Rafael Arturo Cuenca Dardon
Expediente 1538/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de enero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1538/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 18/01/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Rafael Arturo Cuenca Dardon
Actuaciones
- Principal
II. Agréguese a estos autos el oficio 92/2019, signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito en el Estado, mediante el cual informa que en proveído de dieciséis de enero del año en curso, fue aceptada la competencia declinada por este Juzgado, para conocer del juicio de amparo número II-1538/2018 promovido por RAFAEL ARTURO CUENCA DARDON. Háganse las anotaciones de rigor en el libro respectivo. Atento a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como asunto totalmente concluido. Por otra parte, y a efecto de dar cumplimiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente expedientillo, carece de relevancia documental en términos de lo establecido en el punto Décimo primero del Capítulo Tercero del Acuerdo antes citado, así como de documentos originales; por tanto, realícese la anotación que corresponde en la carátula del mismo. Asimismo, toda vez que el presente expedientillo de mérito se encuentra en la hipótesis establecida en la fracción II del punto referido, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del primer párrafo del punto Vigésimo primero del acuerdo antes citado. Finalmente, en cuanto al valor jurídico, no lo tiene el presente juicio de amparo.
- Principal
MESA II.Vista la demanda de amparo promovida por promovida por Rafael Arturo Cuenca Dardon, con cinco copias y sin anexo, contra los actos que reclama de la Sala Regional Peninsular del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en esta ciudad, mediante el cual reclama: Del Magistrado Instructor de la Sala Regional Peninsular del Tribunal Federal de Justicia Administrativa con sede en esta ciudad, el acuerdo de trece de julio del dos mil dieciocho, dictado dentro del expediente 667/18-16-01-6, en que se determinó desechar la demanda de nulidad de origen por considerarla improcedente. De la Sala Regional Peninsular del Tribunal Federal de Justicia Administrativa con sede en esta ciudad, la resolución de cinco de noviembre de dos mil dieciocho, dictada dentro del expediente 667/18-16-01-6, en el que se confirmó el acuerdo emitido por el Magistrado Instructor de la Sala Regional Peninsular del Tribunal Federal de Justicia Administrativa con sede en esta ciudad, en el que se tuvo desechada la demanda de nulidad de origen. Por tanto, este resolutor federal considera que carece de competencia legal para conocer de éste asunto, por estimar que ésta se surte a favor del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en turno del Decimocuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, por tratarse el acto reclamado de una resolución que sin decidir el fondo de la instancia pone fin a juicio, entendiéndose por esto las que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido, como lo es en el caso el desechamiento de la demanda de nulidad. En ese sentido, de una recta intelección de los artículos 33, fracción II, 34, 47 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, se colige que tratándose de las sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio en lo principal, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, procederá el amparo directo ante los Tribunales Colegiados de Circuito. Es aplicable al caso, el criterio del Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, visible en la página 332, del tomo 217-228, sexta parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, que expone: "INCOMPETENCIA DE JUECES DE DISTRITO, DEBEN DECLARAR SU, Y NO SOBRESEER EN EL JUICIO CUANDO ESTIMAN QUE LA VÍA PARA COMBATIR EL ACTO RECLAMADO ES EL AMPARO DIRECTO. De una manera incongruente el Juez de Distrito sobreseyó en el juicio de garantías en términos del artículo 74, fracción III, en relación con el 73, fracción XVIII y 158 de la Ley de Amparo, pues si estimó que la vía para combatir el acto reclamado era la del amparo directo y no la del indirecto como se intentó por el quejoso, debió actuar en concordancia a lo previsto por el artículo 49 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, esto es, declararse incompetente de plano y ordenar la remisión de la demanda al presidente de la Suprema Corte de Justicia o al Tribunal Colegiado de Circuito, según corresponda, en virtud de que la cuestión competencial es un presupuesto procesal de orden público." Así como la diversa jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con número de registro 185437 del rubro y texto siguientes: "CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL JUICIO AGRARIO. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL UNITARIO QUE LA DECRETA, ES PROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. De la interpretación sistemática de los artículos 103, fracción I y 107, fracción V, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o., fracción I, 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo; y 37, fracción I, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se concluye que el amparo directo de la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito es procedente contra la resolución que declara la caducidad por inactividad procesal en términos del artículo 190 de la Ley Agraria, en virtud de que ese acto importa la emisión de una resolución que pone fin al juicio sin decidirlo en lo principal, dictada por un tribunal administrativo, como lo es un Tribunal Unitario Agrario, respecto de la cual, las leyes comunes no conceden recurso ordinario alguno por el que dicha resolución pueda ser modificada o revocada, de manera que en ese supuesto resultará improcedente el recurso de revisión en materia agraria contenido en el numeral 198 de la Ley Agraria, e inaplicable la hipótesis de inejercitabilidad de la acción constitucional relativa prevista en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo." En mérito de lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 33, fracción II, 34, 47 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional se declara legalmente incompetente para conocer de la presente demanda de amparo, consecuentemente, fórmese cuaderno de antecedentes y remítase de inmediato la demanda de amparo de que se trata a la oficina de correspondencia común de los Tribunales Colegiados de Circuito, con residencia en esta ciudad, para los efectos legales conducentes. Asimismo, se solicita al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en turno acuse recibo del mismo.
- Principal
MESA II.Vista la demanda de amparo promovida por promovida por Rafael Arturo Cuenca Dardon, con cinco copias y sin anexo, contra los actos que reclama de la Sala Regional Peninsular del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en esta ciudad, mediante el cual reclama: Del Magistrado Instructor de la Sala Regional Peninsular del Tribunal Federal de Justicia Administrativa con sede en esta ciudad, el acuerdo de trece de julio del dos mil dieciocho, dictado dentro del expediente 667/18-16-01-6, en que se determinó desechar la demanda de nulidad de origen por considerarla improcedente. De la Sala Regional Peninsular del Tribunal Federal de Justicia Administrativa con sede en esta ciudad, la resolución de cinco de noviembre de dos mil dieciocho, dictada dentro del expediente 667/18-16-01-6, en el que se confirmó el acuerdo emitido por el Magistrado Instructor de la Sala Regional Peninsular del Tribunal Federal de Justicia Administrativa con sede en esta ciudad, en el que se tuvo desechada la demanda de nulidad de origen. Por tanto, este resolutor federal considera que carece de competencia legal para conocer de éste asunto, por estimar que ésta se surte a favor del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en turno del Decimocuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, por tratarse el acto reclamado de una resolución que sin decidir el fondo de la instancia pone fin a juicio, entendiéndose por esto las que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido, como lo es en el caso el desechamiento de la demanda de nulidad. En ese sentido, de una recta intelección de los artículos 33, fracción II, 34, 47 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, se colige que tratándose de las sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio en lo principal, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, procederá el amparo directo ante los Tribunales Colegiados de Circuito. Es aplicable al caso, el criterio del Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, visible en la página 332, del tomo 217-228, sexta parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, que expone: "INCOMPETENCIA DE JUECES DE DISTRITO, DEBEN DECLARAR SU, Y NO SOBRESEER EN EL JUICIO CUANDO ESTIMAN QUE LA VÍA PARA COMBATIR EL ACTO RECLAMADO ES EL AMPARO DIRECTO. De una manera incongruente el Juez de Distrito sobreseyó en el juicio de garantías en términos del artículo 74, fracción III, en relación con el 73, fracción XVIII y 158 de la Ley de Amparo, pues si estimó que la vía para combatir el acto reclamado era la del amparo directo y no la del indirecto como se intentó por el quejoso, debió actuar en concordancia a lo previsto por el artículo 49 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, esto es, declararse incompetente de plano y ordenar la remisión de la demanda al presidente de la Suprema Corte de Justicia o al Tribunal Colegiado de Circuito, según corresponda, en virtud de que la cuestión competencial es un presupuesto procesal de orden público." Así como la diversa jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con número de registro 185437 del rubro y texto siguientes: "CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL JUICIO AGRARIO. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL UNITARIO QUE LA DECRETA, ES PROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. De la interpretación sistemática de los artículos 103, fracción I y 107, fracción V, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o., fracción I, 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo; y 37, fracción I, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se concluye que el amparo directo de la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito es procedente contra la resolución que declara la caducidad por inactividad procesal en términos del artículo 190 de la Ley Agraria, en virtud de que ese acto importa la emisión de una resolución que pone fin al juicio sin decidirlo en lo principal, dictada por un tribunal administrativo, como lo es un Tribunal Unitario Agrario, respecto de la cual, las leyes comunes no conceden recurso ordinario alguno por el que dicha resolución pueda ser modificada o revocada, de manera que en ese supuesto resultará improcedente el recurso de revisión en materia agraria contenido en el numeral 198 de la Ley Agraria, e inaplicable la hipótesis de inejercitabilidad de la acción constitucional relativa prevista en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo." En mérito de lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 33, fracción II, 34, 47 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional se declara legalmente incompetente para conocer de la presente demanda de amparo, consecuentemente, fórmese cuaderno de antecedentes y remítase de inmediato la demanda de amparo de que se trata a la oficina de correspondencia común de los Tribunales Colegiados de Circuito, con residencia en esta ciudad, para los efectos legales conducentes. Asimismo, se solicita al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en turno acuse recibo del mismo.
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