Rafael Domingo Briceño Pinzon
Expediente 2520/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 48 actuaciones registradas, la última del 7 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 2520/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 48
- Última actuación
- 07/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Rafael Domingo Briceño Pinzon
Actuaciones
Las 4 más recientes de 48.
- Principal
siete de agosto de dos mil veintitrés********************Mérida Yucatán a siete de agosto de dos mil veintitrés ********************Agréguese a estos autos para que obre como legalmente corresponda el oficio 6507, signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que fue admitido el recurso de revisión interpuesto por el quejoso Rafael Domingo Briceño Pinzón, contra la sentencia dictada en este juicio, formándose por tal motivo el toca 428/2023. ********************Notifíquese. ********************Así lo acordó y firma Pablo Pérez Pacheco, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, encargado del despacho por vacaciones de la titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; por autorización otorgada en sesión de diecinueve de junio de dos mil veintitrés, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada en oficio CCJ/ST/3650/2023, suscrito por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente de la Comisión de Carrera Judicial del propio Consejo, asistido de Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.****************************************AGC*************************************************************
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AL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL Y ADMINISTRATIVA DEL DECIMOCUARTO CIRCUITO, EN TURNO. P R E S E N T E. Constante de (554) quinientas cincuenta y cuatro fojas útiles, y de conformidad con lo acordado en proveído de doce de junio de dos mil veintitrés, dictado en autos del juicio de amparo al rubro citado, promovido por Rafael Domingo Briceño Pinzón; me permito remitirle el presente expediente, con motivo del recurso de revisión interpuesto por la quejoso antes mencionado, contra la sentencia firmada en este juicio, junto con el escrito de expresión de agravios respectivo, y la copia de éste que corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación, cumpliendo de éste modo, lo ordenado en el artículo 89 de la Ley de Amparo. Suplico a usted se sirva ordenar se acuse recibo a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán y aceptar las seguridades de mi atenta y distinguida consideración
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Visto, para resolver el juicio de amparo 2520/2021-III-A, promovido por RAFAEL DOMINGO BRICEÑO PINZÓN, contra el acto que reclama del Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad. A N T E C E D E N T E S PRIMERO. Presentación de la demanda. Por demanda presentada el veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, turnada el día hábil siguiente a este Juzgado Tercero de Distrito, RAFAEL DOMINGO BRICEÑO PINZÓN solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos que reclama del Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Desechamiento de la demanda. Mediante acuerdo de doce de enero de dos mil veintidós, se desechó de plano la demanda de amparo, por advertirse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, a saber, la prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, ambas de la Ley de Amparo; la cual quedó registrada en el Libro de Gobierno bajo el número 2520/2021-III. TERCERO. Recurso de queja. Por escrito recibido el veintisiete de enero de dos mil veintidós, RAFAEL DOMINGO BRICEÑO PINZÓN interpuso recurso de queja en contra del proveído de doce de enero de dos mil veintidós, por el cual se desechó de plano la demanda de amparo; el cual fue admitido a trámite por el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito y registrado bajo el número de toca 39/2022. CUARTO. Recepción del testimonio de resolución emitido por la Superioridad y admisión de la demanda. En proveído de cuatro de abril de dos mil veintidós, se tuvo por recibido el oficio 1909 del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, por el cual remitió el testimonio de resolución de veintitrés de marzo de dos mil veintidós dictada en autos del toca de queja 39/2022 de su índice; cuyos resolutivos fueron los siguientes: "PRIMERO.- Se declara fundado el recurso de queja interpuesto por RAFAEL DOMINGO BRICEÑO PINZÓN. SEGUNDO.- Se revoca el auto recurrido. TERCERO.- Se ordena a la Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán proveer sobre la admisión de la demanda en los términos precisados en la presente ejecutoria." En cumplimiento a dicha ejecutoria se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención legal que le competía; y se ordenó emplazar a juicio a la tercera interesada Bertha Patricia Ruiz Piña, lo que se realizó en sus términos. QUINTO. Celebración de la audiencia. Seguido el juicio por su secuela procedimental, el doce de abril de dos mil veintidós, se celebró la audiencia constitucional en este asunto. C O N S I D E R A C I O N E S PRIMERO. Competencia. Esta Juzgadora Federal es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo conforme a los preceptos 103, fracción l y 107 de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35, y 37, último párrafo de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que el acuerdo reclamado fue dictado por una autoridad con residencia en esta ciudad de Mérida, Yucatán, y tiene ejecución en esta capital; donde tiene jurisdicción territorial este Juzgado. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Por cuestión de orden y a fin de cumplir con lo establecido en la fracción I, del artículo 74 de la Ley de Amparo, se procede a precisar el acto reclamado, que se desprende del análisis integral de la demanda de amparo y no sólo del capítulo que lo refiere; a fin de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Lo anterior, de conformidad con la tesis de rubro' "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Así, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que RAFAEL DOMINGO BRICEÑO PINZÓN reclama: La resolución de treinta de noviembre de dos mil veintiuno y publicada en el Diario Oficial el siete de diciembre de dos mil veintiuno, en autos del Juicio ejecutivo mercantil 116/2017, tramitado ante el Juzgado Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, relativo al recurso de revocación, interpuesto en contra del auto de once de marzo de esa anualidad. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto que se reclama del Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, ya que así lo reconoció al rendir su informe justificado. Certeza que se corrobora con las copias certificadas del juicio ejecutivo mercantil 116/2017, que la nombrada autoridad responsable remitió como justificación de su informe y las relativas al juicio de tercería excluyente de preferencia con número de expediente 371/2020, promovido por el Instituto Mexicano del Seguro Social, mismas que obran glosadas en autos; las que tienen valor probatorio pleno por ser documentos públicos, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la Ley de Amparo; aunado a que no fueron objetadas por las partes. Apoya lo anterior, la tesis de Jurisprudencia número 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se le reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este acto." CUARTO. Causas de improcedencia. Previamente al estudio de fondo, deben analizarse las causales de improcedencia que se adviertan oficiosamente o propongan las partes, toda vez que su estudio es de orden público y preferente a cualquier otra cuestión, conforme a lo dispuesto por el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. Debe citarse al respecto la jurisprudencia 814, visible en la página 553, del Tomo VI, relativo a materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que a la letra es como sigue: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En el caso, la suscrita estima se actualiza la causa de improcedencia contenida en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la fracción IV, segundo párrafo, del artículo 107, ambos de la Ley de Amparo, ya que el acuerdo impugnado fue dictado en la etapa de ejecución de sentencia. Al respecto, se trae a colación que RAFAEL DOMINGO BRICEÑO PINZÓN reclamó en su demanda de amparo la resolución de treinta de noviembre de dos mil veintiuno y publicada en el Diario Oficial el siete de diciembre de dos mil veintiuno, en autos del Juicio ejecutivo mercantil 116/2017, tramitado ante el Juzgado Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, relativo al recurso de revocación interpuesto en contra del auto de once de marzo de dos mil veintiuno, en el que se previno al citado Briceño Pinzón a fin de que exhiba la cantidad de cuatrocientos cincuenta y un mil pesos, sin centavos, moneda nacional, relativo al importe del bien inmueble rematado y fincado a su favor. A fin de demostrar la actualización de la causal citada, se impone destacar los antecedentes más relevantes del acto reclamado. De las constancias que remitió la juez responsable, deducidas del juicio ejecutivo mercantil 116/2017, que tienen pleno valor probatorio al tenor de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se obtiene lo siguiente: El cinco de marzo de dos mil veinte se llevó a cabo el remate del predio embargado en el juicio natural, a saber, solar sin casa antes, ahora con casa de bloques y techo de concreto de un solo piso, ubicado en el fraccionamiento Brisas del Bosque de esta ciudad y municipio de Mérida, en la manzana doscientos cincuenta y seis de la sección catastral veintiocho, marcado con el número trescientos setenta y cinco de la calle treinta y uno diagonal, el cual se adjudicó a favor de la actora de ese juicio, aquí quejoso, por la cantidad de cuatrocientos cincuenta y un mil pesos, sin centavos, moneda nacional. El ahora quejoso pidió a la Jueza Primero Mercantil que causara ejecutoria el auto aprobatorio de remate, sin exhibir la cantidad motivo del remate, derivado de su carácter de acreedor directo; sin embargo, por acuerdo de once de marzo de dos mil veintiuno, la responsable determinó que no se accedía a lo solicitado por la parte quejosa, toda vez que se advertía la existencia de un juicio de tercería excluyente de preferencia, promovido por el Instituto Mexicano del Seguro Social. En ese mismo acuerdo previno al aquí quejoso para que en el término de tres días exhibiera el importe del remate del bien que se adjudicó a su favor, apercibiéndolo que de no hacerlo, lo dejaría sin efectos. El adjudicatario ahora quejoso, interpuso recurso de revocación en contra del auto de once de marzo citado. El treinta de noviembre de dos mil veintiuno, se resolvió el aludido recurso en el que se determinó lo siguiente: ".No ha procedido el recurso de revocación interpuesto por el ciudadano RAFAEL DOMINGO BRICEÑO PINZÓN, en contra de la parte conducente del auto de fecha once de marzo del año dos mil veintiuno." Esta es la resolución que se controvierte en este juicio. Ahora, de los antecedentes expuestos, se obtiene que la resolución reclamada de treinta de noviembre de dos mil veintiuno deriva de un acto dictado en la etapa de remate, la cual no ha concluido. Para los efectos de la fracción IV, del citado artículo 107, de la Ley de Amparo, los actos ejecutados fuera de juicio son todos aquéllos cuya realización se verifica generalmente con anterioridad a la iniciación del juicio. Los actos ejecutados después de concluido el juicio, son aquéllos que se realizan con posterioridad al momento en que se ha declarado ejecutoriada la sentencia respectiva; los de ejecución de sentencia se conciben como todos aquéllos que se verifican con el propósito directo de hacer cumplir el mandato contenido en el fallo que establece la verdad legal; es decir, se dividen en dos grupos: - Los que no tienden directamente a la ejecución de la sentencia, sino solamente a prepararla o hacerla posible, como puede ser por ejemplo los incidentes de liquidación que pueden tener autonomía propia dada su estructura procesal en forma de juicio; y, - Los actos de ejecución propiamente dichos, que son aquéllos que tienden de manera directa al cumplimiento de la sentencia ejecutoria. El amparo contra este tipo de actos sólo procede contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo; en tratándose de remates, el amparo procederá contra la resolución que los apruebe o desapruebe, aunque con ella no se ponga fin a la ejecución de la sentencia, como sucede, por ejemplo, cuando el precio del remate no alcanza para pagar las prestaciones a las que se condenó el demandado. Puntualizando, las hipótesis de procedencia contempladas por la fracción y ordinal en consulta, son: Actos ejecutados fuera de juicio, generalmente realizados antes de iniciado el mismo, como son los actos preparatorios de juicio, interdictos, providencias precautorias, las diligencias de jurisdicción voluntaria y otros similares. Actos ejecutados después de concluido el juicio, que son todos aquéllos que se realizan con posterioridad a la sentencia ejecutoria, pero que no están encaminados de manera directa a ejecutarla, sino a preparar la ejecución. Actos de ejecución de sentencia propiamente dichos, los que necesariamente deben estar encaminados a cumplir con el fallo respectivo. En esta clasificación, encuadran también los procedimientos de remate. Es importante resaltar, que las resoluciones intermedias dictadas dentro del periodo de ejecución de sentencia, no pueden ser combatidas a través del juicio constitucional, habida cuenta que al existir una sentencia ejecutoria debe evitarse obstaculizar el procedimiento tendiente a cumplimentarla. En estos casos los interesados deberán esperar a que se dicte la resolución terminal con la que culmine el procedimiento de ejecución, pues solamente entonces estarán en aptitud de promover el amparo. Por tanto, se concluye que existen dos reglas generales y una específica para la procedencia del juicio de amparo biinstancial. Con ambas reglas de procedencia del juicio de amparo indirecto se pretende evitar la obstaculización de la etapa de ejecución de sentencia, al establecer que solamente procede contra la última resolución que se emita en el procedimiento correspondiente, no así contra otras determinaciones intermedias (regla genérica) y, tratándose de remates, únicamente procede contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben, sin que proceda tampoco contra autos intermedios (regla específica). Además, el amparo indirecto no procede en contra de actos dictados en ejecución de sentencia, incluso si quien promueve la demanda es el vencedor en el juicio natural, pues debe promoverse contra la resolución con la que culmine el procedimiento de ejecución, en los términos antes señalados. Dicho criterio se encuentra contenido en la jurisprudencia número 1a./J. 36/2004, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página setenta y cinco, del tomo XX, julio de dos mil cuatro, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que señala: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO ENTABLADO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, AUN CUANDO SEA PROMOVIDO POR LA PARTE VENCEDORA EN EL JUICIO NATURAL. La razón medular que tuvo el legislador al establecer la regla de procedencia contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo -relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede en contra de la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las violaciones cometidas durante éste, que hubieren dejado sin defensa al quejoso-, fue evitar que con motivo de la promoción del juicio de garantías se entorpeciera o retardara la ejecución de una sentencia definitiva, cuyo cumplimiento es una cuestión de orden público. Por tal motivo, el hecho de que la promoción del amparo contra actos dictados dentro del procedimiento referido se haya hecho por la parte vencedora en el juicio natural constituye una cuestión que debe considerarse irrelevante para efectos de determinar el alcance de la indicada regla de procedencia, en virtud de que ello en nada altera la circunstancia de que mediante dicha acción se entorpezca la ejecución de la sentencia, que es precisamente lo que el legislador pretendió evitar con la disposición mencionada." También, conviene puntualizar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que existen actos dictados en ejecución de sentencia en contra de los que excepcionalmente sí es procedente el amparo indirecto; a saber: Que el acto infrinja directamente derechos sustantivos y, Que los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de sentencia. Como ejemplo, estableció que al desestimar en etapa de ejecución de sentencia ciertas excepciones perentorias y sustanciales, como la de pago, compensación, pacto de espera o la prescripción de derecho de pedir ejecución, se generarían situaciones de imposible reparación. Lo anterior se corrobora de la lectura de la tesis de jurisprudencia número 1a./J. 19/2011, consultable en la página 5, del tomo XXXIII, mayo de dos mil once, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, que dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EN CONTRA DE LA INTERLOCUTORIA FIRME QUE DESESTIMA LAS EXCEPCIONES SUSTANCIALES Y PERENTORIAS, ASÍ COMO LAS DEFENSAS U OTROS ACTOS QUE TIENDAN A DETENER O INTERRUMPIR LA EJECUCIÓN DE UNA SENTENCIA, PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DE MANERA INMEDIATA, YA QUE RESULTAN ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De lo dispuesto en el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo se desprenden dos hipótesis de procedencia del amparo contra actos emitidos por autoridad judicial después de concluido un juicio, a saber: a) actos que gozan de autonomía con relación a dicha ejecución y, b) actos en ejecución de sentencia. Por lo que hace a la primera clase de actos, debe precisarse que son aquellos que cuentan con autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, por tanto, dichos actos pueden ser impugnados de manera inmediata. Respecto de la segunda clase, el amparo indirecto procede, por regla general, contra la última resolución del procedimiento respectivo (definida jurisprudencialmente como la que prueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento), en donde también se pueden impugnar aquellas violaciones procesales sufridas durante el procedimiento de ejecución. Por otro lado, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 215/2009, el día cuatro de mayo de dos mil diez, emitió la tesis jurisprudencial de rubro siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE.". Como punto toral del criterio antes señalado, el Tribunal Pleno estableció que la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo debe interpretarse a la luz de la fracción IV del mismo numeral dado que este último contempla un supuesto de aplicación más amplio y más protector y, por lo tanto, los supuestos normativos de la primera fracción referida se subsumen dentro de la segunda fracción citada, entendiéndose la procedencia excepcional del juicio de amparo indirecto contra actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia siempre y cuando se afecten de manera directa derechos sustantivos del promovente, sea éste el ejecutante o el ejecutado. Ahora bien, en atención al criterio antes señalado, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que la interlocutoria que desestima de manera firme una excepción sustancial y perentoria, alguna defensa u otro acto que tienda a detener o interrumpir la ejecución de la sentencia, como puede ser la excepción de pago o la de prescripción del derecho de pedir la ejecución, o bien, otro acto como un convenio de ejecución entre las partes, es impugnable de forma inmediata a través del juicio de amparo indirecto sin que tenga que hacerse valer como una violación procesal en la demanda de garantías que se intente contra la última resolución del procedimiento respectivo, ya que éstos resultan actos de imposible reparación." Lo hasta aquí expuesto, permite estimar que, por regla general, un acto dictado en ejecución de sentencia sólo puede reclamarse a través del amparo indirecto que se interponga en contra del último acto dictado en el procedimiento correspondiente o tratándose de remates, contra la resolución definitiva que lo apruebe o desapruebe y, de manera excepcional, cuando el acto reclamado, aún dictado en la etapa de ejecución de sentencia, afecta derechos sustantivos y que éstos sean ajenos a la cosa juzgada. Se observa que, tratándose de actos de remate, el legislador en aras de claridad y certeza fue incluso más específico precisando que la última resolución del procedimiento de remate es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, pues es inconcuso que una vez que el bien inmueble sujeto a remate se adjudicó y entregó materialmente a quien resultó vencedor del remate, no hay posibilidad de emitir acto posterior que retrotraiga o modifique los efectos del remate, luego entonces, el acto reclamado en el juicio de amparo indirecto permanecerá como definitivo, lo que a la par asegura que el procedimiento de ejecución de sentencia del juicio de instancia que en el caso se materializa en el remate del bien inmueble se haya agotado en su totalidad. En cuanto al tema, la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, al resolver la contradicción de tesis 29/2019, determinó que "la última resolución es aquella que en definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación en forma voluntaria". Tales consideraciones sostienen la jurisprudencia 1a./J. 57/2019 (10a.), visible a página 110, libro 70, septiembre de 2019, tomo I, materia civil, décima época, publicada el veinte de septiembre de dos mil diecinueve, en el Semanario Judicial de la Federación, que dispone: "ESCRITURACIÓN EN EL REMATE. LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, ES LA QUE ORDENA SU OTORGAMIENTO EN FORMA VOLUNTARIA. La interpretación gramatical, teleológica y funcional del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, lleva a concluir que en los procedimientos de remate, tratándose de la formalización de la venta judicial, la última resolución es aquella que en definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación en forma voluntaria. En la disposición apuntada, el legislador democrático dispuso que el juicio de amparo indirecto procede contra actos realizados fuera de juicio o después de concluido, no obstante, a fin de resguardar la operatividad del sistema del juicio de amparo y evitar dilaciones innecesarias en la ejecución de sentencias, estipuló que únicamente procederá contra la última resolución dictada en esa etapa. Lo anterior refleja una lógica en el requisito de procedibilidad del juicio de amparo indirecto que pretende dos objetivos, el primero, asegurar que no existirá ningún acto posterior a esa última resolución, por el cual se puedan modificar, revocar o cesar los efectos del acto reclamado en el juicio de amparo y, el segundo, evitar dilaciones y obstáculos innecesarios en la ejecución de sentencias emanadas de los procedimientos jurisdiccionales. Ahora, en lo que ve al procedimiento de remate y en el preciso tema de la formalización de la adjudicación, la norma es precisa al definir la última resolución como aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura. Al respecto, la definitividad a la que se refiere el precepto en cuestión deriva de la inimpugnabilidad del acto y no de la actuación material que, frente a esa determinación, pueden adoptar las partes. En ese tenor, la circunstancia de que la resolución que ordena el otorgamiento voluntario de la escritura, con apercibimiento de que el Juez lo hará en caso de rebeldía, apela a la voluntad de la persona a la que va dirigida la orden, pero la eficacia de lo ordenado no depende de la actitud que pueda adoptar el ejecutado, si se considera que la eventual contumacia de éste, solamente dará lugar a que dicha facultad de otorgar la escritura pase al juzgador, con lo que se consolida el derecho sustantivo de propiedad en favor del adjudicatario y, en tal virtud, no existe razón fundada para esperar a que se haga efectivo el apercibimiento a fin de acudir al juicio de amparo, pues con motivo de aquel requerimiento, el quejoso estará en aptitud de hacer valer las violaciones que, en su concepto, se hubieren presentado durante el procedimiento de remate, sin el riesgo de incurrir en prácticas dilatorias indeseables ni contravenir los objetivos perseguidos por el legislador, en el sentido de impedir la promoción desmesurada de juicios de amparo." En el caso particular, se estima que el acto reclamado no es la última resolución en la etapa de remate, en virtud de que constituye la resolución que resolvió el recurso de revocación que a su vez, confirmó el sentido del auto impugnado de fecha once de marzo de dos mil veintiuno, en la que el juez no accedió a que cause ejecutoria el auto aprobatorio de remate y requirió al ahora quejoso la exhibición del precio del remate, apercibiéndolo que de no hacerlo lo dejaría sin efectos; por tanto, se estima que en contra de dicha determinación se actualiza la causal de improcedencia invocada con antelación, pues no se trata de la resolución que ordena la escrituración ni la entrega del bien. Tampoco se está en el caso de excepción, ya que el acto reclamado no goza de autonomía a la ejecución, no afecta derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada; pues el acuerdo recurrido y confirmado en la resolución reclamada, atañe a un requerimiento con el correspondiente apercibimiento que de no exhibir el pago del remate se declarará sin efectos el remate; lo cual, evidencia que dicho acto no tiene carácter de definitivo y, que por tanto, pudiera dar pauta para considerar una trasgresión a derechos sustantivos de forma patente e inmediata en perjuicio de la parte quejosa. Por ende, es improcedente el juicio constitucional en términos de los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario. Sirve de sustento la jurisprudencia 1a./J. 13/2016 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia del Estado, publicada en la página 1066 del libro 29, abril de 2016, tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, del tenor siguiente: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial." A mayor abundamiento, es conveniente tener en cuenta que el remate consiste en un acto de autoridad, jurisdiccional, que se traduce en una venta pública y se realiza en la fase de ejecución de la sentencia de un juicio, por orden y con la dirección del órgano jurisdiccional, que tiene como finalidad vender o en su caso adjudicar bienes propiedad de la parte condenada en el juicio, para poder cubrir el pago ordenado en la sentencia a favor de una de las partes, con el producto del remate. Mediante este procedimiento el Juez está autorizado por la ley para vender el bien como un medio ejecutivo de hacer cumplir una resolución judicial, y en su defecto para adjudicarlo a favor del rematante, en caso de que no concurran postores interesados en la compra del bien. En ese sentido, aunque el remate y la adjudicación son figuras análogas, no son conceptos enteramente equivalentes, y no se deben confundir, ya que el remate del bien se finca en favor de uno o de varios de los postores, y en cambio la adjudicación del propio bien se realiza a favor del acreedor contraparte del anterior titular que fue vencido en el juicio, en el caso de que no se presenten postores interesados en adquirir el bien en cuestión, lo cual se traduce en una dación en pago. La declaración de fincado el remate y en su caso la adjudicación, no constituyen "la última resolución dictada en el procedimiento de remate", sino son declaraciones que hace el Juez de manera provisional cuando no sea mejorada la última postura o puja, y cuando a falta de postores el acreedor solicita la adjudicación, las que están sujetas a una confirmación o una anulación posterior por parte de la misma autoridad. Ello es así, pues aun cuando fuere hecha tal declaración, si el postor que ofreció hacer el pago una parte de contado y otra con posterioridad, no cumpliere sus obligaciones, el tribunal está facultado para declarar sin efecto el remate, y citar nuevamente a una almoneda. De modo que si el tribunal está facultado para dejar sin efecto el remate previamente fincado, de ello se deduce que la determinación previa en la que se hizo tal declaración, no constituye la resolución definitiva impugnable en el juicio de amparo indirecto; por ende, en contra de aquella determinación no puede promoverse el juicio biinstancial. Tales consideraciones se contienen esencialmente en la ejecutoria que resolvió la contradicción de tesis 142/2008-PS, y que dio origen a la jurisprudencia invocada con antelación, cuyo rubro es: "REMATE. LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO ES LA QUE EXPRESA O TÁCITAMENTE CONFIRMA O ANULA LA DECLARACIÓN DE FINCADO EL REMATE O LA ADJUDICACIÓN DEL BIEN, CON INDEPENDENCIA DE QUE TENGA O NO POR CONSIGNADO SU PRECIO". Corrobora la circunstancia de que la declaración de fincado el remate y en su caso la adjudicación, no constituyen "la última resolución dictada en el procedimiento de remate", sino que se trata de declaraciones provisionales que hace el juez del proceso, el contenido del artículo 469 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán, del que se deduce que aun dictados dichos autos, si el rematador no exhibe el saldo que adeude del precio del remate, el juzgador está facultado para declarar sin efecto el remate. Consecuentemente, la resolución definitiva aprobatoria del remate será aquella que pronuncia el Juez, después de realizada la subasta, y pagado el saldo adeudado del precio del remate, ordena otorgar la escritura y poner al rematador en posesión del inmueble relativo; y la desaprobatoria, en la que se deja sin efectos el remate. Es decir, la resolución definitiva que condiciona la procedencia del juicio de amparo exclusivamente cuando se dicte en los procedimientos de remate, es aquella que se pronuncia con efectos no provisionales, sino que adquiere firmeza ya sea por su propia naturaleza o por disposición de la ley, toda vez que se trata de una resolución que no es de simple trámite, sino que decide un punto sustancial y de significativa importancia sobre la existencia legal o la invalidez del remate, puesto que determina la realización definitiva o la no realización de éste, y por ello no puede ser alterada, ni mucho menos revocada, por tener la calidad de definitiva. Todo lo anterior se sustenta, en que si bien por audiencia de cinco de marzo de dos mil veinte, se declaró fincado el remate del predio embargado en el juicio de origen en favor del aquí quejoso, ello constituye una determinación provisional; pues está supeditada a que se declare que cause ejecutoria el referido auto y que el adjudicatario, ahora quejoso consigne el precio de la compraventa. Por lo que, en tal procedimiento aún resta que el juez se pronuncie respecto a la firmeza del aludido auto de cinco de marzo de dos mil veinte, siendo que el auto que únicamente le requiere el pago del precio de remate y le formula un apercibimiento, no le causa por sí mismo un perjuicio, ya que será, la diversa determinación de la autoridad, en la que determine en su caso, que queda sin efectos el auto de remate, la que pueda impugnar la parte quejosa a través de amparo indirecto, en la que podrá reclamar las violaciones procesales que estime se hayan actualizado en el procedimiento de ejecución. En esa tesitura, se colige que la resolución que se reclama no es de aquellas que dictadas en el procedimiento de ejecución de sentencia, sea combatible en amparo indirecto, por no tratarse de la última resolución en el procedimiento de remate, pues en tal acto que aquí se combate, no se ordena desde luego, el otorgamiento de la escritura, sino que esa determinación se supedita a que cause ejecutoria la propia resolución y el adjudicatario consigne el precio de la venta judicial. Además, es pertinente señalar que el acuerdo de once de marzo de dos mil veintiuno, cuya firmeza se determinó en la resolución que resolvió el recurso de revocación en fecha treinta de noviembre del año inmediato anterior, constituye un mero apercibimiento, en el sentido de declarar sin efectos la venta judicial; lo cual, evidencia como ya se señaló, que dicho acto no tiene carácter de definitivo y, que por tanto, pudiera dar pauta para considerar una trasgresión a derechos sustantivos de forma patente e inmediata en perjuicio de la parte quejosa. Por ende, es que la parte quejosa tendrá que esperar ya sea al dictado de la última resolución en el procedimiento de ejecución o, en su caso, a que se materialice la afectación derivada del apercibimiento que le fue formulado, a fin de estar en aptitud de impugnar dicha actuación; ello, dado que no basta con la condición lógica de que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues se insiste, al tratarse el acto reclamado de una determinación que confirmó el diverso auto que formuló un requerimiento con el correspondiente apercibimiento, resulta inocuo para los intereses del quejoso, pues es evidente que no constituye un acto que en definitiva vulnere en perjuicio de la parte quejosa sus derechos sustantivos, es decir, no lesiona algún derecho ajeno a la cosa juzgada ni se ajusta a alguna de las hipótesis de procedencia reguladas en el artículo 107 de la Ley de Amparo, como causa de excepción para la procedencia del juicio de amparo indirecto, contra actuaciones emitidas en la referida etapa del procedimiento; de ahí que el juicio de amparo sea improcedente. Acorde a lo anterior, resulta evidente para esta esta Juzgadora, que con el acto que reclama, no se está dando ninguna orden de escrituración de inmueble alguno, ni tampoco de desposesión, de tal manera que el resultado, por consiguiente, es que el actor únicamente exhibiera el pago del precio que le fue solicitado. No debe de soslayarse, que la procedencia de un amparo no depende de los antecedentes que narre la parte quejosa o de sus conceptos de violación, sino únicamente de las características vinculadas con el acto reclamado; en el caso, respecto a los efectos que produce esa decisión de manera directa en la esfera jurídica del gobernado que, como se mencionó, únicamente implicaría que esperara a la última resolución en el procedimiento de remate, y observar si esa decisión adoptada durante éste lo afectó y, por consiguiente, esté en posibilidades de promover lo que a derecho corresponda. Lo anterior, por dos razones. La primera, porque el legislador federal ya efectuó una ponderación respecto a estos casos entre la posibilidad de acudir inmediatamente al amparo o tener que esperar al resultado de la última resolución en la ejecución cuando se está ante un procedimiento de remate. Así, únicamente en aquellas situaciones donde se afecten derechos sustantivos le dará cauce legal; de lo contrario, consideró de mayor peso que no se atomice un procedimiento por la presentación de una multiplicidad de amparos indirectos. La segunda porque, como se mencionó, no se aprecia que con dicha decisión se esté afectando un derecho sustantivo, sino únicamente se solicitó al actor una determinada actuación. En ese sentido, es incuestionable que el presente juicio de amparo es improcedente, porque se reclama una resolución cuyo antecedente lo constituye la prevención que se le hizo al aquí quejoso de que exhibiera el saldo adeudado del precio del remate, la que no se trata de la resolución definitiva dictada en el procedimiento remate, como podría ser la que lo desaprobara. En estas condiciones, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo promovido por RAFAEL DOMINGO BRICEÑO PINZÓN, en contra de la sentencia interlocutoria de treinta de noviembre de dos mil veintiuno, dictada por la Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, en autos del juicio ejecutivo mercantil 116/2017. En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV, segundo párrafo, del artículo 107, del propio ordenamiento legal, lo procedente es sobreseer en el presente juicio, con apoyo en la fracción V, del artículo 63, de la citada ley; lo cual impide a esta Juzgadora a realizar pronunciamiento alguno en torno a los conceptos de violación que hizo valer la parte quejosa. Lo anterior tiene apoyo en la Jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 49, del tomo 24 tercera parte, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo expuesto y fundado, y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se: R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por RAFAEL DOMINGO BRICEÑO PINZÓN, contra el acto que reclamó del Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, turno vespertino, con sede en esta ciudad, consistente en la resolución de noviembre de dos mil veintiuno; por las razones expuestas en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe, hasta hoy, veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, fecha en que lo permitieron las labores de este Juzgado. Doy fe.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Mérida, Yucatán, a las DIEZ HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL DOCE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS, día y hora señalada para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo III.2520/2021-A, promovido por RAFAEL DOMINGO BRICEÑO PINZÓN, estando en audiencia pública Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe, procede a celebrarla sin la asistencia de las partes. La Jueza declara abierta la audiencia. La Secretaria hace relación de la demanda y demás constancias de autos y da cuenta con el informe justificado rendido por el Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, el cual obra agregado a los presentes autos. Acto seguido, la Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido en tiempo y forma el informe justificado de la autoridad responsable antes señalada, para que sea tomados en consideración como corresponda. Abierto el período de pruebas, la Secretaria hace relación de las documentales que anexó la autoridad responsable con su informe justificado, así como las pruebas instrumental de actuaciones y la presuncional en su aspecto legal y humano, que la parte quejosa ofreció al momento de promover su demanda de amparo, en mérito de lo cual, la Jueza acuerda: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por admitidas las pruebas de mérito, las que se desahogan en virtud de su propia y especial naturaleza. En el período de alegatos, se hace constar que ninguna de las partes ejerció su derecho a realizar alegaciones, por lo que se cierra dicha etapa. A continuación, no habiendo otro asunto pendiente que desahogar, al haberse agotado la audiencia en los términos antes señalados, quedan vistos los autos para emitir la sentencia correspondiente. Doy fe. KARLA ALEXANDRA DOMÍNGUEZ AGUILAR Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán (firma electrónica) PAMELA MEDINA SÁNCHEZ Secretaria de Juzgado. (firma electrónica)
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