Rafael Caro Quintero

Expediente 1480/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1480/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
11/10/2023

Partes del expediente

  • Rafael Caro Quintero

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, once de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el auto de veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, por el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la primera ley invocada, se declara que ese proveído ha causado estado; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Luego, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el artículo 8, fracción I, del citado Acuerdo, corresponde a la clasificación de expedientes de trámite. b) En términos del artículo 14, fracción III, y 20 del referido acuerdo el presente expediente es destruible, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción II, de dicho numeral, al ser un juicio de amparo en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo. c) A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que, de conformidad con el primer párrafo, del artículo 20, del Acuerdo en comento, el presente expediente será destruido una vez que cumpla tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. De conformidad, con el artículo 34 del citado Acuerdo General se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, ténganse por recibidos los oficios de cuenta, a través de los cuales, con el primero, el Subjefe Jurídico Contencioso y de Amparo de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Defensa Nacional por ausencia temporal del jefe de la misma, en representación del General Secretario de la Defensa Nacional, rinde informe sobre la suspensión de oficio y de plano, al presente expediente; asimismo, designa delegados. Atento a lo anterior, este Juzgado queda enterado del cumplimiento dado por la referida autoridad a la citada medida cautelar y de conformidad con el artículo 9 de la ley de la materia, se tienen como delegados a las personas que refiere. Por otra parte, con el oficio 27008/2023 dirigido al Comandante de la Guardia Nacional, del que se aprecia que, en la etiqueta de visita y control está marcado el recuadro "D01 Cambio de domicilio" con la leyenda "Cambio de Domicilio". En ese sentido, en obvio de mayores dilaciones procesales, se comisiona al Actuario Judicial adscrito a este órgano federal, a fin de que reenvíe el oficio de mérito a su lugar de destino, con el domicilio correcto. Por otra parte, vista la razón de imposibilidad del día de la fecha, asentada por la actuaria judicial de la adscripción, de la que se advierte la imposibilidad que tuvo de notificar el auto de veinticinco de septiembre pasado, al quejoso Rafael Caro Quintero, toda vez que fue informada que dicho peticionario fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano". Atento a lo anterior, se comisiona a cualquiera de los fedatarios adscritos, a fin de que se constituya en el Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", para que ante la presencia judicial y en el acto de la notificación del presente proveído manifieste si ratifica el contenido y firma del ocurso con folio 14928; apercibido que de ser omiso al respecto, se tendrá por no presentado tal escrito y se hará efectivo el apercibimiento formulado en el auto inicial. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 202, emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, impresa en la página 165 del Tomo VI, Materia Común del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, del tenor: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS, DEBE MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA. Cuando un escrito presente una firma que sea notoriamente distinta de la que ya obra en autos, debe mandarse reconocerla, con fundamento en el artículo 30 de la Ley de Amparo, advirtiéndose al ocursante de los delitos en que incurren quienes declaran con falsedad ante la autoridad, así como del contenido del artículo 211 de la Ley de Amparo y después se dictará el acuerdo que corresponda, con vista a la propia diligencia de reconocimiento. Es importante distinguir que la firma notoriamente diferente, no equivale a la falta de firma, pues ambas son hipótesis distintas".

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la notificación personal de veintiuno de septiembre del año en curso, signada por la actuaria judicial adscrita, se aprecia que el quejoso Rafael Caro Quintero manifestó lo siguiente: "No la ratifica, pero desea ver a los abogados y familia" De lo anterior se toma conocimiento y respecto a la manifestación del quejoso relativa a ver a sus abogados y su familia no se realiza mayor pronunciamiento, en atención a que dicha petición no está vinculada con los actos reclamados. Por otra parte, se levanta la reserva de veintiuno de septiembre de este año y en atención a la certificación de cuenta, con fundamento en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se autoriza la consulta del expediente electrónico con el usuario "JMGLEZ75", así como la práctica de notificaciones por ese medio. Asimismo, se tiene por autorizado para recibir notificaciones a Nelson González Gómez, en virtud de que no existe manifestación expresa de que se faculte en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo. En diverso orden, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibidos los oficios de cuenta (ambos con anexos), a través de los cuales, la Coordinadora Estatal de Amparo, en suplencia por ausencia del Delegado de la Fiscalía General de la República en el Estado de México, y por la Directora y Encargada de vigilancia del Centro Médico Lic. Adolfo López Mateos, informan el cumplimiento a la suspensión de plano y de oficio, y al respecto la primera remite el oficio FGR/C.AMPARO/0790/2023 con sello de recibo de las diversas áreas de la Delegación Estatal, por medio de los cuales hizo del conocimiento los efectos de la suspensión de plano. Ahora bien, respecto del segundo oficio, las autoridades pertenecientes al hospital "Lic. Adolfo López Mateos", remiten los resúmenes clínicos de fecha veintiuno y veintidós de septiembre del año en curso, el primero signado por el doctor Daniel Alejandro Montoya Reyes, y el segundo por el doctor Eddy Gabriel Muñoz Lumbreras, en los que informan el estado de salud del aquí quejoso Rafael Caro Quintero, y la probable fecha de alta médica, la cual está sujeta al restablecimiento de su estado de salud y respecto del traslado informan que no es competencia de esa Unidad Médica, circunstancias de las que se toma conocimiento. Tocante al escrito de cuenta; a través del cual, aparentemente el quejoso Rafael Caro Quintero, ratifica el contenido del ocurso recibido el veintiuno de septiembre de la presente anualidad y registrado con el número de folio 14806, téngase por recibido. No obstante lo anterior, toda vez que la firma que calza en el escrito que se atiende, difiere de la que obra en autos; se comisiona a cualquiera de los fedatarios adscritos, a fin de que se constituya en el Centro Médico Lic. Adolfo López Mateos y requiera a Rafael Caro Quintero, para que ante la presencia judicial y en el acto de la notificación del presente proveído o dentro de los tres días siguientes manifieste si ratifica el contenido y firma del ocurso de cuenta, con folio 14928; apercibido que de ser omiso al respecto, se tendrá por no presentado dicho ocurso y se hará efectivo el apercibimiento formulado en el auto inicial. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 202, emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, impresa en la página 165 del Tomo VI, Materia Común del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, del tenor: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS, DEBE MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA. Cuando un escrito presente una firma que sea notoriamente distinta de la que ya obra en autos, debe mandarse reconocerla, con fundamento en el artículo 30 de la Ley de Amparo, advirtiéndose al ocursante de los delitos en que incurren quienes declaran con falsedad ante la autoridad, así como del contenido del artículo 211 de la Ley de Amparo y después se dictará el acuerdo que corresponda, con vista a la propia diligencia de reconocimiento. Es importante distinguir que la firma notoriamente diferente, no equivale a la falta de firma, pues ambas son hipótesis distintas".

  4. Principal

    Toluca, Estado de México, veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por Juan Manuel González Gómez, quien refiere ser defensor particular del quejoso ********************, contra actos del Director del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano" en Almoloya de Juárez y otras autoridades; fórmese expediente físico y electrónico y regístrese en el libro de gobierno correspondiente como amparo indirecto 1480/2023-I. Ahora bien, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario determinar de forma clara y precisa el acto reclamado para que la sentencia que en su caso se emita resulte congruente, por lo cual también es requisito que las autoridades sepan desde el auto admisorio qué es lo que en realidad pretende controvertir la parte promovente. Por lo que, de un análisis integral de la demanda de amparo, permite a este juzgador advertir que la pretensión de la parte promovente está encaminada a reclamar el acto que se hace consistir en: La orden de traslado del quejoso **** del Centro Médico Lic. Adolfo López Mateos al Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano" en Almoloya de Juárez, sin que se haya restablecido de la cirugía urológica de la cual convalece. Así las cosas, con respecto al acto reclamado, si bien es cierto que no encuadra de manera expresa dentro de los supuestos que al efecto contempla el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no menos cierto es, que al estar inmerso el estado de salud del quejoso que, incluso, pudiera tener consecuencias irreversibles en su salud o la pérdida de su vida, se considera que el acto aquí reclamado es materia de suspensión de plano. Por tanto, con fundamento en los artículos 125, 126 y 147, párrafo segundo, todos de la Ley de Amparo se concede la suspensión de plano y de oficio, para el efecto de que no se realice el traslado del quejoso hasta en tanto el área médica del Hospital Adolfo López Mateos así lo autorice; conforme a los datos que se obtengan de su expediente médico, así como de los padecimientos y condición del aquí quejoso; quedando bajo la estricta responsabilidad de las autoridades responsables, la integridad física del mismo, y por tanto, si el traslado de que se trata ya se efectuó, esta suspensión de plano no surtirá efecto alguno. Sirve de apoyo, la Jurisprudencia I. 3o. A. J/7, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 951, tomo III, Segunda Parte-2, Enero a Junio de 1989 del Semanario Judicial de la Federación que dice: "SUSPENSIÓN DE OFICIO, CORRESPONDE AL JUZGADOR FEDERAL DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA. Constituyendo la suspensión de oficio una medida de carácter excepcional, autorizada en atención a la urgencia y gravedad del caso, la suspensión que llegare a decretarse en términos de la fracción I, del artículo 123 de la Ley de Amparo, únicamente surtiría efectos respecto de los actos que directamente pudieran causar al quejoso algunas de las lesiones descritas en la norma, es decir, que directamente pusieran en peligro su vida, permitieran su destierro, su deportación o la imposición de penas prohibidas por el artículo 22 constitucional, lo cual implica que es el juzgador federal como órgano encargado de aplicar las normas del juicio de amparo, quien debe siempre y en todo caso examinar si entre los hechos denunciados por el quejoso y los resultados dañinos temidos por éste, existe una relación de causalidad tal que justifique la adopción de la medida cautelar. En este orden de ideas, si bien es cierto que al momento de presentar la demanda y solicitar la suspensión de plano en la mayoría de los casos el quejoso no está en aptitud de acompañar las pruebas necesarias para acreditar de manera fehaciente la existencia o inminencia de los actos reclamados, también es cierto que, es al juzgador federal a quien corresponde analizar (valiéndose incluso únicamente de las manifestaciones del demandante), si la realización de los actos reclamados por el quejoso tendrían como consecuencia directa, obligada o forzosa, la privación de su vida, su destierro, deportación o la imposición en su perjuicio de penas prohibidas por la Constitución, surtiéndose así la procedencia de la suspensión de oficio en términos del artículo 123 de la Ley de Amparo." Lo anterior comuníquese de inmediato por oficio a las autoridades señaladas como responsables para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. Asimismo, hágase del conocimiento de las responsables que la violación a estas medidas suspensionales, serán sancionadas conforme a lo dispuesto en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, es decir, se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos. Se previene a dichas autoridades para que en el término de veinticuatro horas, informen acerca de la forma y términos en que haya dado cumplimiento a esta suspensión de plano, agregando a dicho informe copia certificada de las constancias respectivas, a fin de acreditar su dicho; en el entendido de que si al rendirlo afirmaren una falsedad o negaren la verdad, en todo o en parte, serán sancionadas en los términos señalados en el Título Quinto, Capítulo II de la Ley de Amparo. La determinación antes descrita, encuentra sustento en el hecho de que el Juzgador Federal como órgano encargado de aplicar las normas del juicio de amparo, debe siempre y en todo caso examinar si entre los hechos denunciados por la parte promovente y los resultados dañinos temidos por ésta, existe una relación de causalidad tal que justifique la adopción de la medida cautelar, como en el caso acontece, pues el acto reclamado se hace consistir en la orden de traslado del quejoso ********************del Centro Médico Lic. Adolfo López Mateos al Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano" en Almoloya de Juárez, sin que se haya restablecido de la cirugía urológica de la cual convalece, encuadra en las hipótesis previstas en el artículo 22 Constitucional. Por otro lado, con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo, se comisiona a cualquiera de los fedatarios adscritos, a fin de que se constituya en el Centro Médico Lic. Adolfo López Mateos y requiera a ********************, para que ante la presencia judicial y en el acto de la notificación del presente proveído o dentro de los tres días siguientes, manifieste si ratifica o no la demanda promovida en su favor. Es pertinente especificar que si no ratifica el escrito de demanda, entonces las providencias dictadas en el cuerpo del presente proveído quedarán automáticamente sin efectos y se tendrá por no presentada, en términos del citado artículo 15 de la ley de la materia. Por su parte, se reserva acordar lo conducente respecto a lo que hace al domicilio, autorizado y usuario electrónico que refiere en la demanda, hasta en tanto el directamente agraviado cumpla con el requerimiento formulado en el presente proveído. Con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el Presidente de la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. En términos del artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia, se ordena habilitar días y horas inhábiles para la realización de las futuras notificaciones relativas a este juicio. Se faculta a la secretaria adscrita a este Juzgado de Distrito para que, en virtud de sus atribuciones, firme todos los oficios y comunicaciones derivadas del sumario actual. Finalmente, en términos del artículo 263, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aludido, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea.

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