Rafael Enrique Diaz Alvarado Guillen

Expediente 1211/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 8 actuaciones registradas, la última del 3 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1211/2021
Año
2021
Actuaciones
8
Última actuación
03/02/2022

Partes del expediente

  • Rafael Enrique Diaz Alvarado Guillen

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; tres de febrero de dos mil veintidós. Reanudación. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y de conformidad con lo establecido en el oficio SECNO/STCCNO/29/2022 de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos en las cuales se estableció -entre otras situaciones-, la suspensión, prórroga, modificación y reanudación de los plazos de los asuntos del conocimiento de los órganos jurisdiccionales y por consecuencia, la reactivación de los términos procesales; en el entendido que la última de las mencionadas es la vigente, por lo cual, se regresa al esquema de trabajo en términos del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Ejecutoria. Vista la certificación puesta en esta fecha por la secretaria de este juzgado, en el sentido que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto el recurso de revisión que establece el artículo 81, fracción I inciso e), de la propia ley, en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia dictada en el presente juicio ha causado ejecutoria. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. En virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los relativos a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; asimismo, aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. Depuración o destrucción. Este expediente es destruible, conforme al artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Anotaciones y archivo. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE"; y, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo. Expediente electrónico. En el entendido que en términos del artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el secretario de la adscripción certificó que el expediente electrónico coincide en su integridad con el expediente físico. Reitérese al actuario judicial de la adscripción, que deberá atender las recomendaciones preventivas que el Consejo de la Judicatura Federal ha establecido para los servidores públicos que realizan actividades fuera del órgano jurisdiccional. Notifíquese.

  2. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Torreón, Coahuila de Zaragoza, a nueve horas del doce de enero de dos mil veintidós, hora y fecha fijadas para la audiencia constitucional en el presente juicio, hora y fecha fijadas para la audiencia constitucional en el presente juicio, el licenciado Jesús Omar López Coronado, Secretario adscrito al Juzgado Primero de Distrito en la Laguna, encargado del despacho, quien actúa en unión del licenciado Francisco Javier Ibarra Rivera, Secretario que da fe, la declaró abierta, sin la comparecencia de las partes. Acto seguido, el Secretario da cuenta al Secretario encargado del despacho con las constancias existentes en autos, entre las que se encuentran el ocurso inicial, escrito aclaratorio y el informe justificado rendido por la autoridad responsable, así como los pedimentos de la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. El Juez acuerda: Se tiene por hecha la relación de constancias que se trata para los efectos legales correspondientes. Se abre el periodo probatorio. Se da cuenta con las pruebas existentes en este juicio, consistentes en las pruebas documentales ofrecidas por la parte quejosa, así como la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto, ofrecidas por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. El Secretario encargado del despacho acuerda: Con fundamento en el artículo 123 de la Ley de Amparo, se tienen por recibidas y desahogadas las probanzas que se trata, las que se tomarán en cuenta en el momento procesal oportuno. Con lo que concluye la etapa que nos ocupa. A continuación, se abre el periodo de alegatos, en el que el Secretario hace constar que la agente del Ministerio Público adscrita realizó manifestaciones en esta vía; a lo que el Secretario encargado del despacho acuerda: De acuerdo con el artículo 124 de la ley en la materia, téngase por hechas las alegaciones a dicha parte. Con lo anterior, se da por terminada la fase de mérito y, consecuentemente, la presente audiencia pública, motivo por el cual, lo conducente, ahora, es dictar el fallo relativo.VISTOS; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en La Laguna, con residencia en esta ciudad, Rafael Enrique Díaz Alvarado Guillen, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y los actos que a continuación se trascriben: "Autoridades Responsables.- Secretaria de Bienestar ubicada en la Planta Baja del Palacio Federal sobre la Calle Galeana de Torreón, Coah. Actos reclamados.- El procedimiento instaurado por la responsable para el pago de las pensiones a los adultos de 70 años y más previsto en el programa federal aprobado en la ley respectiva". Asimismo en su escrito aclaratorio de demanda el quejoso expresamente señaló lo siguiente: "Al punto I. El acto reclamado NO consiste en la omisión de pago alguno a mi favor, consta en el anexo del formato que presente en mi demanda que recibí tal prestación, por consecuencia no estoy excluido del programa de la pensión del bienestar. Al punto II. Aclaro que el acto reclamo no lo constituye alguno de los puntos que establecen las reglas de operación de la pensión del bienestar (SIC) la pensión nace de un decreto pero su entrega física carece de reglamento. Los Delegados de la Secretaría de Bienestar en cada Estado de la República, improvisan el procedimiento de pago, para probar lo anterior anexo un ejemplar del periódico el Siglo de Torreón de 8 de septiembre de 2021, que coincide con el cobro en el Estado de Durango en la ciudad de Gómez palacio con los días de mi acto reclamado, por publicación de la Secretaría de Bienestar se dan diez días para los beneficiarios que no pudieron ir el día de su letra inicial de su apellido. Este periodo tan largo no lo concede la autoridad responsable en Torreón, Coahuila, ello prueba que no existe reglamento que regule el procedimiento de la pensión. Acompaño prueba de la omisión periódico El Siglo de Torreón de dos de septiembre de 2021". En la demanda de amparo la parte quejosa expresó los antecedentes del asunto, hizo valer los conceptos de violación relativos, y señaló que los derechos fundamentales que, en su concepto, se transgredieron, son los contenidos en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. La demanda de amparo se turnó a este Juzgado Federal. Previa aclaración, por acuerdo de catorce de octubre de dos mil veintiuno, fue admitida en sus términos con el número 1211/2021-I, motivo por el cual se fijó hora y fecha para la audiencia constitucional, se solicitó el informe justificado correspondiente y se dio vista al Ministerio Público de la Federación. Seguido que fue el juicio por las fases procesales respectivas, tuvo verificativo la audiencia constitucional relativa. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en Torreón, Coahuila de Zaragoza, es legalmente competente para conocer de este juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I y 107, fracción IV de la Constitución General de la República, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo, 49 y 57, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en los puntos primero, segundo y cuarto, todos fracción VIII del Acuerdo General 3/2013, con relación con el diverso 1/2019, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pues aunado a que el acto reclamado en este juicio incumbe a la vía indirecta, la demanda de amparo fue presentada en el lugar en el cual este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, este juzgador procede a la fijación de los actos reclamados en este juicio. Para tal efecto, el suscrito atiende tanto al examen integral de la demanda de amparo como a la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues únicamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención de la parte impetrante y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman el juicio, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que la parte quejosa exponga entorno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados a través de esta vía. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos de identificación y rubros son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." (Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011. Tomo: II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Décima Primera Sección. Tesis: 1347. Página: 1511). "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." (Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XIX, Abril de 2004. Tesis: P. VI/2004. Página: 255). Así pues, el detenido examen de las constancias del juicio que nos ocupa, revela que el acto reclamado por la parte quejosa, es el siguiente: i. La falta de existencia de un procedimiento que reglamente el pago de las pensiones a los adultos mayores por parte de la Secretaria de Bienestar. Luego, al no advertirse algún otro acto reclamado por la parte gestora del amparo, lo procedente es examinar la existencia del acto que se trata, para luego analizar la procedencia de este juicio y, en su caso, abordar el fondo del asunto. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados por la parte quejosa a la Coordinadora Regional de Programas para el Desarrollo en la Región Laguna, con sede en esta ciudad, pues aun cuando niega el acto que se le atribuye, dicha negativa queda desvirtuada en virtud de que la propia responsable realiza diversas manifestaciones que evidencian la existencia del acto reclamado por la quejosa; de ahí que conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, debe desvirtuarse la negativa y tenerse como cierto los actos a ella atribuidos. Tiene aplicación a lo anterior, el criterio sustentado el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que se comparte, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIV, Julio de 1994, página 391, registro electrónico 211004, que expresa lo siguiente: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe". Por lo anterior, no hay duda que en este juicio de amparo quedó plenamente demostrada la existencia del acto atacado por la parte gestora del amparo, desde luego, en los términos que se trata, por lo cual, lo conducente, ahora, es ocuparse de la procedencia de la vía constitucional. CUARTO. Improcedencia del juicio constitucional. Por imperativo del artículo 62 de la Ley de Amparo, el estudio de las causales de improcedencia es de orden público y preferente, sea que las partes las aleguen o de oficio sean advertidas. En el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que señala lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". El análisis gramatical de tal disposición, permite precisar que según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el término "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. En ese sentido, los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental transgredido. La cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió o a quien se atribuyó el acto de molestia deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto. Es así, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia de la Unión. Ahora bien, de las constancias existentes en el sumario, las cuales adquieren valor probatorio pleno, en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2° de la ley de la materia, al tener la calidad de documento público, se advierte que el veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, se realizó la solicitud de medio de cobro de Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, con número de folio 10878274, a nombre del quejoso Rafael Enrique Díaz Alvarado Guillen, por lo que el pago de dicha pensión se realizará mediante tarjeta bancaria autorizada por el quejoso, a saber, 4027 6657 9074 3034, perteneciente a la cuenta número 43101304530533, clave 127060013045305337 de la Institución Bancaria denominada Banco Azteca Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple "Banco Azteca México". Por tanto, es claro que el acto reclamado en el presente juicio de amparo, consistente en la falta de un procedimiento instaurado para el pago relativo al apoyo de programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, ha cesado al haber dejado de surtir sus efectos, con motivo de la inscripción del quejoso para que le sea depositada en la cuenta señalada en el párrafo precedente. Así, es indiscutible que existe una situación jurídica diversa que destruyó a la que dio motivo al presente juicio de amparo, por lo que no es factible entrar al análisis de un acto que ya no está surtiendo sus efectos desde el mismo momento en que se dio el cambio relativo al procedimiento de pago del apoyo de programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo IX, junio de 1999, página 38, que señala lo siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En esas condiciones, conforme a lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXI de la ley de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por el artículo 63, fracción V de la ley de la materia. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en este juicio de amparo. Notifíquese; y háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno.

  3. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; a nueve de diciembre de dos mil veintiuno. Oficios. Agréguense a sus antecedentes, los comunicados de cuenta signados por el Administrador Local de Recaudación, con residencia en esta ciudad, mediante los cuales informa sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, lo que acredita con las constancias que remite. Vista. Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa, con las constancias que remite la autoridad oficiante y con las que obran en el presente juicio de amparo, por el término de tres días, para que manifieste lo que a su interés convenga. Transcurrido dicho plazo, con desahogo de la vista o sin ella, éste juzgado federal dictará resolución fundada y motivada en que declarará si la sentencia está cumplida o no, si se incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza, a veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno. Escrito. Agréguese a sus antecedentes el escrito del licenciado ********************, en su carácter de asesor jurídico del quejoso, para que obre como legalmente corresponda, mediante el cual realiza diversas manifestaciones relativas al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Constancia de notificación. Igualmente, vista la constancia de notificación practicada por el actuario adscrito al quejoso, se advierte que realiza manifestaciones relativas al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, las cuales serán tomadas en cuenta al momento de que este órgano jurisdiccional se pronuncie al respecto. Notifíquese.

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