Rafael Jhymmi Salas Graniel

Expediente 83/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 5 actuaciones registradas, la última del 10 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
83/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
10/05/2023

Partes del expediente

  • Rafael Jhymmi Salas Graniel

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    SENTENCIA Vistos para resolver los autos en el juicio de amparo 83/2023, y RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Por escrito depositado en el Buzón Judicial de los Juzgados de Distrito en esta ciudad y recibido ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito el nueve de febrero de dos mil veintitrés, turnado a este órgano jurisdiccional el día hábil siguiente, Rafael Jhymmi Salas Graniel promovió demanda de amparo contra actos que más adelante se precisarán, que atribuyó a la Junta Especial Número Nueve de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río y el Actuario adscrito a dicha Junta. SEGUNDO. Trámite. Mediante auto de diez de febrero de dos mil veintitrés, se acordó admitir la demanda (fojas 6 a 10); requerir a las autoridades responsables su informe justificado; emplazar al Fiscal Federal de la adscripción, y fijar fecha y hora para la audiencia constitucional. TERCERO. Audiencia Constitucional. Una vez agregados en autos los informes justificados de las autoridades responsables (foja 15 y 29) e integrado que estuvo el asunto, tuvo verificativo la audiencia constitucional el dieciocho de abril hogaño (foja 57). Hasta hoy no consta que las partes hayan dado su consentimiento para la publicación de sus datos personales. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de los artículos 1º, 103, fracción I y, 107, fracción VII, constitucionales, 37, primer párrafo y, 107, fracción V, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación conforme a su artículo primero transitorio y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 3/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, reformado mediante el diverso Acuerdo General 4/2022, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de marzo de dos mil veintidós. Por la vía, en virtud de que se reclama de un tribunal del trabajo la omisión de emplazar a la totalidad de los demandados y el acuerdo dictado en el que se fijó una fecha de audiencia fuera de los términos legales para ello, dentro del juicio laboral instado por el quejoso del índice de la autoridad responsable, en el cual es parte actora; de ahí que es susceptible de afectar el derecho fundamental de un efectivo acceso a la administración de justicia, lo que es impugnable en amparo indirecto. La materia (mixta) al actuar como órgano de instrucción en materias penal, civil y administrativa y, de control constitucional en amparo indirecto en primera instancia. Y territorio, ya que es en la circunscripción territorial en la que ejerce jurisdicción este juzgado, en donde tiene su residencia la autoridad señalada como responsable. SEGUNDO. Fijación de actos. Antes de verificar su certeza o inexistencia, se precisa que el acto reclamado en el presente juicio es y se cita: De la Junta Especial Número Nueve de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río, reclama: El acuerdo dictado el treinta de enero de dos mil veintitrés en los autos del expediente laboral 533/IX/2021, del índice de la responsable, únicamente en la parte en la que señaló las once horas del veintiocho de marzo siguiente, para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. Del Actuario adscrito a la Junta Especial Número Nueve de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río, reclama: La omisión de emplazar al juicio laboral en cita a la totalidad de los demandados. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Deben tenerse por ciertos los actos que reclama el quejoso, puesto que aún y cuando las autoridades a las que los atribuyó, al rendir respectivamente sus informes justificados no manifestaron puntalmente la afirmación o negación de ellos, pero del contenido de éstos se advierte que lo reclamado es confirmado con lo manifestado por dichas autoridades responsables; máxime que exponen razones o circunstancias de las que se desprende que lo que se les atribuye sí existía al momento de la presentación de la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 117 y 119 de la Ley de Amparo, ha lugar a tener por ciertos los actos que atribuye el quejoso a las mencionadas autoridades responsables. Tiene aplicación al caso, por las razones que informa, la tesis aislada del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito que es del contenido siguiente: ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe. Además, lo anterior se corrobora con las constancias que exhibieron como justificación de sus actos, consistentes en copias certificadas que remitieron anexas a sus informes justificados (fojas 16 a 28 y 30 a 42). Documentos que alcanzan pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo que dispone esta ley, en su numeral 2°, ya que se trata de documentos públicos, expedido por funcionarios en ejercicio de las facultades que le asigna la ley y de los cuales se advierte la existencia aquello que se les reclama; lo cual es acorde al criterio jurisprudencial del tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia dela Nación que es del rubro siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." CUARTO. Procedencia. Por cuestión de método, serán objeto de estudio en el presente considerando las causas de improcedencia que este órgano jurisdiccional analizará de oficio; ello, por ser cuestión preferente al de la constitucionalidad de los actos reclamados, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Ahora, ya que se advierte que en relación con ambos actos reclamados se actualizan causas de improcedencia diversas, entonces, a fin de evitar una reiterada cita de los antecedentes de los actos reclamados que en cada estudio de improcedencia se realizará en los aparatados subsecuentes, se estima necesario a este momento dar inicio al correspondiente análisis con la referencia de los citados antecedentes que se deprenden de las constancias del juicio natural de origen. ANTECEDENTES. En ese contexto, de las constancias relativas del expediente laboral 533/IX/2021, del índice de la Junta Especial Número Nueve de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río, para lo que al caso importa se desprende lo siguiente: 1. El treinta de enero de la presente anualidad, tuvo lugar la audiencia conciliación, demanda y excepciones, ordenada dentro de los autos del expediente citado en líneas anteriores, en el que el aquí quejoso, Rafael Jhymmi Salas Graniel demandó a quien resulte propietario o responsable de la fuente de trabajo denominada Vilore Distribución, sociedad anónima de capital variable, y/o La Costeña, y/o como en lo futuro de denomine y/o quienes resulten ser socios o accionistas o quien legalmente lo represente, y/o Ernesto López Enríquez; en la cual -entre otras cosas- al no encontrarse debidamente emplazada la parte demandada, fue suspendida, señalándose en su lugar las once horas del veintiocho de marzo siguiente. 2. El trece de febrero de dos mil veintitrés el actuario habilitado de la Junta responsable, emitió los citatorios dirigidos a quien resulte propietario o responsable de la fuente de trabajo denominada Vilore Distribución, sociedad anónima de capital variable, y/o La Costeña, y/o como en lo futuro de denomine y/o quienes resulten ser socios o accionistas o quien legalmente lo represente, así como el dirigido a Ernesto López Enríquez. 3. El catorce de febrero siguiente, el actuario habilitado de la Junta responsable emitió las cédulas de notificación atendidas con Juan Manuel Peña Sánchez, quien dijo ser empleado de las morales demandadas y de Ernesto López Enríquez, por lo que al haber dejado citatorio previamente, procedió a notificarles en términos del artículo 743, fracción IV, de la Ley Federal del Trabajo, el acuerdo de treinta de enero de dos mil veintitrés, entregando el original de la cédula de notificación, copia del acuerdo notificado, así como copia del escrito inicial de demanda y del auto de radicación. 4. En la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, es decir, a las once horas del veintiocho de marzo de la presente anualidad, entre otras cosas, una vez desahogada la etapa conciliatoria, se continuó con la demanda y excepciones, en donde, en uso de la voz el apoderado legal de la parte actora -aquí quejosa-amplió la demanda inicial y solicitó que se difiera la misma, a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte demandada. A lo que la Junta acordó lo conducente y -junto a otros asuntos- procedió a citar nuevamente a la celebración de la audiencia, por lo que respecta a su etapa de demanda y excepciones, señalando las nueve horas del doce de mayo siguiente. Las anteriores son las actuaciones que al caso importan y que se desprenden de las copias certificadas que integran el juicio de origen y hasta aquí se expone la relatoría de los hechos que giran en torno a los actos reclamados que se identifican en el segundo considerando de la presente sentencia. IMPROCEDENCIA A. En la especie, respecto de la omisión atribuida al Actuario adscrito a la Junta Especial Número Nueve de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río, relativa emplazar al juicio laboral a la parte demandada se considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, puesto que dicho acto fue materia del reclamo que se hizo en el diverso juicio de amparo 820/2022 del índice de este propio juzgado, promovido por el mismo quejoso y en contra de dichas autoridades. MARCO NORMATIVO El artículo 61, en sus fracciones X y XI, son del contenido siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior. (.)" De la interpretación armónica y sistemática de los artículos transcritos, se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en términos de la diversa fracción X, la cual prevé la improcedencia de la acción constitucional contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo, pendiente de resolución, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y actos reclamados, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Atento a ello, se concluye que la referida causa de improcedencia se actualiza cuando se colma la existencia de dos elementos: a) Que el amparo haya sido promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por los propios actos reclamados, y b) Que los actos impugnados hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Orienta a lo anterior, el criterio sostenido en la tesis aislada del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, cuyo sentido es compartido por el suscrito y que es del contenido siguiente: AMPARO, IMPROCEDENCIA DEL. POR HABER SIDO EL ACTO MATERIA DE OTRO AMPARO (ARTICULO 73, FRACCION IV, DE LA LEY DE AMPARO). La causa de improcedencia que establece la fracción IV del artículo 73 de la Ley de Amparo, no puede referirse sino a juicios completamente terminados, ya que habla de actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de garantías, y al citar la disposición mencionada, la fracción que le precede, se contrae exclusivamente a los amparos que hayan sido promovidos por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, y no puede pretenderse que quiera referirse a amparos que se encuentren pendientes de resolución. Es de señalar que la esencia de la causa de improcedencia que se invoca, es la de evitar que se tramiten tantos juicios como corresponda a la mera voluntad del quejoso, contra el mismo acto reclamado, pues ello podría dar lugar a sentencias contradictorias y a un trámite desmedido del juicio de amparo. En efecto, el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa, por ende, conforme a esta naturaleza, sería ilógico otorgar al quejoso la oportunidad de tramitar tantos juicios como oportunidades de nulificar el acto, se estimaran necesarias. SUBSUNCIÓN Es un hecho notorio que ante esta potestad jurisdiccional se tramitó el diverso juicio de amparo 820/2022 promovido por Rafael Jhymmi Salas Graniel, en el que los actos reclamados a las autoridades a aquí señaladas fueron los siguientes: 1. La omisión de realizar las actuaciones tendientes a llevar a cabo el emplazamiento a los demandados, en el expediente laboral 533/2021; 2. La abstención de emplazar a los demandados a dicho juicio laboral. Las autoridades responsables señaladas para lo que al caso importa eran: 1. Junta Especial número Nueve de la Local de Conciliación y Arbitraje y; 2. Actuaria adscrita a la Junta Especial número Nueve de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en Boca del Río, Veracruz. El citado juicio de amparo se resolvió el diecisiete de enero de dos mil veintitrés, concediendo el amparo para los siguientes efectos: ".se determina que la junta responsable no se ha ajustado a los plazos legales establecidos para la tramitación del juicio laboral, lo que implica una violación al derecho de impartición de justicia consagrado en el artículo 17 Constitucional Federal, al no respetar ese derecho que tiene los gobernados y que impone a los tribunales la obligación de impartir justicia en los plazos que la ley laboral dispone; al ser omisa en realizar las gestiones necesarias para impulsar el procedimiento; y dicha inactividad procesal impide la continuidad del procedimiento al no realizar pronunciamiento alguno a efecto de lograr el emplazamiento a juicio a la parte demandada, esto desde el cuatro de noviembre del año pasado, lo que impide la integración del juicio laboral, y dirimir el conflicto planteado por la parte quejosa (parte actora en el juicio natural). En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley de Amparo, se concede el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la 1. Junta Especial Número Nueve de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, con sede en esta localidad, proceda de inmediato dentro del ámbito de sus facultades y competencia, a promover lo que conforme a derecho proceda en relación con la imposibilidad de emplazar a la parte demandada Ernesto López Enríquez y/o quien resulte propietario o responsable de la fuente de trabajo denominado Vilore Distribución, sociedad anónima de capital variable, y/o La Costeña, y/o como en lo futuro de denomine y/o quienes resulten ser socios o accionistas o quien legalmente lo represente, sin que pueda excederse del plazo establecido en el artículo 735 de la Ley Federal del Trabajo." Ante ello, una vez que causó ejecutoria la sentencia de mérito, se requirió el cumplimiento de aquella a la autoridad responsable, lo que finalmente hizo y por auto de siete de marzo pasado, se tuvo por cumplida la sentencia referida bajo los siguientes argumentos: "(.) Asimismo, anexó copia de los citatorios de trece de febrero de dos mil veintitrés, dirigidos a quien resulte propietario o responsable de la fuente de trabajo denominada Vilore Distribución, sociedad anónima de capital variable, y/o La Costeña, y/o como en lo futuro de denomine y/o quienes resulten ser socios o accionistas o quien legalmente lo represente, así como el dirigido a Ernesto López Enríquez. Igualmente, anexó copia de la cédula de notificación de catorce de febrero siguiente, atendida con Juan Manuel Peña Sánchez, empleado de la moral demandada, por lo que cerciorado de lo anterior, procedió a notificar en términos del artículo 743 fracción IV de la Ley Federal del Trabajo el acuerdo de treinta de enero de dos mil veintitrés, entregando el original de la cédula de notificación, copia del acuerdo notificado, así como copia del escrito inicial de demanda y del auto de radicación. Con lo anterior, se aprecia que la Junta responsable subsanó la omisión reclamada en esta instancia judicial; toda vez que actúo conforme los lineamientos de la ejecutoria de amparo, esto es ordenó realizar el emplazamiento de los demandados, propietario o responsable de la fuente de trabajo denominada Vilore Distribución, sociedad anónima de capital variable, y/o La Costeña, y/o como en lo futuro de denomine y/o quienes resulten ser socios o accionistas o quien legalmente lo represente, así como el dirigido a Ernesto López Enríquez, el cual se realizó en los términos de la Ley Federal de Trabajo. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS." Debe resaltarse que por hechos notorios deben entenderse, en general, aquellos que por el conocimiento humano se consideran ciertos e indiscutibles, ya sea que pertenezcan a la historia, a la ciencia, a la naturaleza, a las vicisitudes de la vida pública actual o a circunstancias comúnmente conocidas en un determinado lugar, de modo que toda persona de ese medio esté en condiciones de saberlo; y desde el punto de vista jurídico, hecho notorio es cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión; de manera que al ser notorio la ley exime de su prueba, por ser del conocimiento público en el medio social donde ocurrió o donde se tramita el procedimiento. De ahí que, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de estas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista. Resulta aplicable, por identidad jurídica sustancial, la tesis de jurisprudencia XXII. J/12, Instancia Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, Materia Común, Fuente Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo V, enero de 1997, página 295, con número de registro digital: 199531, del rubro y texto: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 265, visible en las páginas 178 y 179 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO.", sostuvo criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo tanto, cuando en un cuaderno incidental exista copia fotostática de un diverso documento cuyo original obra en el principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar que al peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede tener a la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de dicho documento." En el contexto anterior, y a la luz de los antecedentes que se dejaron anotados en el considerando anterior, se concluye que el emplazamiento que se realizó el pasado catorce de febrero de dos mil veintitrés dentro de los autos del expediente laboral 533/IX/2021, del índice de la responsable, fue materia del cumplimiento de la sentencia concesoria de amparo del juicio 820/2022 del índice de este Juzgado Federal. De ahí que, en relación al acto reclamado aquí analizado se advierta la existencia de un pronunciamiento previo, lo que trae como consecuencia que deba prevalecer y subsistir el principio de cosa juzgada, por lo que no es factible dictar un nuevo pronunciamiento que pueda afectar o variar el fallo del anterior juicio constitucional. En el caso específico, se considera que esas circunstancias hacen improcedente emitir una sentencia de fondo en este juicio de amparo, por lo que, en ese supuesto, en el juicio de amparo que nos ocupa se actualiza la causa de improcedencia prevista en el precepto 61, fracción XI, de la Ley de Amparo. Por tanto, resulta indudable que en el presente juicio se actualiza la causal de improcedencia de mérito, en relación con la diversa fracción X, de la también citada Ley, entonces debe sobreseerse el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. B. Por cuanto al diverso acto reclamado, consistente en el acuerdo dictado el treinta de enero de dos mil veintitrés en los autos del expediente laboral 533/IX/2021, del índice de la responsable, únicamente en la parte en la que señaló las once horas del veintiocho de marzo siguiente, para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, se considera que en la especie se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, al haber dejado de existir la materia del acto impugnado. MARCO NORMATIVO El numeral citado al respecto cita: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo..." Del artículo trascrito se advierte que la causa de improcedencia precitada se genera al considerar que el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya inconstitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió (en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional) ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, al dejar de existir la materia o el objeto del mismo. SUBSUNCIÓN En el contexto anterior, y a la luz de los antecedentes que se dejaron anotados en el considerando anterior, se tiene que precisamente, el acuerdo de treinta de enero de dos mil veintitrés reclamado, en el que se señalaron las once horas del veintiocho de marzo siguiente, para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el juicio laboral del índice de la responsable; no puede surtir efecto legal o material alguno, toda vez que ha dejado de existir el objeto del mismo, como se verá enseguida. Es importante señalar, en principio, que dicha audiencia fue diferida para su celebración, al treinta de enero de dos mil veintitrés, toda vez que la parte demandada no se encontraba emplazada y por lo que se suspendió para integrar debidamente la relación jurídico procesal a fin de cumplir con los requerimientos de procedibilidad que erige la Ley Federal del Trabajo, para su celebración. Así, una vez llegada la hora y fecha fijada para la citada audiencia, es decir, las once horas del veintiocho de marzo hogaño -fecha que constituye la causa del reclamo en este juicio- sin que existiera motivo alguno para no celebrarse, la parte actora, por conducto de su apoderado legal y en uso de sus derechos, amplió la demanda inicial adicionando diversas prestaciones, por lo que en uso de la voz solicitó a la Junta responsable fuera diferida la referida audiencia, a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte demandada. Fue en ese momento que la Junta procedió a acordar lo que en derecho consideró procedente y, para lo que al caso importa, tuvo por ampliada la demanda y suspendió la audiencia, señalando nueva fecha y hora para su continuación. Lo anterior, pone de manifiesto que el acto reclamado, aún existiendo, ya no puede surtir ningún efecto legal o material alguno sobre la esfera jurídica del quejoso, pues dejó de existir la materia del mismo, esto es, el retardo injustificado al señalar una fecha para desahogo de la audiencia de Ley, fuera de los parámetros que legamente se establecen normativamente para ello; máxime que dicho acuerdo generó la prosecución del juicio de origen en la etapa procesal en la cual se encuentra actualmente. Sin que obste el hecho que la audiencia haya sido celebrada únicamente por cuanto hace a su etapa de conciliación, ya que lo anterior responde a una cuestión imputable al quejoso, pues fue precisamente éste quien por conducto de su apoderado legal solicitó la suspensión de la audiencia al haber ampliado su demanda inicial. Lo cual, es acorde a lo dispuesto en los numerales 17, 873, 878, fracción II y 879 de la Ley Federal del Trabajo, de los que se desprende que si bien es cierto que cuando en la etapa de demanda y excepciones el actor ratifica o modifica su escrito inicial, pero la parte demandada no asiste a la audiencia respectiva, la Junta del conocimiento dictará un acuerdo en el que tenga por contestada en sentido afirmativo la demanda, como consecuencia procesal por su inasistencia, también lo es que cuando existan cambios sustanciales en relación con las acciones intentadas o respecto de los hechos invocados, sobre los cuales el demandado no ha sido emplazado, con la imposibilidad jurídica que ello representa, de preparar su defensa en forma adecuada y oportuna, la Junta debe ordenar, incluso de oficio, el diferimiento de la audiencia y correr traslado a aquél con copia cotejada del escrito de modificación de la demanda o de la audiencia en la que el actor hubiera realizado tales modificaciones, para que tenga conocimiento de ello y pueda controvertir los hechos y oponer las excepciones y defensas que estime convenientes. En el entendido que de no hacerlo así, ello se equipara a una falta de emplazamiento violatoria no sólo del artículo 873 de la ley mencionada, sino también de la garantía de audiencia consagrada en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que no se actualiza el supuesto de sanción procesal previsto en el indicado artículo 879. Esto es así, pues la contestación en sentido afirmativo sólo puede referirse al escrito inicial de demanda, pero no a las modificaciones de ésta, sobre las cuales el demandado no tiene conocimiento, es decir, solamente puede operar respecto de aquellas acciones y hechos sobre los que no se produjo un cambio sustancial y que debieron ser objeto de contestación por parte de la demandada. Máxime que en el supuesto de conceder el eventual amparo solicitado éste no podría surtir efecto legal o material, puesto que aquello que regía lo ordenado por el acto reclamado, ha sido superado por aquello acordado en la diversa audiencia celebrada el veintiocho de marzo pasado; por lo que quedó sin materia aquello de lo que el quejoso se dolía. De manera que si bien es cierto no se ha celebrado la audiencia en todas sus partes, como se dijo en párrafos anteriores, ello corresponde a las causas ya expuestas, por lo que se concluye que aquello que reclamó la parte quejosa, no puede surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir la materia del mismo, al haberse señalado una nueva fecha para la continuación de la audiencia; por lo que se considera que se actualiza da causal de improcedencia en estudio. CONCLUSIÓN En el contexto anterior, al actualizarse las causas de improcedencia analizadas en este considerando, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Acorde a lo anterior, no es óbice el dejar de analizar los argumentos alegados por el peticionario de amparo en torno a dichos actos, pues al actualizarse de manera indudable las causas de sobreseimiento de estudio ello impide entrar al examen de las cuestiones de fondo, de conformidad con la jurisprudencia de rubro: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." QUINTO. Supresión de datos sensibles. Aun cuando las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo, en términos de los preceptos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia, y ponerla a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información pública que se señala en la ley de la materia. Por lo expuesto y fundado en el artículo 63, fracción V, en relación con el 61, fracciones X, XI, XXII, y demás aplicables de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Rafael Jhymmi Salas Graniel, contra los actos y las autoridades precisadas en el considerando segundo, por las razones que quedaron precisadas en el considerando cuarto de la presente sentencia. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles de las partes en la publicación de la presente sentencia, en términos del considerando sexto de esta resolución. Notifíquese en términos de ley.

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial número Nueve de la Local de Conciliación y arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad; atento a su contenido, se le tiene dando veintitrés de marzo del año en curso, por lo que queda sin efectos el apercibimiento decretado para el caso de incumplimiento. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 297 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dese vista a las partes por el plazo de TRES DÍAS, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, para que manifiesten lo que a derecho corresponda, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional que al efecto se celebre, en términos del numeral 124 de la Ley de Amparo. Notifíquese en términos de ley.

  3. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintitrés de marzo de dos mil veintitrés. Del estado procesal de autos y a fin de una debida impartición de justicia, toda vez que el peticionario de amparo señala como acto reclamado el acuerdo de treinta de enero del año en curso en el cual se fijaron las once horas del veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, y en proveído de diez de febrero de la presente anualidad se señalaron las diez horas con veinte minutos del veintiocho de marzo del año que transcurre, para celebrar la audiencia constitucional. Por tanto, con apoyo en el artículo 75, párrafo tercero de la Ley de Amparo, y en la jurisprudencia P./J. 17/97, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; se impone requerir a la citada autoridad responsable 1. Junta Especial número Nueve de la Local de Conciliación y Arbitraje, en Boca del Río, Veracruz, para que al día siguiente de la fecha fijada para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, que lo es el veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, informe si se llevó a cabo o no la misma, debiendo remitir las constancias que acrediten lo informado. Apercibido que de no cumplir con lo ordenado en el plazo para ello concedido, en la sentencia respectiva, se le impondrá multa que podrá ir de cincuenta a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) según sea el caso, con fundamento en la fracción I del artículo 237 y 259 de la Ley de Amparo. En consecuencia, puesto que debe darse oportunidad a que acontezca lo anterior, resulta procedente diferir anticipadamente la audiencia constitucional señalada para el día veintiocho de marzo de la presente anualidad y, en su lugar se fijan las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIECIOCHO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS para su celebración. Notifíquese en términos de ley.

  4. Principal

    Boca del Río, Veracruz, tres de marzo de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos los oficios signados por el 1. Presidente de la Junta Especial número Nueve de la Local de Conciliación y Arbitraje y 2. Actuario adscrito a la Junta Especial número Nueve de la Local de Conciliación y Arbitraje, en esta ciudad; atento a su contenido, con fundamento en el artículo 117, de la Ley de Amparo, ténganse por rendidos sus INFORMES JUSTIFICADOS, y con los mismos dese vista a las partes por el plazo de OCHO DÍAS, para que manifiesten lo que a derecho corresponda, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional como lo ordena el artículo 124 de la ley de la materia. Con fundamento en el artículo 119 de la ley antes citada, se tiene por anunciada la PRUEBA DOCUMENTAL que anexan las autoridades responsables a su informe, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional que al efecto se celebre, en términos del citado artículo 124 de la Ley de Amparo. Notifíquese en términos de ley.

Quedan 1 actuación en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · 8,839 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano