Rafael Flores Hernandez

Expediente 1770/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 10 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1770/2023
Año
2023
Actuaciones
10
Última actuación
27/11/2023

Partes del expediente

  • Rafael Flores Hernandez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Autoridades informan. Agréguense a los autos los oficios con anexos correspondientes al Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla y a la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Puebla, mediante los cuales atienden el requerimiento de quince de noviembre de dos mil veintitrés. Tomo de pruebas. Ahora, tomando en consideración el volumen del anexo remitido por la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Puebla, con fundamento en lo que disponen los numerales 63, 64 y 65 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de la Materia, fórmese por separado un tomo de pruebas identificado como anexo III a fin de facilitar el manejo del presente expediente, respetando el sello y folio originales, el cual deberá tenerse a la vista en el momento procesal oportuno. Ahora bien, visto el oficio del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, por el que remite copia certificada del acuerdo de veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés, del cual se advierte el señalamiento de día y hora para la diligencia de reinstalación del actor ***, en su última fuente de empleo y en los términos y condiciones ordenados en el laudo emitido en el expediente laboral D-337/2018 de su índice; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Por su parte, la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Puebla, en cumplimiento a la ejecución del laudo en el juicio de origen, manifiesta que es necesaria la creación de una plaza con las condiciones laborales con las que tenía el actor, ya que no cuenta con plaza alguna con las mismas condiciones con las que contaba el quejoso. Asimismo, reitera que ha realizado gestiones para dar cumplimiento y acelerar el proceso para la creación de dicha plaza para la reinstalación, con diversas solicitudes ante el Director General de Capital Humano de la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Puebla. En ese sentido, de autos se desprende que el quince de noviembre de dos mil veintitrés, el Director General de Capital Humano de la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Puebla, remitió copia certificada de su oficio SA/DGCH/7598/2023 de tres de noviembre de dos mil veintitrés, relativo a la respuesta que dio a las solicitudes de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Puebla, en el sentido de indicarle que, la condena del laudo de origen es relativa a reinstalar al actor en una plaza con la misma categoría, más no para la creación de una nueva plaza, por lo que le corresponde a la propia Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Puebla que fue condenada a cumplir con la reinstalación ordenada por el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, en cualquiera de las plazas vacantes de su plantilla de personal con la misma categoría que tenía el quejoso. Al respecto se estima que el Director General de Capital Humano de la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Puebla, es reiterativo en eludir sus obligaciones en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, dado que formula el mismo argumento que ya fue materia de estudio por parte del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, en la ejecutoria de treinta de marzo de dos mil veintitrés, en el recurso de inconformidad 32/2022 de su índice. En efecto, en la referida ejecutoria el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, estableció lo siguiente: "Sin embargo, si bien en el laudo respectivo no se condenó a la creación de una plaza, lo cierto es que la falta de dicha plaza, es el impedimento para que el Tribunal de Arbitraje, cumpla con la sentencia de amparo, como se advierte de las diligencias de reinstalación que se han señalado para llevar a cabo la reinstalación del actor, en las que la autoridad demandada en el juicio laboral, refiere estar imposibilitada a reinstalar al actor ya que carece de facultades para efectuar la creación de la plaza; por lo que, aun cuando expresamente no se condenó a la creación de la plaza, se debe crear para que la autoridad esté en aptitud de cumplimentar la sentencia de amparo y el actor pueda ser reinstalado. De ahí que, el hecho que señala la autoridad vinculada consistente en que del laudo no advirtió la condena a que se creara una plaza, no se trata de una imposibilidad para cumplir la sentencia y menos aún imposibilita a la autoridad responsable para seguir con las acciones tendentes al cumplimiento de la ejecutoria, ni por tanto a la Juez Federal para seguir exigiéndolo, en el ámbito de cada una de las autoridades involucradas en el cumplimiento de la sentencia de amparo. Por tanto, al margen de que la autoridad vinculada Directora de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración del Estado de Puebla, le informó que del análisis del laudo, no se indicaba la creación de la plaza, por lo que consideró que existe una imposibilidad jurídica para cumplir la sentencia, desde el punto de vista formal no existe impedimento para que tanto el tribunal responsable realice las gestiones necesarias para el cumplimiento o ejecución del laudo de seis de marzo de dos mil veinte, dictado en el juicio laboral D-337/2018, en lo relativo a la reinstalación, como se ordenó en la sentencia ejecutoria, como la propia Juez Federal requiera a las autoridades vinculadas en términos del artículo 197 de la Ley de Amparo. Es decir, como la violación que originó la concesión del amparo estribó en la reinstalación del actor quejoso, para dar cumplimiento al laudo de seis de marzo de dos mil veinte, dictado en el juicio laboral D-337/2018, es material y jurídicamente factible restituir en el goce de ese derecho fundamental, mediante dicha reinstalación con la respectiva creación de la plaza en donde pueda ser reinstalado, en tanto -se insiste- dicha obligación de reinstalar al actor a su puesto de trabajo como se determinó en el laudo, no puede dejar de realizarse únicamente porque la autoridad vinculada considere que no se condenó así en el laudo, porque así fue determinado en la ejecutoria de amparo, la cual debe ser puntualmente cumplida. En consecuencia, no existe alguna circunstancia o hecho que patentice una imposibilidad jurídica y material para llevar a cabo el cumplimiento por parte de la autoridad vinculada, respecto de la sentencia dictada dentro del juicio 122/2022, del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil Administrativa y de Juicios Federales en el Estado de Puebla." Cabe indicar que en proveído de dieciocho de abril de dos mil veintitrés, este Juzgado de Distrito tuvo por recibida la ejecutoria en comento y cuyo contenido se les indicó claramente a la totalidad de las autoridades responsables y a las diversas autoridades vinculadas, pues se les corrió traslado con ésta. Se impone multa. En mérito de lo anterior, ante el actuar reiterado del Director General de Capital Humano de la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Puebla, que se configura con su oficio SA/DGCH/7598/2023 de tres de noviembre de dos mil veintitrés, relativo a la respuesta que dio a las solicitudes de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Puebla, en el sentido de indicarle bajo un argumento ya fue analizado en la referida ejecutoria emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito en el recurso de inconformidad 32/2022 de su índice, esto es, que la condena del laudo de origen es relativa a reinstalar al actor en una plaza con la misma categoría, más no para la creación de una nueva plaza. En esas condiciones y en razón de los múltiples requerimientos realzados desde el dieciocho de abril de dos mil veintitrés, se hace efectivo el apercibimiento decretado en proveído del seis de noviembre de dos mil veintitrés y, con fundamento el artículo 258 de la Ley de Amparo, se impone una multa a Erick Fernando Ramos Soriano, por la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), equivalente a cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización. Se determina lo anterior en atención a la actitud reiterada que expone su indiferencia adoptada, sobre los requerimientos efectuados por este órgano jurisdiccional a fin de lograr el cumplimiento a la ejecutoria emitida en el presente juicio de amparo. Esto es, desde el dieciocho de abril de dos mil veintitrés hasta la emisión de su referido oficio SA/DGCH/7598/2023 de tres de noviembre de dos mil veintitrés, han transcurrido más de seis meses para que manifestara un pronunciamiento reiterado que ya fue estudiado en la ejecutoria emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito de que se ha dado noticia. En consecuencia, gírese atento oficio al Administrador Local de Recaudación de Puebla "1" del Servicio de Administración Tributaria, a fin de que haga efectivo el cobro de la multa impuesta a ***, en su carácter de Director General de Capital Humano de la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Puebla, por la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional). Para lo cual, deberá informar dentro del plazo de tres días, las medidas que tome al respecto, esto es, las diligencias realizadas a fin de lograr el cobro de la multa impuesta. En ese orden, se remite copia certificada de la multa impuesta y se le informa que los datos con que cuenta este órgano de control jurisdiccional, son los siguientes: Nombre del titular que cometió la infracción: *** RFC del deudor con homoclave: *** Domicilio: *** Requerimiento de cumplimiento. En consecuencia, se le hace saber a la autoridad vinculada con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo Director General de Capital Humano de la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Puebla, que cuenta con un último plazo de diez días para dar cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo conforme a los lineamientos expuestos en párrafos anteriores, en términos de lo dispuesto en la tesis número P./J.54/2014 (10 a), visible en la página 19, Tomo I, Noviembre 2014, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo.". (Lo destacado es propio.) Por lo que transcurrido dicho término y en caso de no acreditar el cabal cumplimiento al fallo protector, se abrirá el incidente de inejecución de sentencia, que establecen los artículos 193, primer párrafo, en relación con el diverso 196, último párrafo, ambos de la Ley de Amparo. En el entendido de que este Juzgado Federal considera suficiente el plazo de diez días para que el Director General de Capital Humano de la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Puebla, culmine favorablemente el procedimiento de la creación de la nueva plaza para la reinstalación del actor. No sobra reiterar que, como precisó líneas arriba el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, estimó que para dar cumplimiento al laudo de seis de marzo de dos mil veinte, dictado en el juicio laboral D-337/2018, es material y jurídicamente factible restituir en el goce de ese derecho fundamental, mediante dicha reinstalación con la respectiva creación de la plaza en donde pueda ser reinstalado. Notifíquese.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, quince de noviembre de dos mil veintitrés. Diferimiento de audiencia constitucional. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que aún no obra el informe justificado de la autoridad responsable Juez Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, no obstante que obra agregado el acuse de recibo del oficio por medio del cual se le requirió; sin embargo, fue notificado el veinticinco de octubre de dos mil veintitrés, por lo que se encuentra transcurriendo el plazo de quince días que se le concedió a fin de que lo rinda. En tal sentido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha, fijándose en su lugar las diez horas con treinta minutos del once de diciembre de dos mil veintitrés; lo que se hace del conocimiento a las partes para los efectos legales conducentes. Sirve de fundamento, la tesis aislada: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, SEÑALAMIENTO DE. *** Notifíquese.

  3. Incidental

    AUDIENCIA INCIDENTAL En San Andrés Cholula, Estado de Puebla, a las once horas con veinticinco minutos del catorce de noviembre de dos mil veintitrés *** S E N T E N C I A I N T E R L O C U T O R I A *** RESUELVE. ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por *** por propio derecho y en representación del niño de iniciales R.F.G., en relación con los actos reclamados, autoridades responsables y conforme a los motivos y fundamentos expuestos en el considerando III, IV y V de la presente resolución interlocutoria. Notifíquese.

  4. Incidental

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Tribunal colegiado informa. La persona actuaria del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito informa el contenido del acuerdo de treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés, dictado en el recurso de revisión R.A.-761/2023, del que se advierte que se admitió el recurso de revisión adhesiva interpuesto por las autoridades responsables Gobernador y Congreso, ambos del Estado de Puebla, por conducto de su representación. Atento a su contenido, agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta, y tómese nota para los efectos legales conducentes. Notifíquese.

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