Rafael Duarte Mendoza
Expediente 519/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 17 actuaciones registradas, la última del 17 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 519/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 17/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Rafael Duarte Mendoza
- Tribunal Unitario de Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio Y Oral, Región Uruapan, Michoacán de Ocampo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Incidental
En diecisiete de enero de dos mil veintidós, se da cuenta al Juez, con el estado que guardan los autos. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, diecisiete de enero de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede; en atención al contenido del Acuerdo General 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: Del estado que guardan los autos, se advierte que en proveído de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, dictado en el cuaderno principal, se reservó la valoración de los cuadernos incidentales hasta en tanto se resolviera el recurso de revisión hecho valer en contra de la interlocutoria dictada en esta incidencia; lo que ya aconteció, virtud a que en auto de uno de diciembre del año próximo anterior, se tuvo por por recibido el cuaderno incidental y testimonio autorizado de la ejecutoria pronunciada por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimoprimer Circuito, con sede en Morelia, Michoacán de Ocampo, en la revisión 22/2021, de la que se advierte que por una parte confirmó la interlocutoria recurrida, y por otra, negó la suspensión definitiva al quejoso. Por lo tanto, de conformidad con el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el original del cuaderno incidental, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. Una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el original del incidente de suspensión, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación, de conformidad con el artículo 21, párrafo tercero, del mencionado acuerdo. Por otra parte, el duplicado del incidente de suspensión es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por lo que con fundamento en el inciso a), fracción II, del artículo 20 del Acuerdo General, una vez transcurrido el término de seis meses, destrúyase. Notifíquese y publíquese también en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente el licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la Secretaria María Teresa Torres Espinoza, quien da fe.
- Incidental
Uruapan, Michoacán de Ocampo, uno de diciembre de dos mil veintiuno. En atención al contenido del AG 20/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. LLEGADA DE AUTOS. Téngase al Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimoprimer Circuito, con residencia en Morelia, Michoacán de Ocampo, remitiendo el incidente en que se actúa y testimonio de la ejecutoria pronunciada el dieciocho de noviembre del año en curso, en el incidente en revisión 22/2021, interpuesto por el Rafael Duarte Mendoza, de la que se advierte que por una parte confirmó la resolución recurrida y por otro lado negó la suspensión definitiva al quejoso. 1.1. Acúsese el recibo de estilo; Agréguese a los autos el cuaderno de antecedentes, y hágase la anotación correspondiente en el libro de gobierno respectivo. Remítase a las autoridades responsables copia de la citada ejecutoria. Notifíquese; y publíquese también en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente el licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también el secretario Abel Jonapa García, quien da fe.
- Principal
En diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, el secretario certifica: que el plazo de diez días con que contaba la parte quejosa para recurrir la sentencia de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó en el presente juicio, transcurrió del veintiocho de octubre al doce de noviembre del año en curso, descontando los días inhábiles, sin que lo hubiere hecho; con lo anterior, y con el estado de autos, se da cuenta al Juez. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la cuenta que antecede; en atención al contenido del Acuerdo General 20/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Causa ejecutoria. De la certificación de cuenta, se advierte que no fue impugnada la resolución de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó el juicio de amparo, por lo que, con fundamento en el artículo 81 fracción I, inciso e) y 86 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. 2. Orden de archivo y se reserva envío físico del expediente. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al edificio habilitado para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como que las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 3. Valoración. En términos del artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. 3.1. Incidente de suspensión. Resérvese el pronunciamiento respecto a la valoración de los cuadernos incidentales, hasta en tanto se resuelva el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa en contra de la sentencia interlocutoria pronunciada en el incidente de suspensión. 4. Infórmese al Tribunal de Alzada. Hágase del conocimiento al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimoprimer Circuito, con residencia en Morelia, Michoacán de Ocampo, lo proveído en este auto, para lo que tenga a bien determinar. Notifíquese y publíquese también en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma el Secretario Abel Jonapa García, quien da fe.
- Principal
En Uruapan, Michoacán de Ocampo, a las once horas con diecinueve minutos del veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, asistido del secretario Pedro Allende Nazario, procede a celebrar la audiencia constitucional en el juicio de amparo 519/2021, en atención al contenido del Acuerdo General 9/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. El Secretario hace constar la inasistencia de las partes, precisando además que éstas, con anterioridad a este acto procesal, no solicitaron estar presentes en la audiencia ni acudieron físicamente al juzgado para anunciar que esa fuera su intención.S E N T E N C I A VISTOS, para resolver el juicio de amparo 519/2021, promovido por Rafael Duarte Mendoza, contra actos del Tribunal de Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Uruapan, con sede en esta ciudad, y otras autoridades, y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado el diez de septiembre de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en esta ciudad (fojas 3 a 17), Rafael Duarte Mendoza, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal, de las siguientes autoridades: "3. AUTORIDAD RESPONSABLE: ".a) El Tribunal Unitario de Enjuiciamiento del Sistema Penal Acusatorio y Oral, Región Uruapan. Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán;. Director de Gestión del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral,. Jefa de Causa y/o Área de gestión de la región de Uruapan,. 4. LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE LA AUTORIDAD SE RECLAMA: En su orden a las señaladas en los incisos a), b) c) y d), lo siguiente: a) La resolución mediante el cual declaró improcedente el Juez Unitario del Tribunal de Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral el recurso de revocación planteado en contra de señalar fecha y hora de continuación de audiencia de juicio el día 26 de noviembre del año en curso, esto es, fuera del undécimo día para la reanudación de la audiencia de juicio; La anterior determinación dentro de la causa penal 66/2018, que se sigue en mi contra en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral,. b) Omisión de esta autoridad en dictar medidas suficientes y eficientes para lograr el cumplimiento de la norma 352 Código Nacional de Procedimientos Penales; Pues es la responsable de la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial, ello según lo dispone el artículo 84 y 90 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de Michoacán; en tal virtud, determinar y adoptar todas las medidas que se estimen convenientes para la buena marcha de la administración de justicia, entre esta que las fechas aportadas por el personal administrativo no afecten la administración de justicia y que el personal sea suficiente y necesario para no obstaculizar la buena marcha de la administración de justicia. Como lo debe ser la designación de nuevos jueces y la creación de nuevas salas de oralidad en la región, pues su omisión obstaculiza el acceso a la justicia de los ciudadanos en los plazos establecidos en la ley. [...] y d) a las señaladas en estos incisos, la omisión de estas autoridades, en términos de lo dispuesto por el artículo 52, 53, 84 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Michoacán, el área encargada de la administración de los juzgados y tribunales de enjuiciamiento estará a cargo de la Dirección de Gestión del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, cuya función esencial será planificar, organizar, implementar, controlar y dirigir un equipo multidisciplinario de gestión que permita desarrollar con efectividad en todo el territorio del Estado. Por lo que dicha área administrativa es omisa en planificar, organizar, implementar, controlar y dirigir el equipo multidisciplinario de gestión que permita desarrollar con efectividad en todo el territorio del Estado, pues aportan al Órgano Jurisdiccional fechas que salen del margen de legalidad, por no cumplir con el artículo 352 del Código Nacional de Procedimientos Penales." (sic) El promovente precisó que se violaron los derechos humanos reconocidos en los artículos 1, 14, 16, 17 y 20 constitucionales; narró los antecedentes de los actos reclamados; y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. TRÁMITE DE LA DEMANDA. La demanda de amparo de que se trata fue turnada a este Juzgado Sexto de Distrito en Estado de Michoacán de Ocampo, el trece de septiembre de dos mil veintiuno; y en auto de esa misma fecha, se ordenó registrarla con el expediente 519/2021-IX (fojas 54 a 59); además, admitió a trámite la demanda promovida, solicitó el informe con justificación a las autoridades señaladas como responsables; dio la intervención que legalmente le compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, se desahogó en los términos del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, residente en Uruapan, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, de la Ley de Amparo, 49 y 60, fracción I, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la república mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, adicionado mediante el diverso 3/2021. Lo que precede, en virtud de que la parte quejosa reclama actos de autoridades con residencia en Uruapan, Michoacán de Ocampo, lugar en el cual, este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, procede fijar los actos que se reclaman en la presente instancia constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar, a saber: a) analizar en su integridad la demanda y anexos con un criterio amplio, no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance, así como contenido; y, b) prescindir de los calificativos vinculados con la inconstitucionalidad que se hagan al enunciar los actos reclamados en el escrito inicial. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia P./J 40/2000 y tesis VI/2004, ambas del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD" y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". De la lectura íntegra de la demanda, se advierte que el quejoso Rafael Duarte Mendoza, reclama: a) Del Tribunal Unitario de Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, región Uruapan: La resolución de dos de septiembre de dos mil veintiuno, que declaró improcedente el recurso de revocación planteado contra la determinación de dos de septiembre del año en curso, en la que se señala fecha y hora de continuación de audiencia de juicio hasta el veintiséis de noviembre del año en curso; Como consecuencia de lo anterior: b) Al Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán de Ocampo: La omisión de dictar medidas suficientes y eficientes para lograr el cumplimiento del artículo 352 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto es, determinar y adoptar medidas para la buena marcha de la administración de la justicia; y, c) Del Director de Gestión del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, así como a la Jefa de Causa y/o Área de Gestión de la región Uruapan: La omisión de planificar, organizar, implementar, controlar y dirigir el equipo multidisciplinario de gestión que permita desarrollar con efectividad en todo el territorio del Estado, pues aportan al órgano jurisdiccional fechas que salen del margen de lo establecido por el artículo 352 del Código Nacional de Procedimientos Penales. TERCERO. SOBRESEIMIENTO POR INEXISTENCIA DE LOS ACTOS PRECISADOS EN EL INCISO B). Debe precisarse que uno de los presupuestos procesales del juicio de amparo, cuya relevancia obedece a un imperativo de orden lógico, es la existencia del acto reclamado, dado que no es posible analizar la procedencia de la instancia y, en su caso, la constitucionalidad de la conducta autoritaria, si no existe el proceder que de las responsables se acusa. El artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y.". El precepto recién transcrito contiene dos supuestos de sobreseimiento en los juicios de amparo: a) Cuando esté claramente demostrado que no existe el acto reclamado; y, b) Cuando no se probare su existencia. Así pues, la prueba de la inexistencia del acto reclamado, al igual que la falta de prueba respecto de su existencia conduce al sobreseimiento. En el caso, el quejoso reclama del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán de Ocampo, la omisión de dictar medidas suficientes y eficientes para lograr el cumplimiento del artículo 352 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto es, determinar y adoptar medidas para la buena marcha de la administración de la justicia. En relación con dicho acto, la referida autoridad al rendir su informe justificado (fojas 69 a 79), negó la existencia del acto reclamado. Ello, porque el siete de abril de dos mil veintiuno, se emitió el Acuerdo Plenario mediante se modifica el diverso aprobado en sesión de treinta de enero de dos mil diecinueve que determinó la integración del tribunal de enjuiciamiento del proceso pena acusatorio y oral, por regla general de manera unitaria, y por excepción colegiada, para ahora establecer que en todos los casos el tribunal será unitaria; además, aduce, en él cual se tomaron medidas necesarias para que la prestación del servicio sea confiable y oportuna. Asimismo, que en sesión de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, se emitió diverso Acuerdo del Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, que modifica el diverso que estableció disposiciones generales para retomar la totalidad de las actividades relacionadas con el servicio de impartición de justicia que presta el Poder Judicial a partir del veintidós de febrero de dos mil veintiuno. De igual manera, que se emitió el acuerdo 35/2018, del Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, mediante el cual se establece un sistema de control de agenda de audiencias en las distintas regiones que integran el sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, de fecha dieciséis de mayo de dos mil dieciocho. En la inteligencia que las publicaciones mencionadas se encuentran visibles en la red internet del Poder Judicial del Estado de Michoacán de Ocampo, y que constituyen hecho notorio, en términos de lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. La citada red es un medio electrónico que forma parte de la infraestructura de comunicación del Poder Judicial del Estado michoacano, permitiendo realizar consultas de legislación, acuerdos, circulares, etcétera, por lo que es válido que los Magistrados de Tribunales de Circuito y Jueces de Distrito invoquen de oficio las resoluciones que se publiquen en ese medio, sin que se haya ofrecido ni alegado por las partes. Es Ilustrativa, la jurisprudencia XXI.3o. J/7, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, cuyo rubro y texto dicen: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN PARA LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO LAS RESOLUCIONES QUE SE PUBLICAN EN LA RED INTRANET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. Las publicaciones en la red intranet de las resoluciones que emiten los diversos órganos del Poder Judicial de la Federación constituyen hecho notorio, en términos de lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, porque la citada red es un medio electrónico que forma parte de la infraestructura de comunicación del Poder Judicial de la Federación, creada para interconectar computadoras del Máximo Tribunal y todos los Tribunales y Juzgados Federales del país, permitiendo realizar consultas de jurisprudencia, legislación y de la base de datos que administra los asuntos que ingresan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que es válido que los Magistrados de Tribunales de Circuito y Jueces de Distrito invoquen de oficio las resoluciones que se publiquen en ese medio para resolver un asunto en particular, sin que se haya ofrecido ni alegado por las partes y aun cuando no se tenga a la vista de manera física el testimonio autorizado de tales resoluciones". De ahí que es indudable que no existe el acto reclamado al Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán de Ocampo. CUARTO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Son ciertos los actos reclamados del Tribunal Unitario de Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, región Uruapan, del Director de Gestión del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, y de la Jefa de Causa y/o Área de Gestión de la región Uruapan, pues lo aceptaron al rendir su respectivo informe justificado. En tal virtud, se encuentra probada la existencia de los actos reclamados al tenor de la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Lo que se corrobora con el contenido del disco versátil aportado por la autoridad responsable en el que se contiene constancias de la causa penal 66/2018, así como diversos audios y videos de las audiencias de juicio oral de dicha causa, las que tienen valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°. Es ilustrativa, la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Asimismo, tiene aplicación, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del 'expediente electrónico', como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga". QUINTO. OPORTUNIDAD EN LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. El ocurso de amparo fue promovido dentro del plazo de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo6, toda vez que la quejosa se hace sabedora de la existencia de la resolución reclamada, el dos de septiembre de dos mil veintiuno, tal y como se advierte de la demanda de amparo (foja 8). Así, el plazo para promover la demanda de amparo transcurrió del tres al veintiocho siguiente, siendo días inhábiles entre ambas fechas, los días cuatro, cinco, once, doce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinticinco y veintiséis de septiembre aludido. Por tanto, si la demanda se presentó el diez de septiembre del año en curso, como se advierte del sello de recepción que obra en la demanda de amparo (foja 3), es evidente que se presentó en tiempo. Sin que pase desapercibido que en la demanda también se reclamaron diversos actos que constituyen omisiones por parte de las responsables, en las que se puede promover la demanda en cualquier tiempo, en virtud de que dichas omisiones se ejecutan de momento a momento, esto es, permanece en el tiempo. SEXTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse de oficio por el juzgador lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo establecido por el artículo 62 de la Ley de Amparo vigente. Es necesario señalar algunos antecedentes relevantes del procedimiento de origen: 1. A Rafael Duarte Mendoza, se le instruye la causa penal 66/2018, por los delitos de violación equiparado agravada y abuso sexual de persona menor de dieciséis años. 2. El tres de febrero de dos mil veintiuno, se emitió auto de apertura a juicio oral. 3. El cuatro de mayo de dos mil veintiuno, previa citación a las partes, se llevó a cabo el debate de juicio oral. 4. El trece de julio de dos mil veintiuno, previa citación a las partes, continuó la audiencia de debate de juicio oral. 5. El dos de septiembre de dos mil veintiuno, previa citación a las partes, se llevó a cabo continuación de debate de juicio oral. 6. En dicha audiencia de debate de juicio oral, se señaló el veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, para su reanudación; contra el cual, el quejoso interpuso revocación; sin embargo, con los argumentos que expuso el juez responsable, resolvió de plano dicho recurso y determinó declararlo improcedente. Dicho acto constituye el reclamo en esta instancia constitucional. Ahora, el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, y 173, apartado B, fracción XIX, en relación con el apartado A, fracción XII, todos de la Ley de Amparo, estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte [.]." Artículo 173. En los juicios del orden penal se considerarán violadas las leyes del procedimiento con trascendencia a las defensas del quejoso, cuando: Apartado A. Sistema de Justicia Penal Mixto XII. La sentencia se funde en alguna diligencia cuya nulidad establezca la ley expresamente; Apartado B. Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral XIX. Se trate de casos análogos a las fracciones anteriores a juicio del Órgano jurisdiccional de amparo. De la intelección de los preceptos recién transcritos se advierte que el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando se promueve contra actos que, dictados en juicio, no producen efectos de imposible reparación. El concepto de irreparabilidad está definido por la propia norma e interpretado de la siguiente manera: Los actos procesales dentro del juicio solo tienen ejecución de imposible reparación, cuando afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por los derechos fundamentales, de modo tal que esa afectación no es susceptible de reparar con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio por haberse consumado irreparablemente la violación del derecho humano de que se trate. En contraposición, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, aun cuando puedan calificarse como de grado predominante o superior, pues los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable. En ese contexto, un acto intraprocesal tiene una ejecución de imposible reparación cuando causan un perjuicio material a los derechos fundamentales de la quejosa de forma tal que el daño no puede enmendarse aunque se obtenga una decisión favorable; como ejemplo se citan el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos, arresto, entre otros, sujetos también a las reglas previstas para el principio de definitividad. Es aplicable, la jurisprudencia IV.2o.C. J/2, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, del Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, Décima Época, visible en la página 1539, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera." En el caso, se reclama la resolución de dos de septiembre de dos mil veintiuno, que declaró improcedente el recurso de revocación planteado contra la determinación del tribunal unitario responsable de señalar fecha y hora de continuación de audiencia de juicio hasta el veintiséis de noviembre del año en curso; es decir, después del undécimo día que establece el numeral 352 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Derivado de ello, la omisión del Director de Gestión del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, así como de la Jefa de Causa y/o Área de Gestión de la región Uruapan de planificar, organizar, implementar, controlar y dirigir el equipo multidisciplinario de gestión que permita desarrollar con efectividad en todo el territorio del Estado, pues aportan al órgano jurisdiccional fechas que salen del margen de lo establecido por el artículo 352 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Como se observa, el acto reclamado tiene un efecto meramente adjetivo o procesal, de modo que si la parte quejosa obtiene resolución favorable, la eventual violación procesal resultaría ociosa. Lo que no impide que si la parte quejosa obtiene resolución desfavorable, pueda alegar esa eventual violación procesal mediante el juicio de amparo directo que promueva en contra de la misma. Conforme a lo anterior, es evidente que el acto reclamado no es de los considerados de ejecución irreparable, en tanto que no afectan materialmente algún derecho sustantivo tutelado por la Constitución y en los Tratados Internacionales en los que México sea parte, en favor de la parte quejosa, como sería la vida, la integridad personal, la libertad en sus manifestaciones o la propiedad; sino en todo caso, sólo producen una afectación en los denominados derechos adjetivos, que inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable. Bajo esa tesitura, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el numeral citado, por lo que se sobresee en el juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto en el arábigo 63, fracción V, de dicho ordenamiento. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 1a./J. 74/2018 (10a.), materia común y penal, registro digital 2018868, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "VIOLACIONES A DERECHOS FUNDAMENTALES COMETIDAS EN UN PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. NO SON SUSCEPTIBLES DE ANALIZARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO OCURREN EN ETAPAS PREVIAS AL JUICIO ORAL. De acuerdo con el inciso a) de la fracción III del artículo 107 de la Constitución y la fracción I del artículo 170 la Ley de Amparo, el juicio de amparo directo procede en contra de sentencias definitivas dictadas por autoridades judiciales en dos supuestos: (i) cuando la violación se cometa en sentencia definitiva; y (ii) cuando la violación se cometa durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso y trascienda al resultado del fallo. Con todo, esta Primera Sala estima que tratándose de una sentencia definitiva derivada de un proceso penal acusatorio, en el juicio de amparo directo no es posible analizar violaciones a derechos fundamentales cometidas en etapas previas al inicio del juicio oral que tengan como consecuencia la eventual exclusión de determinado material probatorio. Si bien es cierto que de una interpretación literal y aislada del apartado B del artículo 173 de la Ley de Amparo pudiera desprenderse que sí es posible analizar en el juicio de amparo directo las violaciones a las leyes del procedimiento que hayan trascendido a las defensas del quejoso cometidas durante cualquiera de las etapas del procedimiento penal acusatorio, toda vez que la Ley de Amparo en ningún momento limita el examen de dichas violaciones a las que hayan ocurrido en una etapa determinada, esta Primera Sala estima que una interpretación conforme con la Constitución de la citada disposición permite concluir que el análisis de las violaciones procesales en el juicio de amparo directo debe limitarse exclusivamente a aquellas cometidas durante la audiencia de juicio oral. En primer lugar, porque sólo con dicha interpretación adquiere plena operatividad el principio de continuidad previsto en el artículo 20 constitucional, que disciplina el proceso penal acusatorio en una lógica de cierre de etapas y oportunidad de alegar. Este principio constitucional ordena que el procedimiento se desarrolle de manera continua, de tal forma que cada una de las etapas en las que se divide -investigación, intermedia y juicio- cumpla su función a cabalidad y, una vez que se hayan agotado, se avance a la siguiente sin que sea posible regresar a la anterior. Por esta razón, se considera que las partes en el procedimiento se encuentran obligadas a hacer valer sus planteamientos en el momento o etapa correspondiente, pues de lo contrario se entiende por regla general que se ha agotado su derecho a inconformarse. En segundo lugar, porque dicha interpretación también es consistente con la fracción IV del apartado A del artículo 20 constitucional. De acuerdo con dicha porción normativa, el juez o tribunal de enjuiciamiento no debe conocer de lo sucedido en etapas previas a juicio a fin de garantizar la objetividad e imparcialidad de sus decisiones. En consecuencia, si el acto reclamado en el amparo directo es la sentencia definitiva que se ocupó exclusivamente de lo ocurrido en la etapa de juicio oral, el tribunal de amparo debe circunscribirse a analizar la constitucionalidad de dicho acto sin ocuparse de violaciones ocurridas en etapas previas. Esta interpretación además es consistente con el artículo 75 de la Ley de Amparo, que dispone que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable." [Lo subrayado es nuestro] En otras palabras, aún en el supuesto de la existencia de la violación procesal apuntada (dilación de fijar la fecha para la continuación de la audiencia de juicio oral), éste puede o no trascender al momento de dictarse la sentencia definitiva; y, en su caso, ser analizado vía juicio de amparo directo como violación procesal a que se refiere el artículo 173, fracción XII, Apartado A, de la Ley de Amparo. Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos atribuidos al Director de Gestión del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, así como de la Jefa de Causa y/o Área de Gestión de la región Uruapan, consistente en la omisión de planificar, organizar, implementar, controlar y dirigir el equipo multidisciplinario de gestión que permita desarrollar con efectividad en todo el territorio del Estado, pues aportan al órgano jurisdiccional fechas que salen del margen de lo establecido por el artículo 352 del Código Nacional de Procedimientos Penales, porque no se puede desvincular su estudio del diverso previamente analizado, en virtud de que éste se hace depender de aquella dilación que, a decir del quejoso, originó el perjuicio, y no por sí solos, considerados en abstracto. Es ilustrativa, la jurisprudencia con registro digital 900346, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, materia constitucional, de rubro y texto: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACION. Cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el juez no puede desvincular el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, acto éste que es precisamente el que causa perjuicio al promovente del juicio, y no por sí solos, considerados en abstracto, la ley o el reglamento. La estrecha vinculación entre el ordenamiento general y el acto concreto de su aplicación, que impide examinar al uno prescindiendo del otro, se hace manifiesta si se considera: a) que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación necesariamente comprende a la ley o reglamento; b) que la negativa del amparo contra estos últimos, por estimarse que no adolecen de inconstitucionalidad, debe abarcar el acto de aplicación, si el mismo no se combate por vicios propios; y c) que la concesión del amparo contra la ley o el reglamento, por considerarlos inconstitucionales, en todo caso debe comprender también el acto de su aplicación. En la inteligencia de que el sobreseimiento decretado, impide que se realice el estudio de las cuestiones de fondo en este juicio de amparo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia II.3o. J/58, del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 57, del tomo 70, octubre de 1993, de la octava época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 214593, cuyo rubro y texto dicen: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente". SÉPTIMO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con los artículos 1, 5 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información confidencial, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117 de la citada ley. Por tanto, de conformidad con los artículos 118 y 119, en relación con el Tercero Transitorio de la citada ley, la publicación de la presente sentencia es pública a partir del día de hoy, en versión pública, y a través del módulo de captura del Sistema Integral se Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de distrito, conforme a los artículos Primero y Segundo del Acuerdo General 87/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como en la circular 1/2004 de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del nombrado Consejo de la Judicatura Federal; al efecto, se ordena al secretario glosar al presente juicio la constancia de captura de la resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Rafael Duarte Mendoza, contra actos del Tribunal Unitario de Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, región Uruapan; Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán de Ocampo, del Director de Gestión del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, así como de la Jefa de Causa y/o Área de Gestión de la región Uruapan; por los motivos y fundamentos expuestos en los considerandos tercero y sexto de esta sentencia. SEGUNDO. La presente resolución será publicable en términos de lo establecido en el último considerando de este fallo. Notifíquese por lista electrónica y física que se fija en el tablero ubicado en el exterior de este inmueble que alberga al Poder Judicial de la Federación. Así lo resuelve y firma electrónicamente José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma el Secretario Pedro Allende Nazario, quien da fe.
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