Rafael Martínez Ramírez

Expediente 377/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
377/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
26/10/2021

Partes del expediente

  • Rafael Martínez Ramírez

Actuaciones

  1. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a veintiséis de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, residente en Acapulco, mediante el cual acusa recibo del oficio a través del cual fue remitido por incompetencia el juicio de amparo 377/2021, promovido por Rafael Martínez Ramírez, e informa que el Juzgado de su adscripción aceptó la competencia planteada y se avocó al conocimiento del asunto. En consecuencia, hágase la anotación en el libro de gobierno respectivo, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Finalmente, tomando en consideración que el expediente carece de valor institucional e histórico y no es considerado de relevancia documental, además de que no aporta mayores elementos al acervo conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, específicamente en el artículo 21, inciso j), del capítulo octavo, relativo a los expedientes destruibles, se determina que este expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez transcurridos tres años, contados a partir de la emisión de este proveído. Notifíquese.

  2. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a seis de octubre de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por ****, por propio derecho, contra actos del Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad. Regístrese en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el número 377/2021; fórmese expediente impreso y electrónico. Dígase al oficial judicial encargado de la mesa a la que le corresponde el expediente, que queda a su cargo la digitalización diaria de todas las promociones, documentos y acuerdos que se elaboren, así como información relacionada con éste, misma que deberá de ingresar en el sistema respectivo; en cuanto a los actuarios, deberán digitalizar diariamente todas las actas citatorios y razones de notificación que elaboren; en tanto que al secretario le corresponderá cerciorarse de que el expediente electrónico coincida con el impreso en su totalidad. Ahora bien, de la lectura integral del escrito de cuenta se advierte que los peticionarios del amparo señalan como acto reclamado lo siguiente: "IV.- ACTO RECLAMADO.- Lo es la multa impuesta por la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa con sede en la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, al suscrito mediante acuerdo de fecha 19 de septiembre de 2019, dentro del expediente de ejecución de cumplimiento de sentencia número TJA/SS/015/2016." Pues bien, del análisis integral al escrito que contiene la demanda de amparo, deriva que este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, carece de competencia legal para conocer del presente juicio, para lo cual, debe indicarse que el artículo 37, de la Ley de Amparo vigente, establece las reglas de competencia que deben imperar dentro del juicio de garantías, al indicar: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Al interpretar la norma transcrita, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que dicho numeral contiene tres hipótesis distintas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, que se destacan en el orden siguiente: 1. Se caracteriza, porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia de un Juez de Distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; supuesto que supone como condición necesaria que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su propia naturaleza requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora. 2. Consiste en que para la determinación de la competencia del Juez de Distrito, ésta se establece en razón de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro; en este supuesto, tendrá competencia legal el Juez que haya prevenido para conocer de la demanda de amparo; y, 3. Deriva del último párrafo del precepto en estudio, que cuando la resolución reclamada en el juicio de garantías no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese emitido el acto impugnado; como se observa, en este supuesto, basta que esté evidenciado en autos que la responsable emisora del acto que se reclama (cuando no requiera de ejecución material) radique dentro de ese ámbito territorial de jurisdicción del Juez Federal, para que éste sea el que válidamente deba conocer del juicio de garantías. Lo que distingue las dos primeras reglas de la tercera, es que en ésta el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material, mientras que la actualización de las otras exige esta ejecución; y lo que hace la diferencia entre las reglas competenciales que requieren que el acto reclamado tenga ejecución material, no lo es el que el acto ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino que ello suceda en la jurisdicción de uno o varios jueces federales, ya que la primera regla se refiere a todos los supuestos en que puede encontrarse la ejecución, pero sólo hace mención a que se realice en una jurisdicción, mientras que la segunda regla concierne a la ejecución en dos distritos diferentes. Ahora, como se señaló con anterioridad, son los actos de ejecución los que determinan la competencia de los jueces de distrito, así, respecto a la primera regla competencial, que es la fundamental, es el lugar donde vaya a ejecutarse o se haya ejecutado el acto reclamado lo que fija la competencia del juzgador, es decir, es juez competente aquel en cuya circunscripción territorial se ubique el sitio o lugar donde los actos de ejecución se vayan a realizar o se hayan realizado, sin que obste que los actos ordenadores o decisorios emanen de una autoridad cuya residencia no pertenezca a dicha circunscripción. Luego, para determinar la competencia de un Juez de Distrito en el conocimiento de un juicio de control constitucional donde se reclamen actos que tenga ejecución material, debe atenderse al lugar donde éstos se realicen o traten de realizarse, de manera que la residencia de la autoridad ordenadora es irrelevante para la fijación competencial, esto es, el sitio donde los actos reclamados vayan a ejecutarse materialmente o se ejecuten, es lo que establece la competencia de los Jueces de Distrito. En relación a la segunda hipótesis de competencia, los actos de ejecución son susceptibles de realizarse en diferentes lugares comprendidos dentro de jurisdicciones territoriales pertenecientes a diversos jueces de distrito, la competencia para conocer del amparo respectivo se surte a favor de cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención, esto es, de quien conoció primero. Por último, cuando el acto reclamado consista en una resolución que no requiera ejecución material, lo que determina la competencia del Juez de Distrito es el lugar donde se presente la demanda de amparo, esta regla se aplica a actos negativos o declarativos, que no originen ningún acto ejecutivo, pues en este último supuesto, rigen las dos reglas precedentes. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37, párrafo primero de la Ley de Amparo, este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado, SE DECLARA LEGALMENTE INCOMPETENTE, al estimar que carece de idoneidad jurídica para conocer del asunto. Para demostrar la premisa anterior, conviene precisar que los promoventes del amparo, refieren en su demanda que el acto reclamado esencialmente es la ejecución de la multa decretada mediante acuerdo de diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve, mediante el cual la autoridad responsable Sala Superior del Tribunal de Justicia del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, le hizo efectiva una multa equivalente a la cantidad de $10,138.80 (diez mil ciento treinta y ocho pesos 80/100 moneda nacional), en autos del juicio de nulidad número TJA/SS/015/2016 y su ejecución, misma que se ejecutarán en Coahuayutla de José María Izazaga, Guerrero, por ser el lugar donde radican; máxime que esta se hará efectiva de su propio peculio y no del erario municipal, toda vez que acredita ser el Presidente Municipal del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Coahuayulta de José María Izazaga, Guerrero. En ese contexto, si la determinación combatida indefectiblemente tendrá una ejecución material en el municipio de Coahuayulta de José María Izazaga, Guerrero, es dable concluir que ello se debe contemplar para decidir quién será el Juez competente del presente asunto. Por lo anteriormente expresado, se considera que al tener el acto reclamado un efecto positivo porque se ejecutarán en el municipio de Coahuayulta de José María Izazaga, Guerrero, es decir, fuera de la jurisdicción de este Juzgado Federal, se tiene que se actualiza la primera de las reglas de competencia que establece el artículo 37, de la Ley de Amparo vigente, por lo que, este Juzgador es incompetente para conocer del presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 48, de la Ley de Amparo, se ordena remitir la demanda con todos sus anexos al Juez de Distrito en el Estado de Guerrero, en turno, con residencia en Acapulco de Juárez, a través de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de esa sede, quien se estima tiene idoneidad jurídica para conocer del juicio, toda vez que en su ámbito espacial de competencia está tratando de ejecutarse materialmente el acto reclamado. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica el promovente en su escrito de demanda y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12, de la Ley de Amparo, de la Ley de Amparo, reformado el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, a José Manuel Benitez Salinas, Armando Martínez Ayala, Norma Paulina Tapia Gutiérrez, Daniel Aguilar García y Jennifer Gatica Jiménez, toda vez que cuentan con registro de cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y únicamente para oír y recibir notificaciones a las demás personas que indica, por no contar con el requisito anterior. Por otra parte, no se estima procedente pronunciarse respecto a la suspensión del acto reclamado por no encontrarse en el supuesto del artículo 15 del párrafo segundo y del artículo 48 de la Ley de Amparo. Lo anterior, sin que haya lugar a notificar personalmente el presente acuerdo al promovente en atención a la jurisprudencia P./J. 12/96, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la federación y su Gaceta, Novena Época, tomo III, correspondiente al mes de marzo de mil novecientos noventa y seis, primera parte, sección primera, página 55, cuyo rubro establece: "DEMANDA DE AMPARO RECIBIDA POR EL SECRETARIO AUTORIZADO EN LUGARES EN QUE EXISTEN VARIOS JUZGADOS DE DISTRITO, REMITIDA A LA OFICIALIA DE PARTES COMÚN Y TURNADA A DIVERSO JUZGADO AL DE SU ADSCRIPCION, EL AUTO ADMISORIO NO DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE", que en lo conducente establece: "... es obligación del quejoso o de su representante, cerciorarse, en primer término a qué juzgado se remitió su demanda de amparo, en los lugares en donde existen oficinas de correspondencia común y, en segundo lugar, del acuerdo sobre la admisión de su demanda, a través de la correspondiente notificación por lista que para el efecto se fije en los estrados del juzgado." Con apoyo en el artículo 158, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se autoriza a los Secretarios adscritos a este Juzgado Federal, para firmar los oficios que deriven del presente juicio. Notifíquese.

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