Rafael Bernardo Nieto Pedroza

Expediente 1358/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 22 actuaciones registradas, la última del 3 de junio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1358/2015
Año
2015
Actuaciones
22
Última actuación
03/06/2016

Partes del expediente

  • Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenancingo, Con Residencia En Ixtapan de la Sal Estado de México
  • Rafael Bernardo Nieto Pedroza
  • Tercero Interesado
  • Jose Juan Miranda Lugo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; tres de junio de dos mil dieciséis. Vista la certificación que antecede, y toda vez que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido la sentencia dictada en el presente asunto; en tal virtud, con fundamento en lo que disponen los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia en la que se negó el amparo solicitado por Rafael Bernardo Nieto Pedroza; ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes. Conclusión a la que se arriba, sin que obste que las autoridades responsables fueron notificadas de la sentencia en la que no se otorgó la protección constitucional en el presente juicio, en veinticinco y veintiséis de mayo, ambas de la presente anualidad, pues atendiendo al sentido de la misma, carecen de legitimación para promover el recurso de revisión en su contra. Apoyan a lo anterior, los criterios que a continuación se identifican y transcriben: "Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXIV, Septiembre de 2006. Página: 308. Tesis: 2a./J. 127/2006Jurisprudencia. Materia(s): Común REVISIÓN. LA AUTORIDAD QUE NIEGA LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER AQUEL RECURSO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA. La legitimación para que las autoridades responsables interpongan el recurso de revisión en los casos a que se refiere el artículo 83, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo, sólo se genera cuando la resolución que decida sobre la suspensión definitiva del acto reclamado pueda causar una afectación en detrimento de sus intereses, derechos o atribuciones; pero tal perjuicio no debe ser meramente hipotético, sino un hecho real, cuya demostración incumbe a las autoridades que invoquen su presencia, como uno de los presupuestos necesarios para interponer el recurso. Ahora bien, si al rendir informe previo las autoridades recurrentes negaron la existencia de los actos que les fueron atribuidos, y a pesar de tal negativa, sin prueba en contrario, el Juez de Distrito o superior de la autoridad responsable, en su caso, concede la suspensión definitiva, esa resolución no puede ocasionar perjuicio a las autoridades recurrentes, porque ante la inexistencia de los actos reclamados, según su informe, la suspensión otorgada no les priva del derecho a ejecutar acto alguno, ni restringe su libertad de acción; circunstancia que implica una falta de interés jurídico para que el Tribunal Colegiado que conozca del recurso confirme, modifique o revoque la resolución impugnada; de ahí que, siendo la posible afectación al interés jurídico un presupuesto indispensable para la legitimación del recurrente en el juicio de garantías, el recurso de revisión que se interponga en esas condiciones resulta improcedente conforme al artículo 87 de la Ley citada." "Octava Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. 83, Noviembre de 1994. Página: 84. Tesis: XX. J/74 Jurisprudencia. Materia(s): Común. AUTORIDAD RESPONSABLE. CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN SI LA SENTENCIA PRONUNCIADA POR EL A QUO NO AFECTA DIRECTAMENTE AL ACTO QUE SE LE RECLAMO. El artículo 87, de la Ley de Amparo, determina que las autoridades responsables sólo pueden interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente al acto que a cada una de ellas se haya reclamado, de ahí, que las responsables y en general las demás partes, sólo están legitimadas a recurrir los fallos de amparo que le son adversos, por tanto si el a quo sobreseyó en el juicio, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto recurso de revisión, es inconcuso que el hecho valer por la autoridad responsable debe desecharse porque ésta carece de legitimación para hacerlo, supuesto que el sobreseimiento es solamente desfavorable a la parte quejosa, y, por ende, no puede producir agravio alguno a la citada autoridad recurrente." Por tanto, háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno y glósese el original del cuaderno incidental derivado del presente sumario. Visto el inciso a) de la certificación de cuenta, se advierte que después de haber realizado una revisión integra del expediente en que se actúa, no se advierte la existencia de documentos originales. En ese tenor, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo por tratarse de un asunto total y definitivamente concluido. Por tanto, atendiendo a la certificación de cuenta, se determina lo siguiente: a) De conformidad con el punto décimo fracción I, del citado Acuerdo, corresponde al archivo judicial reciente, y no es de los considerados de relevancia histórica, documental ni jurídica. b) Asimismo, en términos del punto vigésimo primero del referido acuerdo este expediente es depurable, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción IV, del dicho punto, al ser un juicio en el que se negó el amparo solicitado. c) En ese sentido, transcurrido el término de tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico de Documentación y Análisis, designado para su resguardo, debiendo desintegrar el original de la demanda de amparo y sentencia definitiva. d) Igualmente, de conformidad a lo dispuesto en la fracción III, del punto Vigésimo primero del multicitado acuerdo, el original del incidente de suspensión derivado del presente juicio es susceptible de depurable, pues se negó la medida cautelar solicitada. e) Asimismo, pasados cinco años, del dictado del presente auto, este expediente es depurable, en razón de que se conservarán la demanda y la sentencia constitucional, las cuales se encuentran debidamente digitalizadas, junto con el original del incidente de suspensión, f) Empero el duplicado del incidente de suspensión derivado del presente juicio es susceptible de destrucción dentro del término de seis meses, de conformidad a lo dispuesto en la fracción III, del punto Vigésimo del citado acuerdo. Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno, Sistema de Seguimiento de Expedientes, y en la carátula del juicio en que se actúa. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca quien actúa asistido con el licenciado Yamín Dávalos Rosas, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto número 1358/2015, promovido por Rafael Bernardo Nieto Pedroza, contra actos del Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenancingo, con residencia en Ixtapan de la Sal, Estado de México y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el uno de septiembre de dos mil quince, Rafael Bernardo Nieto Pedroza, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se precisan: "III. AUTORIDAD RESPONSABLE: Como autoridad ORDENADORA se señala al C. JUEZ SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE TENANCINGO, CON RESIDENCIA EN IXTAPAN DE LA SAL, ESTADO DE MÉXICO. Y, como autoridad EJECUTORA señalo al C. REGISTRADOR PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL DE TENANCINGO, ESTADO DE MÉXICO.". "IV. ACTO RECLAMADO: El ilegal embargo sobre un bien inmueble de mi propiedad que emitió la responsable derivado del juicio ejecutivo mercantil bajo el número de expediente 605/2012, y como consecuencia su inscripción, ante el Instituto de la Función Registral del Distrito Judicial de Tenancingo, México. Acto reclamado que atenta con lo dispuesto por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el diverso artículo 1 fracción I, artículo 107 fracciones IV y VI y relativos de la Ley de Amparo.". SEGUNDO. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda de mérito a este juzgado de Distrito, quien por auto de dos de septiembre de dos mil quince, ordenó su registro bajo el número 1358/2015 y se admitió a trámite; se solicitó de las autoridades señaladas como responsables su informe con justificación, se dio la intervención que legalmente le corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede (foja 226 de actuaciones); por lo que, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia del órgano jurisdiccional. Este Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio conforme a lo dispuesto por los artículos 103 fracción I, 107 fracciones I y VIl, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37, párrafo tercero, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en los que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en virtud de que se reclama un acto que tendría ejecución dentro de la jurisdicción territorial que ejerce este Juzgado de Distrito. SEGUNDO. Definición de los actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados que se coligen del análisis de la demanda íntegramente considerada, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Sobre el particular, cabe puntualizar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido criterio reiterado en relación a que el estudio de los actos reclamados por los gobernados que acuden a demandar el amparo y protección de la Justicia Federal, debe hacerse de manera integral y sistemática, es decir, se debe atender a la totalidad de las manifestaciones que se viertan en la demanda de amparo, para que de esa forma se conozcan los actos que verdaderamente se reclamen y las características de éstos, así como la situación jurídica que guarda el quejoso con respecto a dichos actos. Apoya a lo anterior, las jurisprudencias 2ª./J. 55/98 y P./J.40/2000, emitidas por la Segunda Sala y el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomos VIII y XI, Agosto de 1998 y Abril de 2000, páginas 227 y 32, respectivamente, cuyos rubros son: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS." "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Corolario de lo anterior, en su carácter de tercero extraño, el quejoso reclama: 1. La diligencia de emplazamiento y embargo de once de diciembre de dos mil doce, derivados del expediente 605/2012, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por Olga Lilia Reyes Ortiz, a través de su endosatario en procuración, en contra de Rafael Nieto Pedroza, a practicar en el domicilio ubicado en domicilio bien conocido, en la comunidad de La Loma de Acuitlapilco, municipio de Coatepec Harinas, Distrito Judicial de Tenancingo, Estado de México; y, 2. La inscripción ante el Instituto de la Función Registral del Distrito Judicial de Tenancingo, Estado de México, del embargo realizado respecto del citado bien inmueble. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables al Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenancingo, con residencia en Ixtapan de la Sal y al Registrador Público de la Propiedad del Instituto de la Función Registral de Tenancingo, ambos en el Estado de México, pues al rendir su respectivo informe justificado, aceptaron su existencia (fojas 15 y 178, respectivamente); lo que se corrobora fehacientemente con las copias certificadas que remitieron, relativas al expediente 605/2012 y de las correspondientes al trámite 11437, relativo a la anotación de embargo; constancias a las que el suscrito concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°. CUARTO. Análisis de la procedencia del presente juicio de amparo. Establecida la existencia de los actos reclamados precisados en el considerando anterior, se impone analizar la procedencia del juicio de garantías, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En esa tesitura, al hacerse un análisis de las constancias que obran en autos, se advierte que las partes no hicieron valer, ni se actualiza causa alguna de improcedencia que de oficio deba ser examinada por el suscrito; en consecuencia, se procede al estudio de los conceptos de violación esgrimidos por el quejoso. QUINTO. Antecedentes de los actos reclamados. Para un mejor entendimiento del acto reclamado, en lo que interesa, de las constancias integradoras del expediente 605/2012, del índice del Juzgado Segundo Civil del Distrito Judicial Tenancingo, con residencia en Ixtapan de la Sal, Estado de México, las cuales, al ser documentos públicos se les confiere valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierten los antecedentes que dieron origen al acto reclamado en la presente instancia constitucional, que a saber son: 1. El veinte de noviembre de dos mil doce, Olga Lilia Reyes Ortiz, a través de su endosatario en procuración, demandó en la vía ejecutiva mercantil a Rafael Nieto Pedroza, las siguientes prestaciones (foja 20 a la 23 de autos): "A) El pago de la cantidad de $628,346.00 (SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.), como suerte principal. - - - B) El pago de los intereses moratorios que se han generado, desde el momento en que el demandado incurrió en mora y que se sigan generando, hasta la total terminación del presente juicio, a razón del 5% mensual, [.]. - - - C) El pago de los gastos y costas que el presente juicio origine, hasta su total terminación.". 2. De tal escrito por razón de turno le tocó conocer al Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenancingo, con residencia en Ixtapan de la Sal, Estado de México, quien por auto de veinte de noviembre de dos mil doce, admitió a trámite la demanda, ordenó el emplazamiento a juicio al demandado Rafael Nieto Pedroza, haciéndole del conocimiento al mismos el término de ocho días que tenía para comparecer al referido órgano jurisdiccional a dar contestación a la demanda instaurada en su contra. (Foja 24 y 25 de actuaciones) 3. Derivado de ello, el diez de diciembre de dos mil doce, el actuario adscrito a dicho órgano jurisdiccional, en compañía del endosatario en procuración de la aquí tercero interesada, previo citatorio dejado el día anterior, se constituyó nuevamente en el domicilio bien conocido, en la comunidad de La Loma de Acuitlapilco, municipio de Coatepec Harinas, Estado de México, en donde llevó a cabo el emplazamiento al demandado Rafael Nieto Pedroza. Diligencia en la que, una vez que el fedatario adscrito al juzgado exhortado se cercioró de que se encontraba en domicilio señalado en la cédula de notificación, fue atendido por una persona del sexo femenino que se negó a identificarse pero dijo llamarse Genoveva Mendoza Hernández, quien al no identificarse asentó su media filiación, y al requerirle de la presencia de la persona buscada refirió que no se encontraba en esos momentos y que no sabía a qué hora regresaría, que le entregó el citatorio pero no le dijo nada; procediendo a requerirle efectué el pago de la cantidad demandada como suerte principal y demás accesorios legales, contestando no saber nada, no tener por qué pagar, no tener dinero, y que no puede señalar bienes porque es sólo la empleada. Ante ello, el Notificador le hizo saber que el derecho pasaría a la parte actora, quien a través de su endosatario en procuración, bajo su más estricta responsabilidad, señaló el bien inmueble en el que se actuaba, y que se ubicaba en el domicilio bien conocido, en la comunidad de La Loma de Acuitlapilco, municipio de Coatepec Harinas, Estado de México, al ser propiedad del deudor, pues en el mismo se ubicaba su domicilio. Finalmente, se emplazó al demandado Rafael Nieto Pedroza, a través de la persona que se encontró en el domicilio, corriéndole traslado con copia simple de la demanda y documentos base de la acción, así como la cédula de notificación que contenía íntegros los autos referidos, recibiendo las copias de traslado, así como de la diligencia, manifestando que no era su deseo firmar y que en cuanto regresara su patrón le entregaría los documentos. (Fojas 27 a 31 de autos) 4. Posteriormente, previa solicitud de la parte actora, mediante acuerdo de ocho de febrero de dos mil trece, al haberse certificado que había transcurrido el plazo de ocho días concedido a la parte demanda, se declaró perdido el derecho que dejó de ejercer, en razón de haber operado la preclusión, al no haber dado contestación a la demanda incoada en su contra dentro de la temporalidad concedida y procedió a pronunciarse respecto a los medios de prueba. (Fojas 13 a 15 de autos) 5. Seguida la secuela procesal, el doce de abril de dos mil doce (sic), se dictó la sentencia definitiva, donde el juez de origen resolvió que la parte actora, ahora tercero perjudicada Olga Lilia Reyes Ortiz probó los extremos de sus pretensiones, en tanto que la parte demandada, Rafael Nieto Pedraza (sic), no compareció a juicio, por lo que se condenó a éste, al pago de la cantidad de $628,346.00 (seiscientos veintiocho mil trescientos cuarenta y seis pesos), por concepto de suerte principal; al pago de intereses a razón del cinco por ciento mensual, a partir de su constitución en mora y hasta el pago total de lo reclamado. (Foja 46 a la 49 de actuaciones) 6. Previa solicitud de la parte actora, por auto de dieciocho de abril de dos mil trece, se aclaró la sentencia definitiva en relación al nombre correcto de la parte demandada, y se estableció que éste era el Rafael Nieto Pedroza y que la fecha en que se había emitido dicha determinación lo era el doce de abril de dos mil trece. (Foja 50 y 51 de autos) 7. Luego, previa solicitud de la parte actora, por auto de veinte de junio de dos mil trece, el juez de origen determinó que la sentencia definitiva había causado ejecutoria. 8. Por escrito presentado el tres de julio de dos mil trece ante el juzgado responsable, Olga Lilia Reyes Ortiz proporcionó los datos registrales del bien inmueble objeto del embargo en el juicio de origen, a efecto de que se llevara a cabo la inscripción del embargo en el Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial de Tenancingo, México; bien raíz ubicado en la comunidad de La Loma de Acuitlapilco, municipio de Coatepec de Harinas, inscrito en el volumen 73, Libro Primero, foja 0, partida 492, a nombre de Rafael Bernardo Nieto Pedroza, cuyas medidas y colindancias eran: al norte, 78.00 metros con Onésimo Nieto; al sur, 99.00 metros con Onésimo Nieto; al oriente, 69.00 metros con carretera; y, al poniente, 70.00 metros con Trinidad Valdez Millán. (Foja 55 de autos) 9. Consecuencia de lo anterior, por auto de cuatro de julio de dos mil trece, el Juez de origen giró oficio al Registrador Público de la Propiedad y del Comercio de ese Distrito Judicial, a fin de que ordenara a quien correspondiera, llevara a cabo anotación preventiva de la diligencia de embargo de fecha once de diciembre de dos mil doce, respecto del citado bien raíz, a nombre de Rafael Bernardo Nieto Pedroza. (Foja 56 y 58 de actuaciones) 10. Posteriormente, por acuerdo de cuatro de octubre de dicha anualidad, previa solicitud de la parte actora, el juez responsable turnó los autos al Ejecutor de su adscripción, a fin de que requiriera al sentenciado, realizara el pago de manera voluntaria de la cantidad descrita en la misma. (Foja 63 de autos) 11. El veintiuno de octubre de dos mil trece, el Ejecutor adscrito al juzgado de origen, en compañía del endosatario en procuración de la parte actora, se constituyó en el domicilio del sentenciado, en el cual fue atendido por quien dijo llamarse Rafael Nieto Pedraza (sic), a quien le requirió el pago de forma voluntaria de la cantidad a que hacía referencia la sentencia de fecha doce de abril de dos mil trece, en su resolutivo segundo, a lo que manifestó que en su momento dará cumplimiento a la misma; asimismo, el fedatario asentó en la razón de requerimiento, que hizo entrega del instructivo respectivo, el cual contenía los resolutivos de la aludida sentencia y el auto de fecha cuatro de octubre de ese año. (Foja 67 de autos) 12. El veintiocho de febrero de dos mil catorce, previo trámite efectuado por la parte actora, aquí tercero interesada, ante el Instituto de la Función Registral del Estado de México, Oficina Registral de Tenancingo, se llevó a cabo la inscripción del embargo realizado respecto del bien raíz ubicado en la comunidad de La Loma de Acuitlapilco, municipio de Coatepec de Harinas, inscrito en el volumen 73, Libro Primero, foja 0, partida 492, a nombre de Rafael Bernardo Nieto Pedroza. (Foja 79 de autos) SEXTO. Análisis de fondo. Ahora, en el caso a estudio, debe precisarse que, en principio, la litis constitucional sometida a consideración de este Juez de amparo, se reduce a establecer si en la especie el quejoso fue o no debidamente emplazado al juicio de origen. Al respecto, el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el fin de respetar la garantía de audiencia del gobernado, de manera previa a la privación de propiedades, posesiones o derechos, exige la obligación por parte de las autoridades responsables de cumplir con las formalidades esenciales del procedimiento, entre ellas el emplazamiento y, por ende, dar oportunidad al agraviado de exponer todo lo que considere conveniente a la defensa de sus intereses. Asimismo, debe decirse que el emplazamiento del demandado al juicio natural constituye una formalidad esencial del procedimiento por ser necesario para una adecuada defensa, se sigue que la falta de verificación de tal emplazamiento o su práctica defectuosa se traduce en una violación manifiesta a la ley que produce indefensión. Ciertamente, previo al estudio del reclamado llamamiento a juicio al peticionario de amparo, es preciso señalar cuáles son las garantías que otorga el artículo 14 del Pacto Federal; lo anterior, para poder entender el sentido de la presente resolución. Dicho precepto constitucional establece: "Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. [...].". Precepto parcialmente transcrito, del cual se derivan las garantías de legalidad que operan en todo acto de privación hacia un gobernado y que a saber son: a. La existencia de un juicio previo al acto privativo; b. Seguido ante tribunales previamente establecidos; c. Con el cumplimiento de las formalidades esenciales el procedimiento; y, d. Conforme a las leyes expedidas, con anterioridad al hecho. Ahora, de los puntos antes relacionados, cobra relevancia la figura referente a las formalidades esenciales del procedimiento, mismas que han sido establecidas bajo la siguiente tesitura: 1. La existencia de notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2. La oportunidad de ofrecer pruebas y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3. La oportunidad de alegar; y, 4. El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. En ese sentido, las formalidades esenciales del procedimiento constituyen una garantía a favor del gobernado que le permiten una adecuada defensa ante los actos privativos que pudiera llevar a cabo cualquier autoridad. Por su aplicación, se cita la tesis número P./J. 47/95, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Diciembre de mil novecientos noventa y cinco, página ciento treinta y tres, cuyo epígrafe y sinopsis son: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado.". Con base en las consideraciones realizadas, el primer acto procesal y que es de trascendencia en el procedimiento mismo, lo es la notificación del inicio del juicio o proceso correspondiente, de tal manera que si éste no existe, o existiendo es deficiente entonces se vulnerarían las restantes formalidades del procedimiento, al no conformarse válidamente la relación jurídico-procesal. Sentado lo anterior, resulta procedente traer a contexto lo establecido por los artículos 1393 y 1394 del Código de Comercio, que dicen: "Artículo 1393. No encontrándose el deudor a la primera busca en el inmueble señalado por el actor, pero cerciorado de ser el domicilio de aquél, se le dejará citatorio fijándole hora hábil, dentro de un lapso comprendido entre las seis y las setenta y dos horas posteriores, y si no aguarda, se practicará la diligencia de embargo con los parientes, empleados o domésticos del interesado, o cualquier otra persona que viva en el domicilio señalado, siguiéndose las reglas del Código Federal de Procedimientos Civiles, respecto de los embargos." "Artículo. 1394. La diligencia de embargo se iniciará con el requerimiento de pago al deudor, su representante o la persona con la que se entienda, de las indicadas en el artículo anterior; de no hacerse el pago, se requerirá al demandado, su representante o la persona con quien se entiende la diligencia, para que señale bienes suficientes para garantizar las prestaciones reclamadas, apercibiéndolo que de no hacerlo, el derecho para señalar bienes pasará al actor. A continuación se emplazará al demandado. En todos los casos se le entregará a dicho demandado cédula en la que se contengan la orden de embargo decretada en su contra, dejándole copia de la diligencia practicada, corriéndole traslado con la copia de demanda, de los documentos base de la acción y demás que se ordenan por el artículo 1061. La diligencia de embargo no se suspenderá por ningún motivo, sino que se llevará adelante hasta su conclusión, dejando al deudor sus derechos a salvo para que los haga valer como le convenga durante el juicio. El juez, en ningún caso, suspenderá su jurisdicción para dejar de resolver todo lo concerniente al embargo, su inscripción en el Registro Público que corresponda, desembargo, rendición de cuentas por el depositario respecto de los gastos de administración y de las demás medidas urgentes, provisionales o no, relativas a los actos anteriores.". De los reproducidos dispositivos, para los efectos que interesan en la presente sentencia, se advierten los siguientes requisitos que deben contener las diligencias trifásicas de exequendo, a saber: 1. En primer término, el funcionario judicial deberá cerciorarse del domicilio en el cual se ordena la diligencia; 2. Posteriormente, si el interesado, buscado o demandado, no se encuentra en la primera búsqueda, se le dejará citatorio para hora fija del día siguiente: - El citatorio deberá contener la fecha y hora de su entrega, la hora y fecha hábil para que le espere, las cuales serán dentro de un lapso comprendido entre las seis horas y las setenta y dos horas posteriores. 3. Enseguida, si no aguarda, la diligencia de embargo se practicará con los parientes, empleados o domésticos del interesado o deudor o cualquier otra persona que viva en el domicilio señalado. Por su parte, en la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, ésta, se ceñirá en las siguientes etapas: 1. Si no espera al diligenciario a pesar de la cita, el requerimiento de pago, secuestro de bienes y emplazamiento se entenderá con la persona que se halle en el domicilio o cualquier otra persona que viva en el domicilio señalado. 2. Al ser emplazado a juicio debe corrérsele traslado con las copias simples de la demanda y documentos base de la acción y, además, cuando no se entiende con el demandado, dejarle instructivo en el que se harán constar el nombre y apellido del promovente, el Juez o tribunal que manda practicar la diligencia, la determinación que se manda notificar, la fecha y la hora en que se deja el instructivo y el nombre y apellido de la persona a quien se entrega. Luego, aplicando los principios de los que se ha dado noticia con antelación, deviene inconcuso que la diligencia de emplazamiento de que se trata, sí se ajustó a los lineamientos que sobre el particular prevé el Código de Comercio, y en esa medida, el juez natural otorgó la garantía de audiencia al aquí quejoso. Se arriba a la conclusión que antecede, ya que el ejecutor adscrito al Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Tenancingo, con residencia en Ixtapan de la Sal, Estado de México, a efecto de llevar a cabo la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento del quejoso, en su carácter de parte demandada en el juicio ejecutivo mercantil 605/2012, se constituyó en el domicilio del demandado, señalado por el actor en su escrito de veinte de noviembre de dos mil doce, dejando el citatorio correspondiente (al no haber encontrado personalmente al demandado), y levantando la razón del mismo. De igual manera, al advertirse de autos que por segunda ocasión el ejecutor responsable se apersonó en el inmueble señalado como domicilio del aquí quejoso, y al requerir su presencia a la persona con quien entendió la diligencia de emplazamiento, ésta le indicó que el buscado no se encontraba, llevando a cabo la diligencia trifásica con quien lo atendió. Luego, de lo reseñado se advierte que el ejecutor adscrito al juzgado responsable, en las diligencias antes referidas, cumplió con los lineamientos que sobre el particular prevé el Código de Comercio, en atención a los siguientes razonamientos lógico jurídicos. Se hizo constar la fecha y hora de su entrega, así como la persona que recibió la cita para la diligencia posterior al no haber encontrado al demandado, pues el Ejecutor asentó: ".atendiendo mi llamado una persona del sexo femenino misma que manifestó llamarse GENOVEVA MENDOZA HERNÁNDEZ, a quien previa mi identificación procedo a solicitarle se identifique, misma que refiere que no cuenta con identificación, pero se trata de una persona de sexo femenino, de aproximadamente treinta y cinco años de edad, complexión delgada, tez morena, cabello lacio negro, de un metro con cincuenta centímetros de estatura, persona a quien le solicito la presencia de RAFAEL NIETO PEDROZA, refiriendo que aquí vive pero no se encuentra, que salió a trabajar, que ella es trabajadora del buscado, en virtud de lo anterior, con la persona que me atiende, dejo citatorio a la demandada RAFAEL NIETO PEDROZA, para que espere en este domicilio al suscrito notificador en funciones de ejecutor,.". Además, señaló la hora fija hábil del día para que le esperara, al manifestar: ".dejo citatorio a la demandada RAFAEL NIETO PEDROZA, para que espere en este domicilio al suscrito notificador en funciones de ejecutor, a efecto de llevar a cabo una diligencia de carácter judicial a las catorce horas con diez minutos del día once del mes de diciembre de dos mil doce,.". En ese orden de ideas, por lo que hace a la diligencia de exequendo, asentó el nombre del promovente, pues señaló: ".acompañada de: el Licenciado Martín Montero Arizmendi, endosatario en procuración de la C. Olga Lilia Reyes Ortiz,.". Señaló el Tribunal que ordena la diligencia: ".el notificador judicial en funciones de Ejecutor, adscrita al Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenancingo, con residencia en Ixtapan de la Sal, Estado de México,. dentro del expediente número 605/2012, del índice de es Juzgado y relacionado con el Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por el LICENCIADO MARTÍN MONTERO ARIZMENDI, ENDOSATARIO EN PROCURACIÓN DE OLGA LILIA REYES ORTIZ, en contra de RAFAEL NIETO PEDROZA,." Expresó la determinación que se manda notificar: ". en cumplimiento a lo ordenado por auto veinte de noviembre de dos mil doce, dictado por el Juez Segundo Civil de Cuantía Mayor de Ixtapan de la Sal, Estado de México, dentro del expediente número 605/2012, del índice de es Juzgado y relacionado con el Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por el LICENCIADO MARTÍN MONTERO ARIZMENDI, ENDOSATARIO EN PROCURACIÓN DE OLGA LILIA REYES ORTIZ, en contra de RAFAEL NIETO PEDROZA [.] así las cosas, procedo a requerirle el pago de la cantidad adeudada a favor del actor, la cual es de $628,346.00 (SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), por concepto de suerte principal y demás accesorios legales,.". Luego, se asentó lo manifestado por la persona con quien se entendió la diligencia, así como lo determinado por el Ejecutor, con motivo de dicha manifestación: ".a lo que manifiesta: que ella no sabe nada, y que ella no tiene por qué pagar nada, que no tiene dinero, y que no puede señalar nada, porque ella es sólo la empleada, en virtud de lo anterior le hago del conocimiento que el derecho pasará al actor para señalar bienes que garanticen el adeudo, y en uso de la palabra, el Licenciado Martín Montero Arizmendi, actor en el presente juicio manifiesta que en este acto señalo bajo mi más estricta responsabilidad el bien inmueble en el que se actúa y que se ubica en domicilio bien conocido en la comunidad de La Loma de acuitlapilco, Municipio de Coatepec Harinas, Estado de México, y que es propiedad del deudor, ya que en el mismo se ubica su domicilio, tratándose de una casa de concreto con tabique rojo, de dos niveles, el segundo nivel se encuentra en construcción a base de block y tabique rojo, contando con un cerco perimetral de piedra, barandal de herrería y block, con un acceso de cuatro metros y zaguán de herrería, y cuyos datos registrales se proporcionarán con posterioridad al sumario procesal, para los efectos conducentes, siendo todo lo que deseo manifestar. Acto continuo el suscrito Notificador en funciones de Ejecutor, en nombre de la Ley hice y trabe formal ejecución de embargo sobre el bien descrito con anterioridad, solo en tanto y cuanto basten para garantizar las prestaciones reclamadas, mismo que se tiene a la vista,.". Y finalmente, precisó el nombre de la persona con la que procedió a emplazar al quejoso, quien no firmó el acta que se levantó al efecto: ".y en cumplimiento a lo establecido en el artículo 1396 del Código de Comercio, con las copias simples de la demanda y documentos base de la acción, debidamente sellados y cotejados con sus originales y cédula de notificación que contiene íntegros los autos antes referidos, corro traslado al demandado, emplazándolo, para que dentro del término de ocho días comparezca ante el Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenancingo, con residencia en Ixtapan de la Sal, México, [.] recibiendo las copias de traslado, así como copia de la presente diligencia, manifestando que no es su deseo firmar, y que en cuanto regrese su patrón le entregara los documentos, dando por concluida la presente diligencia, firmando al calce para debida constancia legal, los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo,.". Además, es de suma importancia establecer la forma en que el ejecutor se cercioró de que se constituyó correctamente en el domicilio del quejoso, el cual fue señalado por el actor en el juicio natural para que se llevara a cabo el emplazamiento de éste, pues sobre el particular en la razón de citatorio y diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, respectivamente asentó: ". cerciorado de que se trata del domicilio correcto, por así indicarlos los anuncios que se encuentra sobre la carretera, por el dicho de los vecinos con los cuales me entrevisto durante mi recorrido, quienes me refieren donde vive el demandado, tratándose de una casa de dos (sic) de concreto con tabique rojo, de dos niveles, el segundo nivel se encuentra en construcción, zaguán herrería, atendiendo mi llamado una persona del sexo femenino, misma que manifestó llamarse GENOVEVA MENDOZA HERNÁNDEZ, a quien previa mi identificación procedo a solicitarle se identifique, misma que refiere que no cuenta con identificación, pero se trata de una persona de sexo femenino, de aproximadamente treinta y cinco años de edad, complexión delgada, tez morena, cabello lacio negro, de un metro con cincuenta centímetros de estatura, persona a quien le solicito la presencia de RAFAEL NIETO PEDROZA, refiriendo que aquí vive pero no se encuentra, que salió a trabajar, que ella es trabajadora del buscado, en virtud de lo anterior, con la persona que me atiende, dejo citatorio a la demandada RAFAEL NIETO PEDROZA, para que espere en este domicilio al suscrito notificador en funciones de ejecutor,.". ".acompañada del Licenciado Martín Montero Arizmendi, endosatario en procuración de la C. Olga Lilia Reyes Ortiz, [.] me constituí plena y legalmente en el domicilio señalado en auto como el del demandado RAFAEL NIETO PEDROZA, sito en: DOMICILIO BIEN CONOCIDO EN LA COMUNIDAD DE LA LOMA DE ACUITLAPILCO, EN EL MUNICIPIO DE COATEPEC DE HARINAS, ESTADO DE MÉXICO, y debidamente cerciorada de ser el domicilio correcto por así indicarlo el dicho de los vecinos, con los cuales me entrevisto durante mi recorrido, por el dicho del Licenciado que me acompaña, y por haberme constituido con anterioridad en dicho domicilio, esto es el día anterior en que deje el citatorio al buscado, procedo a tocar en el inmueble señalado como el de Rafael Nieto Pedroza, acudiendo a mi llamado quien dice llamarse Genoveva Mendoza Hernández, y dice ser empleada de Rafael Nieto Pedroza, quien no se identifica, toda vez que refiere no cuenta con identificación, pero su filiación es la siguiente, treinta años de edad, de un metro con cincuenta centímetros de estatura, tez morena, complexión media, cabello lacio a la altura de los hombros, persona a quien le preguntó por el buscado, manifestando que no se encuentra, y que no sabe a qué hora regrese, que ella le entregó el citatorio, pero no le dijo nada, [.].". (Lo subrayado es de este juzgado) Con todo lo anterior, conduce a estimar que la diligencia de mérito, se ajustó a las normas que rigen el procedimiento, cumpliendo así con la garantía de audiencia que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dando así, la posibilidad al demandado de contestar las reclamaciones hechas en su contra, de oponer excepciones, de ofrecer pruebas y de alegar en el juicio. De todo lo anterior se concluye que en el citatorio en estudio y la razón del mismo, así como en la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, realizadas por el Ejecutor, se cumplió a cabalidad con los lineamientos que sobre el particular prevé el Código de Comercio, en atención a los siguientes razonamientos lógico-jurídicos. Toda vez que el demandado no esperó a la citación del Ejecutor, éste procedió a llevar acabo el auto de exequendo, procediendo a entender la diligencia con Genoveva Mendoza Hernández, empleada del demandado, a quien una vez que le requirió de pago y ésta negarse a hacerlo, así como a señalar bienes a embargar, previo traslado de tal derecho a la parte actora, representada por el Licenciado Martín Montero Arizmendi, en su carácter de endosatario en procuración, y señalamiento bajo su más estricta responsabilidad de bienes para su embargo, el Notificador en funciones de Ejecutor, trabó formal ejecución de embargo, sólo en tanto y cuanto bastara para garantizar las prestaciones reclamadas, sobre el bien inmueble en el que se actuaba y que se ubicaba en domicilio bien conocido en la comunidad de La Loma de Acuitlapilco, Municipio de Coatepec Harinas, Estado de México, y que era propiedad del deudor, ya que en el mismo se ubicaba su domicilio -detallando sus características-, respecto del cual la parte actora con posterioridad proporcionaría sus datos registrales. Enseguida, el fedatario le entregó y corrió traslado con las copias correspondientes y documentos que se acompañaron a la demanda, lo cual se realizó en los siguientes términos: ".y en cumplimiento a lo establecido en el artículo 1396 del Código de Comercio, con las copias simples de la demanda y documentos base de la acción, debidamente sellados y cotejados con sus originales y cédula de notificación que contiene íntegros los autos antes referidos, corro traslado al demandado, emplazándolo, para que dentro del término de ocho días comparezca ante el Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenancingo, con residencia en Ixtapan de la Sal, México, [.] recibiendo las copias de traslado, así como copia de la presente diligencia, manifestando que no es su deseo firmar, y que en cuanto regrese su patrón le entregara los documentos, dando por concluida la presente diligencia, firmando al calce para debida constancia legal, los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo,.". Lo anterior, conduce a estimar que la diligencia de mérito, se ajustó a las normas que rigen el procedimiento, cumpliendo así con la garantía de audiencia que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dando así, la posibilidad al demandado de contestar las reclamaciones hechas en su contra, de oponer excepciones, de ofrecer pruebas y de alegar en el juicio. Por lo que se concluye que, tanto el citatorio y diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, realizadas por el Ejecutor del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenancingo, con residencia en Ixtapan de la Sal, Estado de México, cumplieron con las formalidades que al efecto aluden los artículos 1393 y 1394 del Código de Comercio. Sobre el particular es pertinente traer a contexto el criterio contenido en la tesis I.11o.16.C (10a.), sustentada por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Libro XVIII, marzo de dos mil trece, tomo 3, página dos mil setenta y dos, de rubro y texto siguientes: "REQUERIMIENTO DE PAGO, EMBARGO Y EMPLAZAMIENTO, PREVIO CITATORIO. EN LA MEDIA FILIACIÓN ASENTADA POR EL FEDATARIO RESPECTO DE LA PERSONA QUE LE MANIFESTÓ SER ÉSE EL DOMICILIO DEL BUSCADO, PARA TENER POR SATISFECHO EL REQUERIMIENTO DE CERCIORAMIENTO DEL DOMICILIO DEL DEUDOR, DEBE PRECISAR LAS CARACTERÍSTICAS MÁS NOTABLES DE LA PERSONA CON LA QUE SE ENTIENDE LA DILIGENCIA, A EFECTO DE PARTICULARIZARLA DE OTRAS PERSONAS. Si el actuario al constituirse nuevamente en el domicilio indicado por la parte actora a fin de lograr la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, previo citatorio, es atendido por una persona, diversa al deudor, que se niega a dar su nombre e identificarse, y que incluso no firma el acta respectiva, persona de la cual plasma como media filiación su estatura, complexión, color de piel y edad aproximada; tal circunstancia por sí sola no permite tener por satisfecho el debido cercioramiento de que la persona buscada tiene su domicilio en ese lugar, pues el aludido cercioramiento debe derivarse de datos que reflejen que los hechos asentados en el acta corresponden a la realidad, lo que si bien puede obtenerse a través del establecimiento de una media filiación de la persona que le manifiesta ese hecho y con la que se entiende la diligencia; también lo es que la misma no sólo debe contener los rasgos genéricos de una persona, como lo es estatura, edad, complexión y color de piel, sino que debe precisar las características particulares más notables que advierta y que den singularidad a la persona con la que se entiende tal diligencia; como pudiera ser la existencia de alguna característica física que permita diferenciar a la persona de las demás, de tal manera que esa media filiación permita satisfacer el requisito de precisar la identidad de la persona con la que se entiende la diligencia y quien manifestó ser ése el domicilio del buscado, ya que de lo contrario ésta se tornaría irregular.". En efecto, se advierte que el funcionario público se cercioró del domicilio y requirió a Genoveva Mendoza Hernández (persona con quien se entendió la diligencia), para que se identificara, sin que pudiera hacerlo al referir no contar con identificación, procediendo ante ello, a asentar su media filiación; además, no es óbice a lo anterior, el hecho de que en la razón la persona con quien se entendió la diligencia no hubiese firmado, toda vez que, en relación a dicha circunstancia el fedatario responsable asentó en la constancia respectiva: "manifestando que no es su deseo firmar"; con lo cual, se explica el motivo por el cual la entrevistada no firmó. Apoya la anterior consideración la jurisprudencia 1a./J. 39/2011, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página veinticuatro, Tomo XXXIII, Mayo de dos mil once, Materia Civil, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "NOTIFICACIÓN. CUANDO EL NOTIFICADO SE NIEGA A FIRMAR EL ACTA DE LA DILIGENCIA RESPECTIVA, BASTA QUE EL ACTUARIO ASIENTE LA CAUSA, MOTIVO O RAZÓN DE TAL CIRCUNSTANCIA, EMPLEANDO CUALQUIER EXPRESIÓN GRAMATICAL. La notificación, en especial el emplazamiento, debe cumplir con ciertas formalidades, pues las actuaciones públicas deben probar su legalidad por sí mismas, lo que obliga a que dicha diligencia se ajuste a los lineamientos legales, como el único medio de que su eficacia se encuentre asegurada y surta todos sus efectos, además de que salvaguarda la garantía de seguridad jurídica del particular, al asegurar que se entere de la incoación de un proceso en su contra. Por ello, las normas que regulan tal institución ponen énfasis en que deben firmar las personas a las que se les practica, en caso contrario, el servidor público judicial debe especificar si ocurrió porque no supo, no quiso o no pudo firmar, lo que implica que debe realizar una evaluación general del acto notificatorio para determinar si quedó cumplido o no dicho fin. Por tanto, para que la notificación sea válida cuando el notificado no quiere, no sabe o no puede firmar el acta correspondiente, el actuario debe asentar en ésta la causa, motivo o razón de tal circunstancia, empleando cualquier expresión gramatical, con la condición de que sea clara para que quien se imponga de dicha actuación tenga pleno conocimiento del porqué no firmó el interesado, sin requerir de un formulismo sacramental como "no supo", "no pudo" o "no quiso", pues la circunstancia de que sólo firma el actuario y no la persona notificada "porque no lo creyó necesario" significa que el interesado no quiso firmar y explica el motivo.". De ahí que, adversamente a lo estimado por el quejoso, no se viola en su perjuicio el derecho fundamental de audiencia, en virtud de que el Actuario adscrito al Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenancingo, con residencia en Ixtapan de la Sal, Estado de México, llevó a cabo el emplazamiento del entonces demandado Rafael Nieto Pedroza -nombre con el que fue señalado en el escrito de demanda-, a través de su empleada Genoveva Mendoza Hernández, cumpliendo con los requisitos exigidos por el Código de Comercio, por lo que, éste tuvo la oportunidad de apersonarse en el juicio ejecutivo mercantil número 605/2012, promovido por Olga Lilia Reyes Ortiz, a través de su endosatario en procuración, para defender sus intereses, alegando las excepciones que considerara pertinentes, participando en todas y cada una de las etapas procesales del juicio; por lo que el procedimiento que culminó en la sentencia condenatoria de doce de abril de dos mil trece, se encuentre apegado a derecho. No se soslaya que, en relación al embargo realizado respecto del bien inmueble ubicado en el domicilio bien conocido, en la comunidad de La Loma, en Acuitlapilco, municipio de Coatepec Harinas, Distrito Judicial de Tenancingo, Estado de México, el quejoso aduce que su nombre correcto lo es Rafael Bernardo Nieto Pedroza, en tanto que, el nombre de la persona que fue demandada en el juicio de origen y a quien le fue embargado el bien raíz de su propiedad, lo es Rafael Nieto Pedroza, lo cual refiere acredita con copia certificada del acta de nacimiento y del acta de matrimonio, así como con copia simple de su credencial de elector. Sin embargo, tal argumento se estima insuficiente para determinar que el individuo respecto del que se demandó las prestaciones descritas en la demanda, se requirió de pago, embargó y emplazó, no se trate de la persona del aquí quejoso. Se afirma lo anterior, pues si bien es cierto que, en el escrito de demanda la persona a quien se reclaman las prestaciones es señalada como Rafael Nieto Pedroza, y el aquí quejoso acreditó correctamente tener como nombre el de Rafael Bernardo Nieto Pedroza, es de relevante importancia precisar que, la diferencia que se registra con lo anterior se sitúa en los nombres propios, existiendo puntual coincidencia en ambos apellidos: Nieto Pedroza. Además, de las constancias que conforman el juicio ejecutivo mercantil 605/2012 del índice de la autoridad responsable, se aprecia que el lugar en el que se solicitó y ordenó llevar a cabo el emplazamiento del demandado, por ser su domicilio, se ubicó en el domicilio bien conocido, en la comunidad de La Loma de Acuitlapilco, municipio de Coatepec Harinas, Distrito Judicial de Tenancingo, Estado de México; el cual, es coincidente con el que el aquí quejoso refiere como de su propiedad, pues como se advierte de las copias certificadas que del trámite 11473 exhibió como prueba, el bien raíz que señala como de su pertenencia, se localiza en el domicilio conocido, en el poblado de La Loma de Acuitlapilco, municipio de Coatepec Harinas, Estado de México, inscrito en el volumen 73, libro primero, foja 0, partida 492, a nombre de Rafael Bernardo Nieto Pedroza, cuyas medidas y colindancias eran: al norte, 78.00 metros con Onésimo Nieto; al sur, 99.00 metros con Onésimo Nieto; al oriente, 69.00 metros con carretera; y, al poniente, 70.00 metros con Ma. Trinidad Valdez Millán. En razón de lo anterior, no puede sostenerse que el omitirse uno de los nombres propios de la persona, obligue a considerar que se trata de sujetos distintos, pues es de tenerse en cuenta que hay una alta posibilidad de que una persona cuyo nombre propio o de pila se integra por más de un nombre, sea señalado en forma incompleta, y esa realidad no puede, de manera inexorable, ser tratada con un formalismo que lleve al extremo de sostener la falta de coincidencia. Orienta el criterio del suscrito, por las razones que expone, la tesis I.4o.A.34 K (10a.), sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página mil ciento noventa y cuatro, Libro 1, diciembre de dos mil trece, tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "NOMBRE PROPIO. SU SEÑALAMIENTO INCOMPLETO NO DEBE CONDUCIR, INEXORABLEMENTE, A CONSIDERAR QUE SE TRATA DE UNA PERSONA DISTINTA, POR LO QUE LOS OPERADORES JURÍDICOS DEBEN PONDERAR, EN CADA CASO, LAS CIRCUNSTANCIAS ESPECÍFICAS EN QUE LA PARTICIPACIÓN DEL SUJETO SE PRODUCE. El nombre es un elemento de identificación de las personas que, en términos de ley, debe expresarse completo y en la forma exacta en que se consigna en el acta de nacimiento. No obstante, cuando el nombre propio o de pila de una persona se integra por más de un nombre, existe una alta posibilidad de que sea señalado en forma incompleta, y esa realidad no puede, inexorablemente, ser tratada con un formalismo que lleve al extremo de sostener que se trata de sujetos distintos, si los elementos empleados permiten su identificación, a condición de que, por las circunstancias específicas, no exista riesgo de que se perjudique a terceros o se pueda confundir la persona de que se trata, afectando la seguridad jurídica en una situación concreta. De acuerdo con lo anterior, los operadores jurídicos, entre los que se encuentran tanto las autoridades administrativas como los juzgadores, deben ponderar, en cada caso, si la referencia incompleta del nombre de una persona permite su identificación, para lo cual deben tomar en cuenta las circunstancias específicas en que la participación de ésta se produce, pues no merece el mismo trato el apersonamiento que persigue la obtención de un beneficio, como puede serlo una herencia o el cobro de un premio, que la actuación cuyo propósito es la defensa de determinados derechos ante un órgano del Estado, debido a que en el primer supuesto, por tratarse de una situación que le reporta un aprovechamiento personal o una utilidad que desplaza a otro u otros, es exigible que por todos los medios a su alcance se corrobore la identidad del compareciente, lo cual no es razonable en el mismo nivel de exigencia en la hipótesis restante.". En las relatadas circunstancias, se concluye que por lo que hace al requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, efectuado en la diligencia de once de diciembre de dos mil doce, los mismos fueron legales, pues fueron realizados en acatamiento a lo establecido en el Código de Comercio, otorgando al demandado en el juicio de origen su garantía audiencia, en términos de lo consagrado en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. Dicha negativa debe hacerse extensiva respecto del diverso acto reclamado, consistente en la inscripción ante el Instituto de la Función Registral del Distrito Judicial de Tenancingo, Estado de México, del embargo realizado respecto del bien inmueble ubicado en el domicilio bien conocido, en la comunidad de La Loma, en Acuitlapilco, municipio de Coatepec Harinas, Distrito Judicial de Tenancingo, Estado de México, inscrito en el volumen 73, Libro Primero, foja 0, partida 492, a nombre de Rafael Bernardo Nieto Pedroza, cuyas medidas y colindancias eran: al norte, 78.00 metros con Onésimo Nieto; al sur, 99.00 metros con Onésimo Nieto; al oriente, 69.00 metros con carretera; y, al poniente, 70.00 metros con Trinidad Valdez Millán; pues la misma se reclamó como consecuencia de la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento llevada a cabo el once de diciembre de dos mil doce, en los autos del expediente 605/2012, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por Olga Lilia Reyes Ortiz, a través de su endosatario en procuración, en contra de Rafael Nieto Pedroza, y no por vicios propios. Por lo expuesto, fundado y motivado, se, RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Rafael Bernardo Nieto Pedroza, por propio derecho, contra las autoridades responsables y por los actos que precisados quedaron en el resultando primero, en términos del considerando último de esta sentencia. Notifíquese como legalmente corresponda. Así lo resolvió y firma el licenciado Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, asistido del licenciado Oscar Jesús Segundo Suárez, secretario que autoriza, firma y da fe, el día de hoy dieciséis de mayo de dos mil dieciséis, en que las labores de este órgano de control constitucional permitieron su engrose. Doy fe.

  3. Principal

    Se notifica al quejoso J. Jesús Navarro González, el siguiente proveído: Por lo expuesto, fundado y motivado, se, RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Rafael Bernardo Nieto Pedroza, por propio derecho, contra las autoridades responsables y por los actos que precisados quedaron en el resultando primero, en términos del considerando último de esta sentencia.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México; once de abril de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal de autos, se advierte que el treinta y uno de marzo pasado se notificó legalmente a la tercera interesada Olga Lilia Reyes Ortíz, la instauración del presente asunto; por tanto, está transcurriendo el término establecido en el párrafo segundo del artículo 117 de la Ley de Amparo, a efecto de que dicha parte se imponga de autos; en consecuencia, con el afán de evitar violaciones a las reglas procedimentales de juicio de amparo, lo procedente es diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y fijar las once horas con quince minutos del tres de mayo de dos mil dieciséis para su celebración.

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