Rafael Alcazar Escudero y Otros.
Expediente 897/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 897/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 02/08/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Rafael Alcazar Escudero y Otros.
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a dos de agosto de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el auto que desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicha determinación ha quedado firme. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se desechó la demanda de amparo. Cabe precisar que el presente expediente carece de relevancia documental.
- Principal
"...ANOTACIONES Vista la demanda promovida por...con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese bajo el número 897/2019-I. ACTO RECLAMADO Ahora bien, de la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: 1.- La orden de traslado a diverso centro penitenciario, así como su ejecución. 2.- La reubicación de celda y/o dormitorio, así como su ejecución. DESECHAMIENTO En principio es importante precisar que el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. En este sentido, este órgano jurisdiccional advierte que debe desecharse la demanda de amparo respecto del cambio de dormitorio y/o celda reclamado en esta instancia constitucional, porque se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, toda vez que los promoventes de amparo no acataron el principio de definitividad, pues el acto es susceptible de revocarse ante el Juez de Ejecución Penal, según se explicará a continuación. Como se aprecia de la demanda de amparo, el quejoso se encuentran recluidos en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla de Baz, Estado de México; por tanto, en primer término, deben elevar su petición -sin formalidad- ante el Director de ese Centro, supuesto en el que la autoridad penitenciaria deberá auxiliar a las personas privadas de la libertad -cuando así lo soliciten- a formular el escrito correspondiente, con la posibilidad de que el interno pueda ofrecer pruebas, mientras que la autoridad está obligada a recabar las necesarias para resolver lo planteado. La Ley Nacional de Ejecución Penal no sólo es aplicable a quienes compurguen una pena privativa de libertad (sentenciados), sino también rige a los que se hallen sujetos a la prisión preventiva (procesados o imputados), al margen de que tales medidas restrictivas de libertad sean originadas por el sistema tradicional o mixto, o bien, por el diverso penal acusatorio. El artículo tercero transitorio de la legislación en comento dispone que deben aplicarse los mecanismos de control jurisdiccional previstos en la Ley Nacional de Ejecución Penal, de acuerdo con el principio "pro persona" previsto en el artículo 1 constitucional y en términos de la jurisprudencia P./J. 17/2012 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo 1, Libro XIII, octubre de 2012, página 18, con registro 2001988, de rubro siguiente: "PENAS. SU EJECUCIÓN ES COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL PODER JUDICIAL, A PARTIR DEL 19 DE JUNIO DE 2011". Los artículos 5 y 18 de la Ley Nacional de Ejecución Penal establecen los procedimientos a observar en tratándose de peticiones de los internos, así como las autoridades competentes para conocer de ellos. De ahí que corresponda al Comité Técnico, presidido por el Titular del Centro, con los miembros de superior jerarquía del personal administrativo, técnico, jurídico y de custodia penitenciaria, determinar la ubicación que le corresponde a cada persona privada de la libertad al ingresar al centro, para los efectos del artículo 5 del citado ordenamiento. Aunado a lo anterior, cabe precisar que los artículos 107 al 118 de la Ley Nacional de Ejecución Penal establece el procedimiento administrativo mediante el cual las personas privadas de la libertad y aquellas legitimadas en esa ley pueden, sin mayores formalidades y auxiliadas por la propia autoridad carcelaria, formular por escrito peticiones administrativas ante la autoridad penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento, la cual tiene la obligación de atender tal petición dentro de las veinticuatro horas siguientes y una vez allegada de la información necesaria, resolverá sobre el fondo de la cuestión planteada dentro del término de cinco días. Incluso, si la petición fuere resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario o si ésta no fue resuelta dentro del término legal, en términos de lo dispuesto en el artículo 114, párrafo segundo, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, el interno puede formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de la notificación de la resolución recurrida. Cabe destacar que si el reclamo se relaciona con hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, la persona legitimada puede acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición, supuesto en el cual el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva y, tratándose de omisiones, el Juez de Ejecución determinará las acciones a realizar por la autoridad penitenciaria. Asimismo, de conformidad con el artículo 117 de la ley indicada, los sujetos legitimados para plantear peticiones administrativas también tendrán acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución, según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre condiciones de internamiento, plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas. De igual manera, se destaca que de conformidad con el artículo 2, la Ley Nacional de Ejecución Penal es aplicable a las personas privadas de la libertad, con motivo de la prisión preventiva o en cumplimiento de una sentencia, y medidas de seguridad por delitos que sean competencia de los tribunales federales y locales. Con base en lo expuesto, si los quejosos están internos en un centro penitenciario, deben formular su petición al Director del Centro Penitenciario y de Reinserción Social, y de resultar denegada su petición tienen legitimación para formular controversia ante el Juez de Ejecución; en la inteligencia que si el demandante del amparo considera que su petición debe ser atendida de inmediato, está en libertad de acudir directamente ante el Juez de Ejecución competente. Además, si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el Juez de Ejecución podrá plantearse en cualquier momento. Por tanto, se concluye que este juicio es improcedente en virtud que antes de promover la vía constitucional, la parte quejosa debe elevar su petición al Director del Centro Penitenciario y de Reinserción de Tlalnepantla de Baz, y de resultar negada su solicitud, deben formular controversia ante el juez de ejecución; sin perjuicio de que acudan; directamente ante éste en caso de que lo estimen oportuno. Es aplicable, por identidad de razón, la jurisprudencia 1a./J. 79/2018 (10a.), emitida por la Primera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo I, Libro 61, diciembre de 2018, página 230, con registro 2018548, de rubro siguiente: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." Por otra parte, en cuanto a la orden de traslado se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5 fracción I, de la Ley de Amparo, de los cuales se colige que para que el juicio constitucional sea procedente, es necesario que se promueva contra actos de autoridad, o bien, de particulares en los casos señalados por la propia ley, pues por su naturaleza jurídica las garantías constitucionales constituyen en la generalidad de los casos, limitaciones al Poder Público. Ahora bien, del capítulo de antecedentes del escrito de demanda se advierte que los quejosos manifestaron lo siguiente: ".Siendo que a partir del presente mes los custodios llegan a nuestra estancia y nos reubican de manera indiscriminada y sin ningún reparo a los dormitorios 3,4,5 que se encuentran en la parte de arriba de donde se encuentran nuestros dormitorios, sin medie una orden que funde y motive su tan arbitrario actuar." De lo anterior, se evidencia que el acto reclamado, es un acto futuro de realización incierta, respecto del cual es improcedente el juicio de amparo indirecto; cuenta habida de que el solo hecho de que custodios los reubiquen a los dormitorios 3, 4 y 5, no ocasiona una afectación inminente o actual, real y directa con relación cambiarlos de dentro penitenciario. Por lo tanto, no se actualiza categóricamente un perjuicio en la esfera jurídica de los justiciables ante un supuesto traslado a otro centro de reclusión. Máxime que la presentación de la demanda de amparo tiene como finalidad obtener la protección de la Justicia Federal a efecto de que se restituya al quejoso en el goce de la garantía individual violada, y no prevenir actos que en lo futuro pudieran generar esa afectación, como sucede en la especie. Estimar lo contrario genera la posibilidad de permitir el ejercicio de la acción de control constitucional, apoyada en expectativas y no en contra de actos concretos o de realización cierta e inminente. Sin que en el caso, se desconozca el contenido de la tesis jurisprudencial PC.II.P.J/4P, sustentada por el Pleno en Materia Penal del Segundo Circuito, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 47, Octubre de 2017, tomo III, visible a página 1884, toda vez que no existe duda sobre la naturaleza incierta y no inminente del acto que se reclama, ya que no se desprende indicio alguno de un acto concreto de autoridad en su contra. En consecuencia, al actualizarse de modo manifiesto e indudable las causas de improcedencia previstas en las fracciones XX y XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, la última en relación con el diverso artículo 5, fracción I, del mismo ordenamiento legal, respecto de la orden de traslado, procede desechar la demanda de amparo, con fundamento en el diverso 113 del propio ordenamiento legal. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de los quejosos para oír y recibir notificaciones personales, el lugar en que se encuentran recluidos. Por autorizada a la persona que se menciona en términos del artículo 12, primer párrafo de la Ley de Amparo, siempre y cuando tenga cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho; de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. Ahora bien, atendiendo al principio establecido en el artículo 17 Constitucional de que los Juzgadores deben velar por una pronta impartición de Justicia, se solicita al quejoso, por conducto de cualquiera de los actuarios adscritos, para que una vez que sea notificada del presente acuerdo, manifieste en ese acto, si es su deseo señalar domicilio, para oír y recibir notificaciones dentro de la jurisdicción de este Órgano, (Naucalpan de Juárez) o de su zona conurbada (Tlalnepantla de Baz, Atizapán de Zaragoza y Huixquilucan). REPRESENTANTE COMÚN Con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común a...sin perjuicio que con posterioridad lo sustituyan. En tal virtud, hágasele saber su obligación de informar a los diversos recurrentes las determinaciones que le sean notificadas. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. Asimismo, se destaca al fedatario adscrito a este órgano jurisdiccional que para realizar las notificaciones que con motivo del presente trámite surjan, deberá ceñirse a la temporalidad prevista en el artículo 24 de la Ley de Amparo. TRANSPARENCIA Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al personal operativo la oportuna digitalización de manera legible de las constancias que integren el presente asunto; y a los Secretarios y Actuarios, supervisar y dar fe que el expediente electrónico coincida fielmente con el impreso, así como, en la versión pública y listas de publicación, respectivamente, supervisar que se cumpla con la protección de datos personales conforme lo anotado en el párrafo precedente..."
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