Rafael Cárdenas Larios

Expediente 612/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 2 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
612/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
02/12/2022

Partes del expediente

  • Rafael Cárdenas Larios
  • Director del Hospital General de Apatzingán, Perteneciente A la Secretaría de Salud del Estado de Michoacán de Ocampo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    En dos de diciembre de dos mil veintidós, la Secretaria, CERTIFICA: Que el plazo de que disponían las partes para recurrir la sentencia dictada en el presente juicio transcurrió de la siguiente forma:****************************************Para el quejoso del diecisiete de noviembre al uno de diciembre del dos mil veintidós, toda vez que fue notificado el quince de noviembre del año anteriormente citado.****************************************Para las autoridades responsables Director del Hospital General de Apatzingán "Dr. Ramón Ponce Álvarez", Michoacán de Ocampo y la Secretaría de Salud del Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Morelia, del dieciséis al treinta de noviembre del dos mil veintidós, virtud a que fueron notificadas el quince de noviembre del multicitado año, descontando los días inhábiles.****************************************Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe.****************************************Con lo anterior y con el estado procesal que guardan los autos en el presente juicio de amparo, se da cuenta al Juez. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, dos de diciembre de dos mil veintidós.********************1. EJECUTORIA. De la certificación de cuenta, se desprende que, a la fecha, transcurrió el término legal de que disponían las partes, a fin de recurrir la sentencia definitiva dictada en el presente sumario, en la que se sobreseyó el presente juicio, sin que lo hubieren hecho; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2, de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA.********************2. ARCHIVO. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al edificio habilitado para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos.********************3. VALORACIÓN. Ahora bien, toda vez que por auto de once de octubre de dos mil veintidós, se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados, se determina que el presente asunto es SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, lo anterior, con apoyo en el capítulo 7, apartado 7.4, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal de agosto de dos mil veinte, y en términos de lo señalado en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales.********************Por otra parte, una vez transcurrido el término de tres años, dentro del plazo de noventa días siguientes, deberá depurarse el presente juicio, conforme al penúltimo párrafo del citado numeral; hecho lo anterior, transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el artículo 27 del acuerdo normativo.********************4. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento, en virtud a que no se tramitó incidente de suspensión.********************Notifíquese y publíquese también en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.********************Así lo acordó y firma electrónicamente el licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con los artículos del 52 Octies al 52 Duodecies del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la Secretaria María Guadalupe Mateo Mendoza, quien da fe.

  2. Principal

    V I S T O S, para resolver el juicio de amparo 612/2022, promovido por RAFAEL CÁRDENAS LARIOS, contra actos de la Secretaría de Salud del Estado de Michoacán de Michoacán de Ocampo y otra autoridad; y, RESULTANDO PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante ocurso presentado el diez de octubre de dos mil veintidós, en el buzón judicial y turnado al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en esta ciudad el once de octubre siguiente, RAFAEL CÁRDENAS LARIOS, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra los actos de las autoridades que hizo consistir en: AUTORIDADES RESPONSABLES I. Director del Hospital General de Apatzingán SSM, perteneciente a la Secretaría de Salud del Estado de Michoacán, con domicilio bien conocido en Apatzingán, Michoacán. II. Secretaría de Salud del Estado de Michoacán, con domicilio oficial conocido. ACTO RECLAMADO. La falta de tratamiento, medicamento y atención médica que requiero para vivir, ya que sufro de INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA, CIRROSIS HEPATICA, HIPERTENSIÓN Y ES PREDIABÉTICO; LA AUTORIDAD RESPONSABLE ME HA NEGADO EL TRATAMIENTO DE HEMODIÁLISIS QUE REQUIERO PARA VIVIR, argumentando no tener el equipo necesario, además de diversos medicamentos los cuales son "ERITROPOYETINA", "HIERRO" Y "MULTIVITAMÍNICOS." La promovente del amparo expuso que se violaron los derechos humanos reconocidos en los artículos 1° y 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes del acto reclamado; y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO. Por acuerdo de once de octubre de dos mil veintidós, se registró la demanda de amparo con el número 612/2022, se admitió a trámite, se decretó la suspensión de plano, a efecto que las autoridades responsables proporcionaran al quejoso la atención médica, medicamentos y tratamiento para su padecimiento de insuficiencia renal crónica, se solicitaron los respectivos informe de ley, se ordenó dar la vista correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que una vez realizados los trámites de ley, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede, por lo que se procede a emitir la siguiente resolución. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, residente en Uruapan, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, de la Ley de Amparo, 49 y 57, fracción IV , ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la república mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, adicionado mediante el diverso 3/2021. Lo que precede, en virtud de que la parte quejosa reclama omisiones atribuidas a una autoridad administrativa (Hospital General Dr. Ramón Ponce Álvarez" de Apatzingán, Michoacán de Ocampo), lugar en el cual este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS U OMISIONES RECLAMADOS. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, procede fijar los actos que se reclaman en la presente instancia constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar, a saber: a) analizar en su integridad la demanda y anexos con un criterio amplio, no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance, así como contenido; y, b) prescindir de los calificativos vinculados con la inconstitucionalidad que se hagan al enunciar los actos reclamados en el escrito inicial. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia P./J 40/2000 y tesis VI/2004 , ambas del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD" y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". Aunado a que debe considerarse que, cuando el acto reclamado está directamente relacionado con el derecho humano a la salud, no es factible que se atienda únicamente a la literalidad de la demanda de amparo y a su ampliación, si se impugnan omisiones de suministrar medicamentos, tratamientos o intervenciones quirúrgicas para combatir o corregir los padecimientos que presente la quejosa; sino que, es necesario interpretar la pretensión real de la quejosa para que, en su caso, las autoridades responsables brinden una atención médica integral. Para fijar correctamente los actos reclamados enunciados genéricamente en un juicio de amparo indirecto promovido por violación al derecho humano a la salud, el Juez de Distrito no sólo debe atender a la literalidad de la demanda y de su ampliación, sino que debe considerar los factores siguientes: a) su naturaleza; b) sus consecuencias jurídicas y fácticas; c) los informes justificados de las autoridades responsables; y, d) las pruebas exhibidas en el juicio por las partes. Cobra aplicación, la tesis I.130.A.4K (10), sustentada por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito , de rubro y texto: "DERECHO HUMANO A LA SALUD. FACTORES QUE DEBE CONSIDERAR EL JUEZ DE DISTRITO PARA FIJAR CORRECTAMENTE LOS ACTOS RECLAMADOS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO POR SU VIOLACIÓN, CUANDO EN LA DEMANDA O EN SU AMPLIACIÓN SE ENUNCIARON GENÉRICAMENTE. Hechos: El quejoso promovió juicio de amparo indirecto en el que reclamó, de manera genérica, diversas omisiones de las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de suministrarle medicamentos e insumos para cada enfermedad que padece, así como la abstención de brindarle los tratamientos e intervenciones quirúrgicas necesarios para corregirlos. El Juez de Distrito concedió el amparo e, inconformes, las autoridades responsables interpusieron recurso de revisión. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que para fijar correctamente los actos reclamados enunciados genéricamente en un juicio de amparo indirecto promovido por violación al derecho humano a la salud, el Juez de Distrito no sólo debe atender a la literalidad de la demanda y de su ampliación, sino que debe considerar los factores siguientes: a) su naturaleza; b) sus consecuencias jurídicas y fácticas; c) los informes justificados de las autoridades responsables; y, d) las pruebas exhibidas en el juicio por las partes. Justificación Lo anterior es así, porque cuando el acto reclamado está directamente relacionado con el derecho humano a la salud, no es factible que se atienda únicamente a la literalidad de la demanda de amparo y a su ampliación, si se impugnan omisiones de suministrar medicamentos, tratamientos o intervenciones quirúrgicas para combatir o corregir los padecimientos que presente el quejoso. Por tanto, es necesario interpretar la pretensión real del quejoso para que, en su caso, las autoridades responsables brinden una atención médica integral; esto es, que sea oportuna, eficaz y suficiente para proteger su vida y su salud, incluida la de aquellos padecimientos que pudiera desarrollar durante la secuela procesal, con la finalidad de brindarle el más alto nivel de bienestar físico, mental y social. Estimar lo contrario implicaría exigir a la parte quejosa una carga adicional irrazonable, esto es, que identifique los medicamentos, tratamientos o procedimientos quirúrgicos que estima son necesarios para el restablecimiento de su salud; sin embargo, con ello la posibilidad de restaurar eficientemente su salud sería prácticamente nugatoria ante una posible omisión o error en la solicitud del accionante; consecuentemente, se afectaría el derecho a la tutela judicial efectiva Del análisis de la demanda y de las demás constancias que integran este asunto se advierte que la parte quejosa reclama: 1. Del Director del Hospital General Dr. Ramón Ponce Álvarez, con residencia en Apatzingán, Michoacán de Ocampo. 2. De la Secretaría de Salud del Estado de Michoacán, con sede en Morelia, Michoacán de Ocampo. ? La falta de atención médica, para sus padecimientos de insuficiencia renal crónica, cirrosis hepática, hipertensión y ser prediabético. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO U OMISIÓN RECLAMADA. Las autoridades responsables Secretaría de Salud de Michoacán con residencia en Morelia, Michoacán de Ocampo, y el Director del Hospital General Dr. Ramón Ponce Álvarez, con residencia en Apatzingán, Michoacán de Ocampo, fueron omisos en rendir su informe justificado, no obstante encontrarse debidamente notificados para tal efecto según se desprende de las constancias de notificación que obran en autos, razón por la cual en términos del tercer párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto reclamado que se les atribuye. Cobra aplicación, el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, publicado en la página 1363, del tomo XV, marzo de 2002, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: INFORME JUSTIFICADO. ANTE LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE RENDIRLO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE TENER POR PRESUNTAMENTE CIERTO EL ACTO RECLAMADO Y NO REQUERIR NUEVAMENTE A DICHA AUTORIDAD. El artículo 149, párrafo tercero, de la Ley de Amparo establece: "Cuando la autoridad responsable no rinda su informe con justificación se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto; en virtud de lo anterior, cuando la autoridad responsable es omisa en rendir su informe con justificación, aun cuando haya sido debidamente notificada de su requerimiento, en términos del precepto de referencia, el acto que de aquélla se reclamó debe tenerse por presuntivamente cierto, de manera que el Juez de Distrito está obligado a considerarlo en este sentido y no requerir de nueva cuenta a la autoridad responsable omisa que rinda su informe con justificación en relación con el acto que se le reclama, pues con ello le está concediendo una oportunidad más, no prevista por la ley, para que subsane tal omisión, lo que transgrede el contenido del mencionado precepto legal. Criterio que es aplicable al caso por identidad en el contenido del artículo 117 de la Ley de Amparo vigente, y el 149 de la ley abrogada, en la parte que establecen que si la autoridad responsable no rinde su informe justificado se presumirá cierto el acto reclamado. Además, la existencia del acto reclamado se corrobora con las pruebas documentales exhibidas por la parte quejosa consistentes en las notas médicas (consistentes en el resumen nefrológico y ultrasonido hepático y vías biliares), así como las constancias que integran el juicio de amparo 612/2022, con pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, de las que se advierte que el quejoso, al momento de la presentación de la demanda tenía diversos padecimientos de salud como insuficiencia renal crónica, cirrosis hepática e hipertensión; asimismo, del informe a la suspensión de plano se advierte que hasta el día trece de octubre del año en curso, la autoridad responsable ordenó en aras de cumplir con la medida cautelar otorgada invitar al quejoso al nosocomio demandado a fin de realizarle su historial clínico y apertura del expediente correspondiente y por escrito presentado el diecinueve de octubre del año en corriente, por la autorizada del quejoso manifestó que la autoridad le estaba brindado la atención médica. Es aplicable, la jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 153, del tomo VI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 1917-2000, con número de registro 394182, que señala DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena Asimismo, tomando en consideración que en el caso, el acto reclamado es de naturaleza negativa en sentido omisivo, dado que se reclama una abstención de hacer lo que la ley ordena, pues se atribuye a las autoridades responsables la omisión de proporcionar los medicamentos que el quejoso requiere para su tratamiento. Para concluir la certeza del acto negativo, en sentido omisivo aquí reclamado, se debe acudir en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si aquéllas están obligadas a realizar la conducta que se reprocha omitida, es decir, antes de calificar sobre un posible incumplimiento es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en el sentido que la parte quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera calificada como cierta soslayando la exigencia de que se debe obrar en determinado sentido. En la especie, de la demanda de amparo, se observa que la parte quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad, no contar con seguridad social. Ahora, de los preceptos 77 bis 1, 77 bis 2, 77 bis 5, y 77 bis 6 de la Ley General de Salud, en lo que al caso interesa, se desprende lo siguiente ? La protección de servicios públicos de salud, medicamentos y demás insumos asociados, es para todas las personas que se encuentren en el país y que no cuenten con seguridad social y será gratuita y garantizada por el Estado. ? La prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados a las personas sin seguridad social, es el conjunto de acciones que en la materia provean la Secretaría de Salud, por sí o en coordinación con la entidades agrupadas en su sector coordinado, así como los gobiernos de las entidades federativas, a través de sus servicios estatales de salud. ? La Secretaría de Salud, por sí o en coordinación con las entidades de su sector coordinado, así como los gobiernos de las entidades federativas a través de sus servicios estatales de salud, garantizaran la prestación de los servicios de salud. ? Corresponde a los gobiernos de las entidades federativas dentro de sus respectivas circunscripciones territoriales, proveer los servicios de salud de referencia. En tanto, el doce de agosto de dos mil veinte, la Secretaría de Salud, el Instituto de Salud para el Bienestar y el Estado de Michoacán, celebraron el acuerdo de Coordinación para garantizar la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados para las personas sin seguridad social, del que destaca, lo siguiente: ? Dicho acuerdo tiene por objeto establecer los compromisos a que se sujetan las partes, para garantizar la prestación gratuita de servicios de salud, medicamento y demás insumos asociados para las personas sin seguridad social. ? La Entidad, a través de la Secretaría de Salud y de los Servicios de Salud del Estado de Michoacán, tendrá la responsabilidad respecto de la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados para las personas sin seguridad social, que correspondan a servicios especializados que, en su caso, la misma brinde en unidades médicas. En suma, si los preceptos de la Ley General de Salud y las Cláusulas del Acuerdo de Coordinación, previamente aludidos, prevén la obligación de las autoridades responsables de proporcionar atención médica gratuita a las personas que no cuenten con seguridad social y de garantizar la prestación de los servicios de salud, así como los medicamentos necesarios para sus padecimientos, entonces, debe tenerse como cierto el acto que la parte quejosa les atribuyó, en tanto existe una obligación jurídica de actuar en la forma que el solicitante de la protección constitucional lo exige. Es ilustrativa, la tesis aislada de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA LA QUEJOSA. Para que se actualice la omisión en que incurre una autoridad debe existir previamente la obligación correlativa, conforme lo dispongan las normas legales; por tanto, un acto omisivo atribuido a la autoridad, como puede ser que el presidente de la República, no haya sancionado un acuerdo expedido por un secretario de Estado, independientemente de las afirmaciones de la quejosa y las manifestaciones de la responsable, será cierto o inexistente, en función de las obligaciones y facultades constitucionales que ineludiblemente está constreñida a realizar, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición; y no simplemente por el solo hecho de incurrir en la omisión por sí misma con criterios subjetivos. En estas circunstancias, para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta, es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido, que después de todo puede servir como referencia para iniciar el análisis de certeza de actos. CUARTO. OPORTUNIDAD DE LA DEMANDA. El ocurso de amparo fue promovido en tiempo en términos del artículo 17 de la Ley de Amparo, toda vez que, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, que incide sobre la adecuada atención médica se considera como un acto de carácter negativo, donde la autoridad se rehúsa a obrar conforme a lo requerido por la parte quejosa que compromete sus derechos humanos a la salud y la vida, los cuales el Estado está constreñido a proteger y garantizar de manera oportuna y eficaz, así como con calidad. Por ello, la presentación de la demanda de amparo en contra de un acto de tal naturaleza no está sujeta al plazo de quince días impuesto por el citado numeral; atendiendo a que ese acto no se extingue en el momento de presentarse, sino que produce sus efectos día a día, debido a que la parte quejosa no tiene acceso, ni disposición ni atención al tratamiento médico requerido; lo cual implica por sí un peligro a su subsistencia que persiste hasta en tanto se realice la conducta médica positiva, tendiente a garantizarle el acceso efectivo a la atención médica requerida. De ahí que pueda promover la demanda de amparo en cualquier tiempo, acorde a lo establecido en el ordinal 17, fracción IV , de la ley de la materia, toda vez que el plazo para ejercer la acción de amparo comienza a computarse todos los días. Cobra exacta aplicación, la tesis XVII.1o.P.A.12 (10a) emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito de contenido OMISIÓN DE PROPORCIONAR UNA ADECUADA ATENCIÓN MÉDICA. LA INTERPOSICIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO EN SU CONTRA NO SE ENCUENTRA SUJETA AL PLAZO DE QUINCE DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA. La omisión de proporcionar una adecuada atención médica, por ejemplo, al no realizar diversos estudios o procedimientos médicos, clínicos o quirúrgicos, o no suministrar medicamentos, es un acto negativo que compromete los derechos humanos a la salud y a la vida, los cuales el Estado Mexicano está obligado a proteger y garantizar de manera oportuna, eficaz y con calidad, pues en esos términos están tutelados en los artículos 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En ese sentido, la interposición de la demanda de amparo en su contra no está sujeta al plazo de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, pues ese acto no se extingue al momento de la negativa, sino que produce efectos día a día, al no tener el quejoso acceso, disposición y atención a los tratamientos y medicamentos, lo que conlleva el peligro de su subsistencia hasta en tanto se realice una conducta positiva, tendiente a garantizarle el acceso efectivo a los derechos indicados, así como a los relativos a la dignidad humana e, incluso, a la seguridad social, que en su favor protegen los mencionados ordenamientos; de ahí que lo reclamado esté comprendido dentro de la excepción establecida en la fracción IV del numeral 17 mencionado, toda vez que el plazo para ejercer la acción constitucional comienza a computarse todos los días. La conclusión anterior es acorde con la reforma de 10 de junio de 2011 al artículo 1o., en relación con el 133, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se estableció la obligación de toda autoridad de promover, respetar y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, con lo cual se establecen las premisas de interpretación y salvaguarda de los derechos consagrados en la Constitución Federal, trascendiendo al juicio de amparo y, por ello, los tribunales han de resolver con una tendencia interpretativa más favorable al derecho humano que se advierta conflagrado y con una imposición constitucional de proceder a su restauración y protección en el futuro, a fin de superar todos los obstáculos técnicos que impidan el estudio de fondo de la violación, fundados en una apreciación rigorista de la causa de pedir, o la forma y oportunidad en que se plantea QUINTO. ESTUDIO DE CAUSALES DE SOBRESEIMIENTO. Por razón de técnica jurídica en el juicio constitucional, previamente al análisis de fondo de la cuestión debatida se deben examinar las causales de sobreseimiento que aleguen las partes o se adviertan de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de garantías, según lo establece el artículo 62, de la Ley de Amparo, así como la jurisprudencia que establece. IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Realizado el examen oficioso de las constancias, se desprende que se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción lll, de la ley de la materia, para una mejor comprensión se narran los hechos que constituyen la causa invocada 1. Mediante escrito presentado electrónicamente a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, la autorizada de la parte quejosa Wendy Yadira Huitrón Mendoza, informó a este órgano de control constitucional el fallecimiento del quejoso RAFAEL CÁRDENAS LARIOS, anexando una imagen de la copia simple del acta de defunción del quejoso en mención. 2. Posteriormente, se comisionó al actuario de la adscripción para que se constituyera en las instalaciones del Registro Civil de esta ciudad y corroborara en los registros la información proporcionada por la autorizada del quejoso. 3. Finalmente, el día ocho del mes y año en curso, el actuario de la adscripción se constituyó en las instalaciones del Registro Civil de esta ciudad, lugar en el que fue atendido por la empleada de dicha dependencia Arlet Díaz Chávez, consecuentemente, el fedatario de este órgano de control constitucional constató en el Sistema Nacional de Registro de Identidad que de la búsqueda en la oficialía número 0001, del Libro 6, del Estado de Michoacán de Ocampo, con fecha de registro veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, bajo el acta 00892, se encuentra registrada la defunción del quejoso RAFAEL CÁRDENAS LARIOS, dada de alta en el municipio de Apatzingán de la Constitución, Michoacán de Ocampo, para lo cual obtuvo copia simple de la que obra en el sistema ya mencionado. En atención a lo anterior, se sostiene que en la especie, se acredita la causal de sobreseimiento prevista por el artículo 63 fracción III, de la Ley de Amparo, pues en el presente asunto, quedó acreditada la defunción del quejoso RAFAEL CÁRDENAS LARIOS. Sirve de apoyo a lo anterior, aplicable por analogía la siguiente tesis SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO. SE ACTUALIZA ÉSTE CUANDO ACAECE EL FALLECIMIENTO DEL QUEJOSO AFECTANDO SÓLO SUS DERECHOS PERSONALES. Sin la presencia de sucesión alguna, o bien, designación de herederos, luego del conocimiento del fallecimiento del quejoso, la garantía reclamada afecta entonces sólo a su persona y, por tanto, se trata de un derecho personalísimo cuya extinción por la muerte del agraviado produce sin duda la extinción del juicio de amparo en la medida en que no reviste significación ni importancia patrimonial, en cuanto a que después de su muerte no trascendió dicha garantía a su sucesión por inexistencia de la misma. De manera que, como nadie intervino con legitimación para continuar con la acción de amparo y, por tanto, no existe la parte agraviada ni, por lo mismo, sujeto jurídico en cuyo favor pudiera dictarse sentencia con efecto natural de reponerlo en el goce de la garantía violada; presupuesto procesal del juicio de amparo al tenor de lo mandado por el artículo 107 constitucional, y cuya ausencia extingue la fuerza propulsora del juicio de garantías, lo que impide que se dicte sentencia de fondo que verse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados; no cabe entonces otra conclusión que estimar que, en el caso, respecto del juicio de garantías, al quedar sin parte agraviada y sin garantía qué tutelar, se surte la causa de sobreseimiento prevista en la fracción II del artículo 74 de la Ley de Amparo. Época: Novena Época. Registro: 179176. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXI, Febrero de 2005. Materia(s) Común. Tesis: XVI.5o.8 K. Página: 1793. Así como la diversa tesis, interpretada a contrario sensu SOBRESEIMIENTO. ES IMPROCEDENTE SI CON LA MUERTE DEL QUEJOSO DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO SE AFECTAN INTERESES PATRIMONIALES. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 15 y 74 fracción II de la Ley de Amparo, no procede sobreseer en el juicio de garantías por la sola circunstancia de que muera el quejoso durante la tramitación del juicio si los actos reclamados no son de índole meramente personal, como la vida y la libertad, y exista la posibilidad de que sean afectados sus intereses económicos. Ciertamente la disposición indicada en segundo término establece que procede el sobreseimiento cuando el agraviado muera durante el juicio, pero hay que atender si la garantía reclamada sólo afecta a su persona, pues cuando no es así de ningún modo se actualiza el supuesto de la indicada norma; por tanto, cuando el acto reclamado provenga de un juicio sucesorio donde inicialmente se declare único y universal heredero al quejoso, y la sentencia que constituya el acto reclamado modifica dicho fallo para reconocer a otra persona como heredero, en ese supuesto deviene incuestionable que la garantía reclamada afecta no únicamente a la persona del quejoso, sino a sus intereses patrimoniales o derechos económicos de sus herederos; entonces, ante tales razones, no procede sobreseer en el juicio de garantías por el simple hecho de la muerte del agraviado antes de la celebración de la audiencia constitucional. Época: Novena Época. Registro: 193627. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo X, Julio de 1999. Materia(s): Común. Tesis: II.2o.C.45 K. Página 909. De ahí, que como se dijo, se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63 fracción III, de la Ley de Amparo, relativo a la muerte de la parte quejosa durante el juicio, si la garantía reclamada sólo afecta derechos estrictamente personales del agraviado, es decir, inseparables de su persona, pues sin duda la extinción del juicio de amparo se actualiza al quedar sin parte agraviada y sin garantía que tutelar. Es así, ya que de la búsqueda constatada en el Sistema Nacional de Registro de Identidad por el fedatario de esta adscripción ante el Registro Civil de esta ciudad (impresión que fue recabada), misma que tiene valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con lo dispuesto en su artículo 2º, se advierte que el peticionario de amparo falleció durante la tramitación del presente juicio, de modo que como el acto que reclamaba sólo afectaba sus derechos personales y tomando en consideración que la acción del amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o ley que se reclame, presupuesto necesario para la prosecución de la acción del amparo, ya que no se puede entrar al análisis de la constitucionalidad de los actos combatidos. En consecuencia, procede sobreseer en el juicio de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción III, del citado ordenamiento legal, respecto los actos reclamados. SEXTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con los artículos 1, 5 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información confidencial, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117 de la citada ley. Por tanto, de conformidad con los artículos 118 y 119, en relación con el Tercero Transitorio de la citada ley, la publicación de la presente sentencia es pública a partir del día de hoy, en versión pública, y a través del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de distrito, conforme a los artículos Primero y Segundo del Acuerdo General 87/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como en la circular 1/2004 de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del nombrado Consejo de la Judicatura Federal; al efecto, se ordena a la secretaria glosar al presente juicio la constancia de captura de la resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto y fundado, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por RAFAEL CÁRDENAS LARIOS, contra los actos que reclamó a las autoridades responsables precisadas en el considerando segundo, por las razones expuestas en el considerando quinto. SEGUNDO. La presente resolución será publicable en términos de lo establecido en el considerando sexto de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma electrónicamente el licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Uruapan, ante María Guadalupe Mateo Mendoza, secretaria que autoriza y da fe

  3. Principal

    En ocho de noviembre de dos mil veintidós, la Secretaria da cuenta al Juez, con la razón actuarial suscrita en esta misma data por el actuario adscrito a este Juzgado, registrada bajo el folio 14612. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, ocho de noviembre de dos mil veintidós. RAZÓN ACTUARIAL. Incorpórese a los autos la razón actuarial suscrita en esta misma data por el actuario de la adscripción, de la que se advierte se constituyó en las instalaciones del Registro Civil de esta ciudad, lugar en el que fue atendido por la empleada de dicha dependencia Arlet Díaz Chávez, posteriormente, el fedatario de este Juzgado constató en el Sistema Nacional de Registro de Identidad lo siguiente: Que de la búsqueda en la oficialía número 0001, del Libro 6, del Estado de Michoacán de Ocampo, con fecha de registro veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, bajo el acta 00892, se encuentra registrada la defunción del quejoso RAFAEL CÁRDENAS LARIOS, dada de alta en el municipio de Apatzingán de la Constitución, Michoacán de Ocampo, para lo cual obtuvo copia simple de la que obra en el sistema ya mencionado. Lo anterior, se ordena tomar en consideración en el momento procesal oportuno y dar nueva cuenta en la audiencia constitucional. Notifíquese y publíquese también en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación. A

  4. Principal

    En tres de noviembre de dos mil veintidós, la Secretaria da cuenta al Juez, con un escrito y anexo recibidos electrónicamente a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, registrados bajo el folio 14389. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, tres de noviembre de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede; en atención al contenido del Acuerdo General 21/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en relación con el periodo de vigencia, se provee lo siguiente: 1. SE RECIBE ESCRITO. Visto lo de cuenta, incorpórese al sumario el escrito suscrito por Wendy Yadira Huitrón Mendoza, autorizada de la parte quejosa, mediante el cual hace del conocimiento de este órgano jurisdiccional que el pasado diecinueve de octubre del año en curso, el quejoso RAFAEL CÁRDENAS LARIOS, falleció, anexando copia simple del acta de defunción. 2. SE COMISIONA AL ACTUARIO DE LA ADSCRIPCIÓN. Ahora bien, se comisiona al actuario de la adscripción encargado del asunto para que se constituya en la Oficina del Registro Civil, con sede esta ciudad, a efecto de que coteje con los registros correspondiente el acta exhibida y recabe en su caso, copia certificada de dicha acta de defunción; lo anterior, a efecto de poder estar en condiciones de acordar lo que en derecho corresponda. Notifíquese y cúmplase.

Quedan 2 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán · 3,119 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano