Rafael Hernández Cruz
Expediente 48/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 6 actuaciones registradas, la última del 18 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 48/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 18/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Estrella Berbabé Ventura
- Rafael Hernández Cruz
- Araceli Ventura Salazar
- RAFAEL HERNÁNDEZ CRUZ y Otros.
- Armando Berbabé Sosa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a dieciocho de abril de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, al haber transcurrido el término de cinco días a que alude el artículo 98 de la Ley de Amparo, en términos del diverso numeral 97, fracción I, inciso a), de la propia ley invocada, para interponer recurso de queja en contra del proveído en el que se tuvo por no presentada la demanda, sin que los quejosos hubiesen ejercido ese derecho; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto de referencia HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, en términos de los artículos 6 y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo, de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación; se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que encuadra en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo. Se precisa que en el presente juicio no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, habida cuenta que no versó respecto de algún supuesto de los previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. En virtud de lo anterior, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha y dentro de los treinta días siguientes, deberá destruirse este expediente y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación; acorde a lo dispuesto en el citado artículo 21 del mismo ordenamiento legal. Notifíquese.
- Principal
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días establecido en el artículo 114 de la ley de la materia, para que los promoventes del amparo diera cumplimiento a la prevención decretada mediante proveído de veintisiete de enero de dos mil veintitrés, sin que lo hubiera hecho. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el referido numeral, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el auto de mérito y SE TIENE POR NO PRESENTADA LA DEMANDA origen de este juicio. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente. Notifíquese por lista de acuerdos como se encuentra ordenado en proveído de diecisiete de marzo de dos mil veintitrés. Así, lo proveyó y firma electrónicamente la Jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante la secretaria Sarah Carolina Vázquez García, que autoriza y da fe.
- Principal
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a diecisiete de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que en proveído de catorce de marzo de dos mil veintitrés, se acordó el oficio del Juez Segundo de Primera Instancia con sede en Papantla, Veracruz, mediante el cual devolvió sin diligenciar el despacho 135/2023 (212/2023), que se envió para que dicha autoridad notificara a la parte quejosa el proveído de veintisiete de enero de dos mil veintitrés. Ahora, toda vez que en su demanda no se advierte diverso domicilio y fueron omisos en señalar uno en esta ciudad, notifíquesele los autos que se dicten en el presente asunto, aún los de carácter personal, por lista de acuerdos, en términos de los artículos 27, fracción III, inciso a) y 29 de la ley de la materia, hasta en tanto señale domicilio en esta ciudad. Por tanto, en aras de no vulnerar derechos fundamentales de los promoventes ordénese notificar nuevamente por lista a los el proveído de veintisiete de enero de dos mil veintitrés, a fin de que se impongan de la prevención decretada en el citado auto Notifíquese por lista a los promoventes el auto de veintisiete de enero de dos mil veintitrés. Así, lo proveyó y firma electrónicamente la Jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante la secretaria Sarah Carolina Vázquez García, que autoriza y da fe. Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a veintisiete de enero de dos mil veintitrés. RADICACIÓN Vista la demanda de amparo promovida por ..., por propio derecho, contra actos del Agente del Ministerio Público Fiscal Séptima de Diversos Titular de la Unidad Integral de Procuración de Justicia, con residencia en Papantla de Olarte, Veracruz y otras autoridades, por violación a los artículos 1, 2, 4, 14, 16, 17, 20, 103 y 107 Constitucionales. Fórmese expediente, anótese en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 48/2023, que le correspondió y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). REPRESENTANTE COMÚN Con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, se designa como representante común a ..., sin perjuicio de que las personas quejosas puedan designar uno diverso con posterioridad. PREVENCIÓN DE LA DEMANDA Ahora bien, de los artículos 108, 110 y 114 de la Ley de Amparo, se aprecia que el Juez de Distrito que conozca de una demanda, cuando advierta que existe una irregularidad en la misma, por haberse omitido alguno de los requisitos que establece el numeral 108, deberá prevenir al promovente para el efecto de que subsane las omisiones o haga las aclaraciones correspondientes, en el entendido de que también puede prevenirse cuando se trate de demandas oscuras y/o confusas en algunos de sus requisitos. Así, con el propósito de proveer eficazmente el presente asunto, es necesario prevenir al promovente del amparo por irregularidades en el ocurso de su demanda que a continuación se precisan. En principio, en relación con el requisito contenido en la fracción IV, del artículo 108 de la Ley de Amparo, cabe mencionar que de la lectura de la demanda, se advierte que, los disconformes señalaron como acto reclamado el consistente en: De igual forma, en el capítulo que señala como "MEDIDA CAUTELAR", la parte promovente, señaló lo siguiente: Luego, en el capítulo de antecedentes los promoventes, refirieron lo siguiente: Es decir, de lo anterior y de la lectura integra de la demanda por una parte se aprecia que los quejosos se duelen actos privativos de libertad, por otra de la integración de una carpeta de investigación, la omisión en ser llamados a la misma, la omisión de notificar, requerir y/o asesorar con algún defensor respecto de la integración de la carpeta de investigación así como actos privativos de libertad, el cual atendiendo a la naturaleza de la autoridad una orden de presentación y/o presentación (sin que este tenga facultades de emitir orden de aprehensión alguna) y los actos de ejecución atribuidos a las restantes ejecutoras. Así, atendiendo a los datos que emanan del escrito de demanda, en un sentido congruente con todos sus elementos, además atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, con fundamento en el artículo 114, fracciones I y IV, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 108 fracción IV, del propio cuerpo normativo, requiérase a los promoventes para que dentro del término de CINCO DÍAS, contado a partir del día siguiente a aquél en que surta sus efectos la notificación de este proveído, bajo protesta de decir verdad precisen los actos que reclama a la autoridad responsable ordenadora, a saber: La integración de la carpeta de investigación que se sigue en su contra. La omisión de ser llamados a dicha carpeta de investigación. La omisión por parte de las autoridades responsables de notificar, requerir y/o asesorar con algún defensor respecto de la integración de la carpeta de investigación; Si reclama la privación de posesión del predio que ostentan poseer, y, en caso de ser afirmativo, señalen si el acto deriva de algún juicio o en cumplimiento a una sentencia dictada por la autoridad competente, o de alguna determinación derivada del acuerdo probatorio, que cuatro de los quejosos firmaron, según indicaron, a virtud de una privación de libertad y actos de tortura que se ejercieron en su contra. O, Si reclaman la existencia de alguna orden de detención y/o presentación y/o cualquier acto privativo de libertad, distinto al que aducen se llevó a cabo el seis de abril de dos mil veintidós (puestos en libertad el siete siguiente). Lo anterior, que es su obligación precisarlo, de conformidad con lo establecido en el referido arábigo 108, fracción IV, en razón de que no existe claridad sobre el o los actos de los que se duelen las personas quejosas. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Hecho lo anterior, se proveerá lo conducente sobre las manifestaciones en cuanto a la tortura que se cometió en su contra, cuando estuvieron detenidos. APERCIBIMIENTO Lo anterior, bajo el apercibimiento que de no cumplir con lo ordenado en el término y en las condiciones apuntadas, con fundamento en lo dispuesto por el penúltimo párrafo del artículo 114, de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda. COPIAS RESTANTES DE LA DEMANDA En tanto se provee lo conducente, consérvense en la secretaría de este juzgado las copias anexas de la demanda de amparo, sin que se estime necesario por el momento agregarse a los presentes autos. NEGATIVA DE SUSPENSIÓN DE PLANO No obstante a lo anterior, cuando se requiere a la parte quejosa para que aclare la demanda, como en el caso acontece, tal circunstancia no es impedimento para pronunciarse sobre la suspensión de plano. Sin embargo, en el caso, no es jurídicamente procedente proveer respecto de la suspensión de plano solicitada por las personas quejosas, habida cuenta que de la lectura integral de la demanda no se advierte que se actualice alguna de las hipótesis previstas en el artículo 126 de la Ley de Amparo. Lo anterior, en primer término, ya que es verdad, las personas quejosas solicitan la suspensión de plano, con fundamento en el último párrafo del precepto legal antes mencionado, el cual establece que ésta procede cuando el acto o los actos reclamados puedan tener como consecuencia la privación total o parcial, temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, sobre el argumento de que son integrantes de un grupo, de personas campesina. Sin embargo, también lo es que debe acreditarse contar con legitimación procesal activa, siendo insuficiente la manifestación expresada en la demanda de amparo en el sentido de que se trata de un grupo de campesinos, pues no se advierte su pertenencia a algún núcleo de población ejidal o comunal conforme a la normativa aplicable, ya que no exhibieron documento alguno para acreditar su carácter de campesino, como podría ser algún certificado parcelario o si quiera se hubiera hecho referencia alguna. Se cita como apoyo a lo anterior, por su sentido y alcance, la siguiente jurisprudencia: "Novena Época Registro: 186110 Instancia: Segunda Sala Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: XVI, Agosto de 2002 Materia(s): Administrativa Tesis: 2a./J. 90/2002 Página: 376 SUSPENSIÓN DE OFICIO EN MATERIA AGRARIA. DEBE DECRETARSE INDEFECTIBLEMENTE EN LOS SUPUESTOS PREVISTOS POR EL ARTÍCULO 233 DE LA LEY DE AMPARO, PARA LO CUAL BASTA QUE EL PROMOVENTE ACREDITE CONTAR CON LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA. Cuando un núcleo de población promueve juicio de amparo en contra de actos que tienen o pueden tener como consecuencia la privación total o parcial, temporal o definitiva de sus bienes agrarios o la sustracción del régimen jurídico ejidal, el Juez Federal está obligado, de conformidad con lo previsto en el artículo 233 de la Ley de Amparo, a decretar indefectiblemente la suspensión de oficio y de plano en el mismo auto en el que admita la demanda, para lo cual basta que el promovente acredite contar con legitimación procesal activa según lo dispuesto en los artículos 213, 214 y 215 de la ley citada. Por tanto, no es factible sujetar la procedencia de dicha providencia cautelar a los requisitos contenidos en el artículo 124 del indicado ordenamiento normativo, en virtud de que este precepto regula la suspensión a petición de parte agraviada, institución diversa a la que procede de oficio prevista en el referido artículo 233, lo que impide sujetarlas a reglas similares de procedibilidad." Por otra parte, no se inobserva que en la demanda de amparo se precisó que las autoridades: ".cometieron en nuestra contra las personas y autoridades señaladas como responsables en lo sucesivo, que formaron parte en el hecho delictuoso de Privación Ilegal de la Libertad, Tortura, Desalojo con Violencia, Coacción, Amenazas, como también daño moral, económico y material." No obstante, se trata de manifestaciones relacionadas con una detención que aducen se cometió en contra de cuatro de ellos, respecto de la cual, con posterioridad, fueron puestos en libertad; por ende, no se advierte que actualmente se encuentren detenidos ni que se encuentren sufriendo incomunicación, que sus vidas corran peligro o de algún maltrato, golpe o tortura de cualquier especie. Se invoca como apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, que dice: "Época: Novena Época Registro: 179731 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XX, Diciembre de 2004 Materia(s): Común Tesis: VI.1o.A.19 K Página: 1458 SUSPENSIÓN DE PLANO. DERIVA DIRECTAMENTE DE LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO, NO DE LAS RAZONES QUE AL EFECTO ADUZCA EL QUEJOSO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley de Amparo, la suspensión de oficio de los actos reclamados en el juicio de garantías procede cuando se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o cuando se trata de actos que, si llegaren a consumarse, harían físicamente imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía violada, de lo que se sigue que esta clase de suspensión deriva directamente de la naturaleza del acto reclamado, esto es, que para concederla es necesario atender al origen mismo del acto tildado de inconstitucional, ello en atención a que acorde con lo establecido en el precepto legal en comento, cuando se trate de un acto que importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 citado, que invariablemente sería de restitución físicamente imposible, o de un acto diverso que de consumarse igualmente haría físicamente imposible la restitución de la garantía violada en perjuicio del quejoso, la suspensión debe concederse de plano, es decir, sin que tengan que tomarse en consideración los requisitos previstos en el artículo 124 de la ley de la materia, en particular que la solicite el quejoso, motivo por el cual lo que éste manifieste al respecto no determina la procedencia o no de la suspensión de oficio, sino que ello es una atribución exclusiva del Juez de Distrito, quien atendiendo a la naturaleza del acto y no a enfoques subjetivos de las partes, es el único facultado para decidir si se está o no en presencia de un acto que lo obligue a decretar la suspensión de oficio." DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, en términos del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Trinidad López García, Izak López Franco y Salomón López Franco, por así haberlo solicitado expresamente. Ahora, en virtud de que los impetrantes del amparo señalan domicilio en Papantla de Olarte, Veracruz, el cual se encuentra fuera de la residencia de este juzgado, notifíquesele los autos que se dicten en el presente asunto, aún los de carácter personal, por lista de acuerdos, en términos de los artículos 27, fracción III, inciso a) y 29 de la ley de la materia, hasta en tanto señale domicilio en esta ciudad. NOTIFICACIÓN Y HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con el propósito de evitar dilaciones en el presente asunto, se indica a los actuarios que conforme lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de Amparo, las resoluciones que se dicten deben notificarse a más tardar dentro del tercer día hábil siguiente, salvo en materia penal, dentro o fuera del procedimiento, en que se notificará inmediatamente en que sean pronunciadas. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución; con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio deban realizarse notificaciones personales a las partes que intervengan en este, se habilitan días y horas que resulten necesarios para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción puedan efectuar tales diligencias. DIGITALIZACIÓN Y EXPEDIENTE ELECTRÓNICO En observancia al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, y al artículo 3 de la Ley de Amparo, se ordena la creación del expediente electrónico, asimismo, que todas las constancias y documentos del expediente físico deberán digitalizarse e incorporarse al expediente electrónico; en cambio, las constancias y documentos electrónicos no se incorporarán al expediente físico, por lo cual, éste únicamente contendrá las promociones físicamente recibidas y las constancias de notificación que se generen de la misma manera. RESERVA DE INFORMACIÓN Este órgano jurisdiccional como parte del Poder Judicial de la Federación, debe garantizar el derecho de acceso a la información, pero siendo responsable de los datos personales y sensibles, contenidos en los acuerdos y resoluciones que se dicten y cumplir con las obligaciones establecidas en las leyes de la materia. EXHORTO A LAS PARTES PARA LA TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA DEL JUICIO EN LÍNEA De conformidad con el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que, cuando sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. Notifíquese a los quejosos mediante lista de acuerdos. Así, lo proveyó y firma electrónicamente la Jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el secretario Bruno Aníbal Rivera García, que autoriza y da fe.
- Principal
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a catorce de marzo de dos mil veintitrés. Visto el oficio del Juez Segundo de Primera Instancia con sede en Papantla, Veracruz, mediante el cual devuelve sin diligenciar el despacho 135/2023 (212/2023), que se envió para que dicha autoridad notificara a la parte quejosa el proveído de veintisiete de enero de dos mil veintitrés, derivado de que no vive en el domicilio donde se ordenó practicar la diligencia que nos ocupa; agréguese a los autos para que surta sus efectos legales correspondientes y dese de baja en el libro cuatro de comunicaciones oficiales enviadas.
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