Rafael Eduardo Rubio Quintero
Expediente 1611/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 5 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1611/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 14/11/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Rafael Eduardo Rubio Quintero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, catorce de noviembre de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda el oficio que signa el Actuario Judicial del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, mediante el cual acusa recibo del juicio de amparo 1611/2016-V promovido por RAFAEL EDUARDO RUBIO QUINTERO, e informa que se avoca al conocimiento del citado juicio de garantías, registrándolo con el número de amparo 1024/2016 de su índice. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese este cuaderno como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veinticinco de octubre de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal de los autos que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que la parte quejosa Rafael Eduardo Rubio Quintero, reclamó del Magistrado Titular de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, la resolución de once de agosto de dos mil dieciséis que resolvió el recurso de reclamación interpuesto por el quejoso. A mayor abundamiento, de lo narrado en el escrito inicial de demanda se desprende lo siguiente: Rafael Eduardo Rubio Quintero interpuso demanda de nulidad contra la excepción de prescripción planteada en un procedimiento administrativo (64/2014). El 28 de junio de 2016 el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos desechó la demanda de nulidad por encontrarse extemporánea. Inconforme con tal desechamiento el 11 de julio de 2016 la parte quejosa interpuso recurso de reclamación. El 11 de agosto de 2016 la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos declaró infundado el recurso interpuesto. Resolución que se combate en esta vía. Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el artículo 170 de la ley reglamentaria del juicio de garantías, éste Juzgado de Distrito se declara legalmente incompetente para conocer de la demanda de garantías, en atención a las siguientes consideraciones: La quejosa reclama en esta vía constitucional la resolución de once de agosto de éste año emitida por la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, en virtud de haber declarado infundado el recurso de reclamación interpuesto en contra del desechamiento de la demanda de nulidad. Lo que pone de relieve la incompetencia de este Juzgado Federal, para conocer de dicha demanda de conformidad con lo dispuesto por el artículo 170, de la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultadodel fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva." De la anterior disposición legal se desprende que las resoluciones que ponen fin al juicio deben ser combatidas a través del amparo uniinstancial, cuyo conocimiento es competencia del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito que se encuentre en turno, hipótesis normativa que se actualiza en el presente asunto, toda vez que el acto combatido se refiere a una resolución que pone fin al juicio de origen, pues al desecharse la demanda de nulidad y haber agotado el recurso de reclamación, el cual se declaró infundado, dan por concluido el procedimiento administrativo de nulidad; por consiguiente, dada la naturaleza de la resolución que se combaten, cobra vigencia la hipótesis prevista por el artículo 170 de la Ley de Amparo. Precisado lo anterior, de la lectura del escrito de demanda, se advierte que la quejosa está combatiendo la resolución definitiva dictada el once de agosto del año en curso, que declaró infundado el recurso de reclamación interpuesto en contra del desechamiento de la demanda de nulidad. Así, considerando que el artículo 170, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo establece que el amparo directo procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En el caso la quejosa está cuestionando la constitucionalidad de la resolución de once de agosto de dos mil dieciséis que resuelve el recurso de reclamación interpuesto por la parte quejosa. No obstante de que la parte quejosa agotó el medio de defensa (recurso de reclamación), atendiendo a la naturaleza de la resolución, el suscrito no es competente para conocer del amparo promovido en contra de la misma, puesto que se trata de una resolución que está poniendo fin al procedimiento administrativo de origen (juicio de nulidad), razón por la que este órgano jurisdiccional se declara legalmente incompetente para conocer de la misma. En lo conducente cobra aplicación la tesis II.2o.P.226 P, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, visible en la página 1728, tomo XXVII, Marzo de dos mil ocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente. "AMPARO DIRECTO. PROCEDE CONTRA EL FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA QUE CONFIRMA EL AUTO DE SOBRESEIMIENTO CON EFECTOS DE SENTENCIA ABSOLUTORIA, PREVISTO POR LOS ARTÍCULOS 272 Y 275 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE MÉXICO, PUESTO QUE AL CAUSAR EJECUTORIA ALCANZA LA CALIDAD DE COSA JUZGADA. De conformidad con el artículo 46 de la Ley de Amparo, para los efectos del diverso 44 de la propia ley, se entenderán por resoluciones que ponen fin al juicio aquellas que sin decidir el juicio en lo principal lo dan por concluido y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan recurso ordinario alguno por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas; naturaleza de la que participa el fallo de segunda instancia que confirma el auto de sobreseimiento con efectos de sentencia absolutoria, previsto por los artículos 272 y 275 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, dado que, por disposición del último de los preceptos citados, al causar ejecutoria alcanza la calidad de cosa juzgada, lo que origina que sin resolver el fondo del asunto se tenga por finalizada la controversia penal, por lo que en términos del diverso 158 de la referida Ley de Amparo, en su contra procede el juicio de amparo directo y no el indirecto." "SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley." Sentado lo anterior, con fundamento en el artículo 34 de la Ley de Amparo, este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, se declara incompetente de plano, para el conocimiento de la demanda de garantías, por lo que deberá remitirse, de inmediato al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito que se encuentre en turno, a fin de que confirme o revoque la presente determinación, debiendo remitir los autos originales del presente asunto, quedando en este Juzgado Federal el cuaderno de antecedentes respectivo. Se deja sin efectos la hora y fecha señalada para la audiencia constitucional. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LAS PARTES. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veinte de octubre de dos mil dieciséis. Se tiene por recibido el oficio signado por el Liquidador del Centro de Investigaciones y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos, mediante el cual, en atención al requerimiento de veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis, remite las constancias solicitadas; las que se ordena agregar a los presentes autos para que obre como corresponda. Ahora bien, tomando en consideración que dichas constancias fueron solicitadas por el perito en materia de contabilidad Elizabeth Piñón Loera designada por la Coordinación Estatal de Servicios Periciales de la de la Procuraduría General de la República, a fin de emitir el dictamen encomendado. En atención a lo anterior, gírese atento oficio a la Coordinación Estatal de Servicios Periciales de la de la Procuraduría General de la República, para efecto que notifique al perito oficial Elizabeth Piñón Loera, el contenido del presente proveído, y entregue las copias certificadas que se remiten; asimismo, tomando en consideración que las constancias solicitadas por el referido especialista en materia contable se encuentran completas, se le hace del conocimiento que se concede un término de diez días hábiles para que emita su respectivo dictamen pericial, el cual deberá basarse sobre los puntos que formuló las partes en sus escritos presentados en diversa fecha. Con el apercibimiento que de no hacerlo así o en su caso de no informar la imposibilidad para hacerlo, se le impondrá una multa de hasta cien Unidades de Medida y Actualización, conforme al artículo Tercero Transitorio del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, en términos del artículo del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia. En la inteligencia de que se hace extensiva dicha medida de apremio a la autoridad requerida, para el caso de que no remita a este Juzgado la constancia con la que acredite haber realizado la notificación encomendada. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma la Licenciada Aletia González Huerta, Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargada del despacho por licencia del Titular, en términos del párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada por la Comisión de Carrera Judicial en sesión celebrada el once de octubre de dos mil dieciséis, ante el Secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gomez, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, siete de octubre de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el informe justificado que rinde el: MAGISTRADO TITULAR DE LA TERCERA SALA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MORELOS. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convenga. En términos del artículo 9° de la Ley de la Materia, se tienen como delegados de la autoridad oficiante a los profesionistas propuestos para tal efecto y como domicilio el que indica por tratarse de su residencia oficial. Finalmente, para facilitar el manejo del presente expediente, tomando en cuenta la voluminosidad de las constancias remitidas por la autoridad oficiante, fórmese el anexo I, el cual queda a disposición de las partes en la Secretaría del Juzgado, para que se impongan de su contenido; en el entendido que se continuará actuando en el presente expediente. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.
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