Rafael Martinez Ramirez
Expediente 347/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro. 5 actuaciones registradas, la última del 22 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 347/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 22/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro · Guerrero
Partes del expediente
- Rafael Martinez Ramirez
- Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Notifíquese personalmente.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a nueve de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio firmado por la Magistrada Presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad; visto su contenido, con fundamento en el numeral 117 de la Ley de Amparo, téngasele por rendido su informe justificado; con el mismo y con las constancias que remite dése vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga, sin perjuicio de relacionarlo el día y hora en que tenga verificativo la audiencia constitucional. Asimismo, con fundamento en el artículo 119, de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de su parte las documentales que anexa al oficio que se provee, con las cuales se dará nueva cuenta en la audiencia correspondiente. Luego, con la mencionada copia certificada que remite del expediente de cumplimiento de sentencia TCA/SS/040/2016, fórmese el tomo I de pruebas, el cual queda a disposición de las partes para su consulta, cuando así lo soliciten. En ese contexto, se informa a las partes que, para consulta de las constancias que integran el juicio o bien para que estén en aptitud de obtener las copias que requieran, lo cual podrán hacerlo por sus propios medios, a partir de esta fecha; entonces, se les permite la utilización de medios electrónicos para su reproducción, de conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; empero deberán conducirse las partes con ética y profesionalismo, por lo que deberán de abstenerse de hacer uso indebido de las copias obtenidas. Lo anterior, sin que implique que la fe pública del Secretario quede comprometida en caso de la posterior reproducción o edición que realicen los interesados. De igual forma, se hace de su conocimiento que se considera como excepción la información que haya sido remitida por las autoridades responsables clasificada como reservada o confidencial, la cual no podrá ser objeto de reproducción en términos de lo dispuesto en el artículo 100 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública En el entendido de que previamente deberán generar una cita para consultar el expediente, lo que podrá realizar entrando al Micrositio de Servicios jurisdiccionales y proceso de generación de citas para consulta de expedientes o comparecencias, disponible en el Portal de Servicios en Línea, de conformidad con lo previsto en el artículo 3, del Acuerdo General 21/2020; expedición que se hará dentro del tiempo de duración de su cita y en caso de que el tiempo sea insuficiente, deberá agendar una nueva cita de consulta del expediente, para su obtención o, en su caso para la entrega-recepción de las copias certificadas, de lo cual se asentará la razón respectiva. Lo anterior es así, en virtud de que si bien con la entrada en vigor del Acuerdo General 21/2020, prorrogado con el diverso 7/2022, que entro en vigor el diecinueve de abril de dos mil veintidós, se da inicio a la tercera etapa de reactivación, en la que se adopta un esquema de trabajo en el que el Poder Judicial de la Federación, cumplirá en su totalidad con la prestación del servicio público de impartición de justicia, ésta se llevará a cabo con algunos ajustes que requerirán de un inevitable proceso de asimilación por parte del personal jurisdiccional y de los justiciables, al ser un hecho notorio que la pandemia subsiste como un peligro para la salud de todos. De manera que, al no reactivarse la función jurisdiccional en un contexto de normalidad, implica que subsistan las medidas de sana distancia y de reducción de la movilidad, para enfrentar la contingencia, por lo que se requiere el máximo aprovechamiento de las capacidades productivas de los órganos jurisdiccionales utilizando las herramientas que proporciona el Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese por lista electrónica.
- Incidental
Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en lo dispuesto por los artículos 128, 131, 136 y 144 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se concede al quejoso incidentista *****, la suspensión definitiva en términos de lo expuesto en el considerando único de esta interlocutoria. Notifíquese por lista electrónica.
- Incidental
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, a seis de abril de dos mil veintidós. En cumplimiento a lo ordenado por acuerdo de esta fecha en el cuaderno principal del juicio de amparo 347/2022, promovido por ****, por propio derecho, contra actos de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, se apertura por duplicado y separado el presente incidente de suspensión. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 138 y 140 de la Ley de Amparo, con copia de la demanda pídase a la autoridad señalada como responsable su informe previo, que deberá rendir por duplicado dentro del término de cuarenta y ocho horas por separado del informe justificado que, en su caso, formule en el cuaderno principal, enviándole al efecto copia simple de la demanda de amparo. Informe que podrán rendir a través del siguiente correo electrónico: 10jdo21cto@correo.cjf.gob.mx en términos del Acuerdo General 8/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, en el que se privilegian el uso de los medios tecnológicos para facilitar el despacho de los asuntos, medio de comunicación que también se pone a disposición de las partes. Se fijan las NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DIECINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo la audiencia incidental. Se hace saber a la autoridad responsable que en caso de no rendir en forma oportuna su informe previo, esto es, antes de la hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia incidental, se sanciona con una corrección disciplinaria, de conformidad con el párrafo tercero del artículo 132, de la ley de la materia. En este sentido indíquesele a dicha autoridad que dentro del artículo 55, del Código Federal de Procedimientos Civiles, mismo que se aplica supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo permite el arábigo 2, de esta última, se reconoce entre las correcciones disciplinarias la multa que no exceda de sesenta días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha en que, en su caso, se haga efectiva la medida de apremio, cuyo máximo le será impuesto en caso de que incurra en el desacato citado, en relación con los artículos transitorios primero, segundo y tercero, del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, que reformó y adicionó diversos dispositivos del texto constitucional en materia de desindexación del salario mínimo, resultando aplicable a este apercibimiento, la tesis IV.2o. P.C.4K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal y Civil del Cuarto Circuito, cuyo rubro señala: "MULTA. CORRECIÓN DISCIPLINARIA IDÓNEA PARA SANCIONAR A LA AUTORIDAD RESPONSABLE QUE OMITE RENDIR INFORME PREVIO." Ahora bien, antes de determinar si es procedente conceder la suspensión provisional que se solicita, debe señalarse de manera específica el acto que en la especie se reclama, y una vez realizado un cabal estudio del escrito de demanda, se advierte que la parte quejosa señala como tal el siguiente: "IV.- ACTO RECLAMADO: Lo es la multa impuesta por la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa con sede en la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, al suscrito mediante acuerdo de fecha 03 de marzo de 2022, dentro del expediente de ejecución de cumplimiento de sentencia número TJA/SS/040/2016." En ese sentido, cabe hacer mención que la medida cautelar se pide para que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan, esto es, la autoridad responsable se abstenga de ejecutar la multa impuesta en el auto reclamado. Precisado lo anterior, quien resuelve se pronunciará únicamente respecto de las consecuencias del acto reclamado. Es aplicable a la anterior determinación, por su contenido jurídico sustancial, la jurisprudencia 2ª./J. 111/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. CUANDO EL QUEJOSO ÚNICAMENTE SOLICITE LA MEDIDA CAUTELAR SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LOS ACTOS RECLAMADOS, EL JUEZ DE DISTRITO SOLAMENTE DEBE CONCEDER O NEGAR DICHA MEDIDA RESPECTO DE AQUÉLLAS." También es menester observar lo dispuesto por la fracción X del artículo 107 constitucional, que señala que, para proveer en torno a dicha medida cautelar, debe atenderse a la naturaleza de la violación alegada, lo cual resulta posible a través de la precisión del acto que se combate por esta vía constitucional, el cual se hizo consistir en: El auto de tres de marzo de dos mil veintidós, mediante el cual la autoridad responsable le hizo efectiva una multa equivalente a la cantidad de $10,138.80 (diez mil ciento treinta y ocho pesos 80/100 moneda nacional), en autos del juicio de ejecución de sentencia número TJA/SS/040/2016. Además, se considera pertinente establecer los requisitos señalados por los artículos 128 y 129 de la Ley de Amparo para su procedencia: "ARTICULO 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I.- Que la solicite el quejoso; y II.- Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. ARTÍCULO 129. Se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión: I. Continúe el funcionamiento de centros de vicio o de lenocinio, así como de establecimientos de juegos con apuestas o sorteos; II. Continúe la producción o el comercio de narcóticos: III. Se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos; IV. Se permita el alza de precios en relación con artículos de primera necesidad o bien de consumo necesario; V. Se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave, el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país; VI. Se impida la ejecución de campañas contra el alcoholismo y la drogadicción; VII. Se permita el incumplimiento de las órdenes militares que tengan como finalidad la defensa de la integridad territorial, la independencia de la República, la soberanía y seguridad nacional y el auxilio a la población civil, siempre que el cumplimiento y ejecución de aquellas órdenes estén dirigidas a quienes pertenecen al régimen castrense; VIII. Se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional o psíquico; IX. Se impida el pago de alimentos. X. Se permita el ingreso en el país de mercancías cuya introducción esté prohibida en términos de la ley o bien se encuentre en alguno de los supuestos previstos en el artículo 131 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se incumplan con las normas relativas a regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación o importación, salvo el caso de las cuotas compensatorias, las cuales se apegarán a lo regulado en el artículo 135 de esta Ley; se incumplan con las Normas Oficiales Mexicanas; se afecte la producción nacional; XI. Se impidan o interrumpan los procedimientos relativos a la intervención, revocación, liquidación o quiebra de entidades financieras, y demás actos que sean impostergables, siempre en protección del público ahorrador para salvaguardar el sistema de pagos o su estabilidad. XII. Se impida la continuación del procedimiento de extinción de dominio previsto en el párrafo segundo del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En caso de que el quejoso sea un tercero ajeno al procedimiento, procederá la suspensión; XIII. Se impida u obstaculice al Estado la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio directo referidos en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 128, de la Ley de Amparo, lo procedente es conceder la suspensión provisional al quejoso ***, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran y no se haga efectiva la multa que se le impuso en auto de tres de marzo de dos mil veintidós, dictado en el juicio de ejecución de sentencia número TJA/SS/040/2016, por la cantidad de $10,138.80 (diez mil ciento treinta y ocho pesos 80/100 moneda nacional), hasta en tanto la autoridad responsable reciba notificación respecto de la resolución relativa a la suspensión definitiva que se dicte en este incidente. La anterior medida se concede siempre y cuando a la fecha no se haya ejecutado dicho acto o provenga de autoridades distintas a la señalada en la demanda de amparo. La medida cautelar surte sus efectos de inmediato, pero dejará de surtirlos si el quejoso no acredita ante este Juzgado de Distrito dentro del plazo de cinco días siguientes al que se le notifique el presente proveído, haber exhibido ante la autoridad exactora el equivalente a $10,138.80 (diez mil ciento treinta y ocho pesos 80/100 moneda nacional), cantidad que se le impuso como multa en el juicio de ejecución de sentencia número TJA/SS/040/2016, y que se fija de conformidad con lo dispuesto por los artículos 135 y 136, de la Ley de Amparo, y que tiene por objeto garantizar la multa administrativa impuesta, si el impetrante no obtiene sentencia favorable en el juicio de amparo de donde deriva este incidente de suspensión. Es aplicable al caso, la jurisprudencia PC.I.A. J/57 A (10a), sustentada por los Plenos de Circuito, publicada en la página 2118, Tomo III, Noviembre de 2015, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor siguiente: "MULTAS ADMINISTRATIVAS. AL CONSTITUIR APROVECHAMIENTOS QUE ADQUIEREN LA NATURALEZA DE CRÉDITOS FISCALES, EN LA SUSPENSIÓN CONTRA SU COBRO DEBE GARANTIZARSE EL INTERÉS FISCAL, CONFORME AL ARTÍCULO 135 DE LA LEY DE AMPARO. El primer párrafo del precepto citado dispone que cuando el amparo se solicite contra actos relativos a determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal, podrá concederse discrecionalmente la suspensión del acto reclamado, la que surtirá efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. Ahora bien, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las jurisprudencias 2a./J. 148/2005, de rubro: "MULTAS ADMINISTRATIVAS NO FISCALES. PARA QUE SURTA EFECTOS LA SUSPENSIÓN CONTRA SU COBRO, EL QUEJOSO DEBE GARANTIZAR EL INTERÉS FISCAL ANTE LA AUTORIDAD EXACTORA O ACREDITAR HABERLO HECHO." y 2a./J. 138/2008, de rubro: "MULTAS ADMINISTRATIVAS, SON APROVECHAMIENTOS Y LA SUSPENSIÓN CONTRA SU COBRO DEBE GARANTIZARSE CONFORME AL ARTÍCULO 135 DE LA LEY DE AMPARO.", estableció que las multas administrativas constituyen aprovechamientos que adquieren la naturaleza de créditos fiscales, exigibles mediante el procedimiento administrativo de ejecución; por tanto, con independencia de que las multas provengan de infracciones de carácter tributario u ordenamientos administrativos, al constituir créditos que participan de tal naturaleza, en términos de la norma vigente, podrá otorgarse discrecionalmente la suspensión en su contra, la que surtirá efectos si se ha constituido o se constituye garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora correspondiente por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables." Asimismo sirve de apoyo la tesis I.7.A.86 A (10a.), sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 2178, Libro XIX, Abril 2013, Tomo 3, Décima Época del Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 2003317, que sobre el tema dispone: "MULTAS ADMINISTRATIVAS NO FISCALES. PARA QUE SURTA EFECTOS LA SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA, EL QUEJOSO DEBE GARANTIZAR EL INTERÉS FISCAL MEDIANTE SU PAGO EN CANTIDAD ACTUALIZADA. El artículo 3o. del Código Fiscal de la Federación establece que las multas administrativas constituyen aprovechamientos, y su diverso precepto 21 prevé que si éstos no se cubren en la fecha o dentro del plazo fijado por las disposiciones fiscales, su monto se actualizará desde el mes en que debió hacerse el pago hasta que el mismo se efectúe. Por su parte, el primer párrafo del numeral 135 de la Ley de Amparo dispone que si éste se pide contra el cobro de contribuciones y aprovechamientos, podrá concederse discrecionalmente la suspensión del acto reclamado, la que surtirá efectos previo depósito del total en efectivo de la cantidad a nombre de la Tesorería de la Federación o la de la entidad federativa o Municipio que corresponda, el que tendrá que cubrirse con el monto de las contribuciones, aprovechamientos, multas y accesorios que se lleguen a causar, asegurando con ello el interés fiscal. Así las cosas, para que surta efectos la suspensión en el juicio de amparo promovido contra una multa administrativa no fiscal, el quejoso debe garantizar el interés fiscal mediante su pago en cantidad actualizada, por lo que el juzgador no debe rechazarlo al considerar que es distinto al importe de la multa impuesta sin actualización, en virtud de que el agraviado cumplió con ese requisito de efectividad hasta donde le fue posible, máxime que corresponde a las autoridades responsables requerir los documentos necesarios para el caso de hacer efectiva dicha suma, de sobreseerse en el juicio de amparo, o bien, negarse la protección de la Justicia Federal". Por otra parte, con fundamento en el artículo 143, de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas como pruebas de su parte, la instrumental de actuaciones, la presuncional en su doble aspecto, legal y humana; así como las documentales que anexo al escrito de demanda, mismas que serán relacionadas al celebrarse la audiencia incidental. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica el promovente en su escrito de demanda, y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12, de la Ley de Amparo a ****, toda vez que cuentan con registro de cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y únicamente para oír y recibir notificaciones a las demás personas que indica, por no contar con el requisito anterior. Sin que en el caso le resulte el carácter de tercero interesado a José Juan Sánchez Valdovinos, toda vez que el acto reclamado consiste en una multa impuesta por la autoridad responsable, por lo que al tercero interesado no le irroga una afectación directa a su esfera jurídica, porque la multa afecta directamente y en forma exclusiva la esfera jurídica del incidentista. En apoyo se cita por las razones que la sustentan la tesis I.3o.T.3 K (10a.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, décima época, materia común, registro digital: 2021832, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 77, Agosto de 2020, Tomo VI, página 5967, de rubro y texto siguientes: "AMPARO EN REVISIÓN. EL TERCERO INTERESADO CARECE DE INTERÉS JURÍDICO PARA INCONFORMARSE CONTRA LA SENTENCIA PROTECTORA POR LA MULTA IMPUESTA A SU CONTRARIO. Conforme a lo que establecen los artículos 5o., fracción III, inciso b), y 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, el tercero interesado tiene legitimación para interponer el recurso de revisión contra la sentencia dictada en un juicio de amparo indirecto, la cual se encuentra condicionada a que dicha sentencia irrogue una afectación directa a su esfera jurídica. Sobre esas bases, la imposición de una multa impuesta a la parte contraria en el juicio natural, afecta directamente y en forma exclusiva la esfera jurídica de ésta y, por ello, el tercero interesado no resiente perjuicio alguno con esa determinación, porque la concesión del amparo decretada por el Juez Federal, no implica la privación de algún derecho al recurrente, ni causa afectación a su esfera de derechos y esa circunstancia implica una falta de legitimación para que el Tribunal Colegiado que conoce del recurso lo declare improcedente." (Lo resaltado no es de origen). Con base en los artículos 26, 27 y 28 de la Ley de Amparo, se ordena notificar a la autoridad responsable a través de oficio con inserción completa del texto de los autos o resoluciones, únicamente aquellos actos procesales que por su trascendencia deba asegurarse que sean plenamente conocidos por las partes a fin de otorgar seguridad jurídica y oportunidad de defensa. Por tanto, todos aquellos acuerdos de mero trámite deberán notificarse por medio de lista; máxime que ésta se publica tanto en los estrados del juzgado, por disposición de la propia Ley de Amparo, como en la página de internet www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp, con una síntesis del proveído dictado en cada caso, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Lo anterior, con sustento en lo establecido en la jurisprudencia 2ª./J. 176/2012, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1253 del Libro XVI, Tomo 2, enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, cuyo número de registro es el 2002576, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Se instruye al actuario judicial adscrito a este órgano de control constitucional que para realizar las notificaciones que surjan de este proveído, deberá ajustarse a los lineamientos establecidos en el artículo 23 del Acuerdo General 21/2020. Notifíquese por lista electrónica.
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