Rafael Lozada Martinez

Expediente 95/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Campeche. 8 actuaciones registradas, la última del 13 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
95/2020
Año
2020
Actuaciones
8
Última actuación
13/04/2021

Partes del expediente

  • Rafael Lozada Martinez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    San Francisco de Campeche, Campeche, trece de abril de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se aprecia que el presente juicio de amparo fue promovido por XXXXXXXXXXX, a través de su defensor particular XXXXXXXXXX, en contra del Juez Primero del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral del Primer Distrito Judicial del Estado de Campeche, y Agente del Ministerio Público Titular de la Fiscalía de Delitos Patrimoniales adscrita a la Dirección General de Fiscalía General del Estado de Campeche, ambos residentes en esta ciudad, contra la omisión de citar al quejoso a la audiencia que tuvo verificativo el tres de octubre de dos mil diecinueve, en la carpeta auxiliar XXXX XXXX, relativa al control judicial en el acta administrativa XXXXXX, en la que se ordenó continuar con la investigación correspondiente para determinar si se ejercía o no acción penal en contra del imputado, ahora quejoso. Ahora bien, con apoyo en los artículos 63, fracción V y 61, fracción XVII, ambos de la Ley de Amparo, este juzgado estima necesario analizar si durante la sustanciación del juicio ha sobrevenido, o no, alguna causa de improcedencia. Lo anterior, porque de existir alguna causal de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional, con el ímpetu de privilegiar el principio de acceso efectivo a la justicia establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." 1 I. Actualización de una causa de improcedencia. Al respecto, cabe señalar que se advierte, de oficio, la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, cuyo texto indica: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) .XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. (.)" En relación con el tema, cabe señalar que la Segunda Sala del más alto tribunal del país ha establecido determinados requisitos que, por lo general, deben concurrir para decretar el sobreseimiento por cambio de situación jurídica en el juicio de garantías, en términos del artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo. A saber: 1. Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; 2. Que con posterioridad a la emisión del acto reclamado se suscite un hecho o se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; 3. Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica; 4. Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y el hecho acontecido o la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo. Tales consideraciones encuentran sustento en la tesis 2a. CXI/96, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba los quejosos por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." Efectivamente, de la demanda de amparo se desprende que la parte quejosa señaló como acto reclamado: la omisión de citar al quejoso a la audiencia que tuvo verificativo el tres de octubre de dos mil diecinueve, en la carpeta auxiliar 715/18-2019/JC, relativa al control judicial en el acta administrativa XXXXXXXXXXX, en la que se ordenó continuar con la investigación correspondiente para determinar si se ejercía o no acción penal en contra del imputado, ahora quejoso. Ahora bien, de las constancias remitidas por las responsables, en especial del oficio FGE/AEI/2020, de dos de marzo del año en curso, se advierte, que mediante oficio 1587/FDCP/2019, de dieciséis de octubre de dos mil veinte, la titular de la Fiscalía de Delitos Patrimoniales, envió la carpeta de investigación CI.2.2019-942, por el delito de fraude en grado de tentativa, fraude procesal y asociación delictuosa, a la Dirección de Litigación de la Fiscalía General del Estado, quien a su vez, el diecinueve de octubre del citado año, a través de la Agente del Ministerio Público adscrita a dicha dirección de litigación, solicitó al Juez de Control en turno, fecha y hora para llevar a cabo la audiencia inicial en contra del investigado XXXXXXXXXXXX. La reseña anterior hace evidente la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, la cual dispone que el juicio resulta improcedente cuando se reclamen actos derivados de un procedimiento judicial en el que exista un cambio de situación jurídica, por virtud del que no pueda decidirse respecto a las violaciones reclamadas sin impactar en la nueva situación jurídica que fue creada con motivo de un acto procesal posterior. Se llega a esa conclusión, al advertirse de las constancias de autos remitidas por el Agente del Ministerio Público Titular de la Fiscalía de Delitos Patrimoniales, los cuales adquieren pleno valor probatorio en términos de los articulo 202 y 229 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los siguientes aspectos: 1. Que el acto reclamado en el juicio de amparo emana de un procedimiento penal, acusatorio y oral, específicamente en la etapa de investigación inicial de la carpeta XXXXXXXXXX. En efecto, el Código Nacional de Procedimientos Penales, prevé la regulación del sistema del proceso penal, acusatorio y oral, donde la primera etapa consiste en la investigación inicial que debe realizar el Ministerio Público, con el auxilio de la Policía, a fin de reunir los elementos necesarios para demostrar la probable participación del imputado, en un hecho con apariencia de delito; la cual por regla general concluye, con la judicialización de la carpeta de investigación y la solicitud ante el Juez correspondiente, para la emisión del citatorio a una audiencia en la que: 1) se calificará la detención, 2) se formulará la imputación, 3) se dará la oportunidad de declarar al imputado, 4) se resolverá sobre las solicitudes de vinculación a proceso y medidas cautelares, y 5) se definirá el plazo para el cierre de la investigación. Por tanto, es evidente que el acto reclamado se dictó en la etapa de investigación inicial del proceso penal acusatorio y oral seguido en contra del quejoso. 2. Que con posterioridad a la emisión del acto reclamado se suscite un hecho o se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo. Mediante oficio XXXXXX/FDCP/2019, de dieciséis de octubre de dos mil veinte, la titular de la Fiscalía de Delitos Patrimoniales, judicializó la carpeta de investigación XXXXXXX, por el delito de fraude en grado de tentativa, fraude procesal y asociación delictuosa, a la Dirección de Litigación de la Fiscalía General del Estado, quien a su vez, el diecinueve de octubre del citado año, por conducto de la Agente del Ministerio Público adscrita a dicha dirección de litigación, solicitó al Juez de Control en turno, fecha y hora para llevar a cabo la audiencia inicial en contra del investigado XXXXXXXXXXXX, y la carpeta de investigación se encuentra en el juzgado, a fin de que se formule la imputación respectiva. Por tanto, dicha judicialización, posterior a la celebración de la audiencia de tres de octubre de dos mil diecinueve, en la carpeta auxiliar XXX/18-2019/JC, cuya falta de citación reclama el quejoso, cambió su situación jurídica respecto a la etapa procesal en la que se encontraba. 3. Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica. Es evidente que al haberse judicializado la carpeta de investigación CI.XXXXXX, y solicitado la celebración la audiencia inicial al Juez de Control en turno, aconteció un hecho que cambió la situación jurídica del quejoso, sin que pueda decidirse sobre la constitucionalidad de la audiencia de tres de octubre de dos mil diecinueve, en la carpeta auxiliar XXX/XX-2019/JC, en la que se ordenó continuar con la investigación correspondiente para determinar si se ejercía o no acción penal en contra del imputado; al haberse llevado en una etapa previa del proceso penal acusatorio y oral que ya concluyó. 4. Que existe autonomía o independencia entre el acto que se reclama y el hecho que hizo cambiar la situación jurídica del quejoso, pues esta última puede subsistir, con independencia de la eventual ilegalidad de los actos materia del amparo. Conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, existe autonomía e independencia entre cada una de las etapas del proceso penal, acusatorio y oral, específicamente entre la etapa de investigación inicial con judicialización y celebración de la audiencia inicial, de manera que las decisiones tomadas en la primera etapa no pueden ser analizadas en la segunda, y así posteriormente, subsistiendo las últimas determinaciones emitidas en el proceso. Pues bien, al haberse acreditado los lineamientos establecidos por el más alto tribunal de la nación, es evidente la materialización en el caso de la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la ley de la materia, relativa al cambio de situación jurídica del impetrante del amparo. II. Manifiesta e indudable causa de improcedencia. Así, se estima que la improcedencia del juicio constitucional es manifiesta e indudable. Es manifiesta, porque la causal de improcedencia, relativa al cambio de situación jurídica quedó demostrada con las constancias que integran este expediente. También es indudable, si se toma en cuenta que lo anterior de ninguna manera podría ser desvirtuado con ningún medio de prueba que eventualmente puedan ofrecer las partes en la audiencia constitucional, de modo que el sentido de la sentencia sería el mismo. III. Se sobresee en el juicio. En consecuencia, al actualizarse las causas de improcedencia previstas en el artículo 61, fracción XVII, en relación con el diverso 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo en vigor, de la Ley de Amparo, SE DECRETA EL SOBRESEIMIENTO DE ESTE JUICIO, FUERA DE AUDIENCIA, y por ende, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy trece de abril de dos mil veintiuno, a las once horas con cuarenta y cinco minutos. Se comunica lo anterior a las partes para los efectos legales correspondientes. IV. Anotación en el libro de gobierno. Asimismo, se ordena al secretario judicial encargado del libro uno de juzgado, relativo al registro de juicios de amparo, proceda a realizar la anotación correspondiente. V. Registro en el S. I. S. E. De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno de la Judicatura Federal, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) en versión original conforme al "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a partir de la identificación y el marcado de información reservada, confidencial o datos personales", aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de noviembre de dos mil nueve, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    Se tiene debidamente notificada a la parte quejosa el acuerdo de trece de abril de dos mil veintiuno, cuya síntesis dice San Francisco de Campeche, Campeche, trece de abril de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se aprecia que el presente juicio de amparo fue promovido por XXXXXXXXXXX, a través de su defensor particular XXXXXXXXXX, en contra del Juez Primero del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral del Primer Distrito Judicial del Estado de Campeche, y Agente del Ministerio Público Titular de la Fiscalía de Delitos Patrimoniales adscrita a la Dirección General de Fiscalía General del Estado de Campeche, ambos residentes en esta ciudad, contra la omisión de citar al quejoso a la audiencia que tuvo verificativo el tres de octubre de dos mil diecinueve, en la carpeta auxiliar XXXX XXXX, relativa al control judicial en el acta administrativa XXXXXX, en la que se ordenó continuar con la investigación correspondiente para determinar si se ejercía o no acción penal en contra del imputado, ahora quejoso. Ahora bien, con apoyo en los artículos 63, fracción V y 61, fracción XVII, ambos de la Ley de Amparo, este juzgado estima necesario analizar si durante la sustanciación del juicio ha sobrevenido, o no, alguna causa de improcedencia. Lo anterior, porque de existir alguna causal de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional, con el ímpetu de privilegiar el principio de acceso efectivo a la justicia establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." 1 I. Actualización de una causa de improcedencia. Al respecto, cabe señalar que se advierte, de oficio, la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, cuyo texto indica: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) .XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. (.)" En relación con el tema, cabe señalar que la Segunda Sala del más alto tribunal del país ha establecido determinados requisitos que, por lo general, deben concurrir para decretar el sobreseimiento por cambio de situación jurídica en el juicio de garantías, en términos del artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo. A saber: 1. Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; 2. Que con posterioridad a la emisión del acto reclamado se suscite un hecho o se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; 3. Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica; 4. Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y el hecho acontecido o la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo. Tales consideraciones encuentran sustento en la tesis 2a. CXI/96, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba los quejosos por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." Efectivamente, de la demanda de amparo se desprende que la parte quejosa señaló como acto reclamado: la omisión de citar al quejoso a la audiencia que tuvo verificativo el tres de octubre de dos mil diecinueve, en la carpeta auxiliar 715/18-2019/JC, relativa al control judicial en el acta administrativa XXXXXXXXXXX, en la que se ordenó continuar con la investigación correspondiente para determinar si se ejercía o no acción penal en contra del imputado, ahora quejoso. Ahora bien, de las constancias remitidas por las responsables, en especial del oficio FGE/AEI/2020, de dos de marzo del año en curso, se advierte, que mediante oficio 1587/FDCP/2019, de dieciséis de octubre de dos mil veinte, la titular de la Fiscalía de Delitos Patrimoniales, envió la carpeta de investigación CI.2.2019-942, por el delito de fraude en grado de tentativa, fraude procesal y asociación delictuosa, a la Dirección de Litigación de la Fiscalía General del Estado, quien a su vez, el diecinueve de octubre del citado año, a través de la Agente del Ministerio Público adscrita a dicha dirección de litigación, solicitó al Juez de Control en turno, fecha y hora para llevar a cabo la audiencia inicial en contra del investigado XXXXXXXXXXXX. La reseña anterior hace evidente la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, la cual dispone que el juicio resulta improcedente cuando se reclamen actos derivados de un procedimiento judicial en el que exista un cambio de situación jurídica, por virtud del que no pueda decidirse respecto a las violaciones reclamadas sin impactar en la nueva situación jurídica que fue creada con motivo de un acto procesal posterior. Se llega a esa conclusión, al advertirse de las constancias de autos remitidas por el Agente del Ministerio Público Titular de la Fiscalía de Delitos Patrimoniales, los cuales adquieren pleno valor probatorio en términos de los articulo 202 y 229 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los siguientes aspectos: 1. Que el acto reclamado en el juicio de amparo emana de un procedimiento penal, acusatorio y oral, específicamente en la etapa de investigación inicial de la carpeta XXXXXXXXXX. En efecto, el Código Nacional de Procedimientos Penales, prevé la regulación del sistema del proceso penal, acusatorio y oral, donde la primera etapa consiste en la investigación inicial que debe realizar el Ministerio Público, con el auxilio de la Policía, a fin de reunir los elementos necesarios para demostrar la probable participación del imputado, en un hecho con apariencia de delito; la cual por regla general concluye, con la judicialización de la carpeta de investigación y la solicitud ante el Juez correspondiente, para la emisión del citatorio a una audiencia en la que: 1) se calificará la detención, 2) se formulará la imputación, 3) se dará la oportunidad de declarar al imputado, 4) se resolverá sobre las solicitudes de vinculación a proceso y medidas cautelares, y 5) se definirá el plazo para el cierre de la investigación. Por tanto, es evidente que el acto reclamado se dictó en la etapa de investigación inicial del proceso penal acusatorio y oral seguido en contra del quejoso. 2. Que con posterioridad a la emisión del acto reclamado se suscite un hecho o se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo. Mediante oficio XXXXXX/FDCP/2019, de dieciséis de octubre de dos mil veinte, la titular de la Fiscalía de Delitos Patrimoniales, judicializó la carpeta de investigación XXXXXXX, por el delito de fraude en grado de tentativa, fraude procesal y asociación delictuosa, a la Dirección de Litigación de la Fiscalía General del Estado, quien a su vez, el diecinueve de octubre del citado año, por conducto de la Agente del Ministerio Público adscrita a dicha dirección de litigación, solicitó al Juez de Control en turno, fecha y hora para llevar a cabo la audiencia inicial en contra del investigado XXXXXXXXXXXX, y la carpeta de investigación se encuentra en el juzgado, a fin de que se formule la imputación respectiva. Por tanto, dicha judicialización, posterior a la celebración de la audiencia de tres de octubre de dos mil diecinueve, en la carpeta auxiliar XXX/18-2019/JC, cuya falta de citación reclama el quejoso, cambió su situación jurídica respecto a la etapa procesal en la que se encontraba. 3. Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica. Es evidente que al haberse judicializado la carpeta de investigación CI.XXXXXX, y solicitado la celebración la audiencia inicial al Juez de Control en turno, aconteció un hecho que cambió la situación jurídica del quejoso, sin que pueda decidirse sobre la constitucionalidad de la audiencia de tres de octubre de dos mil diecinueve, en la carpeta auxiliar XXX/XX-2019/JC, en la que se ordenó continuar con la investigación correspondiente para determinar si se ejercía o no acción penal en contra del imputado; al haberse llevado en una etapa previa del proceso penal acusatorio y oral que ya concluyó. 4. Que existe autonomía o independencia entre el acto que se reclama y el hecho que hizo cambiar la situación jurídica del quejoso, pues esta última puede subsistir, con independencia de la eventual ilegalidad de los actos materia del amparo. Conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, existe autonomía e independencia entre cada una de las etapas del proceso penal, acusatorio y oral, específicamente entre la etapa de investigación inicial con judicialización y celebración de la audiencia inicial, de manera que las decisiones tomadas en la primera etapa no pueden ser analizadas en la segunda, y así posteriormente, subsistiendo las últimas determinaciones emitidas en el proceso. Pues bien, al haberse acreditado los lineamientos establecidos por el más alto tribunal de la nación, es evidente la materialización en el caso de la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la ley de la materia, relativa al cambio de situación jurídica del impetrante del amparo. II. Manifiesta e indudable causa de improcedencia. Así, se estima que la improcedencia del juicio constitucional es manifiesta e indudable. Es manifiesta, porque la causal de improcedencia, relativa al cambio de situación jurídica quedó demostrada con las constancias que integran este expediente. También es indudable, si se toma en cuenta que lo anterior de ninguna manera podría ser desvirtuado con ningún medio de prueba que eventualmente puedan ofrecer las partes en la audiencia constitucional, de modo que el sentido de la sentencia sería el mismo. III. Se sobresee en el juicio. En consecuencia, al actualizarse las causas de improcedencia previstas en el artículo 61, fracción XVII, en relación con el diverso 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo en vigor, de la Ley de Amparo, SE DECRETA EL SOBRESEIMIENTO DE ESTE JUICIO, FUERA DE AUDIENCIA, y por ende, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy trece de abril de dos mil veintiuno, a las once horas con cuarenta y cinco minutos. Se comunica lo anterior a las partes para los efectos legales correspondientes. IV. Anotación en el libro de gobierno. Asimismo, se ordena al secretario judicial encargado del libro uno de juzgado, relativo al registro de juicios de amparo, proceda a realizar la anotación correspondiente. V. Registro en el S. I. S. E. De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno de la Judicatura Federal, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) en versión original conforme al "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a partir de la identificación y el marcado de información reservada, confidencial o datos personales", aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de noviembre de dos mil nueve, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    San Francisco de Campeche, Campeche, once de marzo de dos mil veintiuno. Se tiene por recibido y se agrega a los autos el oficio y anexos remitidos por la Agente del Ministerio Público Titular de la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio, de la Fiscalía General del Estado de Campeche, con sede en esta ciudad, con el cual en cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de veinticinco de febrero de la presente anualidad, remite copia certificada de las constancias relativas a la carpeta de investigación +++++++++; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se da vista a las partes con el contenido de las constancias remitidas. De conformidad con el numeral 119 de la ley de la materia, se tiene como prueba de la autoridad oficiante, la documental remitida en atención al requerimiento efectuado por este juzgado federal, la cual se tomará en consideración al momento de celebrar la audiencia constitucional. Notifíquese.

  4. Principal

    San Francisco de Campeche, Campeche, veinticinco de febrero de dos mil veintiuno. Vistos los autos, de las constancias remitidas por la responsable Juez Primero Interina del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Primer Distrito Judicial del Estado de Campeche, con sede en esta ciudad, se advierte que en la audiencia celebrada el tres de octubre de dos mil diecinueve, ordenó al Agente del Ministerio Público Titular de la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio, de la Fiscalía General del Estado de Campeche, con sede en esta ciudad, realizar las diligencias pertinentes para determinar la judicialización de la carpeta judicial o bien el no ejercicio de la acción penal. Por tanto, a fin de estar en aptitud de determinar fehacientemente la operancia o no de alguna causal de improcedencia en el presente asunto, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, se requiere al Agente del Ministerio Público Titular de la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio, de la Fiscalía General del Estado de Campeche, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días hábiles, contados a partir del momento al en que quede debidamente notificado de este acuerdo, informe si se judicializó la carpeta auxiliar XXX/19-2020, esto es, si se ejercitó la acción penal y se remitieron los autos al juez competente, o bien si determinó el no ejercicio de la acción penal, debiendo remitir copias debidamente certificadas, legibles y completas de las constancias respectivas. Finalmente, para dar tiempo a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se señalan las ONCE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL TRECE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo la misma, lo que se manda hacer del conocimiento de las partes. Sin que haya lugar a notificar a través de oficio el presente acuerdo a la autoridad responsable que ya rindió su informe justificado, toda vez que este Órgano Jurisdiccional, está en aptitud de notificarla por medio de lista. Notifíquese

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