Rafael Jhymmi Salas Graniel
Expediente 820/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 11 actuaciones registradas, la última del 7 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 820/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 07/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Rafael Jhymmi Salas Graniel
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Con esta fecha se notifica electrónicamente a la parte quejosa el proveído de siete de marzo de dos mil veintitrés, mismo que a la letra dice: Atento a la certificación que antecede y al estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que concluyó el plazo otorgado a la parte quejosa, mediante proveído de dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que realizaran manifestación alguna.********************Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado proveído y, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla.********************Ahora, en sentencia de diecisiete de enero de dos mil veintitrés, por una parte se sobreseyó el presente asunto, y por otra se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a********************para los siguientes efectos:********************". la 1. Junta Especial Número Nueve de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, con sede en esta localidad, proceda de inmediato dentro del ámbito de sus facultades y competencia, a promover lo que conforme a derecho proceda en relación con la imposibilidad de emplazar a la parte demandada ******************** ********************y/o quien resulte propietario o responsable de la fuente de trabajo denominado ******************** ******************** ********************, y/o como en lo futuro de denomine y/o quienes resulten ser socios o accionistas o quien legalmente lo represente, sin que pueda excederse del plazo establecido en el artículo 735 de la Ley Federal del Trabajo.********************El alcance de la protección constitucional es en base al acto reclamado en esta instancia, así como en la etapa procesal en la que se encuentra dicho proceso laboral."****************************************En esas condiciones, mediante auto de ocho de febrero de dos mil veintitrés, se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable Junta Especial Número Nueve de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río, Veracruz.********************Posteriormente, mediante proveído de dieciséis de febrero siguiente, se ordenó dar vista a la parte quejosa con las constancias remitidas por la autoridad responsable con base en las cuales se pronuncia este acuerdo.********************De las referidas constancias, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. ********************Ello es así toda vez que obra en autos el oficio STPSP/JLCA/JE9/111/2023, signado por el Presidente de la Junta Especial número nueve de la Local de Conciliación y Arbitraje con sede en esta localidad, al cual anexó copia certificada del auto de treinta de enero de dos mil veintitrés, dictado en autos del expediente laboral ******************** de su índice, del cual se aprecia que señaló las once horas del veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, para celebración de la audiencia de Conciliación Demanda y Excepciones, ordenando emplazar a los demandados por conducto del actuario; lo anterior en el domicilio proporcionado por el actor. ********************Asimismo, anexó copia de los citatorios de trece de febrero de dos mil veintitrés, dirigidos a quien resulte propietario o responsable de la fuente de trabajo denominada ******************** ******************** ********************, y/o como en lo futuro de denomine y/o quienes resulten ser socios o accionistas o quien legalmente lo represente, así como el dirigido a ******************** López Enríquez.********************Igualmente, anexó copia de la cédula de notificación de catorce de febrero siguiente, atendida con ********************, empleado de la moral demandada, por lo que cerciorado de lo anterior, procedió a notificar en términos del artículo 743 fracción IV de la Ley Federal del Trabajo el acuerdo de treinta de enero de dos mil veintitrés, entregando el original de la cédula de notificación, copia del acuerdo notificado, así como copia del escrito inicial de demanda y del auto de radicación.********************Con lo anterior, se aprecia que la Junta responsable subsanó la omisión reclamada en esta instancia judicial; toda vez que actúo conforme los lineamientos de la ejecutoria de amparo, esto es ordenó realizar el emplazamiento de los demandados, propietario o responsable de la fuente de trabajo denominada ******************** ******************** ********************, y/o como en lo futuro de denomine y/o quienes resulten ser socios o accionistas o quien legalmente lo represente, así como el dirigido a ******************** López Enríquez, el cual se realizó en los términos de la Ley Federal de Trabajo.********************Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS.********************Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo.********************Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General.********************Se ordena indicar las anteriores valoraciones en la carátula del expediente, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General.********************Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Con esta fecha se notifica electrónicamente a la parte quejosa el proveído de dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, mismo que a la letra dice: Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Presidente de la Junta Especial Número Nueve de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en Boca del Río, Veracruz; en atención a su contenido, se le tiene remitiendo las constancias con las que considera haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes, con el oficio y anexo, con registro 2393, por el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación que se les haga del presente proveído, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga, para lo cual se les deberá entregar copia autorizada de las mencionadas constancias. Apercibidas que de no hacer manifestación alguna al respecto en el citado plazo, con desahogo de la vista o sin ella, este Juzgado Federal acordará lo que conforme a derecho proceda, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese en términos de ley.Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, ocho de febrero de dos mil veintitrés. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se SOBRESEYÓ, y por otra, se CONCEDIÓ EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL, a la parte quejosa en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado. Ahora, toda vez que en el fallo protector se determinó que la autoridad responsable, 1. Junta Especial Número Nueve de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río, Veracruz, está obligada a su cumplimiento; en consecuencia, con fundamento en los artículos 192 y 194 de dicha Ley de Amparo, se le requiere para que dentro del plazo de TRES DÍAS realice los actos señalados en la ejecutoria de mérito, el cual se circunscribe a: "(...) que la 1. Junta Especial Número Nueve de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, con sede en esta localidad, proceda de inmediato dentro del ámbito de sus facultades y competencia, a promover lo que conforme a derecho proceda en relación con la imposibilidad de emplazar a la parte demandada ******************** y/o quien resulte propietario o responsable de la fuente de trabajo denominado ********************, y/o como en lo futuro se denomine y/o quienes resulten ser socios o accionistas o quien legalmente lo represente, sin que pueda excederse del plazo establecido en el artículo 735 de la Ley Federal del Trabajo. (...)" Hecho lo anterior, dentro del citado plazo, deberá informar a este órgano jurisdiccional su cumplimiento, debiendo acompañar para tal efecto las constancias necesarias que acrediten dicho cumplimiento; con el apercibimiento que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá multa de cien días de acuerdo al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de conformidad con el artículo 238 y 258 de la citada Ley de Amparo; asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese en términos de ley.Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe.
- Principal
V. Con esta fecha se notifica electrónicamente a la parte quejosa la sentencia engrosada el diecisiete de enero de dos mil veintitrés, misma que a la letra di ce: RESULTANDO.. PRIMERO. Por escrito presentado el trece de septiembre de dos mil veintidós, en el buzón judicial de los Juzgados Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta localidad, recepcionado al día siguiente hábil, esto es, diecinueve de septiembre de ese año, por la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, Rafael Jhymmi Salas Graniel, promovió juicio de amparo. SEGUNDO. Mediante acuerdo de veinte de septiembre de dos mil veintidós, se admitió la demanda de amparo; se requirió de las autoridades señaladas como responsables su informe justificado; y se dio la intervención que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y fijó fecha y hora para celebrar la audiencia constitucional (fojas 8 a 11). TERCERO.- En proveído de trece de octubre de dos mil veintidós, previa solicitud de la parte quejosa, se tuvo por ampliada la demanda de amparo respecto de las autoridades responsables denominadas 3. Junta Especial número Nueve de la Local de Conciliación y Arbitraje y 4. Actuaria adscrita a la Junta Especial número Nueve de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en Boca del Río, Veracruz, atribuyéndole a cada una su respectivo acto reclamado; por ello, se requirió de las nuevas autoridades responsables su informe justificado (fojas 24 a 26). CUARTO. Agotada la secuela procesal y por encontrarse debidamente integrado el presente asunto, en la medida que obra en autos el informe justificado de las autoridades responsables (fojas 16, 33 y 46); así como la constancia de notificación del Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado de Distrito vía oficio, cuyo acuse de recibo corre agregado a foja quince; no obsta a lo anterior, que no se haya señalado persona alguna con el carácter de tercero interesado, en razón de las constancias que obran en autos, se advierte que la parte demandada en el juicio de origen, no se ubica en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 5º, fracción III de la Ley de Amparo, dado que al instar la presente litis, no habían sido llamados al juicio natural. Consecuentemente, se tuvo verificativo la audiencia constitucional, quedando el expediente en estado de resolución, y CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, acorde a lo establecido por los artículos 1º, 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 36 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con punto cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del acuerdo general 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero del mismo año. Por la vía, en virtud de que se reclaman actos que pueden afectar directa e irreparablemente el derecho fundamental de legalidad del quejoso, impugnable en amparo indirecto; la materia, toda vez que este Juzgado es Mixto, y actúa tanto como órgano de instrucción en las materias penal, civil y administrativa, así como de control constitucional, al conocer del amparo indirecto en primera instancia; y, por territorio, atento a que los actos aquí reclamados conllevan ejecución material en la circunscripción territorial de este Juzgado. SEGUNDO. Fijación clara y precisa del acto reclamado. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la aplicable Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa cuáles son los actos que se reclaman. De la lectura total de la demanda de amparo, y del escrito de ampliación, se advierte que el quejoso reclama en esta instancia: La omisión de realizar las actuaciones tendientes a llevar a cabo el emplazamiento a los demandados, en el expediente laboral 533/2021; La abstención de emplazar a los demandados a dicho juicio laboral. Ahora, por cuestión de método, se analiza si está probada o no su existencia, respecto de las autoridades señaladas como responsables. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Las autoridades responsables: presidente de la 1. Junta Especial Número Diez de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, y en representación de la 2. Actuaria adscrita a la Junta Especial Número Diez de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, con residencia en Boca del Río, Veracruz, al rendir su informe justificado negó la existencia del acto reclamado. Dicha negativa devino en el sentido de que el juicio laboral número 533/2021, promovido por el quejoso, del cual emana el acto reclamado en esta instancia constitucional, no se encuentra radicado ante dicha junta laboral, sino que por cuestión de turno, dicho sumario le correspondió a la Junta Especial número Nueve de la Local de Conciliación y Arbitraje, en esta localidad; ante dicha inexistencia, y dado que no existe en el presente juicio constancia o dato alguno del que deriven indicios sobre la existencia de dicho acto reclamado, por tanto, no existe razón fundada para estimar lo contrario a lo manifestado por la autoridad responsable. Máxime que en proveído de trece de octubre del año pasado, se tuvo a la parte quejosa por ampliada la demanda de amparo respecto de las autoridades responsables denominadas Junta Especial número Nueve de la Local de Conciliación y Arbitraje, en esta localidad, y del actuario adscrito a la misma, a quienes les atribuyo los actos reclamados especificados en el considerando segundo de la presente resolución. De lo anterior, y tomando en consideración que la parte quejosa no aportó medio de convicción con el cual desvirtuara la negativa de las mencionadas autoridades, siendo que a ésta corresponde acreditar la existencia del acto que les atribuye; lo que procede es SOBRESEER en el presente juicio de amparo respecto de los actos atribuidos a las autoridades responsables 1. Junta Especial Número Diez de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, y 2. Actuaria adscrita a la Junta Especial Número Diez de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, con residencia en Boca del Río, Veracruz, en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente. CUARTO.- Certeza de actos. Las autoridades responsables 3. Junta Especial número Nueve de la Local de Conciliación y Arbitraje y 4. Actuaria adscrita a la Junta Especial número Nueve de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en Boca del Río, Veracruz, negaron los actos reclamados, sin embargo, de la lectura de sus informes justificados se desprende que al momento en que se promovió la presente demanda de garantías; esto es, con fecha trece de septiembre del año pasado, aún existían los actos omisivos atribuidos a dichas responsables, dentro del expediente laboral 533/2021, motivo por el cual el citado acto debe tenerse como cierto. Lo que se corrobora en razón que la Junta responsable remitió copia certificada de las constancias que integran el expediente 533/2021 (mismas que obran en el juicio de garantías) las cuales tienen valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su artículo 2°. Es aplicable al caso la jurisprudencia del rubro siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." QUINTO. Análisis de la procedencia del juicio de amparo. Por ser las causas de improcedencia de orden público y de preferente análisis al fondo del asunto, se procede al estudio de las que de oficio pudieran advertirse en la especie, según lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. MARCO NORMATIVO En relación con el acto reclamado consistente en la abstención de emplazar a los demandados al juicio laboral 533/2021, atribuido a la 4. Actuaria adscrita a la Junta Especial número Nueve de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en Boca del Río, Veracruz, se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, al haber cesado en sus efectos dicha omisión. El numeral citado al respecto cita: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del artículo trascrito se advierte que la causa de improcedencia precitada se genera por la insubsistencia del acto reclamado; es decir, que materialmente las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si dicho acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido no deje ninguna huella, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. De ahí que la razón de ser de dicha causa de improcedencia se justifica por la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento del amparo solicitado. Lo anterior se orienta por la jurisprudencia y tesis aislada que son del contenido siguiente: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. Se destaca que, si bien dichas jurisprudencias son anteriores a la Décima Época, aun así son aplicables a la Ley de Amparo vigente, atento que no se oponen a la misma, conforme lo establece su transitorio sexto. ANTECEDENTES Para una mejor comprensión del asunto, se destacan los antecedentes que dieron origen al acto reclamado, los cuales se desprenden de las copias certificadas que remitió la autoridad responsable: a).- Por escrito presentado el siete de abril de dos mil veintiuno, ante la Oficialía de partes, el aquí quejoso Rafael Jhymmi Salas Graniel, demando diversas prestaciones; y que por tuno correspondió conocer a la Junta Especial Número Nueve de la Local de Conciliación y Arbitraje, en esta localidad (fojas 51 a 54). b).- En fecha veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, la junta responsable dio trámite a la demanda promovida, dando origen al juicio laboral número 533/2021, y en atención a la misma, y al no existir impedimento legal alguno, de conformidad con los artículos 873, 874, 875, 876, 878 y 879 de la Ley Federal del Trabajo, señaló como fecha el día veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, para la celebración de una audiencia de conciliación, demanda y excepciones (foja 55). c).- Una vez llegada el día y hora de la audiencia antes indicada, se certificó que no se presentó la parte actora ni persona que lo represente, al no existir constancia de notificación efectuada; asimismo, se hizo constar que no se encontraba presente persona alguna que represente a la parte demandada Ernesto López Enríquez y/o quien resulte propietario o responsable de la fuente de trabajo denominado Vilore Distribución, sociedad anónima de capital variable, y/o La Costeña, y/o como en lo futuro de denomine y/o quienes resulten ser socios o accionistas o quien legalmente lo represente; de igual forma, el tercero interesado Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no asiste persona alguna a velar por sus intereses, esto, debido a que no se encontraban emplazados al juicio natural; por ello, al no estar debidamente integrada para su celebración, determino citar nuevamente a la parte actora y ordeno emplazar al demandado y tercero interesado para la celebración de la referida audiencia, la cual se fijó para el día diez de febrero de dos mil veintidós (foja 56). d).- Igualmente, llegada la fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, esta no se llevó a cabo al no estar debidamente notificado la parte actora, ni emplazados a juicio la parte demandada y tercero interesado; por lo que nuevamente la junta responsable fijo nueva fecha para el veinticuatro de junio del dos mil veintidós (foja 57). e).- Asimismo, el veinticuatro de junio del año pasado, nuevamente la autoridad responsable tuvo que fijar nueva fecha para la celebración de la audiencia respectiva, al no estar ninguna de las partes notificadas para la misma, ordenado citar a las partes para que concurran al desahogo de la audiencia, la cual fue fijada para el día treinta de enero de este año (foja 58). f).- Derivado de lo anterior, se advierte que el dieciocho de octubre de dos mil veintidós, compareció ante la secretaria adscrita a la junta responsable, el autorizado de la parte actora, aquí quejoso, el licenciado Salvador Xavier Martín del Campo López, notificándole en ese acto el acuerdo de veinticuatro de junio del año pasado, en el cual se fijó la fecha y hora que tendrá lugar la audiencia de conciliación, demanda y excepciones (once horas del día treinta de enero de dos mil veintitrés, foja 61). g).- Además de la orden dada por la junta, el actuario habilitado por la misma responsable, procedió a emplazar al tercero interesado Instituto Mexicano del Seguro Social al juicio de origen, procediendo a entregar cedula de notificación, así como la copia del acuerdo de fecha veinticuatro de junio de dos mil veintidós, donde se señaló fecha y hora para una audiencia, por lo que le corrió traslado con el escrito inicial de demanda, y del acuerdo de radicación de veintiséis de mayo de dos mil veintiuno (fojas 61 y 63). h).- Mediante razón actuarial de fecha cuatro de noviembre del año pasado, el actuario adscrito a la junta responsable hizo constar la imposibilidad de realizar el emplazamiento a la parte demanda Ernesto López Enríquez y/o quien resulte propietario o responsable de la fuente de trabajo denominado Vilore Distribución, sociedad anónima de capital variable, y/o La Costeña, y/o como en lo futuro de denomine y/o quienes resulten ser socios o accionistas o quien legalmente lo represente, dado que una vez constituido en la Carretera Federal Xalapa, a la altura de la colonia Valente, una vez recorrido la misma, no tuvo a la vista alguna razón social de la demandada, además de resultarle impreciso toda vez que no se indicó entre que calles se encuentra la empresa o algún número del inmueble para su localización, lo que asentó dando cuenta a su superioridad para los efectos legales conducentes (foja 64). Los antecedentes anteriores son en base a las constancias que se remitieron y que obran en el juicio de origen; y hasta aquí la relatoría de antecedentes. SUBSUNCIÓN En términos de lo anterior, se estima que la omisión que existía al momento de la presentación de la demanda de amparo que generó el presente juicio (trece de septiembre de dos mil veintidós) ha quedado sin efectos. Lo anterior se desprende del informe justificado que rindió el 4. Actuario adscrito a la Junta Especial número Nueve de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en Boca del Río, Veracruz, así como de las constancias que obran en autos, de donde se aprecia que actualmente se encuentra emplazado al juicio laboral 533/2021, el tercero interesado Instituto Mexicano del Seguro Social, desde el cuatro de noviembre pasado, además que, en la misma fecha dicho actuario asentó la imposibilidad de emplazar a la parte demandada, al no localizar el domicilio indicado por la parte actora (aquí quejoso), además de no contar con mayores datos de localización. Luego, si el actuario responsable practicó la orden de notificación encomendada por la Junta al cual está adscrito, por ende, es claro que cesaron los efectos del acto atribuido a dicha autoridad, al haber desaparecido en su totalidad la abstención reclamada, pues dichas actuaciones sustituyeron las omisiones de realizar el emplazamiento tanto a la parte tercero interesado y demandado, de manera que las cosas volvieron al estado que tenía antes de la violación al artículo 17 de la Constitución Federal. No obsta lo anterior, en el sentido de que si bien no ha sido emplazado al juicio laboral la parte demandada, lo cierto es que, por causas ajenas al actuario responsable (falta de datos de localización) no fue posible realizar dicha notificación -previo cercioramiento del domicilio- dicha circunstancia fue asentada mediante documento oficial, de fecha cuatro de noviembre de dos mil veintidós; por lo que la omisión atribuida al actuario fue sustituida por esa razón actuarial de imposibilidad. Asimismo, cabe destacar que en el juicio laboral de origen, la secretaria adscrita a la junta aludida, con fecha dieciocho de octubre del año pasado, hizo constar que ante ella, compareció el autorizado de la parte quejosa, por lo que procedió a notificar el contenido del proveído de veinticuatro de junio del año pasado, así como la fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, fijada para las once horas del día treinta de enero de esta anualidad, lo que refleja que la parte quejosa tuvo conocimiento tanto de esa fecha, como la orden emitida por la junta especial -autoridad ante quien se insta el juicio laboral- a efecto de emplazar tanto a la parte demandada como al tercero interesado. Aunado a ello, de las constancias remitidas por la junta responsable como justificación de su informe, y que obran agregados a los presentes autos, la parte quejosa se impuso del contenido de las diligencias realizadas por el actuario habilitado, en virtud de que por acuerdo de fecha catorce de noviembre del pasado año, se dejó a vista con los mismos, proveído que fue notificado por lista de acuerdos el quince de noviembre de dos mil veintidós. CONCLUSIÓN En los términos antes apuntados, al quedar probada la cesación de la omisión aquí combatida, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que procede sobreseer en el presente juicio de amparo conforme a lo dispuesto en la fracción V del artículo 63 del mismo ordenamiento, en relación al acto reclamado atribuido a la 4. Actuaria adscrita a la Junta Especial número Nueve de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en Boca del Río, Veracruz. Se apoya lo anterior, con la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. Al no advertirse diversa causa de improcedencia o motivo de sobreseimiento, procede a estudiar la cuestión de constitucional planteada del restante acto reclamado. SEXTO.- Estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. En el presente considerando, se analizara respecto del acto reclamado consistente en la omisión de realizar las actuaciones tendientes a llevar a cabo el emplazamiento a los demandados, en el expediente laboral 533/2021, atribuido a la 1. Junta Especial Número Nueve de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, con sede en esta localidad; por ello, procede el análisis de los conceptos de violación que refiere la parte quejosa en su escrito de demanda, los cuales se tendrán como reproducidos como si a la letra se insertara; esto en atención a la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación. Estipulado lo anterior, tenemos que en el concepto de violación que aduce la parte quejosa en su escrito de demanda, en el cual argumenta que las omisiones de la junta responsable es violatoria del artículo 17 Constitucional, al no realizar las actuaciones tendentes a llevar a cabo el emplazamiento de la parte demandada dentro del expediente laboral. MARCO NORMATIVO A fin de establecer la validez de lo planteado por la parte quejosa, es menester ventilar la premisa jurídica consagrada en la Constitución Federal, dando lugar al siguiente artículo: "Artículo 17 Constitucional.- (.) Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. (.) Del numeral antes citado, se desprende cuatro principios que garantizan a todo gobernado el derecho substancial de impartición de justicia, por lo que debe regirse toda autoridad encargada de resolver conflictos que se presente en su respectivo ámbito de competencia; dichos elementos se catalogan en los siguientes: 1. De justicia pronta: Principio que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa: Consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial: Principio refiere que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; 4. De justicia gratuita: Estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. En base a los principios consagrados en el artículo 17 Constitucional, las autoridades que se encuentran obligadas a respetarlos y apegarse a ellos, van a ser aquellas encargadas de resolver los planteamientos de conflictos suscitados entre diversos sujetos de derechos, siempre y cuando dichas disputas entren en su ámbito de competencia; por tal motivo, los órganos judiciales o aquellas autoridades que realicen actos jurisdiccionales, están sujetas a su observancia, y al dejar de aplicarlos trae como consecuencia la violación al derecho a la impartición de justicia, consagrado en el precepto antes invocado. Orienta lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto que a la letra dice: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales. Ahora bien, en la legislación que rige la materia del cual deriva el acto reclamado, se advierte los artículos 873, 873-A, 874 y 735 de la Ley Federal del Trabajo, mismos que establecen lo siguiente: "Artículo 873.- Dentro de las veinticuatro horas siguientes a la presentación de la demanda, deberá turnarse al Tribunal correspondiente; si la demanda se encuentra ajustada a derecho, éste deberá dictar el acuerdo de admisión respectivo dentro de los tres días siguientes a que le sea turnada o de que se haya subsanado ésta en los términos del tercer párrafo del presente artículo. Al presentarse la demanda, el Tribunal le asignará al actor un buzón electrónico, proporcionándole el nombre de usuario y la clave de acceso correspondiente, mediante el cual podrá consultar su expediente y revisar los acuerdos que se dicten en éste. Cuando el actor sea el trabajador o sus beneficiarios, de advertir el Tribunal alguna irregularidad en el escrito de demanda o se promueven acciones contradictorias o no se haya precisado el salario base de la acción, en el acuerdo le señalará los defectos u omisiones en que haya incurrido y lo prevendrá para que los subsane dentro de un término de tres días. Dicho acuerdo deberá notificarse personalmente al actor. De no subsanar el actor la demanda en el término concedido, el Tribunal subsanará las omisiones o irregularidades basándose en el material probatorio que el actor acompañe a su demanda y conforme a las normas del trabajo, una vez hecho lo anterior, el Tribunal admitirá la demanda. No se recibirán pruebas adicionales a las ofrecidas en la demanda, salvo las que se refieran a hechos relacionados con la réplica, siempre que se trate de aquéllos que el actor no hubiese tenido conocimiento al presentar su demanda, así como las que se ofrezcan para sustentar las objeciones hechas a las pruebas de las demás partes, o las que se refieran a la objeción de testigos. Lo anterior sin menoscabo de que se puedan ofrecer pruebas sobre hechos supervenientes. El Tribunal solo podrá admitir la ampliación de demanda en caso de que en la contestación a la misma se hagan valer hechos novedosos, de los cuales el actor no haya tenido conocimiento al presentar su demanda. "Artículo 873-A.- Dentro de los cinco días siguientes a su admisión, el Tribunal emplazará a la parte demandada, entregándole copia cotejada del auto admisorio y del escrito de demanda, así como de las pruebas ofrecidas en ésta, para que produzca su contestación por escrito dentro de los quince días siguientes, ofrezca pruebas y de ser el caso reconvenga, apercibiéndole que de no hacerlo en dicho término se tendrán por admitidas las peticiones de la parte actora, salvo aquéllas que sean contrarias a lo dispuesto por la ley, así como por perdido su derecho a ofrecer pruebas y en su caso a formular reconvención. Asimismo, deberá apercibirlo que de no cumplir con lo previsto en el artículo 739 de esta Ley, las notificaciones personales subsecuentes se le harán por boletín o por estrados, y en su caso por buzón electrónico, conforme a lo establecido en esta Ley. A toda contestación de demanda deberá anexarse el documento con el que se acredite la personalidad de quien comparezca en representación del demandado. El escrito de contestación de demanda deberá contener una exposición clara y circunstanciada de los hechos, los fundamentos de derecho en los que se sustenta, las excepciones y defensas que el demandado tuviere a su favor, debiendo referirse a todos y cada uno de los hechos aducidos en la demanda, afirmándolos o negándolos, y expresando los que ignore cuando no sean propios, agregando las manifestaciones que estime convenientes y, en su caso, objetar las pruebas ofrecidas por la parte actora, apercibido que en caso de no hacerlo se le tendrá por perdido el derecho de objetar las pruebas de su contraparte. El silencio y las evasivas harán que se tengan por admitidos aquellos hechos sobre los que no se suscite controversia, sin que sea admisible prueba en contrario. La negación pura y simple del derecho, implica la confesión de los hechos. La confesión de éstos no entraña la aceptación del derecho. En caso que el demandado niegue la relación de trabajo podrá negar los hechos en forma genérica, sin estar obligado a referirse a cada uno de ellos. Todas las excepciones procesales que tenga el demandado deberá hacerlas valer al contestar la demanda, y en ningún caso suspenderán el procedimiento; de oponerse éstas, sólo se admitirán como pruebas la documental y pericial, salvo en el caso de la litispendencia y conexidad, de las que se podrá ofrecer también la prueba de inspección de los autos. La excepción de incompetencia no exime al demandado de contestar la demanda; si no lo hace y el Tribunal se declara competente, se tendrán por admitidas las peticiones de la actora, salvo aquellas que sean contrarias a lo dispuesto por la ley. Las mismas consecuencias correrán a cargo del demandado si éste no da contestación a la demanda o la formula fuera del plazo concedido para hacerlo, sin perjuicio de que hasta antes de la audiencia preliminar pueda ofrecer pruebas en contrario para demostrar que el actor no era trabajador o patrón, que no existió el despido o que no son ciertos los hechos afirmados por la parte actora. La parte demandada deberá ofrecer sus pruebas en el escrito de contestación a la demanda, acompañando las copias respectivas para que se corra traslado con ellas a la parte actora. No se recibirán pruebas adicionales a menos que se refieran a hechos relacionados con la contrarréplica, siempre que se trate de aquellos que el demandado no hubiese tenido conocimiento al contestar la demanda, así como las que se ofrezcan para sustentar las objeciones hechas a las pruebas de las demás partes, o las que se refieran a la objeción de testigos. Lo anterior sin menoscabo de que se puedan ofrecer pruebas sobre hechos supervenientes. Las pruebas deberán acompañarse de todos los elementos necesarios para su desahogo, para lo cual se estará a lo dispuesto en el capítulo XII del Título Catorce de esta Ley. En caso de que el demandado se allane a la demanda el Tribunal citará a las partes a la audiencia de juicio, que tendrá verificativo en un plazo no mayor de diez días, en la que se dictará la sentencia respectiva. Presentada que sea la contestación de demanda, el Tribunal le asignará al demandado un buzón electrónico, proporcionándole el nombre de usuario y la clave de acceso correspondiente, mediante el cual podrá consultar su expediente y revisar los acuerdos que emita el órgano jurisdiccional. Si el Tribunal admite la reconvención, deberá emplazar a la parte actora corriéndole traslado con ésta y con las pruebas que ofrezca la actora reconvencionista, para que dentro del término de quince días siguientes a su emplazamiento conteste lo que a su derecho e interés corresponda y ofrezca pruebas, y en su caso objete las de la contraria. De no dar contestación a la reconvención la parte trabajadora, se le tendrá por contestada negando los hechos aducidos en la reconvención y por perdido el derecho para ofrecer pruebas. La reconvención seguirá las mismas reglas establecidas para la demanda. "Artículo 874.- La falta de notificación de alguno o de todos los demandados, obliga al Tribunal a señalar de oficio nuevo día y hora para la celebración de la audiencia, salvo que las partes concurran a la misma o cuando el actor se desista de las acciones intentadas en contra de los demandados que no hayan sido notificados. Las partes que comparecieren a la audiencia, quedarán notificadas de la nueva fecha para su celebración, a las que fueron notificadas y no concurrieron, se les notificará por boletín o en estrados del Tribunal; y las que no fueron notificadas se les hará personalmente." "Artículo 735.- Cuando la realización o práctica de algún acto procesal o el ejercicio de un derecho, no tengan fijado un término, éste será el de tres días hábiles." Los artículos que anteceden -en relación al acto aquí reclamado- plantean los lineamientos que deben sujetarse la autoridad en el procedimiento laboral, los plazos y términos establecidos para la práctica de algún acto procesal. SUBSUNCIÓN Ahora, tomando en consideración que la presente litis la parte quejosa aduce que la 1. Junta Especial Número Nueve de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, con sede en esta localidad, a violado sus derechos fundamentales, al omitir el mandato constitucional consagrado en su artículo 17, en razón de que no se le ha administrado justicia en el procedimiento laboral que instó, al no cumplirse con los plazos y términos que fijan las leyes de la materia, pues a la fecha de la presentación de la demanda no se ha logrado emplazar a la parte demandada. De lo anterior, y en apoyo a los términos legales que anteceden, se estima que el acto reclamado consistente en la omisión de realizar las actuaciones tendentes a llevar a cabo el emplazamiento a los demandados, en el expediente laboral 533/2021, adjudicado a la 3. Junta responsable, es violatoria del artículo 17 Constitucional, lo que resulta fundado los conceptos de violación planteados por el impetrante de amparo. Lo expuesto, se determina en base a los antecedentes establecidos en el considerando quinto, de los cuales se advierte que la junta responsable tuvo conocimiento desde el cuatro de noviembre del año pasado de la imposibilidad que tuvo el actuario adscrito de emplazar a juicio laboral de origen a la parte demandada -al no localizar el domicilio proporcionado por la parte actora- lo cual asentó mediante una razón actuarial (foja 64), sin recaer pronunciamiento alguno por parte de la autoridad responsable. Entonces, si desde esa fecha la junta responsable tuvo a vista la razón oficial de imposibilidad, sin realizar acto procesal alguno a efecto de lograr dicho emplazamiento, está paralizando ese proceso; es menester destacar que el objetivo principal de llamar a juicio al demandado es con la finalidad de integrarlo al procedimiento, evitando que nuevamente la audiencia de conciliación, demanda y excepciones establecida para el día treinta de enero de este año, no se desahogue en sus términos, pues la misma, se ha pospuesto en diversas fechas, al no estar debidamente notificadas las partes. Ello es así, dado que las fechas fijadas para que tuviera verificativo la audiencia mencionada fueron determinadas con el tiempo suficiente a efecto de lograr el emplazamiento a la parte correspondiente, sin embargo, dicha audiencia ha sido imposible desahogarse al no estar notificadas las partes que integran dicho juicio, pues inicialmente fue fijada para el día veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, misma que fue pospuesta para el diez de febrero, veinticuatro de junio, ambos de dos mil veintidós, y la última que actualmente se encuentra fijada para el treinta de enero de esta anualidad. Si bien, de las constancias que remitió como justificación de su informe la junta responsable, obra la notificación de la parte actora, y del emplazamiento efectuado al tercero interesado como lo ordenó la junta en proveído de veinticuatro de junio de dos mil veintidós, lo cierto es que, respecto del emplazamiento a la parte demanda, de la cual derivo la constancia actuarial de imposibilidad, ha omitido pronunciamiento alguno, lo que trae a colación el retardo de la impartición de justicia, que todo sujeto de derecho desea que en tiempo y forma se resuelva su conflicto laboral. Ese retardo o paralización del juicio laboral determina una dilación procesal, en razón de que la junta responsable contaba con el plazo de tres días para emitir acuerdo o pronunciamiento alguno derivado de esa imposibilidad, en términos del numeral 735 de la Ley Federal del Trabajo, a fin de dar continuidad al procedimiento, y evitar una dilación procesal, lo que trae como consecuencia que la audiencia de conciliación, demanda y excepciones establecida para el día treinta de enero de este año, no se desahogue en sus términos, así como cerrar el periodo de pruebas y alegatos, consecuentemente el retardo del dictado del laudo definitivo; por lo que no ha cumplido con los principios de justicia pronta y completa contemplada en el artículo 17 Constitucional, transgrediendo ese derecho fundamental. Orienta lo anterior, la jurisprudencia de texto y rubro siguiente: "ACCESO A LA JUSTICIA. LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEBEN EVITAR, EN TODO MOMENTO, PRÁCTICAS QUE TIENDAN A DENEGAR O LIMITAR ESE DERECHO. A fin de satisfacer efectivamente el derecho fundamental de acceso a la justicia, debe acudirse al artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el cual prescribe la obligación por parte del Estado, de conceder a toda persona bajo su jurisdicción, un recurso judicial efectivo contra actos violatorios de derechos, los cuales pueden estar reconocidos tanto en la legislación interna, como en la propia convención. Asimismo, en la interpretación que se ha hecho de este numeral por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha sido criterio sostenido que, para la satisfacción de dicha prerrogativa, no basta con la existencia formal de un recurso, sino que éste debe ser efectivo; es decir, capaz de producir resultados o respuestas y tener plena eficacia restitutoria ante la violación de derechos alegada; en otras palabras, la obligación a cargo del Estado no se agota con la existencia legal de un recurso, pues éste debe ser idóneo para impugnar la violación y brindar la posibilidad real, no ilusoria, de interponer un recurso sencillo y rápido que permita alcanzar, en su caso, la protección judicial requerida. En estas condiciones, la existencia de esta garantía constituye uno de los pilares básicos, no sólo de la Convención Americana citada, sino de todo Estado de derecho. Por tanto, los órganos jurisdiccionales deben evitar, en todo momento, prácticas que tiendan a denegar o limitar el referido derecho de acceso a la justicia." CONCLUSIÓN En los términos antes apuntados, se determina que la junta responsable no se ha ajustado a los plazos legales establecidos para la tramitación del juicio laboral, lo que implica una violación al derecho de impartición de justicia consagrado en el artículo 17 Constitucional Federal, al no respetar ese derecho que tiene los gobernados y que impone a los tribunales la obligación de impartir justicia en los plazos que la ley laboral dispone; al ser omisa en realizar las gestiones necesarias para impulsar el procedimiento; y dicha inactividad procesal impide la continuidad del procedimiento al no realizar pronunciamiento alguno a efecto de lograr el emplazamiento a juicio a la parte demandada, esto desde el cuatro de noviembre del año pasado, lo que impide la integración del juicio laboral, y dirimir el conflicto planteado por la parte quejosa (parte actora en el juicio natural). En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley de Amparo, se concede el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la 1. Junta Especial Número Nueve de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, con sede en esta localidad, proceda de inmediato dentro del ámbito de sus facultades y competencia, a promover lo que conforme a derecho proceda en relación con la imposibilidad de emplazar a la parte demandada Ernesto López Enríquez y/o quien resulte propietario o responsable de la fuente de trabajo denominado Vilore Distribución, sociedad anónima de capital variable, y/o La Costeña, y/o como en lo futuro de denomine y/o quienes resulten ser socios o accionistas o quien legalmente lo represente, sin que pueda excederse del plazo establecido en el artículo 735 de la Ley Federal del Trabajo. El alcance de la protección constitucional es en base al acto reclamado en esta instancia, así como en la etapa procesal en la que se encuentra dicho proceso laboral. Se apoya lo anterior con la jurisprudencia de rubro siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007)." SÉPTIMO. Supresión de datos sensibles. Aun cuando las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 23, 24, fracción VI; 73, fracciones II y V; 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 110, fracción V; 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, la presente sentencia se pondrá a disposición del público en la versión respectiva con supresión de tales datos, de conformidad con los artículos 118, 119 y 120 de la Ley mencionada en segundo término. Por lo expuesto y fundado se RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por ********************, contra las autoridades 1. Junta Especial Número Diez de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, 2. Actuaria adscrita a la Junta Especial Número Diez de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, y 4. Actuaria adscrita a la Junta Especial Número Nueve de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, todos con residencia en Boca del Río, por el acto establecido en el considerando segundo y por los motivos expuestos en los diversos considerandos tercero y quinto de la presente resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a ********************, contra la autoridad 1. Junta Especial Número Nueve de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río, Veracruz, por el acto establecido en el considerando segundo marcado bajo el número 1), y por los motivos expuestos en el diverso considerando sexto de la presente resolución. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles de las partes en la presente sentencia, en términos del considerando cuarto de la presente resolución. Notifíquese en términos de ley.
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