Rafael Federico Sánchez Juárez Álvarez de la Cadena
Expediente 1174/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 1 actuación registrada, la última del 19 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1174/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 19/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Rafael Federico Sánchez Juárez Álvarez de la Cadena
Actuaciones
- Principal
Por recibido el oficio número 25174/2019, signado por el Juez Décimo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, al que adjunta copia certificada del juicio de amparo 1316/2019, de su índice, que contiene el escrito de demanda promovida por RAFAEL FEDERICO SÁNCHEZ JUÁREZ ÁLVAREZ DE LA CADENA, contra actos del JUEZ VIGÉSIMO TERCERO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO y otra autoridad. Del contenido del oficio de cuenta, se advierte que en auto de dieciséis de los corrientes, el Juez Décimo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, declaró carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo que se acompaña. Acúsese el recibo de estilo. Competencia. Este Juzgado de Distrito, respetuosamente disiente de lo resuelto por el homologo federal y no acepta la competencia declinada por las razones que a continuación se exponen. De la demanda de amparo que se promueve, así como de las constancias que integran el juicio de amparo que se recibe se advierten los siguientes antecedentes: En escrito de trece de diciembre del año en curso, RAFAEL FEDERICO SÁNCHEZ JUÁREZ ÁLVAREZ DE LA CADENA, por derecho propio, presentó demanda de amparo en el que señaló como acto reclamado lo siguiente: "IV. ACTO RECLAMADO Y FECHA DE NOTIFICACIÓN. Todos y cada uno de los actos procesales, actos resolutivos y actos de ejecución, realizados en el expediente 546/2009 del Juzgado Vigésimo Tercero Civil de la Ciudad de México. Del Director de Notarías y Registros Públicos del Estado de Tlaxcala se reclaman los actos ejecutivos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad ordenados por la autoridad señalada en el párrafo precedente. Luego por acuerdo de dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve, el juzgado federal declinante declaró carecer de competencia legal por cuestión de territorio, pues consideró que la quejosa se dolía de la cancelación de la donación simple respecto del inmueble ubicado en calle 20 de noviembre número 6, anteriormente 23, en la Ciudad de Tlaxcala, Tlaxcala, que se le dejó como garantía hipotecaria, realizada por la autoridad responsable denominada como Director de Notarías y Registros Públicos del Estado de Tlaxcala, con motivo del juicio ejecutivo mercantil 546/2019, seguido por Graciela Sánchez Palacio en contra de Alfredo Castro Téllez, en el cual el aquí quejoso, es tercero ajeno, en sentido estricto, ya que no figuró como parte en el juicio. Luego determinó carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo, al actualizarse el primer supuesto previsto en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo; en consecuencia, ordenó remitir el asunto al Juez de Distrito en el Estado de Tlaxcala, por lo que, en razón del turno aleatorio correspondiente correspondió conocer a este órgano jurisdiccional. Respetuosamente, no se comparte el criterio considerado por el homologo oficiante, por lo siguiente: En efecto el artículo 37, de la Ley de Amparo, dispone: Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. [Énfasis añadido] Del análisis del citado precepto se obtienen tres condiciones normativas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, que pueden resumirse de la siguiente manera: a) La primera regla establece que es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución (condición futura), trate de ejecutarse (condición futura), se esté ejecutando (condición actual) o se haya ejecutado (condición pasada) lo anterior con independencia del lugar en que radique la autoridad emisora del acto. b) La segunda regla es un matiz de la primera, ya que establece que en el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente para conocer de la demanda de amparo, el juez ante el cual se haya presentado. c) El último párrafo establece la regla consistente en que cuando una resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera ejecución material, es competente para conocer del juicio de amparo, el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De los supuestos indicados, se tiene que, para determinar la competencia de un Juez de Distrito, en principio debe atenderse a los efectos producidos por el acto desde la perspectiva de su ejecución material, de suerte que si no la conlleva, ese aspecto debe definirse en relación con el lugar de residencia de la autoridad que lo haya emitido u ordenado. Sin embargo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 13/2012, que se considera aplicable al caso determinó lo siguiente: ". El contenido de tal criterio jurisprudencial resulta insuficiente para resolver el presente asunto, dado que en los juicios de amparo de los que derivan los criterios competenciales contendientes en la presente contradicción de tesis, los actos reclamados no se circunscriben a la diligencia de embargo únicamente, sino que consisten en la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, diligenciado por exhorto, así como en todo lo actuado en los juicios ejecutivos mercantiles de origen, en los que ya existe sentencia ejecutoria de condena. Bajo esa perspectiva, esta Sala estima que la circunstancia de que la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento mediante exhorto se haya ejecutado en la demarcación territorial correspondiente a la jurisdicción del Juez exhortado, si bien constituye un dato que sirve para fijar la competencia del Juez de Distrito que debe conocer del juicio de garantías promovido en su contra, debe advertirse que tal diligencia no era el único acto reclamado en las demandas de amparo que dieron origen a los criterios judiciales contendientes. Así es, en la especie, los quejosos señalaron también como actos reclamados derivados de los juicios ejecutivos mercantiles respectivos, toda la tramitación de los procesos que culminaron con el dictado de sendas sentencias ejecutorias de condena en contra de los allí quejosos. Por ello, resulta relevante para el caso considerar que, acorde con las máximas de la experiencia, en la tramitación de un juicio ejecutivo mercantil, en el cual se emplazó al demandado por medio de exhorto y ha culminado con el dictado de una sentencia ejecutoria de condena, necesariamente existen pronunciamientos judiciales y actuaciones que no requieren de ejecución material.(17) En esa tesitura, no puede perderse de vista que el señalamiento de tales actos reclamados constituye también un dato objetivo para fijar la competencia por territorio del Juez que habrá de conocer de la demanda de garantías, ya que el supuesto en el que el acto reclamado no requiere de ejecución material, también se encuentra prevista por la Ley de Amparo como un dato que sirve para fijar la competencia del Juez de Distrito que debe conocer del juicio de garantías promovido en contra de "todo lo actuado en el juicio". Así las cosas, acorde con el contenido integral, armónico y a coherencia del artículo 36 de la Ley de Amparo, aunado al principio de "continencia de la causa", puede afirmarse válidamente que en el caso de que en la demanda de amparo se señale una pluralidad de actos reclamados, entre los cuales se encuentre uno que sí requiere ejecución material y que se ejecutó mediante exhorto en el lugar de jurisdicción de un juzgador federal; entre tanto, otros actos también señalados como reclamados no requieren ejecución material y se dictaron por una autoridad que reside en la jurisdicción de otro juzgador federal. Serán competentes para conocer del asunto en su integridad ambos juzgadores de amparo. Sentado lo anterior, resta ahora definir cuál de esos juzgadores, considerados legalmente competentes por razón de territorio, debe conocer del juicio de garantías en los casos como los que dieron origen a la presente contradicción de tesis, pues la sola aceptación de que ambos son competentes podría conducir al sin sentido de que los dos juzgadores de amparo estimaran que corresponde a su respectivo homólogo el deber de conocer el juicio constitucional, negándose ambos al avocamiento del asunto bajo la premisa de que el otro juzgador es el competente. Ante la falta de regulación expresa para el caso, esta Sala estima que la competencia se finca a favor del Juez de amparo, de entre ellos, que haya previsto la demanda de garantías." Del criterio transcrito se aprecia que la Primera Sala del Máximo Tribunal, de manera esencial, determinó que cuando en una demanda de amparo se reclamen diversos actos, entre los cuales se encuentren uno que sí requiere ejecución material y se verificó en el lugar de jurisdicción de un juzgador federal; entre tanto otro que, por su naturaleza no la requiera y se dictaron por una autoridad que residen en la jurisdicción de otro juzgador federal, serán competentes para conocer del asunto en su integridad ambos juzgadores de amparo. Por tanto, concluyó que ante la falta de regulación expresa en la legislación de la materia sobre ese caso, la competencia para conocer de la demanda debía fincarse al juez de amparo que haya prevenido en el conocimiento de la demanda. No es obstáculo para arribar a la anterior determinación, el hecho de que el criterio analizado se haya emitido durante la vigencia de la Ley de Amparo anterior, esto es, la publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de mil novecientos treinta y seis; sin embargo, resulta aplicable en la especie conforme a lo previsto en el artículo sexto transitorio de la nueva Ley de Amparo, publicada en ese medio de difusión oficial el dos de abril de dos mil trece, vigente al día siguiente, que establece que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior, continuará en vigor en lo que no se oponga a este nuevo ordenamiento, sin que en el caso se advierta oposición alguna al respecto. Sobre esa base, se considera que en el caso se actualiza la segunda regla de competencia prevista en el artículo 37 de la Ley de la materia, antes transcrito, ello en atención a que en el apartado de actos reclamados de la demanda de amparo, el quejoso precisó que además de las inscripciones realizadas por el Director de Notarías y Registros Públicos del Estado de Tlaxcala, lo cual tuvo ejecución material en un inmueble ubicado en esta ciudad, reclama también, como acto destacado y concreto, todos y cada uno de los actos procesales, resolutivos y de ejecución, realizados en juicio ejecutivo mercantil 546/2009 del Juzgado Vigésimo Tercero Civil de la Ciudad de México; esto es, todo lo actuado en el juicio, siendo que tales actos no requieren de ejecución material; sin embargo constituyen un dato objetivo para establecer la competencia por territorio al Juez de la jurisdicción del lugar en que residen la autoridad que radicó y substanció el citado procedimiento. En ese orden, en el caso el quejoso se ostenta con el carácter de tercero extraño en sentido estricto; sin embargo, aún no se cuenta con datos suficientes que permitan tener certeza de ello o si, en el caso ,se está ante la presencia de un tercero equiparable, pues aun no existen pruebas suficientes para determinar tal circunstancia, ya que incluso el propio impetrante manifiesta no ser parte de la contienda, con lo que considera transgredido su derecho fundamental de audiencia, por no haber sido llamado a juicio. Por lo tanto, este órgano jurisdiccional disiente de que en el caso, únicamente se actualice el presupuesto procesal que finque competencia para conocer de la demanda a favor de este Juzgado, con motivo de la ejecución de la cancelación de donación simple respecto del inmueble ubicado en calle 20 de noviembre número 6, anteriormente 23, en la Ciudad de Tlaxcala, Tlaxcala, que se dejó como garantía hipotecaria, por virtud de un reconocimiento de adeudo que el aquí amparista tiene a su favor. Ello, porque la quejosa se duele tanto de todo lo actuado en el juicio de origen, mismo que se encuentra radicado ante una autoridad con jurisdicción en la Ciudad de México, que es el lugar de residencia del homólogo oficiante y que como se dijo, son actos que no requieren ejecución material; así como de las inscripciones realizadas por el Director de Notarías y Registros Públicos del Estado de Tlaxcala; lo que tuvo verificativo en esta ciudad. El Juez de Distrito oficiante fijó el acto reclamado como la cancelación de donación ordenada en los autos del juicio de origen, lo cual se estima, no es en concreto el acto reclamado por el quejoso, pues si bien, forma parte de los argumentos que constituyen los conceptos de violación, así como de los antecedentes narrados en la demanda, lo cierto es que el impetrante reclama en el caso, la afectación que sufrió como consecuencia de no habérsele llamado al juicio de origen, entre lo que se encuentra la cancelación de la hipoteca inscrita a su favor, sobre un inmueble respecto del cual se ha ordenado cancelar la donación inscrita en el Registro Público del Estado de Tlaxcala, dentro de los autos del referido juicio y todas sus consecuencias jurídicas; no únicamente la cancelación de la donación inscrita en el Registro Público de la Propiedad de esta entidad. De lo anterior se colige que tanto el homologo oficiante y este juzgado, resultan competentes para conocer de la demanda de amparo de que se trata; sin embargo, ante el evento que acontece, la competencia del asunto debe fincarse en términos del numeral 37, párrafo segundo, conforme con el criterio invocado, es decir, el juez que conoció en primer término de la demanda, siendo éste el Juez Décimo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 110/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 2, Página: 1204, Décima Época, Registro: 2004414, que establece: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN QUE SE RECLAMA EL EMPLAZAMIENTO POR VICIOS PROPIOS Y LOS ACTOS QUE PROSIGUIERON. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). Cuando en una demanda de amparo se reclaman el emplazamiento a juicio por su indebida práctica (no por su ausencia) y todas las actuaciones del juicio de origen, incluida la sentencia o el laudo que pone fin a la contienda y la ejecución, resulta competente para conocer del juicio del Juez de Distrito que previno, acorde con el segundo párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, que establece que si el acto ha comenzado a ejecutarse en un Distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención, será competente. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley de Amparo, este juzgado federal NO ACEPTA LA COMPETENCIA DECLINADA por el Juez Décimo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México; por lo tanto devuélvase el expediente remitido al juzgado declinante para que provea lo conducente y fórmese el cuadernillo correspondiente. Se solicita acuse de recibo. Suspensión de los Actos Reclamados. De lo resuelto en este acuerdo, no procede pronunciarse sobre la suspensión de los actos reclamados, toda vez que éstos no corresponden a los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni se encuentran en alguno de los supuestos previstos en los ordinales 15 y 48 de la Ley de Amparo. Notificación al quejoso. En virtud de la determinación anterior, se considera innecesario notificar el presente acuerdo de forma personal a la quejosa, dado que éste juzgado federal determinó carecer de competencia legal para conocer del presente asunto y en consecuencia corresponderá al juez ante el que se presentó la demanda a quien corresponderá efectuar el pronunciamiento respectivo. Autorizados. Sin perjuicio de lo resuelto, se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12, segundo párrafo, de la Ley de Amparo a PABLO VARGAS BRINGAS, RENÉ BARAJAS ÁVILA Y JORGE VARGAS MORGADO, por contar con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales del Circuito y Juzgados de Distrito. Medios electrónicos. Desde este momento se autoriza a las partes, el empleo de medios electrónicos para la reproducción de las constancias de este juicio (fotografías), en términos de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de dieciocho de marzo de dos mil nueve. Por su aplicación, se cita en apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis aislada I.3o.C.725 C, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 2847, del Tomo XXIX, Marzo de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Civil, Novena Época, con el rubro siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." Supresión de datos. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en su artículo 21. Notifíquese.
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