Rafael Ángel Sandoval Gutiérrez

Expediente 398/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 21 actuaciones registradas, la última del 19 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
398/2021
Año
2021
Actuaciones
21
Última actuación
19/10/2021

Partes del expediente

  • Rafael Ángel Sandoval Gutiérrez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    "...Agréguese el oficio signado por el Presidente de la Primera Sala Colegiada Civil de Ecatepec de Morelos, Estado de México, por medio del cual acusa recibo de las constancias que le fueron remitidas de acuerdo a lo ordenado mediante proveído de veintidós de septiembre del presente año. Por otro lado, en atención a su solicitud se ordena enviarle el disco compacto a que hace referencia..."

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintidós de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación con la que se da cuenta, en la que se hace constar que al día de hoy las partes no interpusieron revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Dicho cómputo sólo se realiza respecto de la parte quejosa, ya que fue a ésta a quien únicamente afectó la negativa del amparo. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al artículo 18, inciso b), del Acuerdo General sin número de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el presente expediente carece de relevancia histórica y documental, por lo que es depurable, ya que se negó el amparo en este asunto. En ese contexto, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General citado se considera que el original del incidente de suspensión es de destrucción, ya que se negó la medida cautelar, por ende, glósese al presente. Asimismo, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo General, una vez que transcurran seis meses de concluido, destrúyase el duplicado del incidente. Finalmente, devuélvanse a la Primera Sala Colegiada Civil de Ecatepec, Estado de México, las constancias que acompañó como apoyo a su informe justificado, consistentes en a) el original del toca de apelación 548/2020; y, b) copias certificadas en dos tomos del expediente 260/2020; solicitándole atentamente se sirva acusar recibo. Notifíquese.

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a treinta de julio de dos mil veintiuno. Vistos para resolver el juicio de amparo indirecto 398/2021-III; y, R e s u l t a n d o Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veinticinco de marzo de dos mil veintiuno en la oficialía de partes de la Primera Sala Colegiada Civil de Ecatepec, Estado de México, Rafael..., por derecho propio, solicitó por la vía de amparo directo la protección de la justicia federal contra la Primera Sala Colegiada Civil de Ecatepec, Estado de México, y otra autoridad, por los actos que se precisarán más adelante en el considerando segundo. Segundo. Incompetencia legal. La demanda de mérito fue remitida al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, quien por auto de treinta de abril de este año declaró carecer de competencia legal para conocer de ella, por lo que ordenó su remisión al Juez de Distrito en el Estado de México, residente en Naucalpan de Juárez, en turno, para que fuera éste quien se avocara a su trámite. Tercero. Trámite y admisión de la demanda. Por auto de catorce de mayo pasado este Juzgado de Distrito aceptó la competencia declinada y asumió el conocimiento del asunto, admitió a trámite la demanda que se registró con el número 398/2021-III, solicitó al juez responsable su informe justificado, dio la intervención que legalmente le compete a la representante social federal de la adscripción, ordenó el emplazamiento del tercero interesado -verificado oportunamente-, requirió al Instituto Federal de Defensoría Pública la designación de un representante especial en favor del menor involucrado y fijó hora y día para la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C o n s i d e r a n d o Primero. Competencia del órgano jurisdiccional. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México es legalmente competente para conocer del presente juicio biinstancial, de conformidad con los artículos 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, toda vez que la resolución impugnada emana de un procedimiento del orden familiar seguido ante una autoridad residente dentro del territorio en que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. Segundo. Definición de los actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de observar lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos que se advierten del análisis de la demanda íntegramente considerada, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Así, de la lectura de la demanda constitucional, en concordancia con la información allegada al juicio, se concluye que el peticionario de amparo reclama: De la Primera Sala Colegiada Civil de Ecatepec, Estado de México:  La resolución emitida el cuatro de marzo de dos mil veintiuno en el toca de apelación 548/2020, formado con motivo del medio de impugnación interpuesto por el aquí quejoso contra la interlocutoria de doce de octubre de dos mil veinte, en la que se le condenó al pago de $17,027.96 (diecisiete mil veintisiete pesos 96/100 moneda nacional) por concepto de pensiones alimenticias vencidas.  De la Juez Supernumeraria del Juzgado Primero Familiar del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de México  El cumplimiento y ejecución de esa esa resolución.  Tercero. Existencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables Primera Sala Colegiada Civil de Ecatepec y Juez Supernumeraria del Juzgado Primero Familiar del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, ambas del Estado de México, al rendir sus informes justificados aceptaron los actos que se les reprochan, razón por la que se tiene acreditada su existencia. La certeza de los actos combatidos se corrobora igualmente con las constancias remitidas por las referidas responsables, consistentes en el original del toca de apelación 548/2020 y copias certificadas del incidente de liquidación de pensión alimenticia provisional derivado del procedimiento especial sobre divorcio incausado 260/2020; a las que se les otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, ya que se trata de la reproducción de actuaciones que fueron realizadas por un servidor público en ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley. Cuarto. Causales de improcedencia. Una vez determinada la certeza de los actos combatidos y previo al estudio de los conceptos de violación, deben analizarse las causales de improcedencia que surjan en este juicio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, como lo dispone el numeral 62 de la legislación de la materia; sin embargo, las partes no hicieron valer causa de improcedencia ni se advierte de oficio que se actualice alguna de ellas, por lo que procede el estudio del fondo del asunto. Quinto. Antecedentes destacados de los actos reclamados. Para dar mayor claridad a esta sentencia es menester tener en cuenta diversos antecedentes del procedimiento especial de divorcio incausado 260/2020, de los que se advierte, en lo que interesa, lo siguiente: 1. A través del escrito presentado el veinte de febrero de dos mil veinte en la Oficialía Civil y Familiar de Ecatepec del Poder Judicial del Estado de México, el aquí quejoso Rafael Ángel Sandoval Gutiérrez demandó de Gladys Noemí Melo Domingo la disolución del vínculo matrimonial que los unía. 2. Por acuerdo de veintiuno de febrero de esa anualidad la Juez Primero Familiar del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de México, admitió a trámite la demanda, ordenó el emplazamiento de la demandada y fijó, entre otras medidas provisionales, una pensión alimenticia en favor del menor de iniciales FDSM por el equivalente a un día de salario mínimo diario. 3. El dos de septiembre de dos mil veinte tuvo verificativo la segunda audiencia de aveniencia, en la que la juez del conocimiento determinó que las partes deberán estarse a las medidas provisionales decretadas por auto de veintiuno de febrero de ese año. 4. Posteriormente, el veintiocho de agosto de dos mil veinte Gladys Noemí Melo Domingo planteó incidente de liquidación de pensión alimenticia provisional, el cual fue admitido a trámite por auto de esa misma data, dando vista al demandado incidentista para que dentro del plazo de tres días manifestara lo que a su derecho conviniera y ofreciera pruebas que acreditaran el pago de la suma reclamada. 5. Seguidas sus etapas procesales, el doce de octubre último se resolvió la incidencia planteada, en la que se condenó a Rafael Ángel Sandoval Gutiérrez al pago de $17,027.96 (diecisiete mil veintisiete pesos 96/100 moneda nacional), excluyendo la condena del pago de gastos y costas. 6. En desacuerdo, el impetrante interpuso recurso de apelación, el cual, previa sustanciación, fue resuelto el cuatro de marzo de dos mil veintiuno por la Primera Sala Colegiada Civil de Ecatepec, Estado de México, en la que se confirmó la interlocutoria recurrida y además se condenó al apelante al pago en favor de su contraparte de las costas generadas en ambas instancias. Esta resolución constituye el acto reclamado en la presente instancia constitucional. Sexto. Cuestión jurídica de fondo a resolver. A continuación, se examinará la constitucionalidad de la determinación combatida, sin que para tal efecto sea necesaria la transcripción de los motivos de disenso formulados por la parte agraviada, por no causar perjuicio a las partes y no existir disposición legal que obligue a ello. Medularmente, el quejoso plantea la inconstitucionalidad de la resolución reclamada a partir de las siguientes líneas argumentativas: - Asevera que el incidente de liquidación de pensión alimenticia provisional fue promovido por Gladys Noemí Melo Domingo, por derecho propio, pero que debió ser planteado en representación del menor de iniciales FDSM, lo que demuestra que se admitió incorrectamente ese incidente. - Señala que Gladys Noemí Melo Domingo no tiene interés jurídico para plantear el incidente de liquidación de pensión alimenticia provisional a pesar de ser la madre del beneficiario, quien en este caso es su menor hijo de iniciales FDSM. - Hace alusión a que no se valoraron todas las constancias que integran el procedimiento primigenio, en particular el oficio emitido por el representante legal de su fuente de trabajo, en el que se plasma el salario que percibe. - Refiere que la resolución de la que se duele le obliga a otorgar todo el fruto de su trabajo en favor de su menor hijo, pero que ello le priva de contar ingresos propios para vivir. - Indica que aspectos como el estado de necesidad del acreedor alimentario, la capacidad económica del del obligado y la situación económica de la progenitora, no fueron tomados en consideración al emitir la resolución reclamada. - Manifiesta que la Sala responsable pasó por alto que tanto el padre como la madre están obligados a suministrar alimentos a su descendiente, máxime si la progenitora de su hijo obtiene ingresos propios. - Sostiene que la interlocutoria de doce de octubre de dos mil veinte es incongruente, en la medida de que ahí se señaló que no dio contestación a la demanda incidental ni opuso excepciones pero que sí contestó en tiempo y forma el incidente planteado, lo que evidencia además que se omitió el análisis de su contestación. Los conceptos de violación hechos valer por el impetrante son infundados por una parte e inoperantes por otra. Para demostrarlo, primeramente, es importante tener en cuenta que el artículo 5.8 del Código Federal de Procedimientos Civiles del Estado de México (legislación aplicable al procedimiento de origen), establece que durante el conocimiento y decisión de las controversias relacionadas con el derecho familiar y del estado civil de las personas, el juez podrá suplir la deficiencia de la queja e incluso analizar cuestiones distintas a las planteadas por las partes. El contenido de esa porción normativa se ve robustecido con el diverso 5.16, párrafo primero, de esa misma norma, que dispone que el interés superior de niñas, niños y adolescentes es la prioridad que ha de otorgarse a los derechos de las niñas, niños y adolescentes, respecto de cualquier otro derecho. Con base en ello, se puede inferir válidamente que el hecho de que el incidente de liquidación de pensión alimenticia provisional fuera promovido por Gladys Noemí Melo Domingo, por derecho propio, y no en representación del infante de iniciales FDSM, no significa que era improcedente, pues como 09/01/22 14:09:12 quedó señalado, la actuación del juzgador, tratándose de controversias del derecho familiar, debe suplir la deficiencia de la queja en aras de salvaguardar el interés superior del menor que ahí interviene, lo que significa atender el núcleo de lo solicitado y dejar de lado formalismos. Estimar lo contrario significaría privar de los derechos del menor a que le sea suministrada una pensión alimenticia por una mera formalidad procesal y no de fondo, habida cuenta que en el tipo de procedimientos en los que están inmersos intereses de menores no es permisible que se atente contra sus derechos, sino que deben ampliarse en la medida de lo posible siempre en su. Resulta ilustrativa, por las consideraciones que la rigen la tesis XXII.2o.A.C.4 C (10a.) del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito1 , que reza: "PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. EL HECHO DE QUE EL REPRESENTANTE DEL MENOR NO CUESTIONE LA OMISIÓN EN QUE INCURRIÓ EL JUEZ, RESPECTO A LA FIJACIÓN DE AQUÉLLA, NO IMPLICA QUE PRECLUYÓ ESE DERECHO, ATENTO AL PRINCIPIO PRO PERSONA CONGRUENTE CON EL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. La preclusión es la pérdida de una facultad procesal que se produce fundamentalmente por tres razones: a) no haberse observado el plazo señalado por la ley para su ejercicio; b) haberse realizado un acto incompatible con la intención de impugnar una sentencia; o c) haberse ejercido el derecho. Ahora bien, un proceso familiar es aquel donde el tribunal resuelve, de manera pronta y expedita, los problemas de la familia que requieren la intervención judicial, además, debido al interés que tiene el Estado para preservar ese núcleo, por considerarse como la base de la integración de la sociedad, los problemas que la afectan se consideran de orden público y, por ende, las normas que la regulan y tienden a su conservación son irrenunciables e intransigibles; ello abarca a las normas procesales conforme a la evolución normativa en materia familiar, sobre todo cuando el juzgador está obligado a velar por el interés superior del menor, para lo cual debe atender a la interpretación normativa más favorable a ese fin. Entonces, si el Juez de primera instancia, en el procedimiento de cambio de custodia, la decretó provisionalmente a favor de uno de los padres, pero omitió pronunciarse respecto de fijar la pensión alimenticia para el menor, pese a que ésta fue solicitada y dicha omisión no fue impugnada por el representante de aquél durante el juicio, ello no hace nugatorio el derecho del menor a recibir las pensiones alimenticias generadas a partir de su incorporación al hogar del progenitor que obtuvo la custodia, ni conduce a que precluya ese derecho, atento al principio pro persona, congruente con el interés superior del infante." De igual forma carecen de sustento las afirmaciones del promovente en las que pretende demostrar que, de otorgar las cantidades que se le reclaman, se pondría en riesgo su subsistencia, además de que se pasó por alto la capacidad económica de su contraparte y la de él. En efecto, los artículos 4.146 del Código Civil del Estado de México, así como el numeral 2.146 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, establecen lo siguiente: "Artículo 4.145. El derecho de recibir alimentos es irrenunciable, imprescriptible e intransigible." "Artículo 4.146. El deudor alimentario debe pagar las pensiones caídas que se le reclamen y que hubiere dejado de cubrir; en todo caso será responsable de las deudas que por ese motivo se hubieren contraído." "Artículo 2.146. Si para despachar ejecución es necesario practicar previamente una liquidación, ésta se realizará en incidente." De la interpretación conjunta que se realiza a las disposiciones legales transcritas se tiene que el deudor alimentario debe pagar las pensiones caídas que se le reclamen, y que hubiere dejado de cubrir a favor de sus acreedores alimentarios, para lo cual es necesario determinar a cuánto asciende el monto de esa obligación, lo que se realiza a través de un incidente de liquidación. En ese sentido, el incidente de liquidación de pensiones alimenticias provisionales vencidas únicamente tiene por objeto determinar a cuánto asciende el adeudo generado por la falta de cumplimiento de esa obligación alimentaria, en el entendido de que para que éste proceda, debe existir la imposición previa de esa obligación. Por ello, aspectos como el monto al que asciende la pensión alimenticia provisional o si el obligado a proporcionarlas tiene la capacidad económica de hacerlo no forman parte de la controversia del incidente de liquidación, pues éste no constituye un medio ordinario de defensa que tenga por objeto modificar o nulificar alguna actuación emitida previamente, sino que, como se dijo, su fin es cuantificar el monto al que asciende el adeudo de la obligación. En ese sentido, es evidente que la litis dentro del incidente de liquidación de pensiones alimentarias provisionales vencidas, únicamente tiene como finalidad determinar el monto al que asciende el adeudo, dentro del cual el deudor alimentario tiene el derecho de ofrecer pruebas para demostrar si cumplió o no con su obligación. Por las mismas consideraciones resulta infundado el diverso motivo de inconformidad, en el que el quejoso señala que la autoridad ordenadora no valoró la totalidad de las constancias que conforman el procedimiento especial sobre divorcio incausado 260/2020, concretamente el oficio emitido por el representante legal de su fuente de trabajo, en el que se plasma el salario que percibe. La razón por la que se califica aquel concepto de violación radica en que el acreditamiento o no de sus ingresos y si ellos resultan o no suficientes para pagar la pensión alimenticia provisional, es una cuestión ajena a la litis del incidente en estudio, pues con la misma se pretende controvertir el monto de la pensión alimenticia provisional fijada, misma que, como se precisó con antelación, no es materia de estudio del incidente de liquidación de pensión alimenticia provisional vencida. Asimismo resulta inoperante el argumento en el que sostiene que la interlocutoria de doce de octubre de dos mil veinte es incongruente, ya que, como quedó precisado en el considerando segundo, el acto contra el cual ejerció la acción constitucional es la resolución dictada el cuatro de marzo de dos mil veintiuno en el toca de apelación 548/2020, atribuida a la Primera Sala Colegiada Civil de Ecatepec, Estado de México, no así la diversa emitida por la Juez Primero Familiar del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de México. Consecuentemente, al encontrarse la resolución reclamada ajustado a derecho, procede negar la protección de la Justicia Federal solicitada, en tanto que no existe deficiencia alguna que suplir en términos del numeral 79, de la Ley de Amparo, que lleve a concluir lo contrario. La negativa del amparo debe hacerse extensiva por cuanto hace al acto de ejecución atribuido a la Juez Supernumeraria del Juzgado Primero Familiar del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de México, ya que su intervención no se impugna por vicios propios, sino que es consecuencia de la resolución de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, emitida en el toca de apelación 548/2020 por la Primera Sala Colegiada Civil de Ecatepec, Estado de México. En mérito de lo expuesto y fundado, se: R e s u e l v e Único. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a .... Notifíquese, por lista al quejoso, al tercero interesado y a la representante especial del menore de iniciales FDSM, mediante correo electrónico a la agente del Ministerio Público Federal de la adscripción

  4. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinte de julio de dos mil veintiuno. Agréguese el escrito de Sonia López Sánchez, representante especial del menor de iniciales reservadas F.D.S.M., por medio del cual solicita que se actualice el expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa, puesto que refiere que no le es posible visualizar diversas determinaciones. En ese sentido, dígase a la profesionista ocursante que se verificó la situación a que hace alusión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, no obstante, se advierten correctamente relacionadas las determinaciones que han sido dictadas en el presente asunto, incluyendo las que indica, como se advierte de las siguientes imágenes: ... Notifíquese.

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