Rafael Alberto Vazquez Alba
Expediente 360/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 10 actuaciones registradas, la última del 3 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 360/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 03/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Rafael Alberto Vazquez Alba
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, tres de agosto de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, a fin de que las partes impugnaran la sentencia dictada en este juicio, sin que lo hayan hecho; en tal virtud, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que aquélla, en la que se sobreseyó en el juicio, ha causado ejecutoria para los efectos legales conducentes; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. En consecuencia, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que en el presente asunto se decretó el sobreseimiento en el juicio de amparo, lo cual causó ejecutoria en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. En otro aspecto, por ser innecesaria su retención, devuélvanse a la autoridad responsable, las constancias que exhibió en este asunto. Notifíquese.
- Principal
V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 360/2021-I. Previamente al estudio del fondo del asunto, se analiza la procedencia del presente juicio, lo aleguen o no las partes, por así establecerlo el artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese sentido, en atención al estado que guarda del juicio ejecutivo mercantil 1042/2015, del índice de la autoridad responsable y el acto materia de reclamo en la presente controversia, este juzgado considera que se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, interpretado éste último dispositivo en sentido contrario. De la interpretación sistemática de los preceptos transcritos se tiene que el juicio de amparo es improcedente cuando se promueve contra actos dentro del procedimiento de ejecución y éstos no constituyan la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendiéndose por "última resolución", aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. En efecto, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo transcrito en segundo término, para que proceda el juicio de amparo indirecto en los casos en que se trate de actos dictados en ejecución de sentencia, es requisito indispensable que el acto reclamado sea la última resolución dictada en la etapa correspondiente, es decir, no se trata de cualquier resolución, sino que se refiere a aquélla que ponga fin a esa etapa. En el caso concreto, como se dejó establecido, el promovente reclama las determinaciones de cinco y veintitrés de abril de dos mil veintiuno (siendo lo correcto veintidós de abril de dos mil veintiuno), en las cuales el juez responsable proveyó lo relativo a las solicitudes de interrupción del procedimiento planteadas por la parte quejosa, en virtud del fallecimiento de la diversa demandada María Eloisa Alba Gómez y en las que se determinó denegar dicha petición. En ese sentido, como se anticipó, el juicio de amparo indirecto, sólo será procedente si se promueve contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo en ejecución de sentencia, únicamente cuando se reclame la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, con la posibilidad de impugnar en la misma demanda, las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento. Entonces, es inconcuso que la determinación reclamada no constituye la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de la sentencia definitiva dictada por el Juzgado Tercero del Ramo Civil de esta ciudad, pues en ella no se tiene por cumplida la misma, ni tampoco se establece la imposibilidad de cumplirla, o bien se ordena el archivo definitivo del expediente, ya que lo que se determinó fue denegar la solicitud de interrupción del procedimiento, planteada por la parte quejosa. En tales condiciones, es evidente que la aludida determinación no constituye el último acto de ejecución del laudo, por el contrario, son actos realizados dentro del procedimiento de ejecución del mismo. En consecuencia, el amparo promovido en contra de las determinaciones que nos ocupa es improcedente, porque en este caso no se surte la hipótesis prevista en el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, que determina que el amparo indirecto procede sólo contra la última resolución dictada en la ejecución de la sentencia. En esa tesitura, es evidente que la acción de amparo resulta improcedente, al actualizarse en la especie la causal a que se refiere el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, este último aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo; por lo que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V de la ley invocada, se sobresee en el presente juicio. Por lo expuesto y con fundamento además, en los artículos 73, 74, 75 y 217 de la Ley de la Materia, se RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintitrés de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que no obra la constancia de emplazamiento de la parte tercero interesada; en virtud de lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las DOCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL CATORCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo la misma. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, dieciocho de junio de dos mil veintiuno. Agréguese a estos autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable Juez Tercero del Ramo Civil de esta ciudad; con su contenido y anexos, de conformidad con el artículo 117, de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga, sin perjuicio de que se haga relación en la audiencia respectiva. De conformidad con el numeral 64, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, guárdese por separado los anexos que se acompañan y póngase a disposición de las partes para su consulta en la Secretaría del Juzgado. Ahora bien, de las constancias remitidas por el juez responsable, se advierte que en términos del artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, le surge el carácter de tercero interesado a Cristóbal Rodríguez Gutiérrez. En virtud de lo anterior, túrnense los autos al actuario judicial de la adscripción, a efecto de que emplace al(os) citado tercero interesado Cristóbal Rodríguez Gutiérrez en el domicilio ubicado en la calle Paseo de los Laureles número 152, fraccionamiento Colinas del Parque de esta ciudad; a quien deberá correrle traslado con copia simple del escrito inicial y aclaratorio de la demanda, así como autorizada del auto admisorio y del presente proveído; hacerle de su conocimiento que se encuentran fijadas DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo la audiencia constitucional, a fin de que comparezca a este juicio; le prevenga para que en el término de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este auto, señale domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad y le aperciba que en caso de no hacerlo, las subsecuentes de carácter personal, se harán por lista, de conformidad con el artículo 26, fracción III, del ordenamiento legal en consulta. Notifíquese; hágase personalmente al tercero interesado Cristóbal Rodríguez Gutiérrez.
Quedan 6 actuaciones en este expediente
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