Rafael López Sierra

Expediente 1311/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Campeche. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1311/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
16/11/2023

Partes del expediente

  • Rafael López Sierra

Actuaciones

  1. Principal

    SE TIENE POR NO PRESENTEDA LA DEMANDA DE AMPARO

  2. Principal

    con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo de la Ley de Amparo, SE DECLARA CUMPLIDA LA SENTENCIA que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, por lo que deberá archivarse el asunto acorde al párrafo cuarto del mencionado artículo, hasta que transcurra el plazo a que se refiere el diverso dispositivo 202 de la citada legislación. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    San Francisco de Campeche, Campeche, veinticinco de octubre de dos mil veintitrés. Se tiene por presentado el escrito de demanda de amparo recibido vía electrónica, promovida por **************** quien solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en contra de los actos que atribuye a los magistrados del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, y otras autoridades, a quienes les reclama: "(.) LA ORDEN DE INFAMIA, MULTA EXCESIVA Y PRIVACION DE VIDA PROHIBIDA POR EL ARTÍCULO 22 DICTADA EN MI CONTRA." De la demanda de amparo de cuenta, se advierte que carece de firma autógrafa y evidencia criptográfica relativa a la firma electrónica (FIREL) del promovente. Sin embargo, atendiendo a que los actos que reclaman son de los que contempla los artículos 15 y 22 de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 109, párrafo último de la citada ley, no existe impedimento legal para su trámite. Se ordena anotar en el Libro de Registro de Juicios de Amparo como 1311/2023-IV, registrar en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de este órgano jurisdiccional y formar expediente electrónico. SUSPENSIÓN DE PLANO Ahora bien, no pasa inadvertido para este órgano jurisdiccional que, en términos del artículo 61, fracción VI, de la ley de la materia, el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones de los tribunales colegiados de circuito. Lo que obedece a que los órganos de amparo ejercen la facultad de control constitucional de los actos dictados por las autoridades del Estado; por lo que, sus actos u omisiones no pueden ser cuestionadas por otro órgano de control constitucional, mediante la promoción del juicio de amparo, pues se ejercería un control constitucional sobre otro control constitucional. Además, no se soslaya que los juzgadores como órganos de control constitucional no pueden violar los derechos fundamentales contenidos en la Constitución Federal, en todo caso las disposiciones que podrían considerarse infringidas serían las de la Ley de Amparo, las de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de su ordenamiento supletorio, el Código Federal de Procedimientos Civiles, conforme a los cuales deben regir su actuar, habida cuenta que son ellos quienes ejercen el control constitucional; ya que admitir que los actos emitidos como órganos de control constitucional pudieran vulnerar derechos fundamentales, implicaría la desnaturalización del juicio de amparo que es la única vía para elevar las reclamaciones de inconstitucionalidad de actos; de ahí que no le asista la razón al inconforme en lo que sobre el particular alega. Sirve de apoyo, por sus consideraciones, la jurisprudencia P./J. 2/97 (9a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, enero de 1997, página 5, intitulada: "AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS QUE SOSTIENEN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANTIAS INDIVIDUALES, SOLAMENTE EN ESE ASPECTO. Históricamente las garantías individuales se han reputado como aquellos elementos jurídicos que se traducen en medios de salvaguarda de las prerrogativas fundamentales que el ser humano debe tener para el cabal desenvolvimiento de su personalidad frente al poder público. Son derechos públicos subjetivos consignados en favor de todo habitante de la República que dan a sus titulares la potestad de exigirlos jurídicamente a través de la verdadera garantía de los derechos públicos fundamentales del hombre que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consigna, esto es, la acción constitucional de amparo. Los Jueces de Distrito, al conocer de los distintos juicios de amparo de su competencia, y no de procesos federales, ejercen la función de control constitucional y, en ese caso, dictan determinaciones de cumplimiento obligatorio y obran para hacer cumplir esas determinaciones, según su propio criterio y bajo su propia responsabilidad, por la investidura que les da la ley por lo que, a juicio de las partes, pueden infringir derechos subjetivos públicos de los gobernados. Ahora bien, aun y cuando en contra de sus decisiones procede el recurso de revisión, éste no es un medio de control constitucional autónomo, a través del cual pueda analizarse la violación a garantías individuales, sino que es un procedimiento de segunda instancia que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, a través del cual, el tribunal de alzada, con amplias facultades, incluso de sustitución, vuelve a analizar los motivos y fundamentos que el Juez de Distrito tomó en cuenta para emitir su fallo, limitándose a los agravios expuestos. Luego, a través del recurso de revisión, técnicamente, no deben analizarse los agravios consistentes en que el Juez de Distrito violó garantías individuales al conocer de un juicio de amparo, por la naturaleza del medio de defensa y por la función de control constitucional que el a quo desempeña ya que, si así se hiciera, se trataría extralógicamente al Juez del conocimiento como otra autoridad responsable y se desnaturalizaría la única vía establecida para elevar las reclamaciones de inconstitucionalidad de actos, que es el juicio de amparo; es decir, se ejercería un control constitucional sobre otro control constitucional." Máxime que, resulta inadmisible que un Juzgado de Distrito conozca de un juicio de amparo, en contra de un Tribunal Colegiado, porque éste es superior jerárquico de aquél en materia de amparo. Sin embargo, atendiendo únicamente a la naturaleza de los actos reclamados y sin que ello implique un pronunciamiento respecto a la procedencia del juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 15 y 126, párrafo primero, de la Ley de Amparo, SE DECRETA LA SUSPENSIÓN DE PLANO para que cesen de inmediato los actos que se encuentra prohibido por el artículo 22 de la Constitución Federal y 15 de la Ley de Amparo. Asimismo, hágase del conocimiento de las autoridades responsables que deberán evitar todo acto tendente a algún tipo de tortura contra la directa quejosa, vejaciones, incomunicación, penas inhumanas y trascendentales, como lo marca el artículo 2 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, ratificado por México el veintidós de junio de mil novecientos ochenta y siete, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el once de septiembre de dicha anualidad, que dice: Así, para el inmediato y debido cumplimiento de la suspensión de plano decretada, comuníquese a las autoridades responsables que deberán: 1. Informar sobre el cumplimiento dado a la suspensión de plano; y, 2. Remitir a este juzgado copia certificada de las constancias que justifique su actuar; al efecto, podrán remitirlos en cualquier vía de comunicación que esté a su alcance a la dirección de correo electrónico oficial 1jdo31cto@correo.cjf.gob.mx. PREVENCIÓN Así las cosas, a efecto de proveer respecto de la procedencia de juicio de amparo, es importante transcribir lo establecido en los artículos 108 y 114 de la Ley de Amparo, que en su párrafo primero textualmente disponen: Por tanto, con apego al derecho fundamental de administración de justicia que prevé el artículo 17 de la Constitución Federal, y a fin de acordar sobre la admisión o rechazo de la demanda de amparo, con fundamento en los artículos 108 y 114 de la Ley de Amparo, se previene al promovente para que dentro del término de cinco días hábiles contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, "bajo protesta de decir verdad", realice lo siguiente: a) Manifieste con precisión y claridad cuáles son los actos que atribuye a cada una de las autoridades que señala como responsables en su escrito de demanda de amparo, pues de su escrito de cuenta, se advierte que señala como tal la orden de infamia, multa excesiva y privación de la vida que refiere fue librada por "muchos Magistrados Penales de Puebla", lo anterior para no contravenir el principio de economía procesal y la administración de justicia pronta y expedita. b)Deberá indicar el lugar donde se pretenda ejecutar los que señale como reclamados, toda vez que señala que su domicilio se encuentra en "Perote", sin precisar la entidad federativa a la que pertenece ese municipio. Apercibido que de no dar cumplimiento a lo solicitado, dentro del término antes señalado, se tendrá por no interpuesta la demanda de amparo, de conformidad con el segundo párrafo, del numeral 114, de la Ley de Amparo vigente Desde este momento, en términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario comisionado, diligencie en dicha temporalidad extraordinaria, la notificación personal que en su caso se ordene. En el entendido de que el desahogo de la prevención de referencia la deberá realizar la propia promovente, pues de conformidad con el artículo 12 de la Ley de Amparo, el autorizado en términos amplios no está facultado para desahogar prevenciones en las cuales el quejoso deba manifestar "bajo protesta de decir verdad".

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