Rafael Gacía León
Expediente 626/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 6 actuaciones registradas, la última del 19 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 626/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 19/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Rafael Gacía León
- Fiscal de Distrito Zona Norte
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
En diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, el Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado Abraham Smeke García, hace constar y certifica: Que el presente expediente impreso, coincide en su totalidad con el expediente electrónico que se encuentra en el sistema denominado "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes" (S.I.S.E.), lo anterior en cumplimiento a lo expuesto en el último párrafo del artículo 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y que entró en vigor al día siguiente de su publicación. Lo que se asienta para los fines legales a que haya lugar. Doy fe. El Secretario Lic. Abraham Smeke García.
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran el recurso de revisión en contra de la resolución de veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, dictada en el presente juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso d) y 86 de la Ley de Amparo, interpretados a contrario sensu, se declara que dicha sentencia que sobreseyó en el juicio de amparo ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. En virtud de lo expuesto, háganse las anotaciones en el libro correspondiente y archívese este expediente como asunto totalmente concluido, cumplido el plazo de conservación de tres años, dentro de los treinta días siguientes, se deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otro lado, el expediente principal, no encuadra en los supuestos de relevancia documental y no obran documentos originales; por lo que al haberse sobreseído, es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Conforme a lo ordenado en el numeral treinta y cinco, primer párrafo, del acuerdo aludido, se ordena hacer en la carátula del presente expediente, la anotación de la fecha de archivo, como también que es destruible.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, a veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno. Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 626/2021-VII, promovido por Verónica Lucero García León a favor de Rafael García León contra actos que reclamó a la Fiscalía de Distrito, Zona Norte, con sede en esta ciudad y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Por comparecencia de once de agosto del año en curso, presentada ante la Secretaria de Guardia de este juzgado, Verónica Lucero García León solicitó el amparo y la protección de la Justicia de la Unión contra el acto que reclamó de la Fiscalía de Distrito, Zona Norte, y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, ambas con residencia en esta ciudad, consistente en la privación a la libertad personal e incomunicación. La parte quejosa considera trastocados en su perjuicio los artículos 14, 16 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Por auto de once de agosto del año en curso, este órgano jurisdiccional, registró como expediente 626/2021-VII; decretó la suspensión de plano respecto a los actos reclamados y ordenó la ratificación de la demanda; lo cual aconteció en la propia fecha por lo que, mediante acuerdo de dieciséis de agosto siguiente, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó informe justificado a las autoridades responsables, se dio intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita quien no presentó pedimento alguno; señaló día y hora para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual se verificó en términos del acta que antecede; por lo que, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es legalmente competente para conocer y resolver este asunto, conforme a lo dispuesto por los Artículos 94 y 103 de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y así como lo prevenido en el Acuerdo General 3/2013, adicionado por el 3/2015 y 12/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos, en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la circunscripción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, lo anterior, en virtud de que el acto reclamado en este juicio atañe a la vía indirecta, y emana de autoridades con residencia en el lugar donde este Órgano Jurisdiccional ejerce jurisdicción territorial. SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación del acto reclamado en el juicio en que se actúa. Para tal efecto, se atiende tanto al examen íntegro de la demanda de amparo, como a la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues, únicamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención de la parte quejosa y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman el juicio, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que la impetrante exponga en torno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados a través de esta vía. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por el Pleno de la Suprema corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de identificación, rubro y texto, son: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así, del detenido examen de las constancias del juicio que nos ocupa, revela que el acto reclamado por el promovente consiste en la incomunicación y probación a la libertad personal. TERCERO. Las autoridades responsables, Fiscalía de Distrito, Zona Norte, y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, ambas con residencia en esta ciudad, al rendir su informe con justificación negaron categóricamente el acto materia de reclamo, consistente en la incomunicación del directo quejoso. Al respecto, ante la negativa especifica externada por la precitada autoridad responsable al rendir su informe justificado en torno a tal acto reclamado, a la parte impetrante correspondía demostrar su existencia en términos de los artículos 117 de la Ley de Amparo y 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2° de la ley de la materia. A manera de ilustración, es aplicable la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página setenta y cuatro del Semanario Judicial de la Federación, Volumen XXV, Tercera Parte, que es del tenor literal siguiente: "PRUEBA, CARGA DE LA. Con arreglo a los artículos 81 y 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, no le incumbe probar a quien apoya su pretensión en una situación negativa, como son una omisión o una abstención, sino que, a la inversa, la carga de la prueba recae sobre quien funda su pretensión en un hecho positivo. A la autoridad corresponde acreditar plenamente que, antes de efectuarse un pago, se había requerido al quejoso para tal fin." Entonces, toda vez que en el caso, la parte quejosa no ofreció alguna prueba idónea para desvirtuar la negativa expuesta por la autoridad responsable en su informe justificado, lo que procede es sobreseer en este juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional;.". Apoya lo anterior la Jurisprudencia VI, 2°. J/20, visible en la página 627, Tomo IV, Segunda Parte-2, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." CUARTO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado consistente en la privación a la libertad personal del quejoso a la Fiscalía de Distrito, Zona Norte, y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, ambas con residencia en esta ciudad, pues así lo manifestaron en sus informes justificados. Además, esa condición de certeza se corrobora con la prueba documental pública que las autoridades responsables anexaron a su informe justificado, consistente en copia certificada de las constancias conducentes de la carpeta de investigación de origen, en atención a que las documentales de referencia, al tratarse de documentos certificados por un funcionario público en ejercicio de sus funciones, les corresponde pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, que establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Por lo anterior, no hay duda de que en este juicio de amparo quedó plenamente acreditada la existencia del acto reclamado que nos ocupan, desde luego, en los términos de que se trata, por lo cual lo conducente ahora es ocuparse de la procedencia de la vía constitucional. QUINTO. Análisis de las causales de improcedencia. Conforme a la técnica reconocida para la elaboración de las sentencias de amparo y al ser una cuestión de orden público, es menester analizar primero las causas de improcedencia que hayan hecho valer las partes o se detecten actualizadas de oficio, respecto de los actos de los que se ha evidenciado su certeza, tal como lo prevé el artículo 62 de la Ley de Amparo, y sin oponerse a la nueva Ley de Amparo vigente, la Jurisprudencia 158, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en la página 262, Tomo VIII, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1985, cuyo texto señala: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Precisado lo anterior, del análisis de las constancias que obran en el sumario, se advierte de oficio que procede sobreseer en este juicio, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XVII, 62, 63, fracción V y 65, de la Ley de Amparo, que al efecto disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . "XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica." "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo.". "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior;". "Artículo 65. El sobreseimiento no prejuzga sobre la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, ni sobre la responsabilidad de la autoridad responsable al ordenarlo o ejecutarlo y solo podrá decretarse cuando no exista duda de su actualización." Del precepto 61, fracción XVII, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, se obtiene que el juicio de amparo indirecto será improcedente cuando posterior al acto reclamado se produzca uno diverso que traiga por resultado el cambio de la situación jurídica del quejoso, de manera tal que no sea posible analizar el acto reclamado sin que al hacerlo se afecte la situación creada por un nuevo acto que no fue reclamado en el juicio, resultando por lo tanto irreparablemente consumadas las violaciones cometidas en aquél. Este cambio hace que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones, ya que no es posible decidir sobre las mismas sin afectar la nueva situación jurídica del quejoso, por ende, tal causa de improcedencia, como se dijo, consiste en que cuando el acto emane de un procedimiento judicial o de uno administrativo seguido en forma de juicio, de surgir una situación jurídica nueva, el amparo será improcedente si de concederlo se afectara esta última, por lo que se deben considerar consumadas irreparablemente las violaciones alegadas, por la posible afectación al nuevo estatus jurídico. En ese contexto, para la operancia de la causal de improcedencia por cambio de situación jurídica, se requiere necesariamente de los siguientes elementos: Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de uno administrativo seguido en forma de juicio; Con posterioridad al acto reclamado se pronuncie una resolución procesal que venga a cambiar la situación jurídica en que se encontraba el quejoso en virtud del acto que reclamó en el amparo; En virtud de esa nueva determinación sobrevenida se genere una situación en la cual no sea posible decidir sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica que no es motivo de análisis en el juicio constitucional, o bien, que la declaratoria de inconstitucionalidad del acto reclamado a nada práctico conduzca en virtud de que la nueva situación creada, al no ser motivo de impugnación en el amparo, en nada cambiaría el estado general de las cosas; y, Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de manera que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Pues bien, en el asunto en particular, el quejoso reclama de las autoridades responsables la privación a la libertad personal, la cual fue acontecida toda vez que el ahora quejoso fue detenido por elementos de seguridad pública municipal e internado en el centro de detención provisional de la Fiscalía de Distrito, Zona Norte, al parecer como probable responsable en la comisión de un hecho que la ley señala como delito de abuso sexual, con penalidad agravada, detención que fue en fragancia. Sin embargo, de la copia certificada de las constancias procesales que integran la carpeta de investigación de origen, se advierte que mediante el quejoso fue puesto a disposición del Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio a las diecinueve horas con cincuenta minutos del trece de agosto del año en curso para efecto de llevar la audiencia inicial. Bajo esas circunstancias, es evidente que operó un cambio de situación jurídica que impide analizar las violaciones atribuidas a la detención que reprocha el inconforme, sin afectar esa nueva situación jurídica originada a raíz de la audiencia inicial ante el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos. Luego, en el caso particular como consecuencia de la emisión de la audiencia inicial de formulación de imputación y resolución de vinculación a proceso, constituye una nueva determinación, lo que genera una situación en la cual no es posible decidir sobre la constitucionalidad del acto reclamado, sin afectar la nueva situación jurídica creada con motivo de la vinculación a proceso dictada contra el ahora quejoso, y que no es motivo de análisis en este juicio constitucional. Derivado de lo anterior, resulta improcedente la acción constitucional ejercida contra la detención a la libertad reclamados a las autoridades responsables, pues la detención reclamada fue sustituida procesalmente por la resolución de vinculación a proceso, que trae por resultado el cambio de situación jurídica, de manera tal que no sea posible analizar el acto reclamado sin que al hacerlo se afecte la situación creada por el nuevo acto que no fue reclamado en el amparo solicitado, resultando por lo tanto irreparablemente consumadas las violaciones cometidas en aquél. De lo anterior, resulta incuestionable que operó un cambio de situación jurídica por sustitución procesal, actualizándose, por ende, el motivo de improcedencia previsto por el artículo 61, fracción XVII y con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo. Dicha circunstancia, además, impide analizar el fondo del asunto, en virtud de la improcedencia que se actualizó; acorde con tesis de jurisprudencia 509, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 335 del Tomo VI, relativo a la Materia Común, de la Compilación de Ejecutorias correspondiente a los años de 1917-1995, con el rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo expuesto y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76 y 124 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Rafael García León contra actos que reclamó a la Fiscalía de Distrito, Zona Norte, con sede en esta ciudad y otra autoridad, por los motivos expuestos en los considerandos tercero y último de esta sentencia. Notifíquese y por oficio a las autoridades responsables.Así lo resolvió y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Secretario de Juzgado, licenciado Abraham Smeke García, quién autoriza y da fe. Doy Fe.
- Principal
CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, TREINTA Y UNO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto el escrito con el que da cuenta la Secretaría, agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda, signado por ********************, autorizada de la parte quejosa, mediante el cual pretende ampliar la demanda de amparo respecto a nuevas autoridades responsables y actos reclamados; y en atención a su contenido, se acuerda: Dígase a la ocursante de mérito que no es dable acordar favorablemente a su petición, en atención a que el autorizado para oír y recibir notificaciones en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo carece de atribuciones para ampliar la demanda de que se trata. Lo anterior es así, pues de conformidad con el artículo 12 de la Ley de Amparo, el quejoso o el tercero interesado pueden autorizar a cualquier persona con capacidad legal para oír notificaciones en su nombre, quien podrá interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar la suspensión o su diferimiento, pedir la emisión de sentencia para evitar la caducidad o sobreseimiento por inactividad procesal y realizar los actos necesarios para defender los derechos del autorizante. Sin embargo, la disposición no faculta al autorizado a realizar cualquier acto en nombre del quejoso o de su representante, ya que su actuación depende de las reglas regulatorias del juicio de amparo, como lo es el principio de instancia de parte agraviada, previsto en los artículos 107 de la Constitución Federal y 6º de la Ley de Amparo. En esas condiciones, si el ejercicio de la acción de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, esto es, por el titular de la acción, excepción hecha de los supuestos normativos establecidos en el artículo 15 de la ley de la materia; lo cual pone en evidencia que su ampliación también debe contar con la firma autógrafa del quejoso, o en su caso, de su representante legal y no puede ser sustituida por aquél autorizado para atender procesalmente el juicio de derechos fundamentales, por tener facultades únicamente para realizar actos posteriores a la promoción del juicio de o de su ampliación, ajenas a cuestiones que deban provenir directamente de la voluntad del interesado e influyen en la configuración de la litis constitucional, como el señalamiento de nuevas autoridades responsables y actos reclamados, así como la formulación de conceptos de violación. Ello, se justifica, además, en que la ampliación de demanda constituye el ejercicio de una acción nueva, la cual origina la rendición de informes justificados, y que se integra a la controversia sometida a consideración del órgano jurisdiccional; de ahí que resulte improcedente la ampliación de demanda que intenta la promovente. Sobre el particular es oportuno citar, por mayoría de razón, la Jurisprudencia 1a./J. 37/2011, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con datos de registro digital 1619029 y fuente Tomo XXXIII, junio de 2011, página 68, intitulada: "AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN LOS TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. CARECE DE ATRIBUCIONES PARA AMPLIAR LA DEMANDA." No está por demás agregar que los nuevos actos reclamados por los cuales pretende ampliar la demanda la promovente, también resulta improcedente habida cuenta que la ampliación de la demanda de amparo tiene por objeto que el quejoso pueda impugnar nuevos actos de autoridad, señalar a otras autoridades responsables o, en su caso, expresar diversos conceptos de violación a los esgrimidos en la demanda primaria, pero para que proceda dicha ampliación deben cumplirse ciertos requisitos: a) Que se realice antes de que el Juez fije la litis constitucional, derivada de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables; b) Que su presentación se efectúe dentro del plazo que rige a la primigenia demanda; c) En virtud de los informes justificados rendidos surja un nuevo acto que tenga relación con el inicialmente señalado o una autoridad distinta a la que lo emitió o ejecutó; y, d) Que no haya sido celebrada la audiencia constitucional. Ahora bien, tomando en consideración que la orden de detención reclamada en el escrito inicial de demanda y el auto de vinculación a proceso por el cual se pretende ampliar la demanda, aun cuando ambos derivan de igual procedimiento, éstos resultan de naturaleza jurídica distinta, debido a que con el mandamiento de captura se pretende que el inculpado se presente ante la autoridad judicial, en tanto que el auto de vinculación a proceso tiene el propósito de establecer la causa inicial del proceso, aunado a que dichos actos de autoridad se rigen por preceptos constitucionales distintos; por tanto, cuando en la demanda se reclama el primero de los actos enunciados, ante lo expuesto, resulta notoriamente improcedente la pretendida ampliación que se endereza contra del segundo; sin que ello restrinja el derecho del impetrante para reclamar su ilegalidad en diverso juicio de amparo. Sirve de apoyo, la Jurisprudencia 1a./J. 45/2008 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación localizada en el Tomo XXVIII, Julio de 2008, página 103 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN CUANDO EN LA DEMANDA INICIAL SE SEÑALÓ COMO ACTO RECLAMADO LA ORDEN DE APREHENSIÓN. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 129/2007-PS, de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 17/2008, estableció que por cambio de situación jurídica procede decretar el sobreseimiento, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado consistente en la orden de aprehensión si del informe justificado de la autoridad responsable aparece que se sustituyó al haberse dictado el auto de formal prisión. Por tanto, es improcedente la ampliación de la demanda de amparo indirecto interpuesta contra el auto de formal prisión, cuando en la demanda inicial se señaló como acto reclamado la orden de aprehensión, en tanto que la emisión de aquel auto provoca el cambio del estatus jurídico del quejoso. Lo anterior es así, porque no podría estudiarse el acto originalmente reclamado sin afectar la nueva situación jurídica del procesado, generada por el inicio de la etapa de instrucción. Además, sería ocioso admitir dicha ampliación, cuando irremediablemente procede el sobreseimiento en el juicio de garantías, por la obligación que la Ley impone al juzgador de decretarlo inmediatamente que aparezca la causa de improcedencia mencionada.". NOTIFÍQUESE, HACIÉNDOLO PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
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