Rafael Castro Román

Expediente 934/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
934/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
03/07/2018

Partes del expediente

  • Rafael Castro Román

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese el oficio del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, a través del cual acusa recibo e informa que admite el juicio de amparo 934/2018-I-A promovido por Rafael Castro Román, el cual registró con el diverso 862/2018-III. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, pues se trata de un cuadernillo de antecedentes relativo a una incompetencia; carece de relevancia documental.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, veintidós de junio de dos mil dieciocho. RADICACIÓN Vista la demanda promovida por Rafael Castro Román, regístrese bajo el número 934/2018-I-A. COMPETENCIA. Ahora, con apoyo en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, declina la competencia del presente asunto, por lo siguiente: La competencia es un presupuesto procesal cuyo estudio es de análisis preferente, por tratarse de una condición de validez en la sustanciación del presente juicio de amparo. Resulta aplicable la jurisprudencia I.2o.P. J/40, publicada en la página 36, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 56, Agosto de 1992, Materia Penal, Octava Época, de contenido siguiente: COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquél acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo." El artículo 37 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." En este orden de ideas, cabe destacar que en el precepto citado se fija que la competencia por territorio en materia de amparo obedece a un criterio unitario: la naturaleza del acto reclamado, por lo cual, en principio debe calificarse éste, a fin de determinar si posee ejecución material, o bien, si se trata de un acto meramente declarativo, y posteriormente, se deben analizar las características de la ejecución. Este análisis de la ejecución, se debe llevar a cabo considerando sus consecuencias directas o inmediatas y no las cuestiones mediatas o posteriores que con motivo de él se generen, pues su estudio se efectúa tomando en cuenta lo que de manera directa e inmediata se vincula a éste. Cuando la ejecución de un acto se lleve a cabo en lugares respecto de los cuales, ejerzan jurisdicción jueces distintos, la competencia se fincará en favor del que previno. En consecuencia, del análisis del artículo 37 de la Ley de Amparo, se desprenden tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, mismas que a continuación se detallan. a) La primera, contenida en el primer párrafo, destaca que con independencia del lugar en que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora. b) La segunda consisten que la competencia del Juez de Distrito, se establece en razón de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, entonces cualquiera de los Jueces Federales de esas jurisdicciones, que haya prevenido, será el competente para conocer de la demanda de amparo; y, c) La tercera deriva del último párrafo del precepto legal en estudio, que establece que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. - - - Así las cosas, como ha quedado puntualizado en el primer párrafo que antecede, tratándose de actos que requieran de una ejecución material, el Juez de Distrito competente para conocer de la demanda de amparo lo será aquél donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. Debe recordarse que, los actos de autoridad, sino son absolutamente negativos o totalmente declarativos, se desenvuelven normalmente en dos fases: una, es la decisoria u ordenadora, y otra, la ejecutiva. Así, para determinar la competencia de un Juez de Distrito en el conocimiento de un juicio de amparo donde se reclamen actos de naturaleza ejecutiva, debe atenderse, al lugar donde deban tener ejecución dichos actos. Lo anterior, debido a que es el sitio o lugar donde el acto reclamado va a adquirir relevancia material y jurídica, y por ende, establece la competencia de los Jueces de Distrito. Luego, en la especie, como se desprende de la demanda de amparo, se tienen como acto reclamado el siguiente: La orden de aprehensión y/o detención y/o arraigo y/o presentación y/o orden de traslado, y como consecuencia la privación de la libertad del quejoso. Por tanto, en la especie se actualiza la primera de las hipótesis descritas, pues como se desprende, el acto reclamado, consiste en la orden de aprehensión y/o detención y/o arraigo y/o presentación y/o orden de traslado girada en su contra, así como su ejecución, deriva de autoridades responsables que no ejercen su jurisdicción en el municipio de Toluca, Estado de México, pues las responsables tienen su domicilio en el Municipio de Amecameca, Estado de México; por lo que dicho acto que no conlleva ejecución en la jurisdicción de este juzgado, pues atendiendo a la naturaleza de la probable aprehensión y/o detención y/o arraigo y/o presentación y/o orden de traslado, dicho acto reclamado debe ejecutarse en la jurisdicción de las autoridades señaladas como responsables, esto es, en el Municipio de Amecameca, Estado de México, lugar en el cual este órgano federal no tiene jurisdicción y sí el Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Ciudad Nezahualcóyotl, por ende, es inconcuso que este juzgador carece de competencia para conocer del asunto, conforme al Acuerdo General número al Acuerdo General número 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. En efecto, de conformidad con la primera regla de competencia establecida en el artículo 37, de la Ley de la materia, además, con el Acuerdo General número 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, debe concluirse que en el caso concreto resulta competente para conocer del presente juicio de amparo, el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde tendrá ejecución, trate de ejecutarse o bien, se haya ejecutado el acto reclamado destacado, es decir, en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México; máxime que hasta este momento, no hay indicios de que se vaya a ejecutar el acto reclamado en esta demarcación territorial. No obstante lo anterior, en el caso concreto se estima que el Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Ciudad Nezahualcóyotl, es el competente para conocer del Juicio de amparo, habida cuenta que dentro de su jurisdicción radican las autoridades que, según manifiesta el propio quejoso pretenden ejecutar los actos reclamados consistentes en la orden de aprehensión y/o detención y/o arraigo y/o presentación y/o orden de traslado, sin que de la lectura de la demanda de amparo se advierta que hubiera señalado autoridades ejecutoras con residencia en la jurisdicción del este juzgado. Consecuentemente, la competencia -por razón de territorio- para conocer de este asunto corresponde al Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Ciudad Nezahualcóyotl. Máxime, que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo pueden apreciarse de una determinada manera en el momento de la presentación de la demanda, porque en ese instante procesal, como se ha señalado, todavía no se hace pronunciamiento respecto de la certeza de los actos reclamados, o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables; competencia que posteriormente puede cambiar. Encuentra apoyo lo anterior, en la Jurisprudencia 1ª./J.52/2013 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 1, Libro XXIII, Agosto de 2013, Materia Común, página 383, de testo y rubro siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE.- Del artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se advierte que la competencia para conocer de un juicio se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues el quejoso puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y el juez de distrito lograr recabarlas con la eficacia debida. Ahora bien, si una orden de detención o aprehensión requiere de ejecución material, el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, su propio domicilio. De ahí que, si en la demanda de amparo el quejoso asegura, bajo protesta de decir verdad, que en su domicilio se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, lugar que corresponde a la circunscripción territorial del juez de distrito ante quien se promueve la demanda, resulta inconcuso que, aun cuando aquél no realice el señalamiento expreso de que las autoridades ejecutoras tienen residencia en ese sitio, esto no implica que tal juzgador carezca de competencia para conocer del asunto, siempre que el quejoso, previa prevención hecha por el referido juzgador, aclare su demanda y haga el señalamiento condigno; prevención que es necesaria, ya que la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, de lo contrario el solo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. Lo anterior, en la inteligencia de que la conclusión apuntada no prejuzga sobre la competencia que pudiera corresponderle a diverso juzgador de amparo, si el impetrante no señala autoridades responsables con residencia en la jurisdicción del órgano ante quien promovió inicialmente o, a pesar de haberlo hecho, al desahogarse totalmente la audiencia constitucional, se obtenga que las autoridades responsables ejecutoras negaron el acto y el quejoso no desvirtuó dicha negativa. Esto es, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no modifica su criterio en el sentido de que el domicilio del quejoso no determina la competencia del juez de distrito, pues adoptar una postura contraria equivaldría a dejar al arbitrio del agraviado la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, lo que aquí se pretende significar, es que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo pueden apreciarse de una determinada manera en el momento de la presentación de la demanda, porque en ese instante procesal todavía no se realiza un pronunciamiento respecto de la certeza de los actos reclamados, o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables." En dichas circunstancias, es evidente que este juzgado carece de competencia legal para conocer del presente asunto, en virtud de que el lugar donde se encuentra llevando la carpeta de investigación del quejoso, se encuentra fuera de la jurisdicción territorial de este juzgado federal; por lo que, en términos del primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, debe conocer del presente asunto un Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Ciudad Nezahualcóyotl. Atento a lo anterior, de conformidad con lo que establecen los artículos 37, párrafo primero, y 48 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales; y el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, remítase el presente asunto a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Ciudad Nezahualcóyotl, para que, a su vez, lo remita al Juez de esa denominación, en turno, a fin de que se pronuncie en términos de ley; solicitando el acuse correspondiente. Con copia del escrito inicial de demanda, anexos y del presente proveído, fórmese cuaderno de antecedentes. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Conforme lo establecido por el numeral 26, fracción III, en relación con el 29, ambos de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la quejosa, el señalado en el proemio de su demanda, esto es, las listas que se fijan en los estrados de este Juzgado. En relación a los autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; dígasele que éstos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones de autos HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. Notifíquese. Así lo proveyó Alberto Roldán Olvera, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, asistido del secretario Erik Roberto Frías Guerrero, que da fe.

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