Rafael Fabian Rodriguez Castro

Expediente 1711/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1711/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
26/09/2022

Partes del expediente

  • Rafael Fabian Rodriguez Castro

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiséis de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el auto dictado en este juicio el treinta de agosto de dos mil veintidós; con fundamento en los artículos, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en términos del artículo 2° de la citada Ley de Amparo, se declara que el expresado auto que SOBRESEE en estos autos fuera de audiencia, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto definitivamente concluido. En consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, archívese como asunto totalmente concluido; hágase la anotación respectiva en la carátula del expediente original y en el Libro respectivo. En cumplimiento al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo, no obra documento original y se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del Punto Vigésimo primero del citado Acuerdo General, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere la parte inicial del numeral referido. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. De igual manera, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual es destruible, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, JuezaTercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Erika Esther Góngora Barbosa, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, treinta de agosto de dos mil veintidós. Agréguense a estos autos los oficios suscritos por la Presidenta de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado y el Actuario de la su adscripción, así como las constancias que acompañó y de las que obran en autos, se advierte que el doce de abril del año en curso, dictó proyecto de laudo, el cual fue elevado a categoría de laudo el dos de mayo de dos mil veintidós, el cual se le notificó a la parte actora el veinticinco de agosto de dos mil veintidós (posterior a la presentación de la demanda), lo anterior en autos del expediente 743/2021 del índice de la responsable. Ahora bien, de la revisión de las constancias que fueron anexadas por la autoridad responsable a su informe justificado, se advierte que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que amerita el sobreseimiento en este asunto, en términos de la fracción V del numeral 63 de la citada ley de la materia. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención, no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto, se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a) Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b) Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. Al respecto, es necesario precisar que la promovente reclama en el presente juicio de amparo de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, en lo sustancial, la abstención de dictar el laudo y notificárselo en autos del expediente 743/2021, del índice de la responsable. En este sentido, de las constancias que adjuntó a su oficio de cuenta la autoridad responsable antes citada, se aprecia que el doce de abril del año en curso, dictó proyecto de laudo, el cual fue elevado a categoría de laudo el dos de mayo de dos mil veintidós, el cual se le notificó a la parte actora -aquí quejosa- el veinticinco de agosto de dos mil veintidós (posterior a la presentación de la demanda), lo anterior en autos del expediente 743/2021 del índice de la responsable. En este orden de ideas, en virtud de que el doce de abril del año en curso, la Junta responsable dictó proyecto de laudo, el cual fue elevado a categoría de laudo el dos de mayo de dos mil veintidós, mismo que se le notificó a la parte actora -aquí quejosa- el veinticinco de agosto de dos mil veintidós (posterior a la presentación de la demanda), lo anterior en autos del expediente 743/2021 del índice de la responsable; mismas a las que se les otorga pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y que en el caso a estudio, la promovente de amparo reclamó la abstención de dictar el laudo correspondiente en el expediente 743/2021, del índice la responsable. Por tal motivo, se llega a la conclusión que en el presente juicio de amparo han cesado los efectos del acto que se reclama, y se surte la causal de improcedencia señalada, al destruirse de forma total e incondicional el acto omisivo combatido por la solicitante del amparo a la autoridad responsable, restituyéndose a la agraviada en el goce de sus derechos constitucionales violados, pues la Responsable el veinticinco de agosto de dos mil veintidós (posterior a la presentación de la demanda de amparo), notificó el laudo correspondiente a la aquí quejosa, lo anterior en autos del expediente 743/2021 del índice de la responsable. De ahí, que aparezca la imposibilidad de entrar al análisis de fondo del acto reclamado, por haber quedado sin efecto la omisión impugnada, pues no hay materia por la cual se procediera a determinar su constitucionalidad, de proseguirse el trámite del presente juicio. En apoyo de lo anterior tiene aplicación al respecto la tesis número P. CL/97, del Pleno de la Suprema Corte, Novena Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VI, Noviembre de 1997, página 71, que al rubro y texto reza: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". En tales circunstancias, lo procedente es sobreseer en el presente juicio, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia de análisis. Por consiguiente, este Juzgador Federal decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de control constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal, y en consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON VEINTITRES MINUTOS DEL VEINTITRES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDOS. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán; veintitrés de agosto de dos mil veintidós. Visto lo informado por la Secretaria en la cuenta que antecede, en el sentido de que aún se encuentra transcurriendo el término otorgado mediante proveído de diecinueve de agosto del año en curso, a efecto de que la autoridad responsable Presidenta de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, remita diversas constancias que le fueron requeridas. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose como nuevas hora y fecha para su celebración, las DIEZ HORAS CON VEINTITRÉS MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Pablo Pérez Pacheco, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, encargado del despacho por vacaciones de la titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por autorización otorgada en sesión de veinte de junio de dos mil veintidós, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CCJ/ST/2742/2022, suscrito por la Secretaria Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del propio Consejo, asistido de Erika Esther Góngora Barbosa, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Agréguense a estos autos el informe justificado rendido por la Presidenta de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, y el Actuario de su adscripción, así como, un anexo que acompaña y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes en este juicio y relaciónese al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Ahora bien, del informe justificado rendido por el Actuario manifiesta que no es cierto el acto reclamado y de la demanda de amparo se advierte que el acto que se le reclama es la omisión de notificar el proyecto de resolución de laudo y la elevación a categoría de laudo del mismo, sin embargo, no se advierten las constancias de notificación. Con fundamento en el artículo 61 de la Ley de Amparo, requiérase a la Junta responsable, para que en el término de tres días siguientes al en que surta sus efectos la notificación del presente acuerdo, remita copias certificadas de las constancias de notificación del auto dos de mayo de dos mil veintidós, en el que se elevó a categoría de laudo el proyecto correspondiente. Con el apercibimiento que de no cumplir con requerido, dentro del plazo conferido, se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con lo ordenado en el artículo 259 en relación con el 237, fracción I, ambos de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 515 del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, consultable en la página 454, Octava Época, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice 2000, con número de registro 918,049, en el IUS Intranet, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. SI HAY EVIDENCIA SOBRE SU EXISTENCIA DEBE INDAGARSE Y, EN SU CASO, RECABARSE OFICIOSAMENTE LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA ACREDITARLA.- De conformidad con el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, las causas de improcedencia, por lo general, deben ser examinadas de oficio. Por ende, si de autos se advierte alguna evidencia sobre su existencia como la indagación y, en su caso, recabación de pruebas necesarias para acreditar dichas causales también debe hacerse de oficio y en cualquiera de las instancias en que se encuentre el procedimiento en el juicio de garantías. Desatender tal obligación transgrede las reglas fundamentales que rigen dicho procedimiento y hace necesaria su reposición en términos del artículo 91, fracción IV, de la ley de la materia". NOTIFÍQUESE.

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