Rafael Juárez Soto y Otros.
Expediente 727/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 86 actuaciones registradas, la última del 27 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 727/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 86
- Última actuación
- 27/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Rafael Juárez Soto y Otros.
- Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Nueve Norte
- Rafael Juárez Soto
- Ángel Geovanni López Serrano
- Sergio Iván Cervantes Navarro y Otros.
- Ricardo Moreno Vela
- Sergio Iván Cervantes Navarro
- Ángel Geovanni López Serrano y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 86.
- Principal
Visto el estado de autos, se advierte que el uno de diciembre de dos mil veinte, se libró el exhorto 206/2020-IV-A orden 294/2020-IV-A, dirigido al Juez de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales, en turno en el Estado de México, a efecto de que notificara al quejoso directo ********************el proveído de esa fecha; sin embargo, de la constancia de notificación personal de catorce de mayo de dos mil veintiuno, realizada al quejoso de referencia, por el Actuario Judicial adscrito al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en Tapachula de Córdova y Ordoñez, en las instalaciones del Centro Federal de Readaptación Social número Quince "CPS Chiapas, en Villa Comaltitlán, Chiapas (lugar al que fue trasladado), derivada del diverso exhorto 29/2021-IV orden 32/2021-IV, librado el veintiocho de enero de dos mil veintiuno, se aprecia que se le notificó, entre otros, el auto de uno de diciembre de dos mil veinte; por lo que, se ordena la cancelación de la comunicación oficial 206/2020-IV-A orden 294/2020-IV-A, para los efectos legales procedentes. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, siete de marzo de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y toda vez que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran el recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en este juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e) y 86 de la Ley de Amparo, interpretados a contrario imperio, se declara que dicha sentencia que sobresee en el juicio de amparo, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro correspondiente y archívese este expediente como asunto totalmente concluido por el término de tres años; y en atención a que en el presente asunto se concedió la suspensión de plano, en términos de lo dispuesto en los artículos 12, 14 y 18, fracción I, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se declara que el mismo es depurable. Por lo que, concluido el plazo de conservación, dentro de los siguientes noventa días, el órgano jurisdiccional deberá depurar el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y en el caso de los incidentes de suspensión, las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional. La justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Terminado el proceso de depuración, el órgano jurisdiccional deberá solicitar la transferencia de estos expedientes a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Conforme lo indica el párrafo segundo, del numeral 35, del citado Acuerdo General, se ordena anotar en la carátula del presente expediente, la fecha de archivo y que es depurable. Ahora bien, no es óbice para lo anterior, que en autos no obren las piezas postales que amparan los oficios dirigidos a las autoridades responsables foráneas, por medio del cual se les remitió copia autorizada del fallo que resolvió el presente asunto, ya que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 87, primer párrafo de la Ley de Amparo, el sentido del fallo no afecta directamente el acto que de ellas se reclama. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Jesús Manuel Mora Bustillos, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, primero de febrero de dos mil veintidós. Visto el oficio de cuenta, suscrito electrónicamente por la Secretaria del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Los Mochis, Sinaloa, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda. Así, atento a su contenido, se tiene a la Secretaria del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Los Mochis, Sinaloa, remitiendo a este Juzgado debidamente diligenciado, nuestro exhorto 4/2022-IV-A, orden 15/2022-IV-A; sin que sea el caso acusar de recibo de lo anterior, toda vez que la papeleta que genera el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E), hace las veces de acuse de recibo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno relativo y dese de baja dicho medio de comunicación. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Jesús Manuel Mora Bustillos, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Vistos para resolver los autos juicio de amparo 727/2018-IV promovido por Armando Adán López Sepulveda, en representación de Rafael Juárez Soto, Ángel Geovanni López Herrera, Samuel Serrano Guardado, Sergio Iván Cervantes Navarro, Ricardo Moreno Vela, Erick Ediel Evenes Tirano y Miguel Ángel Villarreal Lazaro, contra actos del Director de Seguridad del Centro Federal de Readaptación Social Número Nueve Norte, con residencia en esta ciudad y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: Primero. Mediante escrito recibido en Oficialía de Partes de los Juzgados de Distrito, el veintidós de noviembre de dos mil dos mil dieciocho, y turnado a este juzgado el mismo día, Armando Adán López Sepulveda, en representación de Rafael Juárez Soto, Ángel Geovanni López Herrera, Samuel Serrano Guardado, Sergio Iván Cervantes Navarro, Ricardo Moreno Vela, Erick Ediel Evenes Tirano y Miguel Ángel Villarreal Lazaro, promovió juicio de amparo, contra los actos de las autoridades, Secretaría de Gobernación, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, con residencia en Ciudad de México, Director General, Titular del Comité Técnico, y Director de Seguridad del Centro Federal de Readaptación Social número Nueve Norte, con residencia en esta ciudad. Segundo. Por auto de veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, se admitió la demanda de garantías, quedando registrada con el número 727/2018-IV; se pidió a las autoridades responsables su informe justificado y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Tercero. Mediante proveído de primero de diciembre de dos mil veinte, se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo únicamente por cuanto hace a los quejosos, Rafael Juárez Soto y Samuel Serrano Guardado, en razón de que en diversas ocasiones manifestaron ante los Actuarios Judiciales su voluntad de desistirse de la presente controversia constitucional. Cuarto. La audiencia constitucional señalada para el día de hoy se inició al tenor de la actuación precedente; por lo que, C O N S I D E R A N D O: Primero. Este juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es legalmente competente para conocer y resolver este asunto, conforme a lo dispuesto por los Artículos 94 y 103 de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y así como lo prevenido en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos, en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la circunscripción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, lo anterior, en virtud de que es en el lugar en que ejerce Jurisdicción este Juzgado Federal, donde pudieran haber tenido ejecución los actos reclamados. También es aplicable, la Jurisprudencia 1a./J. 14/2010, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXI, mayo de 2010, página 716, con registro digital 164525, del tenor literal siguiente: "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA. El artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación prevé que, durante las vacaciones del titular del órgano jurisdiccional, el Consejo de la Judicatura Federal nombrará a quien deba sustituirlo, o bien podrá abstenerse de realizar ese nombramiento. En el primer supuesto, si se hace la designación del sustituto del juez en favor del secretario de juzgado, éste puede fallar los juicios de amparo y también goza de facultades amplias y plenitud de jurisdicción para resolver cualquier tipo de juicio sometido a la potestad del juzgador, por lo que habrá de realizar las funciones completas propias del titular del juzgado, lo que incluye pronunciar sentencias en asuntos de cualquier materia, pues jurídicamente estas resoluciones constituyen los actos jurisdiccionales por excelencia, sin cuya facultad no se entendería la razón por la cual tendría que nombrarse al sustituto del juez en sus ausencias vacacionales, por ser evidente que la función jurisdiccional tiene como característica primordial el pronunciamiento de las resoluciones que deban recaer a los asuntos que se encuentren bajo la potestad del juzgador. En cambio, en el segundo supuesto, relativo a la omisión de la designación, los secretarios encargados de los juzgados de distrito sólo pueden fallar los juicios de amparo cuyas audiencias se hayan señalado para los días en que los titulares disfruten de vacaciones, en razón de que en ese caso aquéllos, por ministerio de ley, quedan encargados del despacho del juzgado, y al no haber sido nombrados sustitutos del juez y por no contar con facultades amplias de decisión jurisdiccional, conforme al indicado artículo 161, sólo podrán dictar el fallo definitivo en los juicios de amparo cuyas audiencias se celebren dentro del periodo vacacional del titular del juzgado, sin necesidad de contar con autorización por parte del Consejo para resolver dichos juicios." SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación del acto reclamado en este juicio. Para tal efecto, se atiende tanto al examen íntegro de la demanda de amparo con la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues únicamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención de la parte quejosa y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman la litis constitucional, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que la impetrante exponga en torno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados a través de esta vía. Al respecto, es oportuno citar las tesis sustentadas por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos rubros, son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." "AMPARO CONTRA LEYES. PARA DETERMINAR CUAL ES EL PRECEPTO QUE SE COMBATE, DEBEN TENERSE EN CUENTA LOS CONCEPTOS DE VIOLACION." Así, el detenido examen de todas las constancias del juicio que aquí nos ocupa, revela que los actos reclamados por la parte impetrante consiste: -La segregación de la que fueron objeto los quejosos en el Centro Federal de Readaptación Social número Nueve Norte, lo que estimó el promovente, se traducia en malos tratos, tortura psicológica y violación a los derechos humanos al deporte, educación y trabajo en perjuicio de los quejosos, al tenerlos segregados ilegalmente en un área de máxima seguridad llamado modulo Alta, por más de quince días continuos. Luego, al no advertirse algún otro acto impugnado por la parte quejosa, lo procedente es examinar la existencia del acto de que se trata, para luego analizar la procedencia de este juicio y, en su caso, abordar el fondo del asunto. Sobre ese particular, es oportuno citar la tesis sustentada por la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página noventa y cinco del Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera Parte, enero-junio de 1990, que es del tenor siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad." Tercero. Las autoridades, Directora General de Apoyo Jurídico, de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, en representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Director General de Procedimientos Constitucionales en representación del Secretario de Gobernación, Titular de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad, de la Secretaría de Gobernación, en representación del Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, con sede en la ciudad de México, Director General por sí y en su carácter de Presidente del Comité Técnico del Centro Federal de Readaptación Social número Nueve Norte y Director de Seguridad de dicho centro penitenciario, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado, negaron los actos que se le atribuyen. Además, cabe destacar que el Titular de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad, de la Secretaría de Gobernación, en representación del Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, con sede en la ciudad de México, expuso que de conformidad con los artículo 12 y 13 del Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social, 17, fracciones I y II del Reglamento del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, corresponde a los Directores Generales de cada Centro Federal, la administración, organización y operación, así como la seguridad de su Centro y la supervisión y tratamiento de las personas privadas de su libertada en el mismo, de acuerdo a los manuales y lineamientos que para el efecto se establezcan. Por su parte, la autoridad Director General por sí y en su carácter de Presidente del Comité Técnico del Centro Federal de Readaptación Social número Nueve Norte, adjunto a su informe justificado copia certificada de las constancias con las que acreditó la valoración psicológica practicada a los aquí quejosos, todos los cuales se encontraban ubicados en tiempo, espacio y persona, con un estado eutímico (dentro de la gama de la normalidad), participando en sus actividades programadas, todos contando con un lenguaje convencional apropiado, volumen, memoria conservadas en sus tres temporalidad, juicios acordes en base al ambiente restrictivo en el que se encuentran y no presentando problemas con el personal institucional de dicho centro de reinserción, así como los formatos de asistencia psicológica de los mismos, la relación de las llamadas telefónicas realizadas por los quejosos Ángel Geovanni López Herrera (fojas 191 y 194), Sergio Iván Cervantes Navarro (fojas 191 y 194), Ricardo Moreno Vela (fojas 189 y 192) y Erick Ediel Evenes Tirano y/o Erick Ediel Evenes Triano y/o Erick Daniel Ebenes Triano (fojas 190 y 193). En ese sentido, ante la negativa de las autoridades responsables de haber ejecutado los actos reclamados por los quejosos, la que en este caso, se estima robustecida con las documentales a que se hizo alusión con antelación, y toda vez que tampoco se advierte indicio alguno de que efectivamente los quejosos hubieran sufrido los actos que reclamaron en las circunstancias que señaló el promovente del presente controvertido constitucional, lo que se impone es determinar que, efectivamente, en la especie no existe base razonable para tener por demostrada la existencia de los actos reclamados al cumplir con las condiciones de internamiento del centro de reinserción social en que se encontraban compurgando las penas de prisión que les habían sido impuestas. No obstante, este juicio de amparo se continuó respecto al desahogo de pruebas únicamente por los quejosos, Ángel Geovanni López Herrera, Sergio Iván Cervantes Navarro, Ricardo Moreno Vela y Erick Ediel Evenes Tirano y/o Erick Ediel Evenes Triano y/o Erick Daniel Ebenes Triano, ya que existe pendiente de desahogar en este asunto, la prueba consistente en el dictamen médico psicológico especializado para casos de posible tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes en relación a los quejosos; sin embargo, en la especie, se estima que no trasciende al caso si se llevó o no la probanza enunciada, por considerar quien aquí resuelve que oficiosamente se acredita una causa de improcedencia legal que es notoria y manifiesta y que motiva el sobreseimiento del juicio de amparo, como se analizará en el capítulo subsecuente. Cuarto. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se examinará la procedencia del juicio que nos ocupa, porque constituye un aspecto jurídico que, por ser de orden público, es de análisis oficioso y preferente a cualquier otro, lo aleguen o no las partes. Al efecto, cabe invocarse la tesis de jurisprudencia ciento cincuenta y ocho, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos sesenta y dos del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, Parte VIII, Materia Común. que dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En opinión de quien esto resuelve, en el caso particular se concreta la causal de improcedencia que resulta de relacionar lo dispuesto en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo y como esto conllevará el sobreseimiento en el presente proceso constitucional, esta resolución no se ocupará del estudio relativo a la constitucionalidad de los actos reclamados. Al respecto se invoca la jurisprudencia 413 del tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que ordena: "SOBRESEIMIENTO. - El sobreseimiento en el amparo pone fin al juicio, sin hacer declaración alguna sobre si la Justicia de la Unión ampara o no, a la parte quejosa, y, por tanto, sus efectos no pueden ser otros que dejar las cosas tal como se encontraban antes de la interposición de la demanda, y la autoridad responsable está facultada para obrar conforme a sus atribuciones". En efecto, tocante a los actos materia de reproche, cabe indicar que mediante acuerdo emitido por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de diciembre del dos mil veinte, se determinó la desincorporación del Sistema Penitenciario del Centro Federal de Readaptación Social Nueve Norte, por lo tanto, es claro que respecto de los actos de que se duele la parte quejosa, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso numeral 77, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, por no poderse concretar los efectos del amparo, cuyo estudio se realiza, de manera oficiosa. Es aplicable, la tesis observable en la misma séptima época del Semanario Judicial de la Federación, volumen 145-150 tercera parte, página 58, con registro rápido de localización 237751 que señala: "AMPARO, PROCEDENCIA DEL. REQUIERE QUE LA SENTENCIA PRODUZCA EFECTOS EN EL ACTO RECLAMADO, CON QUE SE OBTENGA EL RESPETO DE INTERESES JURIDICOS DEL QUEJOSO. En acatamiento del artículo 80 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia de este Alto Tribunal, que con el número 174, página 297, puede consultarse en la Octava Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, para que un juicio de amparo resulte procedente es menester que la sentencia que en él llegare a pronunciarse pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto combatido en dicho juicio sea de carácter positivo; o que sea factible obligar a la autoridad responsable, si el acto reclamado constituye una abstención, a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a que se cumpla lo que tal garantía exija, ya que el juicio constitucional debe tener siempre una finalidad práctica y no servir para realizar una actividad meramente especulativa. De aquí que proceda contra leyes solamente cuando, por ser éstas autoaplicativas, la determinación de su inconstitucionalidad pueda dar por resultado la no aplicación de sus disposiciones; o cuando, por no serlo, ya hayan sido aplicadas, sea factible la privación de efectos inconstitucionales del acto de aplicación". En efecto, los artículos 61, fracción XXIII y 77 de la Ley de Amparo establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho." Del artículo 77 de la Ley de Amparo, se advierte que las sentencias que amparan determinan la inconstitucionalidad del acto reclamado, y en consecuencia, generan derechos y obligaciones. Por lo que ve a los quejosos les da derecho de exigir de las autoridades responsables la destrucción de los actos reclamados, si éstos son de carácter positivo, con el objetivo de restituirlo en el pleno goce del derecho violado, de manera que las cosas vuelvan al estado que guardaban antes de que se produjeran los motivos de agravio; o en su defecto, si se trata de actos de carácter negativo, obligar a las autoridades responsables, a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Es conveniente resaltar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el Amparo en Revisión 2871/96, estableció que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XXIII, en relación con el 80 de la legislación de la materia - cuyo contenido es similar al 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 77 fracción I, de la Ley de Amparo vigente- aplicado en sentido contrario, cuando existe imposibilidad jurídica para concretar los efectos del amparo. Es decir, para la procedencia del juicio de amparo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de su derecho violado, obligando a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija en la hipótesis de que el acto reclamado sea de carácter negativo, o en su defecto, a restituir las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación cometida, dejando insubsistente el acto reclamado, en el supuesto de que éste sea de carácter positivo. De dichas consideraciones derivó la jurisprudencia P./J. 90/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VI, Diciembre de 1997, página 9,con registro digital: 197245, que a la letra expone: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE. De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 174, publicada en la página 297 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, con el texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO.- El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven."; y en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención), se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija." De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 174, publicada en la página 297 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, con el texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO.-El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven."; y en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención), se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija" . Asimismo, se destaca que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J.35/2012, estableció que la técnica del juicio de amparo permite que, antes de examinar el fondo de un asunto, se anticipe el efecto de la eventual concesión de la protección constitucional a favor de los quejosos, con la finalidad de prever si la restitución en el goce del derecho violado resultaría alcanzable. Pues consideró que carece de lógica y sentido práctico analizar el acto materia de reclamo, si de antemano se advierte que la declaración de inconstitucionalidad no tendría ejecutividad. Así, el argumento que la previsión de los posibles efectos de la sentencia protectora tiene el propósito de evitar que con la reparación de la violación de garantías se produzca la infracción de otros principios o normas constitucionales y/o legales, pues el restablecimiento de las cosas al estado en que se encontraban antes de dicha violación tampoco debe propiciar que la sentencia tenga efectos más allá del caso concreto que fue enjuiciado. En razón de lo anterior, estableció que constituye una obligación del órgano jurisdiccional que conozca del juicio verificar que el fallo de fondo no implique un mero ejercicio especulativo sobre una posible violación de garantías individuales, sino que, en caso de que constate que efectivamente se incurrió en la infracción alegada, su decisión pueda tener la eficacia suficiente para restaurar el orden constitucional que se estime violado, pues la sentencia protectora además de proporcionar un estudio de los motivos por los cuales se incurrió en la lesión de garantías alegada, debe tener efectos vinculantes y restitutorios para volver las cosas al estado en que se encontraban antes de dicha infracción, pero sin beneficiar a nadie más que al propio quejoso. De ese modo, explicó, que si no se realiza ese análisis anticipado, la declaración de inconstitucionalidad que en su caso se hiciera carecería de ejecutividad y de efecto práctico para el quejoso, colocándolo en la misma situación en que se encontraba antes de iniciar el juicio, pues la restauración del orden constitucional tampoco debe llegar al extremo de restituirlo en el goce de la garantía individual aun a costa de incurrir en la violación de los principios y las normas que regulan este medio de control constitucional y, concretamente del de relatividad de las sentencias. Dichas consideraciones se encuentran plasmadas, como se adelantó, en la jurisprudencia 2a./J.35/2012, emitida por la Sala de referencia, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima época, libro VIII, abril de dos mil doce, tomo dos, página mil cincuenta y nueve, de registro 2000583, cuyo contenido es el siguiente: "IMPROCEDENCIA. SE ACTUALIZA EN EL JUICIO DE AMPARO SI EL JUZGADOR ADVIERTE QUE LOS EFECTOS DE UNA EVENTUAL SENTENCIA PROTECTORA PROVOCARÍAN LA TRANSGRESIÓN DE SUS NORMAS O PRINCIPIOS RECTORES. La técnica del juicio de amparo permite que, antes de examinar el fondo de un asunto, se anticipe el efecto de la eventual concesión de la protección constitucional en favor del quejoso, y así prever si la restitución en el goce del derecho violado resultaría alcanzable, pues carecería de lógica y sentido práctico analizar el acto reclamado, si de antemano se advierte que la declaración de inconstitucionalidad no tendría ejecutividad. El fundamento de este proceder se apoya, por regla general, en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con otras normas de ese mismo ordenamiento o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo enlace armónico ofrece una variedad de causas de improcedencia que impiden el dictado de sentencias estimatorias cuyo cumplimiento fuera inaccesible. En esos términos, si a partir de un ejercicio de previsibilidad sobre los efectos de una eventual sentencia protectora, el juzgador advierte que la restitución del derecho provocaría la infracción de normas o principios rectores del juicio de amparo, entonces la acción intentada resulta improcedente por dictar una sentencia carente de ejecutividad, porque el restablecimiento citado llegaría al extremo de desencadenar consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y, por ende, a la regularidad constitucional que busca preservar". En ese contexto, este Juzgado de Distrito, previo a efectuar un pronunciamiento sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, debe analizar, de manera anticipada si los efectos del amparo solicitado podrían o no concretarse. Así, se tiene que los quejosos, se dolieron de la segregación de la que fueron objeto en el Centro Federal de Readaptación Social número Nueve Norte, lo que estimó el promovente, se traducía en malos tratos, tortura psicológica y violación a los derechos humanos al deporte, educación y trabajo en su perjuicio, al tenerlos segregados ilegalmente en un área de máxima seguridad llamado modulo Alta, por más de quince días continuos. Empero, el veintisiete de diciembre del dos mil veinte, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo por el que se desincorpora del Sistema penitenciario Federal el Centro Federal de Readaptación Social Nueve Norte, emitido por el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, mismo que entró en vigor a partir de su publicación en dicho medio de difusión, acuerdo que lo que al caso interesa establece lo siguiente: "ACUERDO POR EL QUE SE DESINCORPORA DEL SISTEMA PENITENCIARIO FEDERAL EL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO 9 "NORTE". ARTÍCULO PRIMERO. - Se desincorpora del Sistema Penitenciario Federal el Centro Federal de Readaptación Social número 9 "Norte". ARTÍCULO SEGUNDO. - Prevención y Readaptación Social, realizará las acciones tendientes al cierre del Centro Federal de Readaptación Social número 9 "Norte", ubicado en "Reserva El Cantón", carretera Panamericana, tramo Ciudad Juárez Chihuahua, kilómetro 338, Ciudad Juárez, Chihuahua. ARTÍCULO TERCERO. - Las personas privadas de la libertad que alberga el Centro Federal de Readaptación Social número 9 "Norte" serán trasladadas a los centros federales de readaptación social que determine el Comisionado de Prevención y Readaptación Social, quien realizará las acciones y gestiones necesarias para ello, respetando en todo momento sus derechos humanos. ARTÍCULO CUARTO. - Los derechos de los trabajadores adscritos laboralmente al Centro Federal de Readaptación Social número 9 "Norte", serán respetados conforme a la ley, por lo que serán reubicados en otros centros penitenciarios federales que determine el Comisionado de Prevención y Readaptación Social, de acuerdo a las necesidades del servicio de la Institución. TRANSITORIOS. PRIMERO. - El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. - Los trámites, procedimientos y procesos a cargo del Centro Federal de Readaptación Social número 9 "Norte" que por el presente se desincorpora del Sistema Penitenciario Federal, que se encuentren pendientes de resolución a la entrada en vigor de este Acuerdo, continuarán su trámite conforme a las disposiciones legales vigentes al momento de su inicio, ante la autoridad penitenciaria correspondiente. TERCERO. - El Comisionado de Prevención y Readaptación Social, a través de la Dirección General de Administración de Prevención y Readaptación Social, realizará las acciones conducentes para el destino final de los bienes muebles pertenecientes al Centro Federal de Readaptación Social número 9 "Norte", haciendo uso de los recursos materiales, financieros y humanos que sean necesarios para tal fin. CUARTO. - La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana determinará en su momento el destino final del bien inmueble que ocupa el Centro Federal de Readaptación Social número 9 "Norte". Dado en la Ciudad de México, a 20 de noviembre de 2020.- Firma en suplencia por ausencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con fundamento en el Artículo 71 del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja. - Rúbrica." De conformidad a lo establecido en dicha norma general, se desincorporó del Sistema Penitenciario Federal, el Centro Federal de Readaptación Social número 9 "Norte" y, en relación a los reos privados de su libertad en dicho Centro Federal, se estableció que serían trasladados a los centros federales de readaptación social que determinara el Comisionado de Prevención y Readaptación Social, quien para tal efecto realizaría las acciones y gestiones necesarias para ello, respectando en todo momento sus derechos humanos, pero además en la especie, las autoridades del Centro Federal de Readaptación Social número Nueve Norte, dejaron de existir para todos los efectos legales. En ese orden de ideas, al tenor de lo dispuesto por el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, la posible protección constitucional en este asunto se traduciría en que las autoridades del Centro Federal de Readaptación Social número Nueve Norte, dejasen insubsistentes los actos materia de reclamo por los impetrantes del amparo, lo cual se traduciría en que cesaran los actos reclamados respecto a los quejosos lo cual no sería factible porque no existe autoridad responsable que los hiciere cumplir ni tampoco el Centro Federal de Readaptación Social número 9 "Norte". Lo anterior, con motivo de la desincorporación del Centro Federal en el cual se encontraban privados de su libertad los quejosos, dado que como el propio acuerdo transcrito establece, los reclusos serán trasladados a los centros federales de readaptación social que determinara el Comisionado de Prevención y Readaptación Social, quien para tal efecto realizaría las acciones y gestiones necesarias para ello, respectando en todo momento sus derechos humanos; de ahí que, ante una eventual concesión de amparo, no pueda ordenase a las autoridades responsables, Director General, Titular del Comité Técnico, y Director de Seguridad del Centro Federal de Readaptación Social número Nueve Norte, con residencia en esta ciudad; por haber dejado de existir al igual que el centro penitenciario federal de referencia. Por las razones expresadas, resulta inconcuso que de concederse el amparo respecto de los actos reclamados; no podría concretarse la restitución que persigue la parte quejosa. En consecuencia, procede sobreseer en el juicio, acorde a lo que disponen los numerales 61, fracción XXIII en relación con el 77, ambos de la Ley de Amparo, y en términos del numeral 63, fracción V, del propio ordenamiento legal. Sin que la anterior determinación se considere negación de justicia. Ello es así porque aun cuando en nuestro orden jurídico se reconoce el derecho de tutela judicial efectiva a favor de las personas, no implica que los órganos jurisdiccionales deban estimar que en todos los casos se acredita el interés jurídico de quienes acuden a instar la protección de la Justicia de la Unión, pues ello sería tanto como dar al citado derecho un alcance absoluto que desconocería las limitaciones legal y constitucionalmente admitidas que guardan una razonable relación de proporcionalidad entre los medios que deben emplearse y su fin; es decir, se desvirtuaría la finalidad de instrumentar requisitos y presupuestos procesales que permitan mantener la legalidad y seguridad jurídica requeridas dentro del sistema jurídico, en tanto que se beneficiaría indebidamente a una parte y se desconocerían los derechos de la contraparte en un proceso. Aunado a que las causas de improcedencia y sobreseimiento, son compatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues no impiden decidir sencilla, rápida y efectivamente sobre los derechos fundamentales reclamados como violados dentro del juicio constitucional, puesto que su propósito de condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo en los casos sin mérito, es en sí legítimo. Apoya lo expuesto, la tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, que dice: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. Del examen de compatibilidad de los artículos 73 y 74 de la Ley de Amparo con el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos no se advierte que el derecho interno desatienda los estándares que pretenden proteger los derechos humanos en dicho tratado, por regular causas de improcedencia y sobreseimiento que impiden abordar el estudio de fondo del asunto en el juicio de amparo, en virtud de que el propósito de condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo de casos sin mérito, es en sí legítimo, por lo que esa compatibilidad, en cuanto a los requisitos para la admisibilidad de los recursos dependerá, en principio, de los siguientes criterios: no pueden ser irracionales ni de tal naturaleza que despojen al derecho de su esencia, ni discriminatorios y, en el caso, la razonabilidad de esas causas se justifica por la viabilidad de que una eventual sentencia concesoria tenga un ámbito de protección concreto y no entre en conflicto con el orden jurídico, no son de tal naturaleza que despojen al derecho de su esencia ni tampoco son discriminatorias, pues no existe alguna condicionante para su aplicabilidad, en función de cuestiones personales o particulares del quejoso. Por tanto, las indicadas causas de improcedencia y sobreseimiento no son incompatibles con el citado precepto 25.1, pues no impiden decidir sencilla, rápida y efectivamente sobre los derechos fundamentales reclamados como violados dentro del juicio de garantías.". En atención a que el sobreseimiento decretado constituye un acto procesal que termina la instancia por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado, no se entrará al análisis de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, ya que al haberse actualizado una causal de improcedencia del presente juicio, impide el examen de constitucionalidad del acto reclamado, sin que ello genere agravio alguno a la parte quejosa, porque aquella cuestión es de estudio preferente y de orden público. Cabe invocar al respecto, la jurisprudencia 58, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que se lee como sigue: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." También, sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis emitida por el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, consultable en la página 233, del Tomo XI, Marzo de 1993, Octava Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, bajo la voz: "CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. CUANDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO, ASÍ COMO DE LOS DEMÁS AGRAVIOS. Al estimarse que en el juicio de garantías se surte una causal de improcedencia y que debe sobreseerse en el mismo con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, resulta innecesario el estudio de las demás que se aleguen en el caso y de los restantes agravios, porque no cambiaría el sentido de la resolución." Por lo expuesto y fundado en los artículos 103, fracción I y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con apoyo en los dispositivos 61, fracción XVIII, 63, fracciones IV y V, 74, 75, 77, 124 y 217 de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido en representación de Ángel Geovanni López Herrera, Sergio Iván Cervantes Navarro, Ricardo Moreno Vela, Erick Ediel Evenes Tirano y Miguel Ángel Villarreal Lazaro, por los motivos expuestos en los considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Por último, a fin de notificar esta resolución al quejoso Ángel Geovanni López Herrera, se encuentra interno en el Centro Federal de Readaptación Social Ocho Norponiente, con sede en Guasave, Sinaloa, respectivamente; gírese atento exhorto al Juez de Distrito en turno en el Estado de Sinaloa, con sede en Los Mochis, a fin de que en auxilio a las labores de este órgano judicial, se sirva notificar el contenido del presente fallo constitucional, al quejoso de mérito conforme a las reglas establecidas en la Ley de Amparo y en el Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, en el centro de reclusión mencionado con antelación. NOTIFIQUESE PERSONALMENTE AL DEFENSOR PÚBLICO DE LA FEDERACION Y POR EXHORTO AL QUEJOSO ÁNGEL GEOVANNI LÓPEZ HERRERA. Así lo proveyó y firma el licenciado ABRAHAM SMEKE GARCÍA, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargado de Despacho por Ministerio de Ley, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, al encontrarse el titular gozando de su período vacacional y autorizado por oficio CCJ/ST/4237/2021, de veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, signado por la Secretaria Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante el licenciado Jesús Manuel Mora Bustillos, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
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