Rafael Díaz Leal Barrueta

Expediente 674/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 23 actuaciones registradas, la última del 19 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
674/2021
Año
2021
Actuaciones
23
Última actuación
19/05/2023

Partes del expediente

  • Rafael Díaz Leal Barrueta

Actuaciones

Las 4 más recientes de 23.

  1. Principal

    MESA IV. Toluca, Estado de México, diecinueve de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos del presente juicio, se advierte que en proveído de veintiséis de julio de dos mil veintidós, se remitió al archivo el presente juicio de amparo, sin que hubiese sido notificada la autoridad responsable Magistrada Titular del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 10, con residencia en Tlanepantla de Baz, Estado de México; en consecuencia, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se regulariza el procedimiento en el presente juicio constitucional, y se comisiona al actuario judicial adscrito a efecto de que notifique por medio de oficio a la autoridad responsable, el auto antes citado. Cúmplase.

  2. Principal

    MESA V. Toluca, Estado de México, veintiséis de julio de dos mil veintidós. Visto el estado de autos del presente juicio, así como la certificación de cuenta, se aprecia que la parte quejosa no hizo valer el recurso que contempla el artículo 202 de la Ley de Amparo, en contra del proveído de dieciséis de mayo de dos mil veintidós, mediante el cual, se declaró por cumplida la ejecutoria dentro del presente sumario constitucional; en consecuencia, se decreta que dicho auto ha causado estado. En ese sentido, del estado de autos se advierte que el presente sumario constitucional se encuentra debidamente integrado; por tanto, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Luego, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el artículo 8, fracción I, del citado Acuerdo, corresponde a la clasificación de expedientes de trámite. b) En términos del artículo 18 del referido acuerdo el cuaderno principal es depurable, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I, inciso b), de dicho numeral, al ser un juicio de amparo en el que se concedió la Protección de la Justicia Federal. c) El cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de depuración, de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso a), toda vez que se negó y concedió la suspensión provisional, así como la definitiva. d) El duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, una vez que se cumplan seis meses de archivo como asunto concluido, pues existe el original, esto, en términos del artículo 20, fracción II, inciso a), de dicho Acuerdo. e) A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad con la fracción I, del artículo 8 del Acuerdo en comentario, el presente expediente y el original del incidente permanecerán en el archivo de este órgano de control de la constitucionalidad durante el lapso de tres años y, posteriormente, con base en el artículo 24 del multicitado Acuerdo, se procederá a su destrucción. De conformidad, con el artículo 35 del citado Acuerdo General se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes. Notifíquese.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, cuatro de julio de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta, mediante el cual la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Diez, rinde su informe justificado al presente sumario constitucional y para acreditar su dicho remite copias certificadas de la totalidad de las constancias que integran el expediente agrario 437/2012, constantes de cuatro tomos. Atento a lo anterior, y vista a la certificación de cuenta, se advierte que dado que no se tiene registro que en el juicio de amparo 674/2021 del índice de este Juzgado de Distrito tenga relación con el quejoso Rogelio Méndez Dorantes apoderado legal del Instituto Mexiquense de la Vivienda Social o algún juicio de amparo tramitado en este órgano jurisdiccional; por tanto, previa copia certificada que obre en autos, devuélvase el mismo a la autoridad oficiante, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, se faculta al secretario adscrito para que en uso de sus atribuciones firme el oficio derivado del presente acuerdo.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México, dieciséis de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que feneció el plazo de tres días concedido a la parte quejosa en proveído de veinticinco de abril del año en curso, para que manifestara lo que a su derecho conviniera con la forma en que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procede a realizar el estudio de las constancias que integran este juicio para verificar el cumplimiento del fallo protector. Es aplicable, por analogía, la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito publicada con el número 247, en las páginas 203 y 204, de la actualización 2002, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, que establece: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE, EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." En principio, es de puntualizarse que el acto reclamado se hizo consistir en: El acuerdo dictado el dieciocho de junio de dos mil veintiuno, dentro del juicio agrario número 437/2012, del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Diez, en el cual impone una multa al quejoso, así como su ejecución. Previa substanciación del juicio de amparo, el catorce de diciembre de dos mil veintiuno, se emitió la sentencia correspondiente, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso Rafael Díaz Leal Barrueta para los siguientes efectos: ".que el tribunal responsable, una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, realice lo siguiente: 1. Deje insubsistente el acuerdo dictado el dieciocho de junio de dos mil veintiuno, en los autos del expediente 437/2012 de su índice, únicamente con relación a la multa impuesta al quejoso en su carácter de Secretario de Desarrollo Urbano y Obra del Estado de México, así como los actos tendentes a su ejecución. 2. Dicte otra determinación, con plenitud de jurisdicción, que podrá ser en el mismo o diverso sentido, pero de ser en el mismo, deberán purgarse los vicios formales apuntados en la parte considerativa de esta sentencia." El ocho de abril de la presente anualidad, causó ejecutoria el referido fallo protector y se requirió a la autoridad responsable, su cumplimiento. Posteriormente, el veinticinco de abril pasado, la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 10 en Tlalnepantla de Baz, Estado de México, mediante oficio con número TUA.DTO.10/UAJ/431/2012, comunicó el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio, adjuntando para acreditar su dicho remitió copia certificada del acuerdo pronunciado el veinte de abril del año en curso dictado dentro del expediente TUA.DTO.10°/437/2012 de su índice, del que se advierte que dejó insubsistente el acuerdo de dieciocho de junio de dos mil veintiuno, en los autos del expediente 437/2012, y en su lugar dictó uno diverso, de acuerdo a las consideraciones expuestas en la sentencia emitida por este órgano jurisdiccional; constancias que por ser documentos públicos tienen valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo. De lo anterior, se advierte que la autoridad responsable cumplió con la directriz de la concesión del amparo. Así pues, del análisis comparativo entre lo resuelto en la ejecutoria de amparo y la conducta desplegada por la responsable al respecto de aquélla, se concluye que en el caso particular se ha dado cumplimiento al fallo protector, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, y consecuentemente, se colige que se ha restituido a la parte quejosa Rafael Díaz Leal Barrueta en el goce de sus derechos humanos transgredidos, lo que constituye el fin último de la ejecutoria de amparo; por lo tanto, toda vez que la autoridad responsable no incurrió en defecto, al acatar los efectos de la sentencia amparadora; así como tampoco incurrió en exceso, ya que no se extralimitó de lo expresamente solicitado; por tanto, se declara cumplida la sentencia. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 301 del Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de 2009, Novena Época, materia común, con número de registro 165807, que establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Hágase del conocimiento a la parte quejosa la presente determinación, para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo, previas anotaciones en el libro de gobierno, quedando a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía y forma que considere convenientes.

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