Rafael Eduardo Rubio Quintero
Expediente 1530/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1530/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 22/11/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Rafael Eduardo Rubio Quintero
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintidós de noviembre de dos mil dieciocho. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 1530/2018-V, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubieran recurrido el auto de treinta de octubre de dos mil dieciocho, dictado en este juicio, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho auto por el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, agréguese a los autos el original del cuaderno incidental y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno, archívese el presente juicio de garantías como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Tomando en consideración se sobreseyó fuera de audiencia constitucional el presente asunto, por consiguiente se encuentra en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente principal sí es susceptible de destrucción. Asimismo, se declara que el original del cuaderno incidental es susceptible de destrucción, debido que tal medida suspensiva se negó. Por otra parte, considerando que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, en cumplimiento al Punto Vigésimo, fracción III y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009 procédase a la destrucción del duplicado. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jadilson Alonso Navarro, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por licencia del titular, concedida por la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del oficio CCJ/ST/4748/2018 de fecha veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, quien actúa ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que da fe.
- Incidental
Vistos para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1530/2018-V y, I.- Fijación clara y precisa del acto reclamado. Es de señalarse que la parte quejosa señala como acto reclamado lo siguiente: "...reclamo de la responsable citada en el numeral 111.1. del capítulo que antecede, la omisión de emitir la respuesta legalmente procedente en relación a la solicitud que externé mediante escrito recibido por dicha unidad administrativa el día seis (06) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), en el que medularmente le solicité actuar en el ámbito de sus facultades para atender y dar cauce legal a las tres promociones que presenté ante la entonces denominada Dirección General de Quejas y Procedimientos Administrativos de su adscripción. (sic)" II.- Certeza del acto. La autoridad responsable, negó el acto reclamado; empero, dicha negativa se encuentra desvirtuada con el anexo que agregó a la demanda de amparo la parte quejosa; como se expondrá en los párrafos siguientes. III.- Valoración de las pruebas admitidas y desahogadas. En autos de los presentes cuadernillos incidentales relativos al juicio de amparo 1530/2018-V, se desprende que únicamente la parte quejosa ofreció como prueba: Copia simple del escrito con sello de recibo de seis de septiembre de dos mil diecisiete, presentado ante la Contraloría Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca. Constancia a la que se le concede valor probatorio indiciario, en términos de los artículos 197 y 207, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 2º. IV.- Consideraciones y fundamentos para negar la suspensión definitiva. No obstante que la autoridad responsable negó el acto reclamado, de la constancia que anexó la parte quejosa, se advierte que mediante escrito con sello de recibo de seis de septiembre de dos mil diecisiete, presentado ante la Contraloría Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca, solicitó su actuar en el ámbito de sus facultades para atender y dar cauce legal a las promociones presentadas ante la Dirección General de Procedimientos de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca; sin embargo se acuerda lo siguiente: Atendiendo a lo dispuesto por el artículo 138, fracción I, de la Ley de la Materia, se niega la suspensión definitiva del acto reclamado, consistente en la omisión de emitir el acuerdo respecto de la promoción con sello de recibo, de seis de septiembre de dos mil diecisiete, que se precisó en el párrafo que antecede, en virtud de que el acto reclamado constituye un acto negativo, pues implica la omisión de la autoridad responsable de actuar de determinada manera. En ese orden de ideas, los actos negativos se clasifican de la siguiente manera: a) abstenciones; b) negativas simples; c) actos prohibitivos; Las abstenciones carecen de ejecución, pues implican un no actuar de la autoridad, por tanto, no existe materia para conceder la suspensión. Por su parte, las negativas simples sólo implican el rechazo a una solicitud del particular y, dada su naturaleza, tampoco admiten suspensión porque se darían efectos constitutivos de derechos a la medida cautelar. Finalmente, los actos prohibitivos no son iguales a los negativos simples, porque implican en realidad una orden positiva de autoridad, tendiente a impedir una conducta o actividad del particular previamente autorizada por el gobierno. Por lo expuesto, se reitera, se niega la suspensión definitiva del acto reclamado, ya que por su naturaleza es de carácter negativo, pues como ya se dijo, implica una abstención de la autoridad que se genera al no actuar de determinada manera, por tanto, conceder la medida suspensiva no tendría el efecto de mantener las cosas en el estado en que se encuentran y conservar así la materia del juicio de amparo, sino que otorgaría efectos restitutorios, al obligar a las autoridades responsables a actuar en la forma que los quejosos pretenden. Orienta el criterio anterior la tesis del rubro "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS PROHIBITIVOS O NEGATIVOS.", emitida por Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y su Gaceta Volumen: Tomo XV, Pagina 1468 de la Novena Época. Por lo expuesto y fundado, con apoyo, en los artículos 125, 138, 140, 143 y 146 de la Ley de Amparo se R E S U E L V E: Único. Se niega la suspensión definitiva solicitada por RAFAEL EDUARDO RUBIO QUINTERO, respecto del acto reclamado y las autoridades responsables precisadas y, por las razones expuestas en el punto cuarto de la presente resolución interlocutoria. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Cliserio Vargas Suárez, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, tres de octubre de dos mil dieciocho. Se tiene por recibido el escrito signado por Rafael Eduardo Rubio Quintero, mediante cual en cumplimiento al auto de veintiséis de septiembre del año en curso, subsana la prevención realizada por este Juzgado Federal; atento a lo anterior, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda y surta los efectos legales a los que haya lugar; en tal circunstancia, se provee: Desechamiento parcial de la demanda. Ahora bien, de acuerdo al artículo 113 de la actual Ley de Amparo, el juez de Distrito debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo conducente es desechar parcialmente la presente demanda por los actos reclamados consistentes en: La omisión de dictar acuerdo en relación a la solicitud que realizó la parte quejosa ante la Dirección General de Procedimientos de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca, mediante escritos recibidos los días catorce de enero de dos mil dieciséis, veintiuno de abril y treinta de agosto, ambos del dos mil diecisiete, por los cuales solicitó resolver a su favor la prescripción de las acciones que puedan ejecutar e imponer en su contra dentro del expediente de responsabilidad administrativa 113/2014, así como resolver lo conducente por cuanto a la caducidad que, dice, ha operado dentro del citado procedimiento. Esta hipótesis normativa guarda armonía con el principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Para efectuar ese examen preliminar deben considerarse únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable la Jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO.". Este lineamiento normativo tiene como base constitucional lo preceptuado en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Atento a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se desecha parcialmente la demanda de amparo, toda vez que de su estudio integral, este Juzgado Federal advierte motivos manifiestos e indudable de improcedencia, atendiendo a las siguientes consideraciones: En el presente asunto, se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XIV, en relación con el artículo 17, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que los actos que se reclaman se estiman consentidos tácitamente, al no haberse promovido el juicio de amparo dentro del plazo de quince días que señala el último numeral en cita, como en seguida se pondrá de manifiesto. Por su parte, el artículo 18 del mismo ordenamiento legal, dispone que los plazos a que se refiere el artículo citado en el párrafo precedente, se computarán de la siguiente manera: A partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame. A partir del día siguiente a aquél en que haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución. A partir del día siguiente en que se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a), es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento, haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 17 de la Ley de la materia para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados. Lo anterior, por similitud jurídica, tiene sustento en la jurisprudencia XXI.2o.P.A. J/32, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, visible en la página mil novecientos treinta y uno, tomo XXXI, enero de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro establecen "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA).". Ahora, en el caso concreto la parte quejosa reclama lo siguiente: La omisión de dictar acuerdo en relación a la solicitud que realizó la parte quejosa ante la Dirección General de Procedimientos de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca, mediante escritos recibidos los días catorce de enero de dos mil dieciséis, veintiuno de abril y treinta de agosto, ambos del dos mil diecisiete. La omisión de dar respuesta al escrito recibido por la Contraloría Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca, el seis de septiembre de dos mil diecisiete. En ese sentido a criterio de quien resuelve debe destacarse que el impetrante de amparo, admite expresamente en su escrito aclaratorio, que en seis de septiembre de dos mil diecisiete, solicitó a la Contraloría Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca, como superior jerárquico, solicitar actuar en el ámbito de sus facultades para atender y dar cauce a las tres promociones que presentó el catorce de enero de dos mil dieciséis, veintiuno de abril y treinta de agosto, ambos del dos mil diecisiete, respectivamente, ante la Dirección General de Procedimientos de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca. Lo anterior, constituye una confesión expresa con fundamento en el artículo 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de acuerdo con el cual los hechos propios de las partes, aseverados en la demanda, en la contestación o en cualquier otro acto del juicio, harán prueba plena en contra de quien los asevere, sin necesidad de ofrecerlos como prueba. En ese sentido, de acuerdo al artículo 18 de la Ley de Amparo, el plazo para la promoción de la demanda, puede computarse a partir de que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos. Además, basta en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Es aplicable la jurisprudencia de la Novena Época, Registro: 163172, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Materia(s): Común, Tesis: P./J. 115/2010, Página: 5, del rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ." De ahí que si expresamente refiere la parte promovente, que en seis de septiembre de dos mil diecisiete, solicitó a la Contraloría Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca, como superior jerárquico, actuar en el ámbito de sus facultades para atender y dar cauce a las promociones que presentó ante la Dirección General de Procedimientos de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca, por lo que se arriba a la conclusión de que al veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, en que la demanda de amparo fue presentada ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en esta ciudad, había transcurrido en exceso el plazo de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, consintiéndose tácitamente el acto que se reclama, consistentes en la omisión de respuesta de los escritos presentados el catorce de enero de dos mil dieciséis, veintiuno de abril y treinta de agosto, ambos de dos mil diecisiete. Sin que pase inadvertido para este Juzgado de Distrito la circunstancia de que el acto reclamado en la presente vía se encuentre dentro de los supuestos de tracto sucesivo, en razón de que dicha circunstancia no implica que la parte quejosa pueda promover la demanda de amparo en cualquier tiempo, mientras permanezca latente el acto del que se duele, pues para efectos de la presentación de la demanda de amparo, el computo debe hacerse a partir de los momentos que señalan los artículos los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo; máxime que no se encuentra dentro de los supuestos previstos en las fracciones concernientes al artículo 17 de la Ley de la Materia. Tiene sustento lo anterior la tesis IV.2o.A.29 K (10a.), de la Novena Época, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octubre de 2005, Tomo XXII, página 2336, de número de registro 177026, del siguiente rubro: "DEMANDA DE AMPARO. EL CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA SU PRESENTACIÓN SE INICIA A PARTIR DE QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO, AUN CUANDO ÉSTE SEA DE TRACTO SUCESIVO." Asimismo, la tesis I.13o.A.36 K, de la Novena Época, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXI, Abril de 2005, página 1394, de número de registro 178756, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. EL TÉRMINO PARA SU PRESENTACIÓN, NO DEPENDE DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO, SINO DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DE ÉL." Por consiguiente, dese declararse que en relación a los actos antes aludidos se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XIV, en relación con el artículo 17, ambos de la Ley de Amparo, por tanto, se desecha de plano la demanda de amparo, únicamente por lo que respecta a los escritos presentado el catorce de enero de dos mil dieciséis, veintiuno de abril y treinta de agosto, ambos de dos mil diecisiete. Admisión de demanda. Visto el escrito de demanda presentado por Rafael Eduardo Rubio Quintero, por su propio derecho contra actos de la Contraloría Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca; con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, VII y XV de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 37, 107, 108, 116 y demás relativos de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, se admite la demanda de amparo. Determinación sobre el incidente de suspensión. Como lo solicita la parte quejosa tramítese por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión. Solicitud de informe a la autoridad responsable. Requiérase a la autoridad responsable su informe justificado, el que de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, deberá rendir dentro del término de quince días hábiles contados desde el día hábil siguiente al en que surta efectos la notificación que se le practique de este acuerdo, conforme al artículo 31, fracción I, de la Ley de Amparo, en el que tendrán que expresar si es cierto o no el acto reclamado y exponer las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia del juicio, con la obligación de remitir copia certificada legible de la totalidad de las constancias en que lo apoyen, con el apercibimiento que de no hacerlo así, con fundamento en la fracción I, del artículo 237 de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización. Infórmese a la autoridad responsable que en caso de que la documentación a que se refiere el párrafo anterior contenga información clasificada como confidencial o reservada deberán hacerlo del conocimiento de este Juzgado, previo análisis, valoración y, en dado caso, aplicación de la prueba de daño, para que, de así proceder, la remita en versión pública, por corresponder al ámbito de su competencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 108, 113, 114 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Fijación de fecha de la audiencia constitucional. Se señalan las nueve horas con veinte minutos del seis de noviembre de dos mil dieciocho, para la celebración de la audiencia constitucional. Intervención del agente del ministerio público federal. Dése al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, la intervención que legalmente corresponde ya que es parte en el presente juicio, conforme al artículo 5, fracción IV, de la ley de la materia. Obligación de las partes. Se precisa que las partes tienen la obligación de comunicar de inmediato a este tribunal de amparo, en cuanto tengan conocimiento de la existencia de alguna causa de sobreseimiento y, de ser posible, acompañar las constancias que la acrediten, en términos de lo dispuesto por el artículo 64 de la Ley de Amparo; apercibidas que de no hacerlo así, con fundamento en la fracción I, del artículo 237 de la Ley de Amparo, se les impondrá multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización. Obligaciones de la autoridad responsable. Se indica que de conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, están obligadas a recibir los oficios que en relación con este juicio se le dirijan, en el entendido que de negarse a recibirlos, bajo la excusa de alguna imprecisión en su denominación que no sea substancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, el actuario hará del conocimiento del encargado de la oficina correspondiente que no obstante esta circunstancia, se tendrá por hecha la notificación. Si a pesar de esto subsiste la negativa, asentará la razón en autos y se tendrá por hecha y la autoridad será responsable de la falta de cumplimiento de la resolución que los propios oficios contengan; en el entendido que podrá hacer la aclaración correspondiente en cuanto a su denominación exacta al rendir su respectivo informe. Publicación de datos personales. El artículo 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del día siguiente de su publicación, ordena hacer públicas las sentencias que causen estado o ejecutoria; por tanto, con el fin de respetar el derecho a la intimidad de las partes, de conformidad con el artículo 8, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase saber a las partes que con independencia que se opongan o no la publicación de sus datos personales, debe privilegiarse el derecho a su protección, por lo que deberán suprimirse de las versiones públicas, de las resoluciones y sentencias que, en su caso, se llegase a dictar, sus nombres, datos personales e información reservada, lo anterior de conformidad con el párrafo último del artículo 2 transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis. Consulta del expediente vía internet. Se hace saber a las partes que pueden consultar las actuaciones judiciales vía electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, sin tener que acudir al órgano jurisdiccional, únicamente necesitan un nombre de usuario y contraseña o contar con firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación. Para obtener el nombre de usuario, deben registrarse en el sitio de internet http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/ conforme a los pasos que ahí se precisan. Notificación del auto admisorio. Sin que haya lugar a notificar personalmente a la parte quejosa el presente auto, en virtud de que es obligación del promovente de amparo cerciorarse del auto de admisión; aunado a ello, el numeral 26, de la Ley de Amparo, no establece la obligación de notificar personalmente al quejoso el acuerdo de admisión de su demanda, habida cuenta que este tipo de notificación se hace en el emplazamiento del tercero interesado -siempre que exista- y de la primera notificación que deba hacerse a personas distintas de las partes en el juicio, no así al impetrante de amparo. En otro orden de ideas, se instruye al Actuario judicial para que los subsecuentes acuerdos que se lleguen a presentar cuya trascendencia no amerite notificar personalmente, se practiquen a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado, incluidas las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, en la fracción I, prevé expresamente los supuestos en que el Juez está obligado a comunicar por esa vía las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, a manera enunciativa, los diferimientos de la audiencia constitucional no fueron precisados como un caso de excepción, de ahí que resulta suficiente que ese tipo de acuerdos se notifique por medio de lista en términos del artículo 29, de la legislación federal en consulta, al actualizarle el supuesto previsto por el diverso numeral 26, fracción III. Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, aunado que a través de ella se les informa en su residencia oficial o en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores, de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que deba ajustarse a las directrices precisadas por el legislador invocadas por el numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario girar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional. La anterior determinación encuentra sustento en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.) sustentada por la Segunda Sala visible en la página 1253 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de dos mil trece, Tomo 2, correspondiente a la Décima Época, del rubro "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.". Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, tres de octubre de dos mil dieciocho. Como está ordenado con esta fecha en el cuaderno principal, con dos copias simples de la demanda de amparo, se ordena tramitar por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1530/2018, promovido por Rafael Eduardo Rubio Quintero, por su propio derecho, contra actos de la Contraloría Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca. Informe previo. De conformidad con el artículo 138, fracción III de la Ley de la materia, requiérase a la autoridad responsable su informe previo, el que deberá rendir por duplicado dentro del término de cuarenta y ocho horas, contadas a partir del momento de la notificación del presente auto, para cuyo efecto se envía copia simple de la demanda, apercibida que de no rendirlo dentro del término que se concede, se presumirá cierto el acto reclamado, con fundamento en el numeral 142 de la Ley de Amparo, con independencia de que en términos del artículo 260, fracción I, de la Ley de la materia, puede ser sancionada con una multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización. Audiencia incidental Se señalan las nueve horas con veinticinco minutos del diez de octubre de dos mil dieciocho, para que tenga verificativo la audiencia incidental. Acto reclamado Es de señalarse que la parte quejosa señala como acto reclamado "...reclamo de la responsable citada en el numeral 111.1. del capítulo que antecede, la omisión de emitir la respuesta legalmente procedente en relación a la solicitud que externé mediante escrito recibido por dicha unidad administrativa el día seis (06) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), en el que medularmente le solicité actuar en el ámbito de sus facultades para atender y dar cauce legal a las tres promociones que presenté ante la entonces denominada Dirección General de Quejas y Procedimientos Administrativos de su adscripción. (sic)" Improcedencia de la suspensión provisional Entonces, el acto reclamado constituye un acto negativo, pues implica la negativa de las autoridades responsables a actuar de determinada manera. En ese orden de ideas, los actos negativos se clasifican de la siguiente manera: a) abstenciones; b) negativas simples; c) actos prohibitivos; Las abstenciones carecen de ejecución, pues implican un no actuar de la autoridad, por tanto, no existe materia para conceder la suspensión. Por su parte, las negativas simples sólo implican el rechazo a una solicitud del particular y, dada su naturaleza, tampoco admiten suspensión porque se darían efectos constitutivos de derechos a la medida cautelar. Finalmente, los actos prohibitivos no son iguales a los negativos simples, porque implican en realidad una orden positiva de autoridad, tendiente a impedir una conducta o actividad del particular previamente autorizada por el gobierno. En el caso, se está ante una abstención, esto es, un no actuar de la autoridad, consistente en el hecho de que como lo manifestó el quejoso en su escrito de demanda, reclama de la Contraloría Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca, la omisión de emitir el acuerdo respecto de la promoción con sello de recibo de seis de septiembre de dos mil diecisiete, por la que solicita actuar en el ámbito de sus facultades para atender y dar cauce legal a las tres promociones que presentó ante la Dirección General de Procedimientos de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca. Por lo expuesto, se niega la suspensión provisional del acto reclamado, ya que por su naturaleza es de carácter negativo, pues como ya se dijo, implica una abstención de la autoridad que se genera al no actuar de determinada manera, por tanto, conceder la medida suspensiva no tendría el efecto de mantener las cosas en el estado en que se encuentran y conservar así la materia del juicio de amparo, sino que otorgaría efectos restitutorios, al obligar a las autoridades responsables a actuar en la forma que los quejosos pretenden. Orienta el criterio anterior la tesis del rubro "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS PROHIBITIVOS O NEGATIVOS.", emitida por Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y su Gaceta Volumen: Tomo XV, Pagina 1468 de la Novena Época. Notificaciones. En otro orden de ideas, se instruye al actuario para que los subsecuentes acuerdos que lleguen a dictarse cuya trascendencia no amerite su notificación personal, se practique a las partes, incluidas las autoridades responsables pero con excepción de la parte quejosa, por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, en la fracción I prevé expresamente los supuestos en que el Juez está obligado a comunicar por esa vía las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, a manera enunciativa, los diferimientos de la audiencia incidental no fueron precisados como un caso de excepción, de ahí que resulta suficiente que ese tipo de acuerdos se notifique por medio de lista en términos del artículo 29, de la legislación federal en consulta, al actualizarle el supuesto previsto por el diverso numeral 26, fracción III. El razonamiento que antecede abarca a las autoridades responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, pues a través de ella se les informa en su residencia oficial o en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores, de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador invocadas por el numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario girar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia incidental. La anterior determinación encuentra sustento en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro electrónico 2002576, visible en la página 1253 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, enero de dos mil trece, Tomo 2, Décima Época, de rubro "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS". Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro, que autoriza y da fe.
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