso surtirá efectos para todas las actuaciones que se realicen en el presente juicio; asimismo, se les informa que de conformidad con los artículos 73, fracción II, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias; sin embargo, para que pueda permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requerirá del consentimiento de los particulares titulares de la información. De igual forma se comunica a las partes que el uso de las reproducciones de las actuaciones y constancias que integran este sumario, será responsabilidad exclusiva de quien las solicite. TERCERO INTERESADO: Con fundamento en el artículo 5, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, se tiene como tercero interesado a la Secretaria de Educación Guerrero; por tanto, en términos del artículo 26, fracción II, inciso b) y 116, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, emplácesele al presente juicio por medio de oficio que se gire a su residencia oficial, al que se deberá adjuntar copia del escrito de demanda a fin de que se encuentre en aptitud de deducir sus derechos. NOTIFICACIONES. AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A ESTE JUZGADO DE DISTRITO. Notifíquese la radicación del presente juicio al Agente del Ministerio Público adscrito mediante lista de acuerdos, de conformidad con el artículo 26, fracción III de la Ley de Amparo, y dese la intervención que legalmente le corresponde, en términos del diverso 5°, fracción IV de la Ley de Amparo; asimismo, dígasele que se deja a su disposición en la actuaría de este juzgado copia simple de la demanda. AUTORIDADES RESPONSABLES. Mediante atento oficio que al efecto se gire, notifíquese la radicación del presente juicio a la autoridad responsable, en el domicilio señalado para tal efecto, de conformidad con lo establecido en los arábigos 26, fracción II, inciso a) y 28, fracción I de la Ley de Amparo. PRUEBAS. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de su intención la documental que adjunta a su escrito de demanda, sin perjuicio de hacer relación de ellas en el momento procesal oportuno y ser tomadas en consideración al momento de resolver el presente asunto. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa en su escrito de demanda; y, dado que se trata de un juicio de amparo en materia laboral, donde el quejoso no es la parte patronal, se tiene como sus autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que indica. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos, para reproducir actuaciones que obren en el presente juicio, debiendo quedar constancia por escrito; en el entendido que la utilidad que se dé a los documentos cuya reproducción se solicite, será responsabilidad de quien la obtenga, de conformidad con lo previsto en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. *
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