Rafael Celis Perrusquia

Expediente 1893/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1893/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
29/12/2022

Partes del expediente

  • Rafael Celis Perrusquia

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; veintinueve de diciembre de dos mil veintidós. CAUSA ESTADO. Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que la parte quejosa no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el acuerdo de nueve de diciembre de dos mil veintidós, mediante el cual se desechó la demanda de amparo; con fundamento en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia en cita, se declara que dicho proveído ha causado estado. ANOTACIONES Y ARCHIVO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese como asunto concluido. Ahora bien, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que: 1. El presente asunto es susceptible de destrucción, pues se desechó la demanda que dio origen al presente juicio (artículo 21, inciso b, del acuerdo en cita). 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 21 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años contados a partir de la presente orden de archivo, ya que después de este lapso, éste órgano de control constitucional procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Por otra parte, se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará físicamente al archivo el expediente en que se actúa. Una vez que ocurra lo anterior, comisiónese a la Secretaria encargada de la mesa, para que revise y certifique si las constancias de autos coinciden con las del expediente electrónico, en términos del artículo 35 del referido acuerdo. Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese.

  2. Principal

    MESA VII Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguese al expediente electrónico y físico para los efectos legales conducentes, el oficio de cuenta suscrito por el Jefe de Oficina de Correspondencia Común B adscrito a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México con residencia en Toluca, por medio del cual informa que la demanda que dio origen al juicio de amparo en que se actúa, quedó registrada con número de orden 202208180332100780, y remite la impresión de la boleta de turno que acredita tal circunstancia; de lo que este órgano jurisdiccional toma conocimiento para los efectos legales conducentes. En consecuencia, se ordena glosar la misma al inicio del expediente en el que se actúa, a fin de que obre como corresponda. Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese.

  3. Principal

    MESA VII (AVISO) SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEIDO DE NUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDOS QUE REFIERE LO SIGUIENTE: Toluca, Estado de México; nueve de diciembre de dos mil veintidós.****************************************Visto lo de cuenta, y con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguese al expediente electrónico y físico para los efectos legales procedentes, el oficio signado por el Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, por medio del cual remite por conocimiento previo el juicio de amparo indirecto ******************** de su índice, promovido por ********************por propio derecho y en representación de su menor hijo de identidad reservada de iniciales ********************contra actos del Juez Primero Civil de Tenango del Valle, Estado de México y otra autoridad.****************************************PRECISIÓN ESPECIAL. Se instruye al personal adscrito a este Juzgado, a fin de que el nombre e iniciales del menor involucrado en la presente controversia, sean omitidos con el objeto de resguardar su privacidad, en cumplimiento a los puntos 9 y 10, capítulo III, de las Reglas de Actuaciones Generales, contenidos en el Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en caso de que afecten Niños, Niñas y Adolescentes, elaborado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitido en febrero de dos mil doce.****************************************ACUSA RECIBO. En ese entendido, ténganse por recibido el original del juicio de juicio de amparo ******************** del índice del Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. ****************************************REGISTRO DE DEMANDA. Fórmese expediente físico y electrónico, háganse las anotaciones en el libro de gobierno así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, regístrese bajo el número 1893/2022-VII.****************************************SE AVOCA AL CONOCIMIENTO. En esas condiciones, en términos del artículo 48, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito se avoca al conocimiento del asunto, por tanto, acúsese recibo, háganse las anotaciones respectivas tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.****************************************VISTA A LAS PARTES DE RADICACIÓN DEL PRESENTE ASUNTO. Hágase del conocimiento de las partes que a partir de esta fecha este órgano de control constitucional asume el conocimiento del juicio de amparo ********************-II-D del índice del Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México.****************************************CONVALIDACIÓN DE ACTUACIONES. Por lo que respecta a todas las actuaciones realizadas en el juicio de amparo ******************** del índice del Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, se tienen por convalidadas todas y cada una de dichas actuaciones al presente sumario constitucional.****************************************DESECHAMIENTO. Luego, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de cuenta, es menester precisar que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda.****************************************Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes.****************************************Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, aprobada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece:****************************************"DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes.****************************************De la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama:****************************************El acuerdo dictado el treinta y uno de octubre de dos mil veintidós, en el expediente ******************** del índice del Juzgado Primero Civil de Tenango del Valle, Estado de México.****************************************Ahora bien, el suscrito advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 217, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: ***************************************Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:********************(.) ********************XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley****************************************A su vez, el numeral 217, del citado ordenamiento establece:***************************************Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. ********************La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. ********************La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. ********************La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna."****************************************Luego, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció jurisprudencia en el sentido de que el juicio de amparo es improcedente contra actos derivados de actos consentidos, tal como se observa de la diversa VI. 2o. J/99, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, Febrero de 1991, página 96, de la Octava Época, que dice:****************************************"ACTOS DERIVADOS DE OTROS CONSENTIDOS, IMPROCEDENCIA. El amparo es improcedente cuando se endereza en contra de actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos."****************************************Al respecto, cabe precisar que, por acto derivado de otro consentido, se debe entender, para efectos del juicio de amparo, como aquel que es consecuencia legal y necesaria del primero y lleva implícito o comprendido a este último; esto es, los actos derivados de otros consentidos son acciones u omisiones de la autoridad que por su propia naturaleza, fueron precedidos de otros, los cuales, en su momento, la propia parte quejosa consintió, pues, a pesar del evidente perjuicio ocasionado, omitió controvertirlos en su momento correspondiente.****************************************En ese orden de ideas, para que opere dicha causa de improcedencia, resulta necesario:****************************************a) La existencia de un acto anterior y que éste hubiere sido consentido; y,********************b) La existencia de un acto posterior que sea consecuencia legal, directa o forzosa del primero.****************************************Lo que se infiere de la tesis con número de registro 232011, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 217-228, Primera Parte, página 9 de la Séptima Época, cuyo tenor literal es:****************************************"ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. SUPUESTOS PARA QUE OPERE ESA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. De acuerdo con la jurisprudencia número 19 contenida en la página 38 de la Octava Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, los supuestos para que opere la causal de improcedencia cuando el amparo se endereza contra actos derivados de otros consentidos son, la existencia de un acto anterior consentido y la existencia de un acto posterior que sea una consecuencia directa y necesaria de aquél."****************************************Esto es, el juicio de amparo es improcedente cuando se endereza contra actos que no son sino una consecuencia de otro que la ley reputa como consentido; es decir, que entre el acto reclamado y el anterior que se consintió, exista una relación de causa y efecto; o sea, que se traduzca en una consecuencia legal, forzosa o directa del primer acto de autoridad.****************************************El consentimiento existe por el inejercicio del derecho de impugnación destinado a promover algún medio de defensa en contra del acto de autoridad; es decir, por la falta de interposición de los recursos previstos en la ley, o en su caso del juicio de amparo, toda vez que son éstos los que legalmente pueden impedir la firmeza de aquellos actos, ya que constituyen los medios jurídicamente eficaces para revocarlos, modificarlos o dejarlos insubsistentes, y por la misma razón, es solamente la interposición de tales recursos o medios de defensa, los que sirven como expresión objetiva de la inconformidad del interesado, susceptible de ser tomada en cuenta como demostración de la falta de consentimiento.****************************************La justificación de esta causa de improcedencia radica en que el juicio de amparo no puede ser el remedio extraordinario para analizar la constitucionalidad de un acto de autoridad, cuyo antecedente necesario no fue impugnado por el gobernado mediante el juicio de amparo, o de hacerlo, se consintió su terminación, que no constituyó la concesión o negativa del amparo, ya que suponer lo contrario, implicaría dejar al quejoso ante la posibilidad de promover el amparo en contra del acto posterior, aun cuando su situación jurídica sea la misma que frente al primer acto del procedimiento.****************************************En el caso, la parte quejosa señala como acto reclamado el auto de acuerdo dictado el treinta y uno de octubre de dos mil veintidós, en el expediente ******************** del índice del Juzgado Primero Civil de Tenango del Valle, Estado de México, a través del cual el juez responsable le hizo del conocimiento al ahora quejoso que su solicitud había sido acordada en la fecha y hora en que se celebró la audiencia de diálogo (veinticuatro de octubre de dos mil veintidós), sin que existiera necesidad de reiterarle las razones lógico jurídicas que tuvo para modificar el régimen de visitas y convivencia entre el menor de identidad reservada de iniciales ********************y su progenitora, y que al haber estado presente en la audiencia de mérito, tuvo pleno conocimiento de su contenido.****************************************No obstante, el quejoso no impugnó lo determinado en la audiencia de diálogo de veinticuatro de octubre del año en curso, mediante la cual el juez responsable modificó el régimen de visitas y convivencias entre el menor de iniciales ********************y su progenitora; por tanto, se advierte que se actualiza el primero de los supuestos para que se actualice la causal de improcedencia en estudio.****************************************De igual forma, se demuestra el segundo de los requisitos, consistente en que el acto aquí reclamado es una consecuencia legal directa del anterior, pues en lo determinado en la audiencia de diálogo de veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, la autoridad responsable determinó modificar el régimen de visitas y convivencias entre el menor de iniciales ********************y su progenitora, precisando que la entrega recepción sería de tránsito en el Centro de Convivencias de esta ciudad.****************************************Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis III.1o.A.11 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, Tomo III, Mayo de 1996, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, página 582 de la Novena Época, de rubro y texto siguientes:****************************************"ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS, RAZÓN DE SU IMPROCEDENCIA. El artículo 73 de la Ley de Amparo, señala: "El juicio de amparo es improcedente: ... XVIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley." Ahora bien, las fracciones XI y XII del dispositivo en comento, previenen que el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos expresa o tácitamente; por ello, lógica y jurídicamente, debe estimarse improcedente la acción constitucional contra actos que sean consecuencia de otros consentidos, siendo indudable, por tanto, que la causa de mérito emerge de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales".****************************************En conclusión, si la parte quejosa no impugnó lo determinado por el juez natural en la audiencia de diálogo de veinticuatro de octubre último, en la cual estuvo presente la parte quejosa y por tanto, le fue notificada la misma; por tanto, se desecha la demanda de amparo por actualizarse la causal de improcedencia analizada, puesto que el proveído de treinta y uno de octubre de dos mil veintidós, que constituye el acto reclamado es un acto derivado de otro consentido, al ser una consecuencia directa y necesaria de la determinación de origen (audiencia de diálogo de veinticuatro de octubre del año en curso).****************************************Adicional a lo anterior, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, que dispone:****************************************"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:********************XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. ********************Se exceptúa de lo anterior:********************a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales;********************b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal;********************c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;."****************************************El precepto legal transcrito prevé el principio de definitividad de los actos jurisdiccionales, que es uno de los pilares del juicio de amparo y radica en que éste sólo procede contra actos definitivos, entendidos como aquéllos contra los cuales no procede recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificarlos, revocarlos o modificarlos. ****************************************Tal principio encuentra su justificación en el hecho de que, al ser el juicio de amparo un medio extraordinario de defensa constitucional, el quejoso debe previamente acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal. ****************************************Cobra aplicación por las razones que expone, la jurisprudencia P./J. 7/2006 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 175753, que es del siguiente tenor:****************************************SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO. NO IMPLICA SOSLAYAR CUESTIONES DE PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS. De conformidad con el proceso legislativo que culminó con la reforma al artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de octubre de 1967, el fin inmediato de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declara inconstitucional una ley es salvaguardar y asegurar la supremacía de la Constitución. Ahora bien, una vez integrada la jurisprudencia, si fuera el caso de suplir la queja deficiente en el juicio de amparo en términos del artículo 76 Bis, fracción I, de la ley de la materia, aquélla podrá aplicarse, pero sin soslayar las cuestiones que afectan la procedencia del juicio de garantías, ya que la suplencia de mérito opera sólo respecto de cuestiones de fondo, esto es, una vez superados los motivos de improcedencia del juicio, pues sería absurdo pretender que por la circunstancia de que el acto reclamado se funde en una norma declarada inconstitucional tuviera que aceptarse la procedencia de todo juicio de amparo. Lo resaltado es propio.****************************************Ahora bien, en principio, es necesario señalar que el artículo 107, fracciones III, incisos b), y c), IV, VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece:**************************************** Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: ********************III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes:******************** b).- Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y ******************** c).- Contra actos que afecten a personas extrañas al juicio.; ********************IV.- En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley.********************No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución; ********************VII.- El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia.********************XII.- La violación de las garantías de los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 se reclamará ante el superior del tribunal que la cometa, o ante el Juez de Distrito o Tribunal Unitario de Circuito que corresponda, pudiéndose recurrir, en uno y otro caso, las resoluciones que se pronuncien, en los términos prescritos por la fracción VIII.********************Si el Juez de Distrito o el Tribunal Unitario de Circuito no residieren en el mismo lugar en que reside la autoridad responsable, la ley determinará el juez o tribunal ante el que se ha de presentar el escrito de amparo, el que podrá suspender provisionalmente el acto reclamado, en los casos y términos que la misma ley establezca;..****************************************De lo anterior se advierte que la disposición legal y constitucional transcritas establecen lo que se conoce como principio de definitividad en el juicio de amparo, consistente en que la parte quejosa, previamente al ejercicio de la acción constitucional, por regla general, debe agotar los medios ordinarios de defensa que establecen los preceptos aplicables, en el entendido que de no hacerlo así, será improcedente el juicio de amparo. ****************************************Este principio es indicativo de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa a través de la protección de las garantías individuales y derechos humanos, de modo que para acudir a él es necesario interponer en la vía ordinaria procedente los recursos o medios ordinarios de defensa que procedan.****************************************Resulta aplicable la tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1304, del Tomo XLV, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, con número de registro 312200, que establece:****************************************RECURSOS ORDINARIOS. El hecho de no hacer valer los procedentes contra un fallo ante los tribunales ordinarios, es causa de improcedencia del amparo que se enderece contra ese fallo.****************************************Sin embargo, de las disposiciones antes transcritas, se advierten excepciones al principio de definitividad, es decir, que no se está obligado a agotar los recursos ordinarios o medios de defensa que procedan contra los actos reclamados, en los siguientes casos: ****************************************I) Contra actos que afecten personas extrañas al juicio (artículo 107, fracción III, inciso c) de la Carta Magna).****************************************II) Contra actos administrativos, respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución (artículo 107, fracción IV de la Constitución Federal).****************************************III) Los que importen una violación a sus derechos humanos consagrados en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal.****************************************IV) Tratándose de amparo contra leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación (párrafo tercero de la fracción XIV del precepto 61 de la Ley de Amparo).****************************************V) Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional (artículo 61, inciso a), de la Ley de Amparo; y,****************************************VI) Contra actos dictados por autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o judiciales, si carecen de fundamentación (último párrafo de la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo).****************************************Es aplicable la tesis LVI/2000, emitida por la Segunda Sala, publicada en la página 156, del Tomo XII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de Julio de 2000, Novena Época, con número de registro 191539, que establece:********************"DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, así como de los artículos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV y 114 de la Ley de Amparo y de los criterios jurisprudenciales emitidos al respecto por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, se deduce que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman los siguientes actos: I. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; V. Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; VII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; VIII. Los que carezcan de fundamentación; IX. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y X. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia.".****************************************Luego, en el caso el acto que aquí se reclama, no se encuentran dentro de alguno de los supuestos de excepción antes precisados, por ende, el promovente no está exento de agotar los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en contra del acto reclamado.****************************************Por tanto, al no existir normas que establezcan excepciones en el sentido de que el impetrante de amparo no esté obligado a agotar recursos o medios de defensa cuando se reclame un acto dictado en un juicio jurisdiccional, y si en cambio, existe norma expresa (artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo), relativa a que aun cuando el acto reclamado sea una resolución judicial, el promovente del amparo está obligado a agotar los recursos o medios ordinarios de defensa que procedan conforme a la ley que rige el acto reclamado.****************************************En ese contexto, como ya se dijo en contra del acto reclamado en la presente instancia se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, la cual pone de manifiesto la improcedencia del juicio de amparo indirecto contra las resoluciones judiciales respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas.****************************************En efecto, para que se actualice la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, es necesario que concurran las siguientes hipótesis:****************************************I) Que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo;********************II) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa;********************III) Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y********************IV) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada.****************************************Hecha tal precisión, contra lo que reclama el hoy quejoso en la presente vía constitucional, procede el recurso de revocación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 5.1 y 5.74, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, en relación con el contenido del diverso 1.362 del citado código adjetivo, que establecen lo siguiente:****************************************"Artículo 5.1.- Las controversias sobre el estado civil de las personas y del derecho familiar, se tramitarán de acuerdo con las reglas que se señalan en este Libro, y en lo no previsto, con las del Libro Segundo de este ordenamiento."****************************************"Artículo 5.74.- Los autos y decretos dictados fuera de audiencia serán revocables conforme a las reglas generales."****************************************"Artículo 1.362.- Los autos que no fueren apelables y los decretos, son revocables por el juez o tribunal que los dictó.".****************************************Así, del análisis de los preceptos transcritos, el suscrito arriba a la conclusión de que en la especie concurren los requisitos exigidos para que se actualice la causa de improcedencia en estudio, pues el acto reclamado fue emitido por el Juez Primero Civil de Tenango del Valle, Estado de México, dentro de una controversia del orden familiar, con lo cual se cumple con el primero de los requisitos antes relacionados, pues proviene de un tribunal judicial.****************************************El segundo y tercero de los requisitos también se presentan en el caso a estudio, si se toma en consideración el contenido de los artículos 5.74 y 1.362 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, de los cuales se advierte la procedencia de un medio de impugnación que pudo hacer valer la parte quejosa en la controversia del orden familiar de origen, a saber, recurso de revocación, dado que del contenido de la demanda, específicamente en el capítulo de antecedentes, se advierte que éste fue dictado fuera de audiencia, dentro del procedimiento de origen ******************** del índice del juzgado responsable.****************************************Lo anterior es así, porque de los numerales antes transcritos del código adjetivo invocado, se advierte, en principio, que las controversias sobre el estado civil de las personas y del derecho familiar, se deben tramitar conforme a las reglas establecidas en el Libro Quinto del citado ordenamiento legal, y en lo no previsto, conforme a los lineamientos previstos en el Libro Segundo de ese mismo ordenamiento.****************************************Por tanto, en contra del acto reclamado, procede el recurso de revocación, establecido en el artículo 5.74 en relación con el diverso 1.362 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México; por ende, resulta incuestionable la procedencia de dicho medio de defensa dentro de la controversia del orden familiar de origen, por virtud del cual puede ser modificado, revocado o nulificado el acto reclamado antes precisado, con lo cual se cumple el cuarto de los requisitos mencionado; de ahí que resulta exigible que la parte quejosa, previo a acudir al juicio de amparo indirecto, agote el recurso ordinario previsto por la ley que rige la contienda de origen, el cual se encuentra a su alcance, dado que se trata de una de las partes formales dentro de la controversia de origen.****************************************Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 1a./J.113/2013 (10ª.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 350, del Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de diciembre de dos mil trece, Décima Época, con número de registro 2005039, que establece:****************************************"DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo.".****************************************Lo anterior, sin que se soslaye que en el presente asunto se encuentra involucrado un menor, pues si bien la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la siguiente jurisprudencia:****************************************"DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO EN LOS CASOS EN LOS QUE ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD, CUANDO EL RECURSO ORDINARIO NO ADMITE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO. En términos del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad y, particularmente, otorgar una protección especial a los derechos de la infancia por las circunstancias de vulnerabilidad en que se hallan. Por lo anterior, y en términos de los artículos 107, fracción III, inciso b), de la propia Constitución y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se sigue que se actualiza una excepción al principio de definitividad en el juicio de amparo indirecto en aquellos casos en los que esté involucrado un menor de edad, cuando, de acuerdo con la legislación aplicable al caso, el recurso ordinario que deba agotarse no admita suspensión y cualquiera de las partes alegue un riesgo para el menor en caso de ejecutarse la resolución impugnada, pues en ese supuesto el recurso es inadecuado o ineficaz para alejarlo de la situación de vulnerabilidad en que pueda encontrarse. Lo anterior es así, pues el principio de definitividad supone la existencia de recursos idóneos, efectivos, oportunos y aptos para reparar oportuna y adecuadamente las violaciones a las leyes cometidas en el acto o resolución impugnada. De ese criterio se advierte que el más Alto Tribunal, ha estimado como una excepción al principio de definitividad, los casos en que esté involucrado un menor de edad y cualquiera de las partes alegue un riesgo para éste en caso de ejecutarse la resolución, si el recurso ordinario es inadecuado o ineficaz para alejarlo de la situación de vulnerabilidad en que se encuentra.".****************************************Dicho criterio versa sobre la Ley de amparo anterior a dos mil trece, sin que resulte aplicable, actualmente pues en los criterios previamente citados se ha fijado el nuevo criterio del Alto Tribunal.****************************************Además, debe decirse que en la nueva Ley de Amparo, no es una excepción al principio de definitividad el que el recurso prevea la suspensión o sea eficaz tratándose de actos jurisdiccionales, sino sólo para el caso de autoridades distintas de las judiciales. ****************************************Por tanto, este juzgador, estima que el peticionario tiene el deber de agotar el recurso ordinario, previamente a promover el juicio de amparo.****************************************Tampoco se actualiza alguno de los supuestos de excepción previstos en la citada fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que no se está ante actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas, alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales.****************************************Asimismo, los actos reclamados no consisten en una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto, ni constituye un acto que afecte la libertad personal de la inconforme; ni el peticionario tiene el carácter de tercero extraño a juicio, como se establece en el inciso c) del citado numeral, puesto que es parte en el procedimiento de origen.****************************************De igual manera, no se actualiza la hipótesis prevista en la última parte de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que la procedencia del recurso de revocación no está sujeta a interpretación adicional, ni su fundamento legal es insuficiente para determinarla, pues el artículo 5.74 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, es claro en determinar que las resoluciones dictadas fuera de la audiencia serán revocables.****************************************En consecuencia, al actualizarse las causales de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XVIII y XXIII ésta en relación con el diverso 217, ambos de la Ley de Amparo; con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la misma legislación, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por ********************por propio derecho y en representación de su menor hijo de iniciales ********************contra actos del Juez Primero Civil de Tenango del Valle, Estado de México y otra, por notoria improcedencia.****************************************AUTORIZADOS. En atención a la certificación de cuenta, téngase por autorizados a ******************** ******************** y ********************, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de amparo, en virtud de que sí cuenta con el registro correspondiente en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; asimismo, se tienen por autorizados en términos restringidos a las restantes personas que menciona, esto es únicamente para oír y recibir notificaciones, imponerse de autos, y recoger documentos, que se dicten en el presente juicio de amparo, por no contar con registro en el referido sistema, limitación que subsistirá hasta en tanto cuenten con el aludido registro, lo cual deberán comunicar a este juzgado mediante nueva promoción. ****************************************DOMICILIO. Con fundamento en el artículo 27, fracción I de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio procesal el que indica en el proemio de su demanda.****************************************CORREO ELECTRÓNICO. Por lo que hace al correo electrónico que proporciona, el mismo no puede tenerse como sitio para oír y recibir notificaciones, sin embargo, de ser necesario y a criterio de este juzgador, se le podrán comunicar aspectos de naturaleza urgente.****************************************TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente.****************************************PAPELETA DE TURNO Y COMPENSACIÓN .Por otra parte, a fin de equilibrar las cargas de trabajo, envíese oficio a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, para la asignación del número de registro para su control y equilibrar las cargas de trabajo.****************************************EXHORTACIÓN A LAS PARTES. De conformidad con el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiocho de octubre del año en curso, se exhorta a las partes, para que continúen la tramitación del asunto, a través del portal de "Juicio en línea", para tal efecto, deberán ingresar a la liga virtual http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea, a efecto de obtener su firma electrónica.****************************************Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio.****************************************Notifíquese personalmente a la parte quejosa.****************************************

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