Rafael Ernesto Bustos González

Expediente 1293/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 29 actuaciones registradas, la última del 10 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1293/2021
Año
2021
Actuaciones
29
Última actuación
10/05/2022

Partes del expediente

  • Rafael Ernesto Bustos González

Actuaciones

Las 4 más recientes de 29.

  1. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza, diez de mayo de dos mil veintidós. Escrito. Se ordena agregar a sus antecedentes el escrito signado por el autorizado del tercero interesado y en atención a su contenido dígasele que el veintidós de abril anterior, se notificó a la autoridad responsable el acuerdo de veinte de ese mes y año. Notifíquese.

  2. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza, veinte de abril de dos mil veintidós. Ejecutoria. Vista la certificación puesta en esta fecha por el secretario de este juzgado, en el sentido que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto el recurso de revisión que establece el artículo 81, fracción I inciso d) de la propia ley; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia dictada en el presente juicio ha causado ejecutoria. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los relativos a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; asimismo, aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. Depuración o destrucción. Este expediente es susceptible de destruible, conforme al artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Incidente. No se solicitó. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Anotaciones y archivo. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE"; y, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo. Escrito. Se ordena agregar a sus antecedentes el escrito signado por el autorizado de la tercero interesada y en atención a su contenido estese a lo aquí acordado. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Yuri Alí Ronquillo Vélez, Juez Primero de Distrito en La Laguna, asistido del licenciado Ernesto Rubio Hernández, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza, veintiocho de marzo de dos mil veintidós. Escrito. Se ordena agregar a sus antecedentes el escrito de la tercero interesado mediante el cual solicita se sobresea fuera de audiencia el juicio de amparo en que se actúa y en atención a su contenido deberá estarse a lo acordado el veintitrés de marzo anterior. Notifíquese.

  4. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza, veintitrés de marzo de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado procesal que guarda el presente expediente, se advierte que a esta fecha no se encuentran emplazado al presente contradictorio federal el tercero interesado Samuel Lozano Lucio; asimismo, de la certificación que antecede, se desprende que ha transcurrido en su totalidad el término otorgado a la parte quejosa en proveído de tres de febrero de dos mil veintidós, para que compareciera a recibir los edictos ordenados a fin de emplazar el tercero interesado antes mencionado y, acreditara haber hecho los trámites correspondientes para su publicación. Sobreseimiento fuera de audiencia. En atención a que la parte gestora no compareció para la entrega de los edictos que fueron puestos a su disposición en el proveído mencionado con anterioridad y tampoco acreditó gestiones para su publicación; se procede a determinar lo siguiente: En primer lugar, debe decirse que la fracción II, del artículo 63, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] II. El quejoso no acredite sin causa razonable a juicio del órgano jurisdiccional de amparo haber entregado los edictos para su publicación en términos del artículo 27 de esta ley una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó." La anterior porción normativa establece que procede el sobreseimiento del juicio biinstancial, en la eventualidad de que se hubiese efectuado el requerimiento respectivo al quejoso para entregar los edictos correspondientes para emplazar a la parte tercero interesada, para su publicación y, a pesar de ello, no acredite sin causa razonable y a juicio del órgano jurisdiccional, haberlo hecho. Por su parte, la fracción III, del inciso b), del artículo 27 de la ley de la materia, dispone que si se desconoce el domicilio de los terceros interesados, el órgano jurisdiccional debe dictar las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue aquél, pero si a pesar de la investigación subsiste el desconocimiento del domicilio, impone a la parte quejosa la obligación de solventar los gastos necesarios para el emplazamiento por edictos. De esta hipótesis se obtiene que una vez que ha sido admitida la demanda de amparo, si a la postre se desconoce el domicilio de la parte tercero interesada, ya sea porque la parte quejosa lo ignora, o bien, porque no corresponde al que señaló en su demanda, en términos de lo previsto en el artículo 108, fracción II, de la ley de la materia, como se anticipó, el juzgador de amparo debe dictar las medidas pertinentes para investigarlo y, cuando estime que éstas resultaron infructuosas, ordenar que el emplazamiento respectivo, como ya se dijo, se lleve a cabo por medio de edictos a costa de la parte quejosa. Es decir, el emplazamiento de la parte tercero interesada, que permite tener por válidamente constituida la relación jurídico procesal, está condicionado a que la parte agraviada realice el pago de los edictos correspondientes, siendo que el incumplimiento de tal obligación provoca que no pueda tenerse por llamado al juicio de amparo a un gobernado, que con motivo de la emisión del acto reclamado recibió algún beneficio en su esfera jurídica, ni mucho menos que pueda ser resuelto el juicio constitucional. Por ello, en atención a la posición jurídica que guarda la parte tercero interesada con relación al acto reclamado, debe estimarse que su emplazamiento al juicio constituye un auténtico presupuesto procesal del procedimiento. En resumen, tomándose en cuenta la naturaleza del juicio constitucional, así como las formalidades esenciales que rigen a todo procedimiento, en virtud de que las determinaciones que se adopten los sumarios de amparo pueden llegar a afectar la esfera jurídica de los terceros interesados; por ende, al no emplazárseles por una causa atribuible al gestor del amparo, ello impide al juzgador pronunciarse sobre la constitucionalidad del acto reclamado y, por consecuencia, todo esto acarrea el sobreseimiento del asunto, como lo establece el dispositivo 63 fracción II de la ley en la materia, pues constitucionalmente no es válido que un tribunal resuelva el fondo de lo planteado sin llamar a juicio a todos los gobernados involucrados en la litis, ya que su esfera jurídica se puede ver afectada con su resolución. Así las cosas, es claro que al quedar paralizado el juicio constitucional por la falta de publicación de los edictos o al no acreditar que los publicó en el término otorgado con la finalidad de lograr el emplazamiento de la parte tercero interesada, dicha circunstancia contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que ello entorpece la administración de la justicia por retardarse la solución del conflicto, sin que esto sea atribuible al órgano jurisdiccional sino como se anticipó, a la propia parte quejosa, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público que tutela dicho precepto constitucional, pues la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley, y que no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso de la parte quejosa, pues con su conducta omisiva impide que se constituya válidamente la relación jurídico procesal, contraviniéndose con ello el interés común de la sociedad. Así, de lo antes relatado, se obtiene que a la fecha feneció el plazo de veinte días concedido a la parte solicitante del amparo para que compareciera a recoger los edictos de que se trata y, acreditar haberlos publicado; lo anterior, porque tal como se advierte de la certificación secretarial de cuenta, tomando en consideración que el impetrante quedó legalmente notificado del auto en el que se dejaron a su disposición los edictos de mérito, luego, dicho término empezó a contar a partir del veintiuno de febrero de dos mil veintidós al dieciocho de marzo de dos mil veintidós, sin que haya comparecido a este Juzgado Federal para recibirlos, ni formulado manifestación alguna respecto ello, ni justificación fáctica o imposibilidad al efecto. En ese tenor, es claro que, con tal omisión injustificada, se impide el debido establecimiento de la relación jurídico procesal necesaria para la válida integración y resolución de la cuestión planteada en este juicio. Por consiguiente, este órgano jurisdiccional procede a hacer efectivo el apercibimiento aludido, motivo por el cual se actualiza la causa de sobreseimiento invocada, prevista en el artículo 63, fracción II, de la Ley de Amparo; consecuentemente, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio biinstancial. Al respecto, es aplicable la tesis de jurisprudencia doscientos cuarenta y dos de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página doscientos cincuenta y nueve del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN, Segunda Sección, que es del tenor siguiente: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. Una nueva reflexión lleva a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a modificar el criterio contenido en su jurisprudencia 2a./J. 64/2002, de rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", pues si bien es cierto que conforme al artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, agotado el procedimiento de investigación para conocer el domicilio del tercero perjudicado sin resultado alguno, debe ordenarse su emplazamiento por edictos a costa del quejoso, requiriéndolo para que los recoja en el local del órgano jurisdiccional con el apercibimiento de aplicarle las medidas de apremio pertinentes en caso de no acatar tal decisión, también lo es que ese incumplimiento no conduce necesariamente al sobreseimiento en el juicio de garantías, pues en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es preciso respetar el derecho de toda persona a que se le administre justicia gratuita, pronta, completa e imparcial; por consiguiente, el juzgador debe ponderar las particularidades del caso, de manera que si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes que demuestren que no tiene la capacidad económica para sufragar un pago semejante, sólo entonces el juzgador podrá determinar que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, publique los edictos para emplazar al tercero perjudicado, pues de lo contrario se dejaría en estado de indefensión al promovente del juicio de amparo." Asimismo, sirve de apoyo al caso, el criterio que sostuvieron los Tribunales Colegiados de Circuito, contenido en la tesis I.10o.P.1 K (10a.), que se publica en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Marzo de 2017, Materia Común, Página: 2702, Decima Época, Registro 2013988, del rubro y texto: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, TRAMITARLOS Y ENTREGARLOS AL ÓRGANO JURISDICCIONAL SIN CAUSA RAZONABLE, ACTUALIZA EL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO. La fracción II del artículo 63 de la Ley de Amparo dispone la posibilidad de decretar el sobreseimiento en el juicio cuando el quejoso incumple con los principios de prosecución judicial e interés procesal, al no entregar al órgano jurisdiccional los edictos para su publicación, cuando deban practicarse y no acredite la causa razonable de su omisión, en términos del artículo 27 de la propia ley. De esta forma, se advierte que el legislador determinó en ese sentido el sobreseimiento en el juicio directamente, pues para requerir al quejoso la entrega de esos edictos, éste debió haberlos recogido, tramitado y, en consecuencia, entregado al juzgado, quien ordenó su emisión; hipótesis que la anterior legislación de la materia no preveía; de ahí que respecto al tema, con antelación a esta nueva causa de sobreseimiento, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 64/2002, de rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", catalogó a dicha hipótesis, no como una causal autónoma de sobreseimiento, sino de improcedencia. Así, atento a que el sobreseimiento directo a que se refiere el numeral 63, fracción II, aludido, se incluyó con el propósito de subsanar la laguna existente en la ley abrogada, se considera adecuado aplicar esa causal ante el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que surgen para el quejoso cuando se ordena un emplazamiento por edictos (recoger y tramitar), y no solamente para el caso de que éstos no sean entregados para su publicación -que es la única acción establecida expresamente por la ley-, pues cualquier omisión del quejoso que impida efectuar la notificación a través de edictos, evidencia su falta de interés para la continuación del juicio. DÉCIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO." Igualmente, los argumentos antes expuestos tienen apoyo, en lo conducente, en la jurisprudencia 2a./J. 38/2017, que sustentó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual se publica en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo I, Mayo de 2017, Materia común, Decima Época, Página 714, Registro 2014220, del rubro y texto: "TERCERO INTERESADO. SU EMPLAZAMIENTO AL JUICIO DE AMPARO DEBE REALIZARSE POR EDICTOS CUANDO SE DESCONOZCA SU DOMICILIO. Conforme al artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, cuando no conste en autos el domicilio para emplazar al tercero interesado, el juzgador deberá dictar las medidas pertinentes para investigarlo; cuando éstas se hayan agotado y la notificación no pudiere efectuarse, se hará por edictos a costa del quejoso, con el fin de evitar la paralización del juicio. Por ello, es a través de edictos como debe emplazarse al tercero cuando se desconozca su domicilio, ya que las formalidades de ese procedimiento de notificación le dan mayores posibilidades de enterarse del juicio en el que le resulte el carácter de parte, lo que excluye que se realice por medio de lista, al no preverlo expresamente la ley. No obsta a lo anterior la existencia de manifestación del tercero ante autoridad distinta al Juez de amparo, en el sentido de que las notificaciones se le realicen por lista, pues esa expresión de voluntad aplicaría, en todo caso, únicamente con relación a las actuaciones efectuadas en ese procedimiento, no así ante el Juez Federal, respecto del cual el tercero ignora que se tramita un juicio en el que le resulta ese carácter." No es obstáculo a lo anterior, el hecho de que se esté resolviendo fuera de audiencia, toda vez que no se irroga ningún agravio a la parte quejosa ni se le priva de defensa, virtud que no es válido que un tribunal resuelva el fondo de lo planteado sin llamar a juicio a todos los gobernados involucrados en la litis, como acontece en el presente, en que, por una causa atribuible a la gestora del amparo, no pudo emplazársele a la parte tercero interesada al presente contradictorio constitucional. Es aplicable a la anterior consideración, por su contenido jurídico, la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en su página 386, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Sin efectos la audiencia constitucional. En consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional. Notifíquese y personalmente.

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