Rafael Domingo Briceño Pinzon
Expediente 197/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 197/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 08/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Rafael Domingo Briceño Pinzon
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, ocho de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el auto dictado en este juicio, el once de febrero del año en curso; con fundamento en los artículos, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en términos del artículo 2o de la citada Ley de Amparo, se declara que el expresado auto que SOBRESEE en estos autos, fuera de audiencia, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto definitivamente concluido. En consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, archívese como asunto totalmente concluido; hágase la anotación respectiva en la carátula del expediente original y en el Libro respectivo. En cumplimiento al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo, no se tramito el incidente de suspensión ni obra documento original y se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del Punto Vigésimo primero del citado Acuerdo General, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere la parte inicial del numeral referido. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. Finalmente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual es destruible, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Notifíquese.
- Principal
Agréguese a estos autos el informe justificado rendido por la Jueza Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, y anexo que acompaña, correspondiente a las constancias del expediente 599/2017, del índice de la responsable. En ese sentido, es menester traer a colación que el acto que la parte quejosa reclamó en su demanda de amparo, medularmente lo constituye la omisión de acordar el memorial presentado ante dicho Juzgado el veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, en autos del juicio ejecutivo mercantil 599/2017.Ahora bien, en el caso a estudio, se estima que se actualiza lacausal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualizaciónde la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia dedos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, se reitera, la parte quejosa reclama la omisión de acordar el memorial presentado ante dicho Juzgado el veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, en autos del juicio ejecutivo mercantil 599/2017. Ahora bien, de las constancias remitidas por la Jueza Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, en su informe justificado, mismas que integran este juicio de amparo, se desprende que, en fecha veintisiete de enero del presente año, dictó un proveído en el cual dio contestación al escrito presentado por la parte quejosa el veinticinco de octubre de dos mil veintiuno; determinación que fue notificada a dicha parte, mediante publicación en el Diario Oficial del Gobierno del Estado, en fecha uno de febrero de la referida anualidad. Dichas documentales, por su naturaleza pública, goza de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedida por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Lo expuesto hace evidente que en el caso han cesado los efectos de la omisión atribuida a la autoridad responsable, al haberse demostrado que la responsable dio contestación al escrito de fecha veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, presentado por el aquí quejoso, de tal forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación impugnada. Es así, porque la parte quejosa reclamó la violación al derecho de prontitud en la impartición de justicia a partir de la omisión de contestar el escrito presentado ante ella el veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, lo que en el caso se subsana con el acuerdo que recayó en proveído de veintisiete de enero de dos mil veintidós en autos del juicio ejecutivo mercantil 599/2017. Por lo tanto, es inconcuso que en la especie se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no obstante que en el momento en que promovió la parte quejosa el presente juicio, existía la paralización impugnada; sin embargo, tal como se ha señalado, la responsable, emitió un acuerdo de contestación en el aludido juicio, de ahí, que han cesado los efectos de la aludida paralización. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos enforma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejo huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia, en el presente juicio de amparo, con apoyo en la fracción V del artículo 63 de la citada ley, en contra del acto reclamado a la autoridad responsable, por los motivos anotados en los párrafos que preceden. Lo anterior impide analizar el fondo del asunto, en virtud de la causal de improcedencia que se actualizó, de conformidad con la jurisprudencia 1028, que se reproduce a continuación: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." Por todo lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON ONCE MINUTOS DEL NUEVE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Finalmente, agréguese a estos autos únicamente para que obre como corresponda, el alegato ministerial 92/2022, rendido por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, toda vez que en esta propia fecha se está acordando respecto del sobreseimiento fuera de audiencia en el presente asunto y como solicita, con fundamento en el artículo 278 del código Federal de Procedimientos Civiles, expídasele copia certificada del presente acuerdo, autorizando a que la reciba la Agente del Ministerio Público Federal adscrita. Notifíquese personalmente.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, de los que se advierte, que no obran en autos los acuses de recibo correspondientes a los oficios V-33493/2021, V- 33494/2021 y V-33495/2021 dirigidos respectivamente, al Titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, al Titular de la Dirección de Atención a Autoridades de la Comisión Nacional Bancaria y de valores y al Director General Adjunto de Atención a Autoridades " A" de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, todos con sede en la ciudad de México, con los que se les notificó la sentencia dictada en estos autos. Por lo anterior, y como no se tiene la certeza de que dichas autoridades hayan recibido los oficios antes referidos y para agilizar el presente procedimiento; requiéranse nuevamente a las aludidas autoridades responsables, para que en el término de tres días, legalmente computado, informen a este Juzgado la fecha en que recibieron los citados oficios; apercibidas, que de no cumplir con lo anterior, sin causa justificada, o en caso de no señalar la imposibilidad que tiene para ello, se les impondrá una multa de cincuenta veces el valor de Unidad de Medida y Actualización de conformidad con lo establecido en el numeral 259, en relación con el 237, fracción I, ambos de la Ley de Amparo toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en un desacato a un mandamientojudicial y que además retrasa la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en el presente juicio de amparo Hágase del conocimiento de las autoridades arriba señaladas, que, dada la situación de contingencia presentada con motivo del fenómeno de salud pública derivado del coronavirus (COVID-19), que obligó a restringir el acceso al público a las instalaciones de este órgano jurisdiccional, la información requerida podrán rendirla vía correo electrónico a la dirección oficial 3jdo14cto@correo.cjf.gob.mx, o bien, vía interconexión Finalmente, se ordena a los Actuarios de la adscripción, que los oficios dirigidos a la citadas autoridades responsables, se procure su envío a través de los correos electrónicos que se tengan y que sean oficiales y que se puedan indagar y en caso de no contar con ellos, se manden los mismos por estafeta, a fin de agilizar el presente procedimiento y evitar dilaciones procesales innecesarias. NOTIFÍQUESE
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