Prybe, Protecciones Y Beneficios, S.C.
Expediente 7/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de enero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 7/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 23/01/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Prybe, Protecciones Y Beneficios, S.C.
Actuaciones
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintitrés de enero de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98, de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de siete de enero de dos mil diecinueve, por el que se desechó de plano la demanda promovida por Domingo Auces Villalpando y Juan Ricoy Ordaz, apoderados de legales de PRYBE, Protecciones y Beneficios, sociedad civil, con fundamento en la fracción II, del numeral 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. En virtud de lo anterior y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar, archívese el expediente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Por otra parte, acorde a lo establecido en el punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, debido a que por proveído de siete de enero del año que transcurre, se desechó de plano la presente demanda de amparo, el cual causó estado el día de la fecha, este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto; sin que obre algún documento presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto; además el presente asunto no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del mismo, de conformidad con el Punto Décimo Primero del mencionado Acuerdo General número 1/2009. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, siete de enero de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo que promueven Domingo Auces Villalpando y Juan Ricoy Ordaz, quienes se ostentan como apoderados legales de Prybe, Protecciones y Beneficios, Sociedad Civil, personalidad que acreditan al tenor de la documental que para tal efecto acompañan, con fundamento en el artículo 10 de la Ley de Amparo, contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de San Luis Potosí, con seis copias y un anexo que acompañan; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado, bajo el consecutivo 7/2019-VIII, y fórmese el expediente respectivo. Ahora bien, examinada la demanda de amparo se advierte que es notoria la improcedencia de la acción Constitucional; y por tanto, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 113 de la Ley de Amparo, debe desecharse en atención a las consideraciones siguientes: [.] En consecuencia, como el acto reclamado no afecta derechos sustantivos de la parte quejosa, ni adjetivos de imposible reparación, resulta indudable y notoria la improcedencia del juicio de amparo indirecto que se promueve, al actualizarse la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con la fracción V del artículo 107 de la Ley de la Materia, a contrario sensu, por lo que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley invocada, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de que se trata. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, y notifíquese el presente acuerdo en forma personal a la parte quejosa. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se indican en el proemio de la demanda y como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que refieren, toda vez que no proporcionan los datos relativos a que se encuentran legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, tal como lo exige el segundo párrafo del citado numeral. Ahora bien, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 constitucional y 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del último de los numerales invocados. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente asunto, tiene el carácter de pública, es accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada, en forma temporal, por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. De igual forma, se hace del conocimiento que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73, fracciones II y V de la diversa Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones que se dicten en el presente asunto se publicarán sin la supresión de los datos personales, salvo los casos de excepción; lo anterior, en la inteligencia de que las partes procesales tienen expedito el derecho de manifestar su oposición a ello, en lo respectivo a la información que se considere confidencial. Notifíquese personalmente a los promoventes.
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL SIGUIENTE PROVEÍDO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, siete de enero de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo que promueven Domingo Auces Villalpando y Juan Ricoy Ordaz, quienes se ostentan como apoderados legales de Prybe, Protecciones y Beneficios, Sociedad Civil, personalidad que acreditan al tenor de la documental que para tal efecto acompañan, con fundamento en el artículo 10 de la Ley de Amparo, contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de San Luis Potosí, con seis copias y un anexo que acompañan; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado, bajo el consecutivo 7/2019-VIII, y fórmese el expediente respectivo. Ahora bien, examinada la demanda de amparo se advierte que es notoria la improcedencia de la acción Constitucional; y por tanto, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 113 de la Ley de Amparo, debe desecharse en atención a las consideraciones siguientes: [.] En consecuencia, como el acto reclamado no afecta derechos sustantivos de la parte quejosa, ni adjetivos de imposible reparación, resulta indudable y notoria la improcedencia del juicio de amparo indirecto que se promueve, al actualizarse la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con la fracción V del artículo 107 de la Ley de la Materia, a contrario sensu, por lo que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley invocada, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de que se trata. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, y notifíquese el presente acuerdo en forma personal a la parte quejosa. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se indican en el proemio de la demanda y como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que refieren, toda vez que no proporcionan los datos relativos a que se encuentran legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, tal como lo exige el segundo párrafo del citado numeral. Ahora bien, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 constitucional y 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del último de los numerales invocados. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente asunto, tiene el carácter de pública, es accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada, en forma temporal, por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. De igual forma, se hace del conocimiento que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73, fracciones II y V de la diversa Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones que se dicten en el presente asunto se publicarán sin la supresión de los datos personales, salvo los casos de excepción; lo anterior, en la inteligencia de que las partes procesales tienen expedito el derecho de manifestar su oposición a ello, en lo respectivo a la información que se considere confidencial.
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