Rafael Flores Hernández
Expediente 937/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 13 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 937/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 13/07/2023
Partes del expediente
- Rafael Flores Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, trece de julio de dos mil veintitrés. Causa estado sobreseimiento fuera de audiencia. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término para las partes legitimadas para ello, para interponer el recurso de revisión previsto por los artículos 81, fracción I, inciso d) y 86 de la Ley de Amparo en contra del proveído de veintisiete de junio de dos mil veintitrés, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo. Por tanto, al no haber sido impugnado en su oportunidad, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, HA QUEDADO FIRME, para todos los efectos legales a que haya lugar. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se acuerda lo siguiente. Destrúyase el expediente principal, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto en el que se determinó sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en la fracción II, del artículo 20 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 20. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: II. Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido;". Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Una vez cumplido el término a que se refiere el primer párrafo, del artículo 20, del Acuerdo General en cita, previamente a la realización de la visita de inspección que corresponda, destrúyase el presente expediente y remítase, dentro de los treinta días naturales siguientes, el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Destrucción del incidente de suspensión. Por otra parte, tomando en consideración que en el incidente de suspensión por una parte se negó la medida cautelar provisional y definitiva, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 20, fracción III, del Acuerdo en comento; por tanto, el cuaderno incidental es destruible una vez que transcurra el citado plazo de tres años que prevé el numeral en cita. Háganse las anotaciones respectivas en las carátulas de los expedientes para mejor identificación de los asuntos; insértese este acuerdo en el incidente de suspensión para constancia. Digitalización. Previo a su transferencia, en cumplimiento al párrafo tercero, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona a la Secretaria para que verifique la digitalización de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Por otro lado, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dieciséis, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de documentos. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal referido, dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja. Notifíquese.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintiséis de junio de dos mil veintitrés. Informe justificado. La Jueza Tercera de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla rinde informe justificado. Atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe justificado de mérito. Pruebas. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse como pruebas de la autoridad responsable las documentales que anexa a su informe. Litis constitucional. De las constancias que obran en autos se advierten los datos siguientes: *** Sobreseimiento fuera de audiencia. De acuerdo con en el artículo 62 de la ley de la materia, las causas de improcedencia del juicio de amparo deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden de público. En el caso, este órgano jurisdiccional advierte, de oficio, que respecto del acto reclamado consistente en la omisión de acordar el escrito presentado por la parte quejosa el diez de mayo de dos mil veintitrés, dentro del expediente 1433/2019 del índice de la responsable, se actualiza la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: *** Del precepto legal transcrito se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos sean destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello el correspondiente acto no agravie a la parte quejosa; es decir, se dejan de afectar los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido el amparo caso en el que el juicio de amparo carecería de litis sobre la cual hacer un pronunciamiento de fondo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, del tomo IX, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a junio de 1999, de rubro siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ÉSTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Igualmente, resulta aplicable el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 71, del tomo VI, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a noviembre de 1997, que dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL." En ese orden, cabe reiterar que el acto reclamado en el presente asunto consiste en la omisión de acordar el escrito presentado por la parte quejosa el diez de mayo de dos mil veintitrés dentro del expediente 1433/2019 del índice del juzgado responsable, por el cual solicitó a la referida autoridad girar oficios al Centro Escolar "Presidente Gustavo Díaz Ordaz" a fin de justificar el incumplimiento del convenio celebrado con la parte demandada en el juicio de origen el ocho de marzo de dos mil veintiuno. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que el pasado treinta de mayo se pronunció respecto del escrito de mérito, en el sentido de dejar a salvo los derechos de la parte quejosa para que ésta promoviera la ejecución del convenio mencionado, tal como se desprende de las imágenes siguientes: *** Incluso, la autoridad refirió que mediante proveído de seis de junio del año en curso, tuvo a *** parte quejosa en la presente acción constitucional, formulando ejecución de convenio en el expediente *** de su índice. En ese sentido, resulta evidente que cesó la omisión del acto reclamado, de modo que sus efectos desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna de dicha afectación. Por tanto, se concluye que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por lo que debe sobreseerse el juicio fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 63, fracción V, de la norma citada. Sirve de fundamento, la jurisprudencia 2ª/J 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes. "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. *** En esas circunstancias, al haberse sobreseído en el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional fijada para las nueve horas con cincuenta minutos del veintinueve de junio de dos mil veintitrés. Finalmente, una vez que cause estado el presente proveído, dese de alta en el módulo de sentencias contenido en el SISE, así como en el libro de registro electrónico que se lleva a cabo en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Notifíquese; y electrónicamente a la parte quejosa.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, siete de junio de dos mil veintitrés. Designación de representante coadyuvante. Representante coadyuvante acepta cargo. El Procurador de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema Estatal DIF informa que *** abogada adscrita a la procuraduría oficiante, fue designada para fungir como representante coadyuvante del infante de iniciales R.F.G. para efectos del presente juicio de amparo; asimismo, remite las constancias relativas a la aceptación del cargo conferido. Se toma conocimiento de la designación de la representante coadyuvante del infante en el asunto en que se actúa. Ahora, por lo que hace a los anexos de cuenta y tomando en consideración que el artículo 257, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, prevé la posibilidad de que la práctica de diligencias, audiencias y demás comparecencias que suelan requerir la presencia física de las partes o de otros intervinientes, se puedan practicar mediante el uso de medios tecnológicos, se tiene a Ana María Yolanda Solano abogada adscrita a la Procuraduría de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema Estatal DIF, aceptando y protestando el cargo conferido como representante coadyuvante del infante de iniciales R.F.G. Datos Generales. En ese mismo sentido, del escrito de cuenta, se desprende que la asesora jurídica federal Ana María Yolanda Solano manifestó, bajo protesta de decir verdad, llamarse como ha quedado asentado, tener cincuenta y cinco años de edad, estado civil soltera, originaria de la ciudad de Puebla, vecina de la ciudad de Puebla, con domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle 5 de mayo número mil seiscientos seis colonia Centro de la ciudad de Puebla, Puebla; de ocupación servidora pública. Identificación oficial. Asimismo, agréguese la copia simple de la cedula profesional número 2415591, expedida por la Dirección General de Profesiones, que la acredita como licenciada en derecho; así como la copia simple del gafete emitido a nombre de dicha profesionista por el Sistema Estatal DIF, con número de empleada 2035, que la acredita como profesional de la Procuraduría de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema Estatal DIF. Domicilio. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, y por autorizadas para oír y recibir notificaciones a las personas que señala para tal efecto. Autorizados. Se tiene como autorizados en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo a las personas que señala, por así solicitarlo expresamente. Notifíquese.
- Incidental
San Andrés Cholula, Puebla, seis de junio de dos mil veintitrés. Manifestaciones parte quejosa sobre cumplimiento Agréguese a los autos el escrito de la persona autorizada en términos amplios de la parte quejosa, por medio del cual realiza manifestaciones en torno al cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Al respecto, resérvese proveer sobre sus manifestaciones, hasta en tanto se emita el cumplimiento dado a la sentencia de amparo, pues en acuerdo de uno de junio pasado se determinó que no se podía tener por cumplida y, por tanto, se requirió a la autoridad responsable. Notifíquese.
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