Rafael Juarez Castañeda
Expediente 1951/2013 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 30 actuaciones registradas, la última del 29 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1951/2013
- Año
- 2013
- Actuaciones
- 30
- Última actuación
- 29/04/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Rafael Juarez Castañeda
- Congreso del Estado de Tlaxcala
Actuaciones
Las 4 más recientes de 30.
- Principal
Agréguese a sus autos el escrito signado por el quejoso Rafael Juárez Castañeda; en atención a su contenido, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, expídasele las copias certificadas que solicita, previa identificación, toma de razón y recibo que obre en autos. Notifíquese.
- Principal
Visto el estado de autos del que se advierte que mediante proveído de veintidós de diciembre de dos mil diecisiete, se acordó archivar el presente juicio de amparo como asunto concluido, ordenándose destruir el original del incidente siendo lo correcto conservar el mismo toda vez que es susceptible de depuración; por lo tanto, y a fin de dar cumplimiento en lo dispuesto en el considerando Décimo Sexto del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; dada la voluminosidad del expediente, se ordena guardar por separado, el original del incidente de suspensión en el estado en que se encuentra; por lo que, previa digitalización, únicamente deberá conservarse la demanda, suspensión provisional e interlocutoria respectiva, toda vez que las mismas fueron concedidas, ya que a criterio del suscrito, no son de relevancia documental, jurídica e histórica, y por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, éste será destruible. Notifíquese.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que la parte quejosa no hizo manifestación alguna respecto del auto de fecha veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, que tuvo por cumplida la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; en tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 196 y 201 de la Ley de Amparo vigente, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido. Asimismo, se ordena guardar por separado, tanto el original como el duplicado del incidente de suspensión; en el estado en que se encuentra. Finalmente, con fundamento en lo dispuesto en el considerando Décimo Sexto del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el presente expediente es susceptible de depuración, transcurrido el plazo fijado en dicho ordenamiento, posterior a la notificación legal del presente proveído; por lo que, previa digitalización, únicamente deberán conservarse la demanda y sentencia respectivas, ya que a criterio del suscrito, no es de relevancia documental, jurídica e histórica. Ahora bien, por cuando hace al original y duplicado del incidente de suspensión los mismos son susceptibles de destrucción, transcurrido el plazo fijado en dicho ordenamiento, posterior a la notificación legal del presente proveído, ya que a criterio del suscrito, no son de relevancia documental, jurídica e histórica. Notifíquese por lista a las partes.
- Principal
Visto el estado procesal de autos, tomando en consideración que el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, es de orden público; consecuentemente, se ordena pronunciarse sobre dicho cumplimiento, en los términos siguientes: Mediante proveído de fecha veintinueve de abril del año dos mil dieciséis, se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo por cuanto hace a la autoridad responsable, Congreso del Estado de Tlaxcala; en cambio, respecto a las diversas autoridades responsables, Presidente, Pleno, Tesorero y Contralor, del Tribunal Superior de Justicia, así como al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, todos del Estado de Tlaxcala, se consideró que la ejecutoria de amparo, no se encontraba cumplida, por lo que con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requirió a dichas autoridades, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir de su legal notificación, cumplieran con la ejecutoria de amparo, debiendo informar sobre ese cumplimiento, anexando las constancias que lo acredite; apercibiéndolos que de no hacerlo así, sin causa justificada, se les impondría una multa de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; asimismo, se remitiría el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución de sentencia, que pudiera culminar con la separación de sus puestos y su consignación. Dicho cumplimiento, se sostuvo y se consideró que debería ser conforme a lo siguiente: "(.) De ahí que, es innegable, que por un lado, deberá restituírsele al hoy quejoso, la totalidad de las prestaciones inherentes al cargo que desempeñaba como Magistrado Supernumerario, desde que fue separado (segunda quincena de febrero del año dos mil catorce); hasta el diez de febrero del año dos mil dieciséis, fecha en la cual se publicó el decreto en cuestión; cubriéndole la remuneración que percibía como Magistrado en funciones; ello en atención a la considerado en la ejecutoria de amparo, respecto a que se debe respetar su derecho de inamovilidad, cubriéndole la remuneración a que tiene derecho; pues no hay que perder de vista que el diverso decreto reclamado que había ordenado que a partir de esa fecha concluiría su función como magistrado; quedó insubsistente en atención a la concesión de la Justicia Federal del presente juicio de amparo; y precisamente al cumplir la ejecutoria de amparo el Congreso del Estado, reformó el artículo octavo transitorio a través del Decreto 202, aprobado por el Pleno del Congreso del Estado, en sesión ordinaria de fecha veintiocho de enero del año dos mil dieciséis; reformándose precisamente, el artículo octavo transitorio del decreto número 185, de fecha trece de agosto de dos mil trece, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, el día veintiuno del mismo mes y año, el cual quedó en los siguientes términos: "(.) ARTÍCULO OCTAVO TRANSITORIO.- Los dos Magistrados Supernumerarios que actualmente se encuentran en funciones, concluirán las mismas a la entrada en vigor del presente Decreto"; y por el otro lado, deberán realizar las acciones pertinentes a efecto de garantizar el haber de retiro; esto es, deberán cuantificarle y cubrirle al hoy quejoso, los salarios y demás prestaciones que recibía, con motivo de las funciones que ejercía, como Magistrado Supernumerario, pagándole el primer año el equivalente al setenta por ciento de la remuneración que percibía; el segundo año le será pagado el setenta por ciento de la remuneración que percibía; y el tercer año le será pagado el cincuenta por ciento de la remuneración que percibía; lo anterior, por así haberlo ordenado la ejecutoria de amparo. Lo anterior es así, ya que de la propia ejecutoria de amparo, dictada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, se advierte que se consideró que si bien no podían ser vulnerados los derechos de inamovilidad del quejoso, también lo era que las facultades del Congreso del Estado Local tampoco podían ser restringidas e invadidas, y por ende la voluntad del Congreso mencionado, de suprimir el cargo de Magistrado Supernumerario debería permanecer inalterada; luego entonces, al no poder ser restituido el quejoso en su cargo de Magistrado Supernumerario; por ya no existir dicho cargo; lo procedente era que el Congreso del Estado, estableciera las bases concretas y claras sobre la remuneración a que el hoy quejoso, tiene derecho, congruente con su salario y demás percepciones que recibía, pudiéndose emplear cualquier instrumento legal y administrativo a su alcance para cubrir con su presupuesto los salarios y demás emolumentos que dejó de percibir el quejoso durante su separación del Cargo de Magistrado con motivo del Decreto reclamado. En las relacionadas condiciones, y en atención a la conclusión alcanzada, las autoridades responsables, PRESIDENTE, PLENO, TESORERO Y CONTRALOR, DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, ASÍ COMO EL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL, TODOS DEL ESTADO DE TLAXCALA, deberán cumplir con el requerimiento formulado en el presente proveído, conforme a lo siguiente: a) Deberán realizar las acciones para restituirle al hoy quejoso, la totalidad de las prestaciones inherentes al cargo que desempeñaba, desde que fue separado de su encargo (segunda quincena de febrero del año dos mil catorce); hasta el diez de febrero del año dos mil dieciséis, cubriéndole la remuneración que percibía como Magistrado en funciones; esto es deberán cubrirle el salario y demás prestaciones que dejó de percibir en el período señalado; o en su caso, acreditar que ya se le cubrió en su totalidad. b) Deberán realizar las acciones pertinentes a efecto de garantizar el haber de retiro; esto es, deberán cuantificarle y cubrirle al hoy quejoso, los salarios y demás prestaciones que recibía, con motivo de las funciones que ejercía, pagándole el primer año el equivalente al setenta por ciento de la remuneración que percibía; el segundo año le será pagado el setenta por ciento de la remuneración que percibía; y el tercer año le será pagado el cincuenta por ciento de la remuneración que percibía. c) Deberán acreditar ante este órgano Jurisdiccional las gestiones realizadas y el pago realizado al hoy quejoso. En caso contrario, subsiste el apercibimiento decretado en el presente proveído (.)". En contra de dicho requerimiento, la Magistrada Elsa Cordero Martínez, en su carácter de Presidenta y Representante Legal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, y del Consejo de la Judicatura, interpuso recurso de queja, del cual tocó conocer al Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, quien por ejecutoria de fecha dieciocho de agosto del año dos mil dieciséis, se desechó por improcedente el recurso de queja. Mediante proveído de fecha veintisiete de septiembre del año dos mil dieciséis, este Juzgado de Distrito, con fundamento en el artículo 58, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ordenó regularizar el procedimiento, respecto del proveído de fecha veintinueve de abril del año dos mil dieciséis; únicamente, por cuanto se consideró: (.) b) Deberán realizar las acciones pertinentes a efecto de garantizar el haber de retiro; esto es, deberán cuantificarle y cubrirle al hoy quejoso, los salarios y demás prestaciones que recibía, con motivo de las funciones que ejercía, pagándole el primer año el equivalente al setenta por ciento de la remuneración que percibía; el segundo año le será pagado el setenta por ciento de la remuneración que percibía; y el tercer año le será pagado el cincuenta por ciento de la remuneración que percibía. Para quedar como sigue: (.) b) Deberán realizar las acciones pertinentes a efecto de garantizar el haber de retiro; esto es, deberán cuantificarle y cubrirle al hoy quejoso, los salarios y demás prestaciones que recibía, con motivo de las funciones que ejercía, pagándole el primer año el equivalente al setenta por ciento de la remuneración que percibía; el segundo año le será pagado el sesenta por ciento de la remuneración que percibía; y el tercer año le será pagado el cincuenta por ciento de la remuneración que percibía. Determinando que quedaba subsistente todo lo demás del mencionado proveído de fecha veintinueve de abril del año dos mil dieciséis. La Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, mediante sendos oficios, realizó diversas manifestaciones. El quejoso, desahogó la vista realizando diversas manifestaciones. La Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala, mediante oficio número PTSJ/CD.J./547/2017, de fecha veintitrés de octubre del año dos mil diecisiete, manifestó y acreditó sobre el cumplimiento de la ejecutoria, exhibiendo un convenio celebrado por una parte, entre el Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, representado por la Magistrada Elsa Cordero Martínez, en su carácter de Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura; y por la otra, parte el hoy quejoso, licenciado Rafael Juárez Castañeda. Este Juzgado de Distrito, mediante proveído de fecha veinticinco de octubre del año dos mil diecisiete, ordenó dar vista al quejoso, con el cumplimiento en cuestión, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera. El quejoso mediante escrito de fecha treinta de octubre del año dos mil diecisiete, desahogó la vista mencionada realizando diversas manifestaciones. Ahora bien, como las autoridades responsables, Presidente, Pleno, Tesorero y Contralor, del Tribunal Superior de Justicia, así como al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, todos del Estado de Tlaxcala, acreditaron que se le cubrió al quejoso, el pago por concepto de salarios caídos comprendidos del dieciséis de febrero de dos mil catorce, al diez de febrero del año dos mil dieciséis, así como del importe de haber de retiro en la proporción establecida correspondiente al período comprendido del once de febrero al treinta y uno de diciembre del año dos mil dieciséis, correspondiéndole al licenciado Rafael Juárez Castañeda, la cantidad de dos millones ciento veinticinco mil setecientos ochenta y un pesos con veintiséis centavos, menos la retención del impuesto sobre la renta que correspondió a la cantidad de seiscientos once mil doscientos cincuenta y nueve pesos con veintisiete centavos, asimismo, se advierte que el hoy quejoso, Rafael Juárez Castañeda, reconoció que ha recibido a través de la Tesorería del Poder Judicial del Estado, el pago de la cantidad de doscientos cuarenta y nueve mil doscientos un pesos con setenta y cuatro centavos, por concepto de haber de retiro equivalente al setenta por ciento de los meses de noviembre y diciembre de dos mil dieciséis; así como del importe correspondiente a la diferencia entre los porcentajes del setenta y sesenta por ciento por haber de retiro del período comprendido del mes de enero a octubre del año dos mil diecisiete; y los montos de gastos médicos y combustible cubiertos con un setenta por ciento, no así con el porcentaje determinado para el pago del segundo año de haber de retiro y prestaciones, inherente a un sesenta por ciento; que por cuanto hace a la prestación denominada combustible por el período comprendido de febrero de dos mil catorce, a febrero de dos mil dieciséis, debería cubrirse al cien por ciento y de marzo a octubre de dos mil dieciséis, debería pagarse al setenta por ciento, resultando un importe por la cantidad de setenta y nueve mil doscientos pesos, que como resultado de la deducción de los pagos efectuados con anterioridad, el importe del impuesto sobre la renta y la suma de la prestación consistente en combustible en los términos especificados en las claúsulas segunda y tercera del convenio en cuestión, la cantidad líquida a pagar ascendió a un millón trescientos cuarenta y cuatro mil seiscientos diez pesos con veinticinco centavos; cubriéndose a favor del quejoso la cantidad antes mencionada, tal como se acredita con la documental que se exhibe; de ahí que es indudable que la ejecutoria de amparo, ya se encuentra cumplida, precisamente por cuanto a las autoridades responsables, Presidente, Pleno, Tesorero y Contralor, del Tribunal Superior de Justicia, así como al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, todos del Estado de Tlaxcala. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, de la Ley de Amparo, en el momento procesal oportuno archívese el presente como asunto concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este Juzgado de Distrito. No es obstáculo a la conclusión alcanzada la circunstancia de que aún no haya transcurrido el término de tres años determinado en el decreto número 202, emitido por parte del Congreso del Estado de Tlaxcala, ya que ésta situación no impide para declarar por debidamente cumplida la presente ejecutoria de amparo; ya que en su caso, el hoy quejoso, podrá promover lo que en derecho proceda mediante el incidente innominado; aunado a que se encuentra subjúdice el diverso juicio de amparo 420/2017; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Tal circunstancia, hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE AL QUEJOSO.
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