Rafael Bernardo Nieto Pedroza

Expediente 262/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 25 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
262/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
25/05/2022

Partes del expediente

  • Rafael Bernardo Nieto Pedroza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; veinticinco de mayo de dos mil veintidós. EJECUTORIA COLEGIADO. Visto lo de cuenta, y con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguese al expediente electrónico y físico, para los efectos legales conducentes el oficio de cuenta signado por el Secretario de Acuerdos del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, mediante el cual remite copias certificadas del testimonio de la ejecutoria pronunciada el doce de mayo de dos mil veintidós, cuyos resolutivos son los siguientes: "ÚNICO. Se declara infundado el recurso de queja interpuesto por Rafael Bernardo Nieto Pedroza, por propio derecho, contra el auto de dieciséis de marzo de dos mil veintidós, dictado por el Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, en el juicio de amparo indirecto 262/2022-VII. ACUSE DE RECIBO. Atento a lo anterior, acúsese el recibo de estilo al tribunal revisor y, háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. ARCHIVO. Por otra parte, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, las anotaciones respectivas háganse en el Libro de Gobierno. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que: 1. El presente asunto es susceptible de destrucción, pues se desechó la demanda de amparo en el presente juicio (artículo 21, inciso b), del acuerdo en cita). 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 21 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años contados a partir de la presente orden de archivo, ya que después de este lapso, éste órgano de control constitucional procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Se hace la precisión, que una vez que obre la constancia de notificación del presente proveído, se enviará físicamente al archivo el expediente en que se actúa. Asismismo, comisiónese a la Secretaria encargada de la mesa, para que revise y certifique si las constancias de autos coinciden con las del expediente electrónico, en términos del artículo 35 del referido acuerdo. Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; dieciocho de abril de dos mil veintidós. TRIBUNAL COLEGIADO ADMITE QUEJA. De conformidad con el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese al expediente electrónico y físicamente a los autos una vez que las labores del juzgado lo permitan, el oficio firmado por el Actuario Judicial adscrito al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, mediante el cual informa que admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por el quejoso Rafael Bernardo Nieto Pedroza, en contra del proveído de dieciséis de marzo de dos mil veintidós; mismo que radicó con el número 92/2022. Atento a lo anterior, este Juzgado toma conocimiento para los efectos legales conducentes y está en espera a que el tribunal revisor emita la resolución respectiva. Notifíquese.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México; veintinueve de marzo de dos mil veintidós. RECURSO DE QUEJA. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguese al expediente electrónico y físicamente a los autos una vez que las labores del juzgado lo permitan, el escrito mediante el cual el quejoso R*, interpone recurso de queja contra el proveído de dieciséis de marzo de dos mil veintidós, por el que se desechó la demanda de amparo. Atento a lo anterior, con fundamento en lo previsto en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100, de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el medio de impugnación referido y de conformidad con el numeral 101 de la legislación invocada ríndase el informe respectivo. Con el fin de resolver dicho medio de defensa, remítase el original y copia del escrito de interposición del recurso de queja, al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, en turno, así como copia certificada de todo lo actuado en el presente juicio. Notifíquese.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México; dieciséis de marzo de dos mil veintidós. DESAHOGA PREVENCIÓN Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, agréguese al expediente electrónico y físicamente a los autos a los autos una vez que las labores del juzgado lo permitan, el escrito de cuenta signado por el quejoso Rafael Bernardo Nieto Pedroza, mediante el cual, desahoga la prevención formulada en proveído de ocho de marzo de la presente anualidad. En consecuencia, téngase por cumplido el requerimiento formulado y sin efectos el apercibimiento respectivo. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO Ahora bien, es pertinente destacar que en la especie de la lectura integral de la demanda y escrito aclaratorio, se desprende que el quejoso reclama esencialmente: - La diligencia de tres de febrero de dos mil veintidós, en la que en cumplimiento a lo ordenado en autos de quince de junio y veintiuno de diciembre, ambos de dos mil veintiuno, dictados en el expediente 160/2013 del índice del juez responsable, se requirió al ahora quejoso la desocupación y entrega del inmueble que aduce es de su propiedad y ubicado en Loma de Acuitlapilco, en Coatepec de Harinas, Estado de México. Tal precisión se realiza, con fundamento en el artículo 74 de la Ley de Amparo, en atención a la obligación del Juez de Distrito de analizar en su integridad la demanda de amparo, buscando qué realmente quiso impugnar el quejoso y no solamente lo que en apariencia indicó. A lo expuesto resulta aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia publicada con el 19, en la página 17, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, cuyos rubro y texto son: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo.". DESECHAMIENTO Ahora bien, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es menester establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar la demanda para saber si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En esas condiciones, el suscrito advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al 107, fracción IV, segundo párrafo de la Ley de Amparo. Dichos preceptos establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 107.- El amparo indirecto procede: (...) IV. (...) Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución.". De la lectura del segundo párrafo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, se advierte que cuando se trata de actos de ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto únicamente es procedente en contra de la última resolución dictada en dicho procedimiento. En la inteligencia de que, por última resolución en el procedimiento de ejecución correspondiente, señala que es aquélla en que se apruebe o reconozca de manera expresa el cumplimiento total de la sentencia o laudo o, en su caso, se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, supuesto en el cual será el momento procesal en que proceda el juicio biinstancial y en el que la parte agraviada esté en aptitud de impugnar tanto la resolución de mérito como todas aquéllas intermedias que considere le dejaron sin defensa. Ello es así, porque en los actos surgidos de una contienda en el juicio de amparo se establecen dos reglas fundamentales para distinguir su procedencia en tratándose de los emitidos dentro del procedimiento de ejecución de una sentencia o laudo. La primera hipótesis genérica, consiste básicamente en que el juicio de amparo biinstancial procede contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, siempre y cuando no se dicten en ejecución de sentencia o laudo, y por tanto no tengan como finalidad directa e inmediata ejecutar la resolución dictada en el juicio natural, es decir, que se emitan de manera destacada, autónoma e independiente del procedimiento de ejecución. La segunda, que opera como regla específica, cuya ratio legis es el impedir que el juicio de amparo sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva o laudo que goza de firmeza por el carácter de cosa juzgada, y que sólo permite la tramitación de la acción de amparo cuando se emita la última resolución de la fase ejecutiva de que se trata; porque de permitir la interposición de esta acción de control contra cualquier resolución emitida en fase de ejecución, sería tanto como permitir que una persona que ya ha sido oída y vencida en juicio en el que ya alegó y probó sus defensas sin obtener fallo a su favor, obstaculizara la acción de la justicia e impidiera que las prestaciones de quien obtuvo a su favor se vieran denegados o retardados en detrimento de la firmeza del sistema jurídico en su conjunto. Por ello, con toda atingencia el legislador estableció qué actos dictados en ejecución de la acción debe prosperar si y sólo sí se impugna la última resolución, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda de amparo las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa, ya que se reitera, tratándose de los procedimientos de ejecución la sociedad y el Estado están interesados en que se cumplan las resoluciones emitidas en una contienda entre partes determinadas que culminaron con una sentencia que dirimió el derecho a favor de una de ellas, dado que se encuentran inmersos en el principio de cosa juzgada. En efecto, el cumplimiento de un fallo definitivo es de orden público, atendiendo a su naturaleza, pues emana de un juicio donde la parte quejosa ya fue oída y vencida, en respeto a la garantía de audiencia previa al acto de privación definitiva y que se identifica con la sentencia que tiene esa calidad, por lo que debe en todo momento evitarse que se obstaculice su cumplimiento. Tampoco puede considerarse que la diligencia reclamada afecta de manera directa los derechos sustantivos del promovente, pues la misma resulta ser acorde a la cosa juzgada en el juicio de origen, de tal manera que se insiste, la ejecución debe cumplirse y por tanto cualquier vicio que pudiera suscitarse podrá ser reclamado hasta la última resolución que dirima esta etapa. Robustece lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia número 108/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 6, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 163152, que dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." En el presente caso, se reclama la diligencia de tres de febrero de dos mil veintidós, en la que en cumplimiento a lo ordenado en autos de quince de junio y veintiuno de diciembre, ambos de dos mil veintiuno, dictados en el expediente 160/2013 del índice del juez responsable, se requirió al ahora quejoso la desocupación y entrega del inmueble que aduce es de su propiedad y ubicado en Loma de Acuitlapilco, en Coatepec de Harinas, Estado de México. Por tanto, es factible concluir que, en la especie, aún no se ha dictado la última resolución en el procedimiento respectivo, en el que el ahora impetrante es parte (demandado), por lo que el juicio de amparo que insta, sólo será procedente en contra de dicha resolución y no en contra de las determinaciones intermedias que se emiten para hacer cumplir la sentencia emitida en el juicio de origen. Al respecto, debe distinguirse entre lo que constituye una resolución dictada "para la ejecución de una sentencia o laudo" y la diversa, "en ejecución de la misma"; la primera, debe entenderse como aquella que está encaminada directa e inmediatamente a la ejecución de un fallo, y la que, por su propia naturaleza, ya no requiere de otra determinación legal -por lo que es autónoma-; en cambio, la resolución emitida en ejecución de sentencia no constituye precisamente la última determinación judicial previa a su material ejecución, sino que está orientada a preparar y lograr tal objetivo, como en el caso particular acontece. Asimismo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha interpretado lo que debe entenderse por la expresión "última resolución" en la jurisprudencia por contradicción número P/J 32/2001, visible en la página 31 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, abril de 2001, que a la letra dice: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN ÚLTIMA RESOLUCIÓN, A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 114, fracción III, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, exige para la impugnación de los autos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Este requisito persigue, de conformidad con la exposición de motivos de la ley citada, evitar abusos del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la última resolución que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquélla en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 114 de la legislación invocada, el que se acude en forma analógica, ante la existencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." Tomadas las ideas plasmadas en la jurisprudencia transcrita, puede válidamente concluirse que el acto reclamado en el presente sumario constitucional, se ha dado en la etapa de ejecución de sentencia, de lo que se desprende que no es impugnable en el amparo indirecto, en virtud de que el mismo no constituye la "última resolución" dictada en el procedimiento de ejecución; es decir es un acto propio del procedimiento de ejecución, por tanto, es claro, que el juicio natural se encuentra en etapa de ejecución de sentencia. Así que no será sino hasta que se dicte la última resolución en el procedimiento de ejecución correspondiente, cuando proceda el amparo, en el cual podrá la agraviada impugnar la determinación de mérito, así como todas aquellas violaciones que considere la dejaron sin defensa. Además de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo conforme a su artículo segundo, es un hecho notorio para este Juez Federal que en el juicio de amparo 253/2021-IV del índice de este órgano jurisdiccional, el aquí quejoso promovió demanda de amparo contra el acuerdo de dieciséis de marzo del año dos mil veintiuno, emitido por el Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenancingo con Residencia en Ixtapan de la Sal, Estado de México, dentro del juicio 160/2013, a través del cual se requiere la entrega dentro de los ocho días siguientes a la notificación, de un inmueble que adujo era de su propiedad, sumario que se sobreseyó mediante sentencia dictada el dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, en la que se tuvieron a la vista las constancias que obran en el juicio natural 160/2013 y de las que se advirtió que en fechas posteriores al auto de dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, se dictaron dos acuerdos más de fechas catorce de abril y quince de junio, ambos de dos mil veintiuno, en los que, en el primero de los mencionados, se requirió al demandado la entrega del inmueble embargado y adjudicado, con el apercibimiento de no hacerlo, se haría uso de la fuerza pública y en caso necesario, se procediera al rompimiento de cerraduras; asimismo, en el segundo proveído de los mencionados, se ordenó a parte demandada la desocupación y entrega del inmueble adjudicado poniendo en posesión jurídica y material a la parte actora y adjudicatario del mismo. Así las cosas, de las constancias que anexó el quejoso a su escrito aclaratorio, se evidencia copia del auto dictado en el sumario de origen el nueve de diciembre anterior, en el que el Juez responsable, turna los autos a la ejecutora adscrita a efecto de dar cumplimiento a lo ordenado en el referido proveído de quince de junio de dos mil veintiuno, lo que tuvo como resultado, la diligencia de tres de febrero del año en curso, de la que se duele el promovente en el presente sumario constitucional. Asimismo, es un hecho notorio para este juzgador que en el juicio de amparo 524/2021 del índice de este órgano jurisdiccional, el ahora quejoso promovió demanda de amparo en la que reclamó el auto de catorce de abril del año en curso, demanda que fue desechada por este órgano jurisdiccional el veintiuno de junio del año que transcurre y que fue confirmada por ejecutoria del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito dictada en sesión de ocho de septiembre de dos mil veintiuno; lo que corrobora que el acto que ahora se reclama no constituye el último acto dictado en ejecución de sentencia. En esas condiciones, ante la actualización de la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII, del artículo 61, con relación al 107, fracción IV, segundo párrafo de la Ley de Amparo, con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 63, fracción V del mismo ordenamiento legal, se procede desechar de plano la demanda de amparo promovida por Rafael Bernardo Nieto Pedroza, contra actos del Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenancingo, con residencia en Ixtapan de la Sal, Estado de México y otra autoridad, por notoriamente improcedente. AUTORIZACIÓN DE ACUERDO. Realícese la autorización previa y definitiva de este auto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y una vez que las labores del juzgado lo permitan, se ordena imprimir y agregar el presente acuerdo al expediente físico a fin de favorecer el trabajo a distancia, como establece el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS COV-2 y los subsecuentes. Notifíquese personalmente.

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