Rafael Aguilar Flores

Expediente 67/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 15 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
67/2021
Año
2021
Actuaciones
15
Última actuación
29/11/2021

Partes del expediente

  • Rafael Aguilar Flores

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno. Visto; el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial de cuenta, al haber transcurrido el término de quince días a que alude el artículo 202 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de inconformidad en contra del acuerdo en el que se declaró por cumplida la sentencia pronunciada en este asunto, sin que las partes interesadas hubieren ejercido ese derecho; en tal virtud, se tiene por CONSENTIDO dicho proveído. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el presente asunto como concluido. En términos de los artículos 6 y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de DEPURACIÓN, toda vez que encuadra en la hipótesis del artículo 18, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo concedido. Sin que haya lugar a realizar pronunciamiento respecto del incidente de suspensión, toda vez que no se tramitó incidente alguno. Por tanto, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha y dentro de los siguientes noventa días, se realizará el proceso de depuración y se transferirá a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Se precisa que en el presente juicio no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, habida cuenta que el presente asunto no versó respecto de algún supuesto de los previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. Finalmente, en atención al oficio SEADS/1136/2021, de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, firmado por el Secretario Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se hace del conocimiento de las partes que a partir del dieciséis de noviembre del año en cita, funge como jueza de este órgano jurisdiccional, la suscrita Natividad Regina Martínez Ramírez, por así haberlo determinado el Pleno del aludido Consejo; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese; y vía electrónica a la parte quejosa Así, lo proveyó y firma electrónicamente la Jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el secretario J Arturo Mojica Sosa, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a veintinueve de octubre de dos mil veintiuno. Vista; la razón actuarial de cuenta, de la que se advierte la imposibilidad del actuario judicial adscrito para entregar el oficio 16566/2021 dirigido a la tercero interesada Comisión Federal de Electricidad de esta ciudad, debido a que no localizo a nadie en el domicilio; agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda y toda vez que en el sumario obran notificaciones realizadas en el domicilio; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 28, fracción I, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene a dicha autoridad por notificada del proveído de veintiuno de octubre del año en curso. FIRMA ELECTRÓNICA (FIREL) Con fundamento en los artículos 3 de la Ley de Amparo y 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el presente acuerdo se firmará de manera electrónica, debiendo agregarse a las constancias las evidencias criptográficas correspondientes.

  3. Principal

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a veintiuno de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos del juicio de amparo 67/2021, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que las partes no desahogaron la vista concedida mediante auto de uno de octubre de dos mil veintiuno, a efecto de que manifestaran lo que a sus intereses conviniera respecto a la pretensión de cumplimiento de la autoridad responsable al fallo protector; en consecuencia, este órgano de control constitucional procede a calificar el cumplimiento de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, a fin de dilucidar si la ejecutoria fue cumplida en su totalidad, es decir, sin excesos ni defectos y en términos del artículo 214 del mismo ordenamiento legal que dispone que no podrá archivarse ningún juicio de amparo sin que se haya cumplido la sentencia que concedió la protección constitucional o no exista materia para la ejecución. En primer término, debe destacarse que este auto supone el análisis de la ejecutoria de amparo, así como la precisión de sus alcances y efectos, pues el cumplimiento exige la interpretación del fallo protector a partir de la naturaleza de la violación examinada, a fin de determinar si fue exacta y cabalmente acatada; con la finalidad de lograr el restablecimiento de las cosas al estado que guardaban antes de la citada violación. Cobra aplicación, en lo conducente, la jurisprudencia siguiente: "Época: Décima Época Registro: 2010089 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 23, Octubre de 2015, Tomo II Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 63/2015 (10a.) Página: 1487 RECURSO DE INCONFORMIDAD. AL RESOLVERSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO, DEBEN ANALIZARSE LOS ARGUMENTOS DEL QUEJOSO DESAHOGADOS EN LA VISTA. El artículo 196 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, establece que la ejecutoria se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos, y que en los casos de amparo directo se le dará vista al quejoso para que dentro del plazo de diez días manifieste lo que a su derecho convenga y alegue, en caso de ser necesario, el defecto o exceso en el cumplimiento. En ese sentido, los argumentos que haga valer el quejoso deberán tomarse en consideración por el órgano jurisdiccional y éste debe pronunciarse al respecto, de lo contrario, se le causaría un agravio y la vista se convertiría en una formalidad inútil. Por tanto, para cumplir cabalmente con lo señalado en el referido precepto, es necesario que el tribunal colegiado se pronuncie sobre lo manifestado en la vista desahogada y así poder pronunciarse íntegramente sobre el total cumplimiento de la ejecutoria de amparo." En tal virtud, este órgano de control constitucional procede a calificar el cumplimiento de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, a fin de dilucidar si la ejecutoria fue cumplida en su totalidad, es decir, sin excesos ni defectos y en términos del artículo 214 del mismo ordenamiento legal que dispone que no podrá archivarse ningún juicio de amparo sin que se haya cumplido la sentencia que concedió la protección constitucional o no exista materia para la ejecución. En primer término, debe destacarse que este auto supone el análisis de la ejecutoria de amparo, así como la precisión de sus alcances y efectos, pues el cumplimiento exige la interpretación del fallo protector a partir de la naturaleza de la violación examinada, a fin de determinar si fue exacta y cabalmente acatada; con la finalidad de lograr el restablecimiento de las cosas al estado que guardaban antes de la citada violación. Sustenta lo expuesto, la jurisprudencia 1a./J. 76/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el doce de noviembre de 2014, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de la Décima Época, con número de registro 2008030, intitulada: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. ALCANCES Y LÍMITES EN SU ESTUDIO." Mediante sentencia autorizada el veintitrés de junio de dos mil veintiuno, se concedió la protección constitucional solicitada a Rafael Aguilar Robles, para el efecto de que la Junta Especial Número Cuarenta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, realizara lo siguiente: ".proceda de inmediato, dentro del ámbito de sus facultades, a desahogar las pruebas ofrecidas por las partes, y continúe la prosecución del juicio laboral 797/2014, ciñéndose a los términos legales, hasta ponerlo en estado de dictar el laudo correspondiente. Lo anterior, en la inteligencia de que quedan limitados los alcances del amparo en función del acto reclamado y en consideración a la etapa en que se suscitó..." Lo anterior al considerar que fue evidente que la dilación en el desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes, trastocó lo previsto por el artículo 17 de la Ley Fundamental, en tanto que, ello ha impedido que la Junta responsable declare cerrada la instrucción del juicio, y en última instancia, emita el laudo que dirima la controversia; de modo que, se insiste, la dilación en la duración de un juicio, sin justificación, no sólo mantiene al gobernado en un estado de incertidumbre sobre su resolución, sino también en una situación de afectación vinculada directa e indirectamente con la vigencia y reconocimiento de los derechos en litigio. Por lo cual concluyó que, se estaba en presencia de una abierta dilación en el juicio laboral de origen, pues razonablemente pudo afirmarse que el retardo en el juicio de origen mostró que el camino procesal se ha prolongado de forma que su desarrollo es superior al normal que debe llevarse en todo proceso jurisdiccional, lo que ha impedido que dicha autoridad cierre instrucción en el juicio natural. En auto de veinte de julio del año en curso se declaró que la sentencia de mérito causó ejecutoria; en consecuencia, se requirió a la autoridad responsable para que justificara haber dado cumplimiento al fallo protector. Por acuerdo de veintinueve de septiembre del año en curso, se tuvo al Presidente de la Junta Especial Número Cuarenta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, informando medidas tendentes para lograr el cumplimiento de la sentencia. Por determinación judicial de uno de octubre del año en curso, se tuvo al Presidente de la Junta Especial Número Cuarenta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, informando el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo con las constancias respectivas. Ahora, de un análisis comparativo general o básico que se realiza a las constancias remitidas, con los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo, se pone de manifiesto que la autoridad responsable, realizó lo siguiente: a) Mediante oficio 2822/2021 (registro 13463) el Presidente de la Junta Especial Número Cuarenta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, remitió copia certificada del acuerdo de trece de agosto del año en curso, por el cual declaró cerrada la instrucción en el expediente 797/2014 y declaró en su oportunidad turnar los autos para el dictado del laudo correspondiente. De este modo, de un análisis comparativo realizado entre los efectos de la tutela constitucional otorgada y las actuaciones llevadas a cabo por la autoridad responsable, se aprecia que la ejecutoria de amparo sí fue cumplida en sus términos. Ello tomando en consideración que la responsable, desahogo las pruebas pendientes en el expediente 797/2014, declaró cerrada la instrucción y determinó que en su oportunidad se turnen los autos para el dictado del laudo correspondiente. Tales lineamientos se obtienen de las jurisprudencias y tesis siguientes: "Época: Novena Época Registro: 192174 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Marzo de 2000 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 26/2000 Página: 243 INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." "Época: Décima Época Registro: 2008030 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 76/2014 (10a.) Página: 605 RECURSO DE INCONFORMIDAD. ALCANCES Y LÍMITES EN SU ESTUDIO. El artículo 107, fracción XVI, párrafo último, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que no podrá archivarse juicio de amparo alguno sin que la sentencia relativa quede enteramente cumplida; por ello, el análisis que se emprenda en el recurso de inconformidad para determinar si fue correcta o no la determinación que la tuvo por cumplida, no debe limitarse a los argumentos planteados por el recurrente, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuenta con facultades amplias para analizar oficiosamente si la ejecutoria de amparo fue o no acatada. Ahora, si bien es cierto que en la legislación de amparo abrogada, para dicho análisis bastaba con realizar un estudio comparativo general o básico entre lo ordenado en la ejecutoria y lo ejecutado por la autoridad responsable, también lo es que ello obedecía a que en esa legislación se contemplaba al recurso de queja como un medio para combatir el exceso o defecto en el cumplimiento; de ahí que para tener por cumplida la sentencia protectora, era suficiente con que la autoridad acreditara haber realizado lo ordenado, sin que al respecto debiera analizarse si había incurrido en exceso o defecto pues, de ser así, las partes podían interponer el recurso de queja; no obstante, éste ya no se contempla para ese fin en la Ley de Amparo vigente, en tanto que ahora el exceso o defecto puede combatirse a través del recurso de inconformidad. En efecto, aunque el artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, sólo señala que el recurso de inconformidad procede contra la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria de amparo, sin especificar que en él puedan combatirse los excesos o defectos en que incurra la responsable en el cumplimiento, de una interpretación armónica de ese numeral con los artículos 192, párrafo primero, 196 y 197 de la propia ley, se concluye que en este medio de impugnación pueden combatirse esos vicios, pues para que una ejecutoria pueda declararse cumplida es preciso que la responsable acate puntualmente lo ordenado sin incurrir en exceso o defecto. Atento a ello, si la materia del recurso de inconformidad, vista en relación con la anterior Ley de Amparo, ha sido ampliada, entonces para resolver este recurso ya no basta con realizar un examen comparativo general o básico entre las conductas señaladas por el órgano jurisdiccional como efecto de la concesión del amparo y las adoptadas por la autoridad responsable, pues ahora, en adición a ese examen, también debe verificarse que en el cumplimiento de la ejecutoria no haya habido exceso o defecto, para lo cual deberá tenerse presente que hay exceso, cuando la responsable se extralimita en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria y que, por el contrario, habrá defecto, cuando la autoridad cumple parcialmente con lo ordenado, o lo hace deficientemente; sin embargo, al hacer ese análisis, debe tenerse presente el límite señalado en la ejecutoria donde se otorgó la protección de la Justicia Federal, así como la libertad de jurisdicción que, en su caso, se haya otorgado a la responsable, pues a pesar de la ampliación en su materia, no es factible que a través de este medio se analice la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable, ni mucho menos introducir aspectos novedosos que no fueron analizados por el juzgador de amparo." Asimismo, se considera que la autoridad responsable dio cumplimiento al fallo protector en sus términos, sin excesos, al no haber ido más allá del alcance de la ejecutoria que concedió la protección federal, afectando actos jurídicos de los que no se ocupó el fallo constitucional, ni defectos, pues no se advierte que hubieran omitido llevar a cabo alguna actuación de las que ordenó la ejecutoria de amparo. Al respecto, es aplicable el criterio que sigue: "Época: Novena Época Registro: 171208 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVI, Octubre de 2007 Materia(s): Común Tesis: 1a. CCXXVI/2007 Página: 186 CUMPLIMIENTO DEL FALLO PROTECTOR. SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE ASÍ LO INFORMA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PRONUNCIARSE, SUJETÁNDOSE A LOS EXTREMOS DE LA LITIS CONSTITUCIONAL QUE RESOLVIÓ. Cuando el juez de Distrito recibe el informe de la autoridad responsable, en el que manifiesta que ya cumplió con los efectos de la ejecutoria, dicho juez Federal deberá emitir el pronunciamiento correspondiente, tomando en cuenta la naturaleza de los actos concretamente reclamados, los efectos y alcances del fallo protector, y sin incluir elementos extraños a la litis constitucional ventilada ante su potestad deberá determinar si la sentencia de amparo está o no cumplida y hacer el pronunciamiento, correspondiente, teniendo presente en todo momento, la naturaleza y objeto del incidente de inejecución de sentencia, y distinguiéndolo de la inconformidad, la queja o la repetición del acto reclamado pues, con independencia de que el quejoso haga uso de estos medios de impugnación el juez de Distrito debe pronunciarse y determinar si el fallo protector está o no cumplido, dando razón fundada de dicha decisión." Por lo que, este órgano jurisdiccional estima que por cuanto hace a los efectos de la concesión del amparo, éstos fueron acatados debidamente, como se expuso en líneas anteriores. Por ende, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, SE DECLARA CUMPLIDA LA SENTENCIA DE AMPARO. Con fundamento en los artículos 201, fracción I y 202, de la Ley de Amparo, notifíquese a las partes el presente auto y comuníquese lo anterior a la autoridad responsable, para su conocimiento y efectos legales conducentes. FIRMA ELECTRÓNICA (FIREL) Con fundamento en los artículos 3 de la Ley de Amparo y 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el presente acuerdo se firmará de manera electrónica, debiendo agregarse a las constancias las evidencias criptográficas correspondientes. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa; personalmente a la tercera interesada Sección Noventa y Uno (91), del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana; mediante oficio a la tercera interesada Comisión Federal de Electricidad de esta ciudad. Así, lo proveyó y firma el licenciado Fernando Cervantes Ruvalcaba, Secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, en funciones de juez de distrito, a partir del dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, y hasta en tanto la Comisión de Carrera Judicial lo determine o el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal adscriba titular en el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Poza Rica, conforme a lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, comunicado mediante oficio CCJ/ST/2765/2021, de la misma fecha, asistido por la licenciada Diana Rodríguez Cruz, Secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    (AVISO) NOTIFICACIÓN POR LISTA AL TERCERO INTERESADO.- Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a veintiuno de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos del juicio de amparo 67/2021, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que las partes no desahogaron la vista concedida mediante auto de uno de octubre de dos mil veintiuno, a efecto de que manifestaran lo que a sus intereses conviniera respecto a la pretensión de cumplimiento de la autoridad responsable al fallo protector; en consecuencia, este órgano de control constitucional procede a calificar el cumplimiento de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, a fin de dilucidar si la ejecutoria fue cumplida en su totalidad, es decir, sin excesos ni defectos y en términos del artículo 214 del mismo ordenamiento legal que dispone que no podrá archivarse ningún juicio de amparo sin que se haya cumplido la sentencia que concedió la protección constitucional o no exista materia para la ejecución. En primer término, debe destacarse que este auto supone el análisis de la ejecutoria de amparo, así como la precisión de sus alcances y efectos, pues el cumplimiento exige la interpretación del fallo protector a partir de la naturaleza de la violación examinada, a fin de determinar si fue exacta y cabalmente acatada; con la finalidad de lograr el restablecimiento de las cosas al estado que guardaban antes de la citada violación. Cobra aplicación, en lo conducente, la jurisprudencia siguiente: "Época: Décima Época Registro: 2010089 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 23, Octubre de 2015, Tomo II Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 63/2015 (10a.) Página: 1487 RECURSO DE INCONFORMIDAD. AL RESOLVERSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO, DEBEN ANALIZARSE LOS ARGUMENTOS DEL QUEJOSO DESAHOGADOS EN LA VISTA. El artículo 196 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, establece que la ejecutoria se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos, y que en los casos de amparo directo se le dará vista al quejoso para que dentro del plazo de diez días manifieste lo que a su derecho convenga y alegue, en caso de ser necesario, el defecto o exceso en el cumplimiento. En ese sentido, los argumentos que haga valer el quejoso deberán tomarse en consideración por el órgano jurisdiccional y éste debe pronunciarse al respecto, de lo contrario, se le causaría un agravio y la vista se convertiría en una formalidad inútil. Por tanto, para cumplir cabalmente con lo señalado en el referido precepto, es necesario que el tribunal colegiado se pronuncie sobre lo manifestado en la vista desahogada y así poder pronunciarse íntegramente sobre el total cumplimiento de la ejecutoria de amparo." En tal virtud, este órgano de control constitucional procede a calificar el cumplimiento de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, a fin de dilucidar si la ejecutoria fue cumplida en su totalidad, es decir, sin excesos ni defectos y en términos del artículo 214 del mismo ordenamiento legal que dispone que no podrá archivarse ningún juicio de amparo sin que se haya cumplido la sentencia que concedió la protección constitucional o no exista materia para la ejecución. En primer término, debe destacarse que este auto supone el análisis de la ejecutoria de amparo, así como la precisión de sus alcances y efectos, pues el cumplimiento exige la interpretación del fallo protector a partir de la naturaleza de la violación examinada, a fin de determinar si fue exacta y cabalmente acatada; con la finalidad de lograr el restablecimiento de las cosas al estado que guardaban antes de la citada violación. Sustenta lo expuesto, la jurisprudencia 1a./J. 76/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el doce de noviembre de 2014, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de la Décima Época, con número de registro 2008030, intitulada: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. ALCANCES Y LÍMITES EN SU ESTUDIO." Mediante sentencia autorizada el veintitrés de junio de dos mil veintiuno, se concedió la protección constitucional solicitada a Rafael Aguilar Robles, para el efecto de que la Junta Especial Número Cuarenta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, realizara lo siguiente: ".proceda de inmediato, dentro del ámbito de sus facultades, a desahogar las pruebas ofrecidas por las partes, y continúe la prosecución del juicio laboral 797/2014, ciñéndose a los términos legales, hasta ponerlo en estado de dictar el laudo correspondiente. Lo anterior, en la inteligencia de que quedan limitados los alcances del amparo en función del acto reclamado y en consideración a la etapa en que se suscitó..." Lo anterior al considerar que fue evidente que la dilación en el desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes, trastocó lo previsto por el artículo 17 de la Ley Fundamental, en tanto que, ello ha impedido que la Junta responsable declare cerrada la instrucción del juicio, y en última instancia, emita el laudo que dirima la controversia; de modo que, se insiste, la dilación en la duración de un juicio, sin justificación, no sólo mantiene al gobernado en un estado de incertidumbre sobre su resolución, sino también en una situación de afectación vinculada directa e indirectamente con la vigencia y reconocimiento de los derechos en litigio. Por lo cual concluyó que, se estaba en presencia de una abierta dilación en el juicio laboral de origen, pues razonablemente pudo afirmarse que el retardo en el juicio de origen mostró que el camino procesal se ha prolongado de forma que su desarrollo es superior al normal que debe llevarse en todo proceso jurisdiccional, lo que ha impedido que dicha autoridad cierre instrucción en el juicio natural. En auto de veinte de julio del año en curso se declaró que la sentencia de mérito causó ejecutoria; en consecuencia, se requirió a la autoridad responsable para que justificara haber dado cumplimiento al fallo protector. Por acuerdo de veintinueve de septiembre del año en curso, se tuvo al Presidente de la Junta Especial Número Cuarenta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, informando medidas tendentes para lograr el cumplimiento de la sentencia. Por determinación judicial de uno de octubre del año en curso, se tuvo al Presidente de la Junta Especial Número Cuarenta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, informando el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo con las constancias respectivas. Ahora, de un análisis comparativo general o básico que se realiza a las constancias remitidas, con los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo, se pone de manifiesto que la autoridad responsable, realizó lo siguiente: a) Mediante oficio 2822/2021 (registro 13463) el Presidente de la Junta Especial Número Cuarenta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, remitió copia certificada del acuerdo de trece de agosto del año en curso, por el cual declaró cerrada la instrucción en el expediente 797/2014 y declaró en su oportunidad turnar los autos para el dictado del laudo correspondiente. De este modo, de un análisis comparativo realizado entre los efectos de la tutela constitucional otorgada y las actuaciones llevadas a cabo por la autoridad responsable, se aprecia que la ejecutoria de amparo sí fue cumplida en sus términos. Ello tomando en consideración que la responsable, desahogo las pruebas pendientes en el expediente 797/2014, declaró cerrada la instrucción y determinó que en su oportunidad se turnen los autos para el dictado del laudo correspondiente. Tales lineamientos se obtienen de las jurisprudencias y tesis siguientes: "Época: Novena Época Registro: 192174 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Marzo de 2000 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 26/2000 Página: 243 INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." "Época: Décima Época Registro: 2008030 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 76/2014 (10a.) Página: 605 RECURSO DE INCONFORMIDAD. ALCANCES Y LÍMITES EN SU ESTUDIO. El artículo 107, fracción XVI, párrafo último, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que no podrá archivarse juicio de amparo alguno sin que la sentencia relativa quede enteramente cumplida; por ello, el análisis que se emprenda en el recurso de inconformidad para determinar si fue correcta o no la determinación que la tuvo por cumplida, no debe limitarse a los argumentos planteados por el recurrente, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuenta con facultades amplias para analizar oficiosamente si la ejecutoria de amparo fue o no acatada. Ahora, si bien es cierto que en la legislación de amparo abrogada, para dicho análisis bastaba con realizar un estudio comparativo general o básico entre lo ordenado en la ejecutoria y lo ejecutado por la autoridad responsable, también lo es que ello obedecía a que en esa legislación se contemplaba al recurso de queja como un medio para combatir el exceso o defecto en el cumplimiento; de ahí que para tener por cumplida la sentencia protectora, era suficiente con que la autoridad acreditara haber realizado lo ordenado, sin que al respecto debiera analizarse si había incurrido en exceso o defecto pues, de ser así, las partes podían interponer el recurso de queja; no obstante, éste ya no se contempla para ese fin en la Ley de Amparo vigente, en tanto que ahora el exceso o defecto puede combatirse a través del recurso de inconformidad. En efecto, aunque el artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, sólo señala que el recurso de inconformidad procede contra la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria de amparo, sin especificar que en él puedan combatirse los excesos o defectos en que incurra la responsable en el cumplimiento, de una interpretación armónica de ese numeral con los artículos 192, párrafo primero, 196 y 197 de la propia ley, se concluye que en este medio de impugnación pueden combatirse esos vicios, pues para que una ejecutoria pueda declararse cumplida es preciso que la responsable acate puntualmente lo ordenado sin incurrir en exceso o defecto. Atento a ello, si la materia del recurso de inconformidad, vista en relación con la anterior Ley de Amparo, ha sido ampliada, entonces para resolver este recurso ya no basta con realizar un examen comparativo general o básico entre las conductas señaladas por el órgano jurisdiccional como efecto de la concesión del amparo y las adoptadas por la autoridad responsable, pues ahora, en adición a ese examen, también debe verificarse que en el cumplimiento de la ejecutoria no haya habido exceso o defecto, para lo cual deberá tenerse presente que hay exceso, cuando la responsable se extralimita en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria y que, por el contrario, habrá defecto, cuando la autoridad cumple parcialmente con lo ordenado, o lo hace deficientemente; sin embargo, al hacer ese análisis, debe tenerse presente el límite señalado en la ejecutoria donde se otorgó la protección de la Justicia Federal, así como la libertad de jurisdicción que, en su caso, se haya otorgado a la responsable, pues a pesar de la ampliación en su materia, no es factible que a través de este medio se analice la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable, ni mucho menos introducir aspectos novedosos que no fueron analizados por el juzgador de amparo." Asimismo, se considera que la autoridad responsable dio cumplimiento al fallo protector en sus términos, sin excesos, al no haber ido más allá del alcance de la ejecutoria que concedió la protección federal, afectando actos jurídicos de los que no se ocupó el fallo constitucional, ni defectos, pues no se advierte que hubieran omitido llevar a cabo alguna actuación de las que ordenó la ejecutoria de amparo. Al respecto, es aplicable el criterio que sigue: "Época: Novena Época Registro: 171208 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVI, Octubre de 2007 Materia(s): Común Tesis: 1a. CCXXVI/2007 Página: 186 CUMPLIMIENTO DEL FALLO PROTECTOR. SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE ASÍ LO INFORMA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PRONUNCIARSE, SUJETÁNDOSE A LOS EXTREMOS DE LA LITIS CONSTITUCIONAL QUE RESOLVIÓ. Cuando el juez de Distrito recibe el informe de la autoridad responsable, en el que manifiesta que ya cumplió con los efectos de la ejecutoria, dicho juez Federal deberá emitir el pronunciamiento correspondiente, tomando en cuenta la naturaleza de los actos concretamente reclamados, los efectos y alcances del fallo protector, y sin incluir elementos extraños a la litis constitucional ventilada ante su potestad deberá determinar si la sentencia de amparo está o no cumplida y hacer el pronunciamiento, correspondiente, teniendo presente en todo momento, la naturaleza y objeto del incidente de inejecución de sentencia, y distinguiéndolo de la inconformidad, la queja o la repetición del acto reclamado pues, con independencia de que el quejoso haga uso de estos medios de impugnación el juez de Distrito debe pronunciarse y determinar si el fallo protector está o no cumplido, dando razón fundada de dicha decisión." Por lo que, este órgano jurisdiccional estima que por cuanto hace a los efectos de la concesión del amparo, éstos fueron acatados debidamente, como se expuso en líneas anteriores. Por ende, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, SE DECLARA CUMPLIDA LA SENTENCIA DE AMPARO. Con fundamento en los artículos 201, fracción I y 202, de la Ley de Amparo, notifíquese a las partes el presente auto y comuníquese lo anterior a la autoridad responsable, para su conocimiento y efectos legales conducentes. FIRMA ELECTRÓNICA (FIREL) Con fundamento en los artículos 3 de la Ley de Amparo y 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el presente acuerdo se firmará de manera electrónica, debiendo agregarse a las constancias las evidencias criptográficas correspondientes.

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